Estados, sin dinero para reconstruir
Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca y CDMX
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| MORELOS. Rescatan piezas religiosas. De una iglesia derrumbada en Ocoxaltepec, Morelos, fueron rescatadas figuras religiosas que son resguardadas por la población en una cancha de usos múltiples de la comunidad; en los estados afectados por el sismo se calcula que mil 500 templos religiosos sufrieron daños. |
CIUDAD DE MÉXICO.
Los gobiernos de las cinco entidades que resultaron más afectadas por los pasados sismos tienen estrecho margen de maniobra financiera para iniciar las acciones de reconstrucción que, de acuerdo con cálculos preliminares, costará 38 mil millones de pesos.
Según un informe que entregó Hacienda al Senado, entre 58% y 100% de sus ingresos federales está comprometido para el pago de la deuda, que en total suma 113 mil 583.5 millones de pesos.
En el reporte del Nivel de Endeudamiento Subnacional al Segundo Trimestre de 2017 se observa que la Ciudad de México tiene como garantía de los 72 mil 911.9 millones de deuda, el 100% de sus ingresos federales; que Morelos colocó como garantía de los cuatro mil 429 millones de pesos que debe, 81.7% de sus ingresos federales; que Puebla debe cinco mil 562.9 millones de pesos, el 98.3% de ellos está garantizado por sus ingresos federales.
Chiapas tiene como respaldo de 18 mil 952.1 millones de pesos que debe, 58.4% de sus ingresos federales y Oaxaca, que debe 11 mil 727.9 millones de pesos, tiene como garantía el 61.6% de sus ingresos federales.
Estados, sin margen de maniobra para sismos
Recursos federales están comprometidos para el pago de sus deudas y no pueden canalizarlos a damnificados.
Las labores de reconstrucción en las cinco entidades más afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre se complican, porque desde 58% hasta 100% de sus ingresos federales están comprometidos para el pago de sus deudas, que suman 113 mil 583.5 millones de pesos.
Ayer jueves, la Secretaría de Hacienda entregó al Senado el reporte del Nivel de Endeudamiento Subnacional al Segundo Trimestre de 2017, donde se observa que la Ciudad de México tiene como garantía de los 72 mil 911.9 millones de deuda el ciento por ciento de sus ingresos federales; que el estado de Morelos colocó como garantía de los cuatro mil 429 millones de pesos que debe, el 81.7% de sus ingresos federales; que el estado de Puebla debe cinco mil 562.9 millones de pesos, el 98.3% de ellos está garantizado por sus ingresos federales.
Chiapas tiene como respaldo de sus 18 mil 952.1 millones de pesos el 58.4% de sus ingresos federales y Oaxaca, que debe 11 mil 727.9 millones de pesos, tiene garantizado el 61.6% con los ingresos federales.
El hecho de que una entidad coloque como garantía del pago de deuda sus ingresos federales significa que ese monto debe tener un manejo apegado con los planes presentados ante los acreedores.
El miércoles, después de la evaluación de los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que las labores de reconstrucción costarán 38 mil millones de pesos; 16 mil 500 de ellos son para vivienda; 13 mil millones de pesos son para escuelas y ocho mil millones más para reparar los daños en materia de patrimonio cultural.
Además de recursos que provengan del Ejecutivo federal, las labores de reconstrucción contarán también con los donativos en efectivos que han realizado o realizarán diversos grupos empresariales, fundaciones y gobiernos extranjeros, así como sociedad en general en todo el país y desde el extranjero.
En el Senado está en análisis el Decreto de Emergencia para que se cancele, sólo por el año 2018, la aplicación de las disposiciones de ley que entregan a los partidos políticos la cifra más alta de la historia para sus actividades ordinarias y de campaña el próximo año, a fin de que sólo se les entreguen cuatro mil 986 millones 242 mil 862.85 pesos, de los seis mil 745 millones 936 mil 332 pesos.
Y aunque los gobiernos de los estados, que son los primeros responsables de atender la urgencia de su población, su margen de maniobra financiera es estrecha; al menos en las cinco entidades que más daños sufrieron, porque ellos ya acumulan un fenómeno de deuda, para el cual tienen obligación de cubrir los intereses y mantener los esquemas originales de finanzas que estén sustentadas con el dinero federal que les entrega la Secretaría de Hacienda.
De hecho, el endeudamiento tiene como garantía la entrega de ese dinero federal, porque si en algún momento los acreedores exigen el pago, ese dinero federal es el que responde, y en el caso de la Ciudad de México y los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos, más de 50% de sus ingresos federales avalan los endeudamientos, lo que les reduce su margen de movimiento financiero para atender presupuestalmente la emergencia de sus ciudadanos.
DEMANDAN INVESTIGAR A IMPLICADOS EN OBRAS
MONTERREY.— Luego del desplome de edificios nuevos durante el sismo del 19 de septiembre pasado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) demandó a las autoridades revisar de forma exhaustiva a las empresas implicadas y a quienes otorgaron mal los permisos de construcción o no supervisaron correctamente las edificaciones.
Gustavo Arballo, presidente del organismo, destacó que aunque la mayoría de los edificios en el país no sufrieron daños, se debe poner atención en los que están poniendo en jaque la confianza que existe en la ingeniería mexicana.
“El hecho de que haya habido alrededor de 40 edificios nuevos colapsados, mismos que fueron construidos en teoría con las nuevas normas de construcción, hace necesario un proceso de investigación, y claro que habrá que revisar desde quién hizo el diseño, quién la construcción, quién fue el responsable de obra y la autoridad correspondiente que dio mal un permiso o que no hizo la supervisión adecuada”, señaló en una reunión empresarial.
SUMAN YA 345 MUERTOS
El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dio a conocer que ya son 345 las personas que perdieron la vida a causa del sismo del 19 de septiembre, debido a que en la Ciudad de México se contabilizaron otros siete muertos.
