Grafico Oaxaca
En un acto que atenta contra la Ley de Notariado para el Estado de Oaxaca y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, el oficial Mayor del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), Gilberto Gamboa Medina, ostenta ese cargo a pesar de no haber solicitado licencia como notario público número 66, situación que debería valerle la cancelación del fiat que posee y su destitución como funcionario público, según documentos hechos llegar a este medio.
De acuerdo con el artículo nueve de la Ley de Notariado, Gamboa, quien en los casi seis meses que ha permanecido en el puesto ha sido acusado de incurrir en al menos dos actos ilegales, uno de ellos, haber ganado una licitación para dotar de combustible a los 500 vehículos de la dependencia, tuvo que haber pedido licencia como fedatario antes de haber asumido cualquier tarea en el gobierno del estado.
Sin embargo, un oficio enviado el pasado cinco de julio al Colegio de Notarios para el Estado de Oaxaca, cuya copia obra en poder del reportero, detalla que el actual Oficial Mayor presuntamente violó la normativa, pues en el documento, firmado por él, se ostenta como “notario en funciones”.
La carta, que, además, fue rubricada por otros 13 fedatarios, tuvo el objetivo de impugnar sin éxito la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria convocada por la agrupación y en la que sería presentado el informe final del Consejo Directivo y, posterior a ello, nombrada su nueva dirigencia.
Las irregularidades
“Los que suscribimos, Consejo Consultivo y Notarios Públicos en funciones colegiados al Colegio de Notarios para el Estado de Oaxaca, ante ustedes, con el debido respeto, comparecemos y exponemos”, dice en su primer párrafo la misiva, fechada el cinco de julio de 2017, cinco meses y medio después de que Gamboa asumió su puesto en el IEEPO, el 26 de enero.
“Por la unidad de los notarios de Oaxaca”, es la frase que utiliza como cierre el oficio de impugnación, en cuyo tercer espacio aparece la rúbrica del funcionario estatal, detrás de Omar Abacuc Sánchez Heras, María Antonieta Chagoya Méndez y antes de Gerardo Amado Pérez Álvarez.
Al respecto, según la documentación remitida, el artículo nueve de la Ley de Notariado para el Estado de Oaxaca indica que “el ejercicio del cargo de notario es incompatible con cualquier comisión o empleo del gobierno federal, estatal o municipal”.
Y agrega: “Tampoco podrán ejercer la profesión de Abogado en asuntos en que haya controversia, excepto en el caso en que hubieren sido llamado a juicio o fueren parte”.
Suspensión e inhabilitación
A su vez, el artículo 56, fracción 19, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca considera como falta grave el no “abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le designó, o por haber sido cesado, o por cualquier otra causa legal que se lo impida”.
Asimismo, la fracción 21 del mismo artículo refiere que también es ilegal no “abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley prohíba, así como aquellos que no sean compatibles”.
De confirmarse cualquier de las dos faltas antes mencionadas, el funcionario deberá ser destituido e inhabilitado para ejercer cualquier otro cargo público, precisan los oficios.
Además de lo anterior, el artículo 102 de la Ley de Notariado para el Estado de Oaxaca subraya en su fracción cuarta que cualquier fedatario podrá perder su licencia si llegara a recibir “una sanción administrativa impuesta por el Ejecutivo del Estado o por faltas graves comprobadas al notario en ejercicio de sus funciones.
El artículo 107 fracción tercera, a su vez, explica que el notario
perderá el cargo de manera definitiva por una “sanción administrativa que así lo determine”.
Sin embargo, para poder llevar a cabo cualquier procedimiento, ya sea a través de la Ley de Responsabilidades para Funcionarios o por la Ley de Notariado, es necesaria una investigación y resolución por parte de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Antecedentes
El pasado nueve de mayo, un documento que circuló en redes sociales, estableció que el oficial Mayor del IEEPO, Gilberto Gamboa Medina, había sido contratado por la dependencia como proveedor principal de combustible a través de una gasolinera propiedad de la hija del funcionario.
