Leonor Flores
El número de empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que incumplen con sus obligaciones como servidores públicos a través de faltas administrativas está aumentando más respecto a los que cometen delitos federales.
De enero a junio, el SAT denunció ante el Órgano Interno de Control (OIC) a 486 funcionarios, cuando en igual periodo de 2016 fueron 289. Ello representó un incremento de 68% entre el año pasado y el actual.
Ahora las denuncias interpuestas ante el OIC serán las que se resolverán a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), de acuerdo con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que todo funcionario tiene obligación de actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Su incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales.
Aunque no se precisa el tipo de denuncias, las irregularidades cometidas por los empleados acusados ante instancias judiciales pueden ser desde abuso de autoridad, uso de documentos falsos, ejercicio abusivo de funciones, acceso ilícito a equipo informático, falsificación de documentos, peculado y modificación indebida a sistemas informáticos.
El SAT también denunció en la primera mitad del año a 46 de sus trabajadores ante el Ministerio Público, cuatro de ellos por cohecho y a 41 por el ejercicio ilícito del servicio público. Entre enero y junio de 2016 acusó a 67, de manera que bajó el número de demandas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Aduanas, a la cabeza. De las 12 Unidades Administrativas del SAT, sólo dos no tienen quejas; se trata de las administraciones de Hidrocarburos y la de Evalua
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