A través de su cuenta de Twitter, detalló que del total de cuerpos encontrados, 206 corresponden a la Ciudad de México, 74 a Morelos, 45 a Puebla, 13 al Estado de México, seis a Guerrero y uno a Oaxaca.
Por su parte, el secretario de Salud, José Narro Robles, afirmó que el sector ha desplegado todos los recursos necesarios para el cuidado de la salud individual y colectiva, a fin de reducir o evitar riesgos sanitarios, enfermedades transmitidas por vector o padecimientos que pueden presentarse después de un desastre natural por las condiciones de higiene, concentración de personas en albergues y lluvias, entre otros factores.
La SEP específicó que 17 mil 919 escuelas en Chiapas; en Oaxaca, 9 mil 094; en el Estado de México, 5 mil 272; en Tlaxcala, 2 mil 038; en Puebla, 6 mil 852; en Hidalgo, 8 mil 677; en Michoacán, 13 mil 858; y en Guerrero, 12 mil 176 trabajarán con normalidad. En Morelos mantiene la suspensión general de clases.
El Servicio Sismológico Nacional informó que van cinco mil 402 réplicas del sismo del 7 de septiembre.
Darán $120 mil del Fonden para reconstruir casas con pérdida total
Tras los sismos del 7 y del 19 de septiembre, en el Presupuesto de Egresos 2018 se garantizarán 38 mil millones de pesos para la reconstrucción, afirma el diputado Jorge Carlos Ramírez.
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| Senadores brindaron un minuto de aplausos en agradecimiento a las brigadas internacionales y a los ‘millennials’ que apoyaron en la remoción de escombros y el rescate, tras el sismo de 7.1 que sacudió Ciudad de México y otras entidades. (Especial) |
México
Por los estragos de los sismos de 7 y 19 de septiembre pasados, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) entregará hasta 120 mil pesos para la reconstrucción de viviendas con pérdida total debida a desplomes, rupturas o desplazamientos de los cimientos y socavación del terreno.
Para reparar rupturas parciales de cimentación o agrietamientos de pisos, muros de carga o elementos estructurales, flexión de losas y caída parcial de paredes o techos otorgará 30 mil pesos, mientras que en el caso de viviendas que puedan ser autorreparadas el monto será de 5 mil 500 pesos.
Después de los sismos que sacudieron Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero, las secretarías de Gobernación y Hacienda modificaron las reglas del Fonden.
En el anexo de Atención a la Vivienda pasó de 28 a 30 mil pesos el monto para materiales, herramientas y mano de obra para reparar los daños parciales de las casas afectadas, además de que establece que “se deberá recomendar su reubicación a zonas seleccionadas como adecuadas para uso habitacional”.
Protección Civil de Segob modificó las reglas generales del Fonden para ampliar el alcance de las obras de reconstrucción estatal, de manera que los gobiernos locales puedan solicitar apoyos parciales inmediatos a cuenta del costo total de la reedificación, para acciones a ejecutar en 30 días.
También cambiaron los Lineamientos de Operación Específicos del fondo para agilizar el flujo de recursos y atender a los damnificados y, con ello que la autoridades locales puedan recibir hasta en un día hábil posterior a su solicitud, los recursos de los apoyos parciales inmediatos, después de la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños.
Las reglas del Fonden establecen que en el caso de reubicación y construcción de viviendas, las dependencias federales o gobiernos locales adquirirán predios susceptibles para uso habitacional de no disponerse de suelo y que esos beneficiarios recibirán un lote, un paquete de obra para materiales y herramientas por 120 mil pesos.
De éstos podrán destinar hasta la tercera parte de 20 por ciento al pago de mano de obra para los propios beneficiarios por la autoconstrucción, y las dos terceras restantes al pago de asesoría especializada y técnica en ejecución de las obras.
REASIGNACIÓN
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, garantizó que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2018 se reasignarán los más de 38 mil millones de pesos previstos por el presidente Enrique Peña Nieto para la reconstrucción en los estados afectados.
Ramírez Marín dijo que todavía no hay un estudio de cuáles serán los rubros con recortes, pues aún no inicia el análisis del PEF, pero advirtió que seguridad, educación, salud y programas sociales no podrán ser sujetos a reducciones.
Un día después de que el Presidente informó que los daños por huracanes y sismos superan los 38 mil 150 millones de pesos y que las viviendas afectadas son más de 250 mil, el líder cameral sostuvo que “tenemos que buscar ese dinero para el fondo de reconstrucción, no hay manera de decir que no”.
Respecto a la designación de estos recursos, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que cada peso que se asigne a la reparación de los afectaciones tendrá GPS para saber exactamente en qué se ocupan.
“Las reglas del Fonden obligan a que se georreferencie cada apoyo. Probablemente el viernes (hoy) tendremos lista la hoja de transparencia. Lo que ya se gastó se cargará para ubicarlo y lo que está por gastarse, cada peso, traerá GPS para darle seguimiento ciudadano”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola para Televisa.
Además de esta hoja, a partir del próximo lunes cada acción estará documentada y sujeta a consulta pública.
Meade explicó que sin tener el cálculo preciso, la atención de la emergencia implicó un gasto de aproximadamente 2 mil millones de pesos, mientras que el proceso de reconstrucción irá de 35 a 38 mil millones de pesos, por lo que para empezar se han aprobado 4 mil 500 millones.
Al sostener que la adjudicación de estos recursos implicarán ajustes al presupuesto para lo que resta de este año y 2018, señaló que el 10 de octubre se conocerá si el bono catastrófico cubre el sismo del 19 de septiembre, pues la cobertura dice que su activación se contempla solo tras un evento de más de 8.1 grados de magnitud.