Según el oficio, a través del cual se ordenaba a los funcionarios del Instituto adquirir combustible en la gasolinera propiedad de la familia Gamboa, el convenio había quedado establecido desde el 17 de febrero de este año y estipulaba la venta de gasolina tipo Magna para los 500 vehículos adscritos a esa entidad, lo que podría traducirse en ingresos por 24 millones de pesos al año a favor del político y empresario.
La estación de servicio en polémica se localiza, bajo el número 12 mil 838 y la razón social Servicios Gaseros del Golfo, en el cruce de la avenida Periférico y la calle de Manuel López Velarde, en jurisdicción de la colonia José Vasconcelos, en el centro de la ciudad; el establecimiento permanece a nombre de Índira Gamboa, hija del servidor público.
Contraloría lo defiende
Dos días después, la Secretaría de la Contraloría anunció que había comenzado un proceso de investigación para determinar si el IEEPO adjudicó de manera irregular tal contrato millonario.
Sin embargo, el titular de la dependencia, Jesús Ángel Díaz Navarro, afirmó, de entrada, que todo parecía indicar que el documento divulgado a través del cual se ordena a los funcionarios del Instituto adquirir combustible en una gasolinera propiedad de Gamboa, era falso.
En entrevista telefónica, Díaz aseguró que la circular “no tiene ninguna de las características de las que se emiten en esa oficina”, en referencia a la misiva supuestamente firmada por el titular de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, Jacobo Chong Castillo, y en la que se pide favorecer a la empresa “Servicios Gaseros del Golfo”.
Díaz dijo, sin embargo, que las indagatorias aún continúan y será en un plazo de dos semanas cuando se emita la resolución definitiva de caso.
“Ese documento que está exhibido en medios de comunicación no es concordante con la documentación oficial que se tiene en esa área (del IEEPO) y los récords que se tienen de circulares emitidas de esa área hacia el personal”, reiteró.
No obstante, a los días siguientes, Gamboa emitió un comunicado en el que reconoció que la empresa de su familia había dotado de combustible en una ocasión a la flota de vehículos del IEEPO.
Meses después, el 26 de junio, alrededor de 40 fabricantes de uniformes escolares bloquearon entradas y salidas del edificio que alberga la Oficialía Mayor del IEEPO, en inmediaciones de Plaza del Valle, para exigir la entrega de 5 millones de pesos que el gobernador, Alejandro Murat, gestionó para saldar pasivos que fueron heredados por la administración de Gabino Cué.
De acuerdo con los agraviados, La Secretaría de Finanzas había depositado tales recursos a manera de abono por el adeudo de más de 100 millones que arrastraba hasta aquel momento la administración pública.
En aquel momento, denunciaron que tanto Gamboa como su secretaria, Verónica Pérez, se había negado a entregar los pagos correspondientes.
Múltiples acusaciones
Gilberto Gamboa es un abogado y notario que se ha desempeñado como presidente del Colegio de Notarios del Estado de Oaxaca y como servidor público en diversos cargos, entre ellos delegado de la Secretaría del Trabajo.
En 2009, la entonces Procuraduría General de Justicia abrió una investigación en contra de Gamboa Medina bajo acusaciones de venta de notarías durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, cuando el inculpado se desempeñada como presidente del Colegio de Notarios, de acuerdo con la Agencia Proceso (Apro).
Al respecto, las autoridades comenzaron la averiguación previa 1819/A.E.I./2009, precisó.
Cinco años después, a finales de 2014, el nombre del notario salió nuevamente a la luz pública, al comenzar la construcción de la estación de servicio 12 mil 838 de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre el Periférico de la ciudad de Oaxaca, en jurisdicción de la colonia José Vasconcelos, una zona habitacional localizada a menos de 100 metros de otra gasolinera.
A pesar de las protestas de los vecinos, ni el gobierno estatal de Gabino Cué ni el municipal, del priista Javier Villacaña impidieron la apertura del establecimiento.
Gilberto Gamboa Medina también se ostenta como accionista mayoritario de empresas como Aerotucán, que proporciona el servicio de taxi aéreo entre la ciudad de Oaxaca y la región de la Costa, y el hotel de cinco estrellas Oaxaca Inn.
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