jueves, 20 de julio de 2017

Lo mismo


ESCAPARATE POLÍTICO


Por Felipe Sánchez
Por el inmenso saqueo del presupuesto destinado para atender la salud de los oaxaqueños más pobres, decenas están muriendo en hospitales públicos sin medicina, sin médicos, sin enfermeras y sin atención. Lo único que tienen esos nosocomios es una obesa burocracia. Urge personal médico en lugares donde los incompetentes oficinistas se estorban unos a otros.
La desgracia es que en el sector salud los nuevos funcionarios parecen estar en la misma inercia de la depredación. En el sexenio de Gabino Cué y su banda canallesca, Germán Tenorio tejió una red de complicidades al interior de la SSO, tan sofisticada que hasta la fecha sigue maniobrando. Sabemos de la rectitud del nuevo titular Celestino Alonso, pero todo indica que los mafiosos siguen allí.
No sorprende el desabasto de medicamentos ni la inflada nómina de burócratas recomendada por el sindicato del “Gato Félix”. Lo que asombra es que haya en la SSO funcionarios que siguen en la inercia del saqueo.
Unos sindicalistas me hicieron llegar copia de facturas como sospecha de que los Álvarez Candiani siguen siendo proveedores consentidos de la Secretaría de Salud, no obstante las investigaciones en su contra y los antecedentes que dejaron cuando manejaron y fueron proveedores únicos del Seguro Popular, junto con Salvador Monroy.
Las sospechas, me dicen, giran en torno a Juan José Álvarez Candiani y Jorge Castillo así como algunos de su parentela que delinquieron vendiendo a la SSO, a precio alzado, medicamentos similares y de dudosa calidad.
Me comentan que las empresas proveedoras Phoenix Farmacéutica y que luego cambio de razón social a Farmacéutica Fénix, y Grupo Medico Pacífico Sur, aunque son negocios de los anteriormente mencionados, siguen concretando ventas con los Servicios de Salud de Oaxaca. Sólo en dos facturas le vendieron el mes pasado 36 millones de pesos. Eso dicen y me anexan copias.
Uno de los empleados sindicalizados que conoce el modus operandi de los nuevos responsables del Seguro Popular en Oaxaca, me dice que ya les ha dicho que despiertan sospechas porque esos proveedores “son la misma gata pero revolcada”. Aun así se han negado a corroborar que sean negocios de los Álvarez.
?De quienes sospechan? Pregunté. Me responden que estos negocios maliciosos no se darían sin la autorización de Gerardo Lagunes Gallina, director de finanzas del Seguro Popular y de Antonio Tovar, director de la misma institución. La suspicacia crece, dicen, porque ambos fueron funcionarios de Javier Duarte, en Veracruz y citados en negocios turbios. Los dos son recomendados del tesorero de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, Rafael Mansur Oviedo. Son de los importados yupis, tan cuestionados, pues.

Tirria
Más que el gobierno o el IEEPO, han sido los medios, unos con más valor que otros, los que se han encargado de exhibir la pudrición en las tripas del cártel 22 que desde hace 37 años tiene sometido a Oaxaca y a sus asustadizos gobernantes. Al quitarles la máscara, los comunicadores los exhiben tal cual: un grupo mafioso que (en palabras de su principal patrono AMLO) “no tiene llenadera”.
Cuando el gobernador Murat Hinojosa les tiende la mano generosa y ofrece regularizar plazas para sus milicianos que saben mucho de estrategias desestabilizadoras pero nada sobre pedagogía, exhiben su infinita ambición. Quieren que, además, les regrese el control del IEEPO (“bilateralidad”, le llaman en su mensaje mafioso cifrado), que los normalistas tengan plaza automática, sin examen, entre otras muchas sandeces.
Vaya, irreflexión. Quieren echar abajo una disposición del Estado mexicano. Sólo con una decisión de ese nivel pudo moverse todo el aparato que intervino en el operativo de la madrugada del 21 de julio de 2015 ?Recuerdan? Les quitaron el manejo del Instituto de Educación en presencia de fuerzas de seguridad y de altos funcionarios de Gobernación y la SEP. Un hecho que bastante aplaudió Oaxaca.
Aquella resolución fue resultado el hartazgo de los oaxaqueños por los abusos del cártel 22. En este espacio y muchos de otros medios, han sido montañas de críticas contra los “maistros” y sus capos por su forma de “accionar” violenta, montonera, opresiva y criminal.
Los reproches mediáticos han permeado en la sociedad que los repudia. El gobierno también reacciona y empieza a destapar la cloaca. Esto fue la que hizo al informar que más de 6 mil “aviadores” (maestros sin trabajar) serán borrados de las nóminas del IEEPO. Al menos, es lo que dice el director Germán Cervantes. Falta ver que no sea disimulo.
Ventilar en los medios tanto atrevimiento del cártel 22 les ha generado rechazo social Esto queda demostrado por la ojeriza que muestran los capos magisteriales y sus activistas más rijosos. Estos últimos han agredido físicamente a muchos reporteros y les ha robado sus cámaras y otros instrumentos de trabajo. Algo nunca visto fue lo que hizo ayer el capo mayor Eloy López. Con la intención de expiar sus culpas dijo que, efectivamente, hay “aviadores” en el IEEPO pero “son funcionarios públicos y reporteros al servicio del gobierno”. Lo raro es que no mencionó nombres.

Señalamientos
Lo cierto es que la bestia cártel 22 está en los últimos estertores. Es víctima de sus excesos durante 37 años.
En este momento, por ejemplo, la SEP da a conocer que maestros fantasmas cobran más de seis mil plazas. En el IEEPO las registran como “extraviadas” y, según Ayala, están en proceso de localización. Están buscando a los maestros y maestras que cobran sin trabajar para ubicarlos y saber quiénes son y que funciones desempeñan.
Los que definitivamente no se localicen y no se justifiquen, señaló Cervantes Ayala, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), automáticamente las recogerá para concursarlas en donde necesiten educadores.
Para mayor vergüenza del cártel 22, de las 10 mil 553 plazas que la SEP detectó como “no localizadas”, la mayoría corresponden a Oaxaca. Los mentores que detentan las claves presupuestales de éstas plazas, tienen un mes y medio de gracia para que se presenten a las oficinas del IEEPO a regularizar su situación administrativa y se les reactive el pago.

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