DESCALIFICAN ESTIMACIÓN
El coordinador de los diputados perredistas, Francisco Martínez Neri, calificó de apresurada la estimación de 38 mil millones de pesos hecha por el gobierno federal y cuestionó qué tan apegada es la cifra a la realidad, si se toma en cuenta que son más de seis entidades afectadas.
Este cuestionamiento también se hizo en el Senado, donde las bancadas de PAN y del bloque PT-Morena calificaron esta propuesta de “ocurrencia” del actual gobierno.
Los senadores panistas, encabezados por Fernando Herrera, anunciaron que la próxima semana presentarán reformas legales para impulsar un decreto de emergencia que permita operar un fondo de reconstrucción nacional, paralelo al Fonden, a fin de atender de inmediato a los damnificados.
Dolores Padierna dijo que según estimaciones de especialistas, se requieren cuando menos 250 mil millones de pesos, pues tan solo para reconstruir las comunidades afectadas por los huracanes de 2013 en Guerrero se usaron 40 mil millones y no alcanzaron.
Ahí en el Senado, la Junta de Coordinación Política acordó citar a comparecer la próxima semana ante el pleno al secretario de Hacienda para que explique los ajustes que se harán al presupuesto con motivo de los sismos, en el contexto de la glosa al quinto Informe de gobierno.
SENADORES APLAUDEN A RESCATISTAS
Senadores brindaron un minuto de aplausos en agradecimiento a las brigadas internacionales y a los millennials que apoyaron en la remoción de escombros y el rescate, tras el sismo de 7.1 que sacudió Ciudad de México y otras entidades. Además, anunciaron que en sesión solemne agradecerán las donaciones para damnificados.
Con información de: Silvia Rodríguez, Angélica Mercado y Silvia Arellano.
Sheinbaum pone denuncia penal por Rébsamen
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| ARCHIVO EL UNIVERSAL. |
Gerardo Suárez
La delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, responsabilizó a las administraciones de los perredistas Higinio Chávez y Maricela Contreras de la construcción irregular de un departamento en el cuarto piso del Colegio Enrique Rébsamen, el cual se colapsó en el sismo del 19 de septiembre pasado, por lo que interpuso una denuncia en contra de los directores generales de Jurídico y Gobierno en ambas gestiones y de la dueña del inmueble, Mónica García Villegas.
Incluso, la funcionaria morenista reveló que desde noviembre de 2013 la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano advirtió de un daño a la estructura provocado por una serie de obras de demolición que la propietaria había hecho en el tercer y cuarto piso sin permiso; sin embargo, la anterior gestión permitió continuar los trabajos un año después.
“Lo que encontramos en el expediente jurídico es verdaderamente indignante, indignante”, comentó la delegada. Agregó que la queja presentada ante la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan también va en contra de quien resulte responsable.
Al hacer un recuento de los antecedentes jurídicos en torno al edificio derrumbado, los cuales fueron incluidos en la querella, expuso que se detectaron omisiones, obras sin licencias previas e incluso Sheinbaum Pardo dijo que “por nuestra mente pasa que hubo corrupción”.
Desde 2010 la administración del ex delegado del PRD Higinio Chávez ordenó clausurar y demoler una construcción sin permiso en el cuarto piso, que correspondía a un gimnasio; pero “no existe evidencia ni documento que permita concluir que se subsanaron dichas irregularidades y que se haya levantado el estado de clausura ni demolición o pago de multas impuestas”, asentó en la denuncia.
Luego, en octubre de 2013, la dueña Mónica García Villegas quiso hacer obras con un aviso al amparo del artículo 62 del Reglamento de Construcciones —que se refiere a trabajos menores como remodelaciones—, pero fue rechazado por la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, debido a que en una verificación previa se detectó un daño a la estructura en el edificio de Rancho Tamboreo 11 y 19, colonia Nueva Oriental Coapa.
“Se determinó como improcedente debido a que al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el tercero y cuarto nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción (...)”, dice el oficio del 8 de noviembre de 2013, enviado por la entonces directora general de Obras Adoratriz López Pérez a Miguel Ángel Guerrero López, quien fuera director general Jurídico y de Gobierno en la gestión de Maricela Contreras Julián.
El 12 de diciembre de 2013 la dirección a cargo de Guerrero López verificó el inmueble y encontró que, sin permisos, en el tercer y cuarto nivel se hacían trabajos de herrería, levantamiento y aplanado de muros, colocación de estructuras metálicas e instalaciones hidrosanitarias, así como la demolición de una techumbre entre ambos niveles para la colocación de una escalera, todo sin manifestación de obra, según describe el documento de verificación difundido por la delegación en su página de internet.
El 7 de enero de enero de 2014 se suspenden las obras y para junio se impuso la clausura.
Sin embargo, para el 9 de diciembre de 2014, a 11 meses del cierre, la anterior gestión “da por cumplida la resolución” y cierra el expediente, pues la dueña pagó multas por poco más de 21 mil pesos y así la demarcación le otorgó el permiso para hacer obras menores, con folio 2457/13, a pesar de los daños estructurales hallados. De esa manera se continúo con la ampliación del departamento.
En conferencia, la delegada en Tlalpan informó que con esta información presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina en contra de quien resulte responsable, en especial contra Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero, ex directores generales de Jurídico y Gobierno en las gestiones de Higinio Chávez y Maricela Contreras, respectivamente.
Sheinbaum no descartó responsabilidad de los Directores Responsables de Obra (DRO) Juan Mario Velarde y Juan Apolinar Torales, quienes a pesar de lo expuesto otorgaron su visto bueno en seguridad estructural en 2014 y en seguridad y operación en 2017, respectivamente.
“En el caso de que haya responsabilidad en el peritaje que elabore el Colegio de Ingenieros Civiles, vamos también contra los DRO, corresponsables de obra que dijeron que el edificio era seguro”, dijo.
Apuntó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) nunca les notificó de la resolución de enero de este año en contra de la escuela por violación al uso de suelo y que dicha dependencia del gobierno central pudo cerrar la escuela en lugar de “conminarla” a cesar su actividad.
Ante la información publicada ayer por EL UNIVERSAL de que también la actual administración delegacional dejó que se construyera una pérgola sin una manifestación de obra, Claudia Sheinbaum dijo estar abierta a cualquier investigación.
La delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, responsabilizó a las administraciones de los perredistas Higinio Chávez y Maricela Contreras de la construcción irregular de un departamento en el cuarto piso del Colegio Enrique Rébsamen, el cual se colapsó en el sismo del 19 de septiembre pasado, por lo que interpuso una denuncia en contra de los directores generales de Jurídico y Gobierno en ambas gestiones y de la dueña del inmueble, Mónica García Villegas.
Incluso, la funcionaria morenista reveló que desde noviembre de 2013 la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano advirtió de un daño a la estructura provocado por una serie de obras de demolición que la propietaria había hecho en el tercer y cuarto piso sin permiso; sin embargo, la anterior gestión permitió continuar los trabajos un año después.
“Lo que encontramos en el expediente jurídico es verdaderamente indignante, indignante”, comentó la delegada. Agregó que la queja presentada ante la Fiscalía Desconcentrada en Tlalpan también va en contra de quien resulte responsable.
Al hacer un recuento de los antecedentes jurídicos en torno al edificio derrumbado, los cuales fueron incluidos en la querella, expuso que se detectaron omisiones, obras sin licencias previas e incluso Sheinbaum Pardo dijo que “por nuestra mente pasa que hubo corrupción”.
Desde 2010 la administración del ex delegado del PRD Higinio Chávez ordenó clausurar y demoler una construcción sin permiso en el cuarto piso, que correspondía a un gimnasio; pero “no existe evidencia ni documento que permita concluir que se subsanaron dichas irregularidades y que se haya levantado el estado de clausura ni demolición o pago de multas impuestas”, asentó en la denuncia.
Luego, en octubre de 2013, la dueña Mónica García Villegas quiso hacer obras con un aviso al amparo del artículo 62 del Reglamento de Construcciones —que se refiere a trabajos menores como remodelaciones—, pero fue rechazado por la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, debido a que en una verificación previa se detectó un daño a la estructura en el edificio de Rancho Tamboreo 11 y 19, colonia Nueva Oriental Coapa.
“Se determinó como improcedente debido a que al momento del análisis técnico se observó que se están realizando trabajos de demolición de estructuras de concreto armado en el tercero y cuarto nivel, dañando elementos estructurales que afectan la estabilidad de la construcción (...)”, dice el oficio del 8 de noviembre de 2013, enviado por la entonces directora general de Obras Adoratriz López Pérez a Miguel Ángel Guerrero López, quien fuera director general Jurídico y de Gobierno en la gestión de Maricela Contreras Julián.
El 12 de diciembre de 2013 la dirección a cargo de Guerrero López verificó el inmueble y encontró que, sin permisos, en el tercer y cuarto nivel se hacían trabajos de herrería, levantamiento y aplanado de muros, colocación de estructuras metálicas e instalaciones hidrosanitarias, así como la demolición de una techumbre entre ambos niveles para la colocación de una escalera, todo sin manifestación de obra, según describe el documento de verificación difundido por la delegación en su página de internet.
El 7 de enero de enero de 2014 se suspenden las obras y para junio se impuso la clausura.
Sin embargo, para el 9 de diciembre de 2014, a 11 meses del cierre, la anterior gestión “da por cumplida la resolución” y cierra el expediente, pues la dueña pagó multas por poco más de 21 mil pesos y así la demarcación le otorgó el permiso para hacer obras menores, con folio 2457/13, a pesar de los daños estructurales hallados. De esa manera se continúo con la ampliación del departamento.
En conferencia, la delegada en Tlalpan informó que con esta información presentó ayer una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina en contra de quien resulte responsable, en especial contra Alejandro Zepeda y Miguel Ángel Guerrero, ex directores generales de Jurídico y Gobierno en las gestiones de Higinio Chávez y Maricela Contreras, respectivamente.
Sheinbaum no descartó responsabilidad de los Directores Responsables de Obra (DRO) Juan Mario Velarde y Juan Apolinar Torales, quienes a pesar de lo expuesto otorgaron su visto bueno en seguridad estructural en 2014 y en seguridad y operación en 2017, respectivamente.
“En el caso de que haya responsabilidad en el peritaje que elabore el Colegio de Ingenieros Civiles, vamos también contra los DRO, corresponsables de obra que dijeron que el edificio era seguro”, dijo.
Apuntó que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) nunca les notificó de la resolución de enero de este año en contra de la escuela por violación al uso de suelo y que dicha dependencia del gobierno central pudo cerrar la escuela en lugar de “conminarla” a cesar su actividad.
Ante la información publicada ayer por EL UNIVERSAL de que también la actual administración delegacional dejó que se construyera una pérgola sin una manifestación de obra, Claudia Sheinbaum dijo estar abierta a cualquier investigación.
Cargaban edificios anuncios ilegales
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| Edificio colapsado en Viaducto y Torreón. Foto: Israel Rosas |
No obstante, de acuerdo con el Reglamento de Construcciones y la Ley de Publicidad Exterior, está prohibido que las azoteas soporten este tipo de estructuras.
"Quedan prohibidos los anuncios de propaganda comercial e institucional instalados en las azoteas de las edificaciones", cita la Ley de Publicidad Exterior.
A pesar de la restricción, sobre el edificio de Viaducto y Torreón, en la Colonia Piedad Narvarte, la azotea cargaba un anuncio de la empresa GiM Publicidad Exterior de 10 metros de altura.
Una grúa tuvo que retirar la estructura del espectacular para seguir con las tareas de salvamento, que concluyeron con el rescate de 6 personas y la recuperación de 11 cuerpos.
Sobre Calzada de Tlalpan, dos edificios en la Colonia San Simón soportan también anuncios espectaculares, por lo que la Delegación Benito Juárez ordenó evacuarlos al catalogarlos con alto riesgo de colapso.
Otro edificio clasificado como inhabitable, en División del Norte 1885, exhibe un anuncio espectacular.
"Son una problemática de protección civil, y la autoridad sigue haciéndose para un lado y sigue dejando que permanezcan ahí", expresó Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano.
En Bolívar 168, el inmueble derribado en donde fueron encontrados 21 cuerpos y rescatadas 2 personas cargaba antenas de telecomunicaciones.
REFORMA buscó a las empresas de publicidad Strada y GiM Publicidad Exterior para cuestionarlas al respecto: la primera aseguró que el anuncio está en proceso de retiro, mientras que GiM no ofreció declaraciones.
Brotan irregularidades en edificios colapsados
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Las constructoras “engañaron a la delegación. Por eso presentamos las denuncias. Hay una responsabilidad y una omisión por no informar de que estaban violando la ley y estaban utilizando materiales de baja calidad”, dice a El Financiero el delegado Christian Von Roehrich, en respuesta al escándalo destapado tras el sismo del 19 de septiembre, luego de que varios edificios nuevos se vinieran abajo en esa demarcación.
El funcionario pide que le investiguen a él y a todo su equipo. “Que determine la Contraloría General de la Ciudad de México si hay responsabilidades”.
Un día después este diario revelara que el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación, Nicias Aridjis, firmó un oficio en el que daba por buena la habitabilidad de Residencial San José –colapsado parcialmente con saldo de dos muertos–, Von Roehrich asegura que pidió a la contraloría investigar si hubo acción u omisión de funcionarios delegacionales.
Aunque no descarta pedir que se investigue a su antecesor, Jorge Romero, advierte: “nos engañaron”.
-¿Y engañaron a Nicias Aridjis?, se le preguntó. “Engañaron a la autoridad. Los directores generales de Obras y Desarrollo Urbano de todas las delegaciones están obligados a revisar la documentación para integrar la manifestación con base al reglamento de construcciones. Es ahí donde tiene que recibir la información del director responsable de obra y los corresponsables, quienes tienen la facultad de vigilar el proceso constructivo. No obtuvimos información de ellos para poder clausurar la obra”, dijo.
-Pero estuvo inhabilitado, se le recordó.
“Eso fue hace dos administraciones, cuando lo inhabilitaron por no declarar un coche, pero lo que nos compete ahora es ubicar la responsabilidad que pudieran tener tanto las constructoras como los auxiliares y posiblemente los servidores públicos”, respondió.
Von Roehrich enfoca la principal culpa de lo ocurrido en el residencial de Zapata 56 sobre Juan Duay Huerta, Director Responsable de Obra y Fernando Méndez, corresponsable de la misma.
“Ellos son, como lo marca el reglamento de construcción, los ojos por parte del Gobierno de la Ciudad y de las delegaciones en el proceso constructivo”, dijo.
Miedo de niños y adolescentes al no saber si sus escuelas son seguras
Padres de familia demandan les garanticen que se efectuaron revisiones a fondo en los planteles
Laura Poy Solano
En zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre o en barrios donde apenas dejó una huella, niños y adolescentes comparten el deseo de ver de nuevo a amigos y maestros, pero también el temor de volver a las aulas ante la incertidumbre de si sus escuelas ‘‘son realmente seguras’’, afirman alumnos y padres.
A más de una semana del sismo de magnitud 7.1 que afectó el centro del país, poco más de 8 millones de estudiantes de educación básica y media superior no han podido regresar a clases.
Entre ellos está Valentina. Tiene siete años y vive en la colonia Condesa. Acude a un colegio particular en la colonia Del Valle. Su madre asegura que el colegio ya cuenta con el dictamen para reiniciar labores, ‘‘pero no han regresado a clases porque está en una zona de riesgo’’.
Valentina dice que le gustaría mucho volver a jugar con sus 22 compañeros de clase, pero reconoce que el miedo y la angustia aún no la dejan dormir. ‘‘Llevo tres días así. Me asusté mucho, porque al principio pensé que era otro simulacro, pero no. Toda mi clase se quedó en el salón durante el sismo; creo que debimos salir porque los vidrios podrían habernos lastimado’’.
Amaranta, su madre y doctorante en Letras, asegura que ‘‘ya no puede ser el mismo regreso a clases. El sismo cambió a la ciudad y también a nosotros’’.
Destaca que la escuela envió a los padres de familia el dictamen de seguridad estructural y la cédula profesional de quien inspeccionó el plantel, pero considera: ‘‘son medidas que me parecen insuficientes’’.
No puede haber un regreso a clases, explica, sin que antes se organicen asambleas informativas. ‘‘Tenemos que garantizar que efectivamente se revisó a fondo la seguridad estructural, y que la escuela de nuestros hijos es realmente segura’’.
Como ella, padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata, en la colonia Industrial, en Gustavo A. Madero, destacaron: ‘‘No porque peguen un papel en la entrada del plantel vamos a creer que todo está bien. Tienen que comprobarnos que los peritajes son correctos y a fondo, no simulaciones’’.
En esa colonia, donde el sismo no dejó daños, Natalia y Eduardo juegan en el departamento que habitan, de donde no se han movido desde el pasado martes. Asisten al quinto y cuarto grado, respectivamente, de la primaria Emiliano Zapata. Hoy, agrega Paola, su madre, la preocupación no son los materiales educativos o el servicio de Internet.
‘‘Queremos tener la certeza que hay condiciones para que vuelvan a clases. La escuela es muy grande, tiene muchos salones, alberca y un patio enorme. Vamos a solicitar información y que nos muestren cómo se revisaron las instalaciones; no queremos que sea algo superficial. El colegio Emiliano Zapata tiene más de 50 años en servicio. Queremos peritajes profesionales y serios.’’
Por su parte, Ruth, alumna de quinto de primaria en la colonia Doctores, también espera el regreso a clases. Sus padres decidieron abandonar el departamento que habitan por temor a más réplicas. En su edificio, dice, no hubo daños, pero en los de otros vecinos se aprecian vidrios rotos y fachadas dañadas.
Cuenta que desde el pasado martes no quiere dormir sola. Su abuela Eugenia la acompaña todo el día. ‘‘Cuando pienso en mi escuela –afirma– me dan ganas de llorar, porque quiero ver a mis amigas, pero me da mucho miedo regresar. Se sintió horrible y se ve viejita. Mi papás dicen que si no es segura ya no me van a mandar, y eso me da mucha tristeza’’.
Sabe que la Secretaría de Educación Pública emite una lista de planteles que pueden volver a clases. La suya no ha sido incluida, pero confía en que ‘‘todo esté bien, porque siento que mi escuela es como mi otra casa’’.
En zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre o en barrios donde apenas dejó una huella, niños y adolescentes comparten el deseo de ver de nuevo a amigos y maestros, pero también el temor de volver a las aulas ante la incertidumbre de si sus escuelas ‘‘son realmente seguras’’, afirman alumnos y padres.
A más de una semana del sismo de magnitud 7.1 que afectó el centro del país, poco más de 8 millones de estudiantes de educación básica y media superior no han podido regresar a clases.
Entre ellos está Valentina. Tiene siete años y vive en la colonia Condesa. Acude a un colegio particular en la colonia Del Valle. Su madre asegura que el colegio ya cuenta con el dictamen para reiniciar labores, ‘‘pero no han regresado a clases porque está en una zona de riesgo’’.
Valentina dice que le gustaría mucho volver a jugar con sus 22 compañeros de clase, pero reconoce que el miedo y la angustia aún no la dejan dormir. ‘‘Llevo tres días así. Me asusté mucho, porque al principio pensé que era otro simulacro, pero no. Toda mi clase se quedó en el salón durante el sismo; creo que debimos salir porque los vidrios podrían habernos lastimado’’.
Amaranta, su madre y doctorante en Letras, asegura que ‘‘ya no puede ser el mismo regreso a clases. El sismo cambió a la ciudad y también a nosotros’’.
Destaca que la escuela envió a los padres de familia el dictamen de seguridad estructural y la cédula profesional de quien inspeccionó el plantel, pero considera: ‘‘son medidas que me parecen insuficientes’’.
No puede haber un regreso a clases, explica, sin que antes se organicen asambleas informativas. ‘‘Tenemos que garantizar que efectivamente se revisó a fondo la seguridad estructural, y que la escuela de nuestros hijos es realmente segura’’.
Como ella, padres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata, en la colonia Industrial, en Gustavo A. Madero, destacaron: ‘‘No porque peguen un papel en la entrada del plantel vamos a creer que todo está bien. Tienen que comprobarnos que los peritajes son correctos y a fondo, no simulaciones’’.
En esa colonia, donde el sismo no dejó daños, Natalia y Eduardo juegan en el departamento que habitan, de donde no se han movido desde el pasado martes. Asisten al quinto y cuarto grado, respectivamente, de la primaria Emiliano Zapata. Hoy, agrega Paola, su madre, la preocupación no son los materiales educativos o el servicio de Internet.
‘‘Queremos tener la certeza que hay condiciones para que vuelvan a clases. La escuela es muy grande, tiene muchos salones, alberca y un patio enorme. Vamos a solicitar información y que nos muestren cómo se revisaron las instalaciones; no queremos que sea algo superficial. El colegio Emiliano Zapata tiene más de 50 años en servicio. Queremos peritajes profesionales y serios.’’
Por su parte, Ruth, alumna de quinto de primaria en la colonia Doctores, también espera el regreso a clases. Sus padres decidieron abandonar el departamento que habitan por temor a más réplicas. En su edificio, dice, no hubo daños, pero en los de otros vecinos se aprecian vidrios rotos y fachadas dañadas.
Cuenta que desde el pasado martes no quiere dormir sola. Su abuela Eugenia la acompaña todo el día. ‘‘Cuando pienso en mi escuela –afirma– me dan ganas de llorar, porque quiero ver a mis amigas, pero me da mucho miedo regresar. Se sintió horrible y se ve viejita. Mi papás dicen que si no es segura ya no me van a mandar, y eso me da mucha tristeza’’.
Sabe que la Secretaría de Educación Pública emite una lista de planteles que pueden volver a clases. La suya no ha sido incluida, pero confía en que ‘‘todo esté bien, porque siento que mi escuela es como mi otra casa’’.
Falsifican empleados de delegaciones firmas de DRO
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Empleados de las delegaciones capitalinas están involucrados en la falsificación de firmas de Directores Responsables de Obras (DRO) y en la venta ilegal de responsivas a constructoras y propietarios, de acuerdo con testimonios de colegiados del ramo y de quienes han conformado la Comisión de Admisión de DRO y Corresponsables (CADROC).
“Empleados de las ventanillas delegacionales falsifican las firmas de los DRO, les sacan copias a sus carnets y los venden a las constructoras que quieren ahorrarse el dinero de la supervisión”, denunció el ingeniero Tonatiuh Balanzario, quien ha sido miembro del Colegio de Ingenieros de México y de la CADROC.
Con estas tretas se simula la verificación y ajuste normativo de diversas obras, susceptibles después de presentar daños estructurales o colapsos, en especial tras sismos como el del pasado 19 de septiembre.
La CADROC es el órgano encargado de certificar y sancionar a los DRO y Corresponsables de Obra. El presidente, por ley, siempre es el Secretario de Obras y Servicios de la ciudad (hoy Édgar Tungüí Rodríguez) y el secretario es el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (ahora Felipe de Jesús Gutiérrez).
Ambos rechazaron ayer solicitudes de entrevista sobre el tema.
—¿Cómo se dan estas farsas?
—Cada vez que extendemos una responsiva de obra tenemos que entregar una copia de nuestro carnet como DRO´s en la ventanilla de licencias de las delegaciones, se queda anexa al expediente, pero se han registrado casos en los cuales empleados se quedan con copias y falsifican la firma del DRO, es ahí donde se hacen las tranzas, en las ventanillas únicas.
—¿Qué hacen con esas firmas falsas y copias de carnets?
—Se las venden muy baratas a propietarios y constructoras, que no están dispuestos a pagar por la seguridad de las obras, y optan por desembolsar un precio mucho menor sólo por cumplir con los requisitos. Les sale muy barato: en lugar de pagar 10 pesos pagan 50 centavos, pero el negocio es del propietario con las gentes de la delegación. También hay propietarios y constructoras patito.
Según el ingeniero —DRO con el número 0507—, los DRO usurpados son “colegas que pecan de buenas gentes y algunos ingenieros o arquitectos de edad avanzada… dan sus carnets sin chistar en las ventanillas, y ahí es el único lugar donde se pueden armar estos fraudes”.
—Y luego vienen las desdichas, los edificios derrumbados…
—¿Cuántos edificios se cayeron en la ciudad? En la lista están las obras donde hubo corrupción, porque construyeron cosas que no debían, se ahorraron materiales o los que utilizaron fueron de baja calidad. Todo lo que se cayó es por algo que estuvo mal, por negligencia o dolo. Y algunos ya por viejos, que tampoco nunca se revisaron. Muchos que se ahorraron una firma o que usaron una falsa ya no tienen construcción o no tienen vida.
Balanzario admitió casos en los cuales los DRO cobran barato por firmar simples responsivas de obras, pero sin darles seguimiento ni vigilar el cumplimiento de las normas de construcción vigentes. Sin embargo, pidió también explorar la responsabilidad de autoridades, constructoras y propietarios:
“Ellos también pueden ser procesados penalmente, porque son los que están todo el día en las obras. Los DRO están para el control de calidad y que los proyectos se cumplan. ¿Y los otros actores? Las autoridades quisieran echarle la culpa a los Responsables de Obra, porque se quieren lavar las manos”.
CONTUBERNIO. Otras voces señalan la complicidad de los DRO con jefes o empleados delegacionales, para atraer clientes y vender sus firmas, sin reparar en los riegos futuros.
“Algunas personas son frágiles para la cuestión de las monedas y algunos DRO se les hace más fácil tener empleados dentro de las delegaciones y venderles las responsivas, pero estos deberían de perder su registro, conforme lo estipula el Reglamento de Construcción”, dijo a Crónica Florencio Hernández, presidente del Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles.
Y en los casos de firmas falsas, expresó: “Es cuestión de principios, moral y ética, los DRO´s involucrados deberían hacer públicas las anomalías, para que se vayan documentando más expedientes y se proceda contra los responsables… Hago un llamado para que los colegas no se presten a la corrupción, que no se vuelvan cómplices de las irregularidades. Tenemos que solidarizarnos con la seguridad de la población”.
Artículo 44 del Reglamento de Construcciones en la Capital
La CADROC se integra por:
I.
El Secretario de Obras y Servicios, quien la presidirá, y el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda quien fungirá como Secretario Técnico, y
II.
Un representante de cada uno de los Colegios de Profesionales y Cámaras siguientes, a invitación del Presidente de la Comisión:
a) Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México;
b) Colegio de Ingenieros Civiles de México;
c) Colegio de Ingenieros Militares;
d) Colegio de Ingenieros Municipales de México;
e) Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México;
f) Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas;
g) Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles;
h) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, y
i) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
En ataque a voluntarios, ni robo de víveres, ni violación, ni fue en Oaxaca...
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| Imágenes de la camioneta en que viajaban las supuestas víctimas, según la nota del Siame. Foto: Especial |
Carlos Jiménez
La supuesta violación a una joven, el ataque a balazos que dejó heridos, y el robo de ayuda humanitaria a un grupo de voluntarios católicos que llevaban víveres a damnificados al Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, lo cual fue denunciado por la Fundación Papa Francisco Pro Felicitas A.C., resultó ser falso.
Ayer mismo, la Arquidiócesis de Oaxaca aseguró que no tenían ningún reporte de nada de ello.
Además, nadie presentó una denuncia ante un Ministerio Público, aunque al principio habían dicho que sí. Los supuestos hechos no sucedieron el día que se aseguró, tampoco en el lugar donde se dijo, y ni siquiera existe un reporte de personas heridas o abusadas sexualmente, como se aseguró.
De hecho, quienes se acercaron a la Policía Federal (PF) para reportar sólo un robo, nunca hablaron de una violación, tampoco de un hurto de víveres y mucho menos de personas heridas de bala o por arma blanca.
De acuerdo con el parte informativo de la Policía Federal —al que La Razón tuvo acceso—, quienes pidieron apoyo por un atraco y refirieron ser voluntarios, aseguraron a los suboficiales Manuel Jiménez e Israel Muñoz que sólo les habían quitado una cartera y un teléfono celular.
“(La denuncia) no se ha realizado porque los jóvenes tuvieron que ser hospitalizados de emergencia por las heridas y porque sus familias tienen miedo”. Carlos Arvizú, Administrador de la fundación
En su boletín de prensa difundido el martes a través del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), la Fundación Papa Francisco Pro Felicitas A.C. aseguró que esa misma mañana, jóvenes voluntarios católicos “fueron interceptados por un grupo de hombres armados que, además de balearlos y robarles el contenido de los vehículos, violaron a una de las jóvenes, les quitaron sus teléfonos celulares y alrededor de 40 mil pesos que llevaban para hacer otras compras allá”.
Incluso aseguró que el licenciado Carlos Arvizú, administrador de la fundación, había reportado que dos de esos voluntarios se encontraban hospitalizados.
“El primero, debido a que las balas le perforaron algunas arterias y comenzó a desangrarse, y el segundo porque lo golpearon de una manera tan brutal que por poco le ocasionaban la muerte”, afirmó.
La fundación llegó al grado de asegurar que desconocía si “este acto tan atroz” era “un asunto del crimen organizado o del propio gobierno”.
El parte informativo oficial detalla que fue él quien pidió apoyo a la Policía Federal a las 02:35 horas del domingo 24 de septiembre en la Subestación Libres, de Puebla.
Según relató el conductor, varios hombres “salieron de los matorrales, despojando de su teléfono celular y su cartera”.
Víctor Manuel les contó a los agentes que “venían procedentes de Jojutla, Morelos, e Izúcar de Matamoros, Puebla, donde llevaron ayuda humanitaria a damnificados por el sismo del 19 de septiembre y se detuvieron por la ponchadura de un neumático”. Es decir, los víveres que tenían ya los habían entregado.
Sobre el ataque a tiros y las personas lesionadas que reportó Fundación Papa Francisco Pro Felicitas A.C, nadie dijo nada. Víctor Manuel sólo relató que durante un forcejeo con los ladrones “se escucharon detonaciones de arma de fuego”, pero nunca solicitó alguna ayuda médica.
El informe detalla que cuatro suboficiales que viajaban en dos patrullas de la PF, la 11890 y la 16694, los ayudaron y escoltaron en su camino hasta la ciudad de Xalapa, Veracruz.
En ningún momento del trayecto los voluntarios reportaron una violación, un robo de despensas o alguien herido de bala o a punto de morir.
Ayer, en otro comunicado, la fundación admitió que no había presentado denuncia ante la autoridad y que lo haría en próximas horas.
Ayer mismo, la Arquidiócesis de Oaxaca aseguró que no tenían ningún reporte de nada de ello.
Además, nadie presentó una denuncia ante un Ministerio Público, aunque al principio habían dicho que sí. Los supuestos hechos no sucedieron el día que se aseguró, tampoco en el lugar donde se dijo, y ni siquiera existe un reporte de personas heridas o abusadas sexualmente, como se aseguró.
De hecho, quienes se acercaron a la Policía Federal (PF) para reportar sólo un robo, nunca hablaron de una violación, tampoco de un hurto de víveres y mucho menos de personas heridas de bala o por arma blanca.
De acuerdo con el parte informativo de la Policía Federal —al que La Razón tuvo acceso—, quienes pidieron apoyo por un atraco y refirieron ser voluntarios, aseguraron a los suboficiales Manuel Jiménez e Israel Muñoz que sólo les habían quitado una cartera y un teléfono celular.
“(La denuncia) no se ha realizado porque los jóvenes tuvieron que ser hospitalizados de emergencia por las heridas y porque sus familias tienen miedo”. Carlos Arvizú, Administrador de la fundación
En su boletín de prensa difundido el martes a través del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), la Fundación Papa Francisco Pro Felicitas A.C. aseguró que esa misma mañana, jóvenes voluntarios católicos “fueron interceptados por un grupo de hombres armados que, además de balearlos y robarles el contenido de los vehículos, violaron a una de las jóvenes, les quitaron sus teléfonos celulares y alrededor de 40 mil pesos que llevaban para hacer otras compras allá”.
Incluso aseguró que el licenciado Carlos Arvizú, administrador de la fundación, había reportado que dos de esos voluntarios se encontraban hospitalizados.
“El primero, debido a que las balas le perforaron algunas arterias y comenzó a desangrarse, y el segundo porque lo golpearon de una manera tan brutal que por poco le ocasionaban la muerte”, afirmó.
La fundación llegó al grado de asegurar que desconocía si “este acto tan atroz” era “un asunto del crimen organizado o del propio gobierno”.
El parte informativo oficial detalla que fue él quien pidió apoyo a la Policía Federal a las 02:35 horas del domingo 24 de septiembre en la Subestación Libres, de Puebla.
Según relató el conductor, varios hombres “salieron de los matorrales, despojando de su teléfono celular y su cartera”.
Víctor Manuel les contó a los agentes que “venían procedentes de Jojutla, Morelos, e Izúcar de Matamoros, Puebla, donde llevaron ayuda humanitaria a damnificados por el sismo del 19 de septiembre y se detuvieron por la ponchadura de un neumático”. Es decir, los víveres que tenían ya los habían entregado.
Sobre el ataque a tiros y las personas lesionadas que reportó Fundación Papa Francisco Pro Felicitas A.C, nadie dijo nada. Víctor Manuel sólo relató que durante un forcejeo con los ladrones “se escucharon detonaciones de arma de fuego”, pero nunca solicitó alguna ayuda médica.
El informe detalla que cuatro suboficiales que viajaban en dos patrullas de la PF, la 11890 y la 16694, los ayudaron y escoltaron en su camino hasta la ciudad de Xalapa, Veracruz.
En ningún momento del trayecto los voluntarios reportaron una violación, un robo de despensas o alguien herido de bala o a punto de morir.
Ayer, en otro comunicado, la fundación admitió que no había presentado denuncia ante la autoridad y que lo haría en próximas horas.
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