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lunes, 4 de mayo de 2020

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Ganan especuladores con ley seca; cerveza, al doble de su precio


Portada de Milenio (México)

Autoridades de Cunduacán, Tabasco, ordenaron la destrucción de cerveza

El tarro cervecero mexicano se vacía rápidamente. La imposición de ley seca de facto en varios estados y municipios del país ya genera una escasez inédita a nivel nacional, detonando un mercado negro en el que han perdido los mexicanos y ganado los especuladores: al agotarse las reservas y existencias de cerveza, hay quienes llegan a comercializar un six-pack en un 300 por ciento más. No sólo eso: en la frontera norte, como en los tiempos de la Prohibición estadounidense pero al revés, hay visos de contrabando y paquetes de chela de Estados Unidos -en donde la producción no se ha detenido- ingresan sin pagar impuestos y se cotizan en mil pesos en Tijuana, mientras que al sur ya hay "corredores" de alcohol en conflicto con la ley. 

miércoles, 24 de abril de 2019

Bajo presión, senadores revisan dictamen de reforma laboral

hubo manifestaciones en Reforma

El PAN pidió que Gómez Urrutia se excuse de participar en los trabajos por estar en un “conflicto de interés” al tener una representación sindical.


María del Pilar Martínez 

En medio de manifestaciones de organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y bajo cuestionamientos por “conflicto de interés” del presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, iniciaron los trabajos para revisar el dictamen sobre la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de abril.

Hasta el Senado llegaron los sindicalistas para exigir que se revise a profundidad el dictamen aprobado por los diputados, con el fin de que se respete la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva, se reconsidere la eliminación del tripartismo y por la defensa de los derechos adquiridos en los contratos colectivos de trabajo, dijo Carlos Galindo del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.

Además, en la sesión ordinaria el Partido Acción Nacional (PAN) presentó un punto de acuerdo para que la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral, la cual depende de la STPS, informe el costo presupuestal que tendrá la reforma laboral.

“Todas las modificaciones legales conllevan un impacto presupuestal que hasta el momento no ha sido considerado. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se hizo un recorte al Poder Judicial de aproximadamente 7,700 millones de pesos, cifra que representó un recorte de 14% en términos reales y debido a que el nuevo modelo de justicia laboral traerá consigo cargas de trabajo”, es de importancia conocer el impacto presupuestal.

Los legisladores apuntaron que cifras de la Junta de Conciliación y Arbitraje durante el 2017 se reportaron 422,978 juicios laborales en trámite, de los cuales aproximadamente la mitad era conflictos individuales del trabajo. En el mismo año, el Poder Judicial de la Federación tuvo en trámite alrededor de 200,000 juicios en materia civil, mercantil, familiar y penal. Para el mismo periodo el Inegi declaró que solamente 51.4% de los conflictos de despido en México (de jurisdicción local) concluyó en un convenio conciliatorio.

En ese sentido, a las nuevas cargas de trabajo deben incorporarse gastos por adquisición de tecnología y sistemas informáticos para agilizar los juicios, y se deberá contratar más personal para realizar la verificación de la representatividad sindical en cada centro laboral.

En otro punto de acuerdo, los legisladores del PAN solicitaron que el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, se excuse de participar en los trabajos en comisiones y en el pleno respecto de las reformas a la legislación secundaria en materia laboral y de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto de interés referidos por los artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de la República, debido a la creación de su central obrera y de su nacionalidad canadiense.

Pese a ello, los trabajos en la Comisión de Trabajo siguen adelante y se espera que se discuta este miércoles en dicha comisión.
 
El Economista

viernes, 18 de enero de 2019

¿Qué se sabe hasta ahora de los despidos en el gobierno federal?

Capital Humano

El plan de austeridad del presidente López Obrador avanza con más despidos en la administración pública federal. De manera oficial no se ha dado a conocer cuántos servidores públicos han sido separados de sus cargos. Pero a unos días de ser elegido en julio pasado, informó que solo 30% del personal de confianza continuaría laborando en el gobierno.

Trabajadores del SAT de varias partes del país que fueron despedidos por la nueva administración, se manifestaron frente a Palacio Nacional donde le exigen al presidente que cumpla su palabra de campaña de que no habrá despidos. Foto: Cuartoscuro

Blanca Juárez

El pasado miércoles a dos funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) les impidieron la entrada al edificio de la dependencia, ubicado al sur de la Ciudad de México. En la recepción los vigilantes, de la Policía Bancaria Industrial (PBI), les negaron el acceso. Un día antes, a ambos funcionarios les había pedido su renuncia y ellos se negaron.

“Me pueden acusar de abandono de trabajo, no me han bloqueado el correo electrónico (institucional) y puedo ver los mensajes que me han enviado los contralores”. En los hechos, dice uno de los funcionarios, quien ha pedido que no se mencione su nombre por temor a represalias, no ha sido bloqueado del sistema que utilizan para trabajar.

Como estos casos, de a poco, la prensa mexicana los ha ido documentando. Algunos empleados o exempleados deciden hacer públicas sus denuncias por despidos, como los del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Pero la gran mayoría son testimonios cuya identidad está reservada.
70% del personal de confianza se irá

A mediados de julio de 2018, días después de ganar las elecciones presidenciales más grandes de la historia del país y con el mayor número de votos que haya obtenido un candidato (30 millones), Andrés Manuel López Obrador anunció su plan austeridad y contra la corrupción.

En el punto 21, de un total de 50 lineamientos, informó que reduciría “toda la estructura de trabajadores empleados de confianza en un 70% del personal y del gasto de operación”.

Sin embargo, la reducción de la plantilla laboral también ha afectado a los empleados que fueron contratados mediante el Servicio Profesional de Carrera (SPC). Este mecanismo, fue creado para garantizar que quienes ingresaran a laborar al gobierno federal tuvieran la mejor preparación, y obtuvieran y conservaran su puesto con base en sus méritos profesionales.

El recorte de personal está ocurriendo en todas las dependencias, entidades y órganos que pertenecen a la administración pública centralizada y paraestatal, dice Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma Abogados.

Algunas cifras de despidos

El bufet del que Martínez es asociado representa a más de 6,500 trabajadores del gobierno federal que están teniendo conflictos laborales por este plan de ahorro. De ellos, 2,400 ya fueron despedidos. El resto, unos 4,100 empleados, se han acercado al despacho porque su trabajo está en riesgo.

La Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Salud (Ssa), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) son algunos de los lugares donde ya ha sido despedidos, según el abogado.

En octubre de 2018 más de 2,000 empleados del Senado de la República, es decir, a 64% de la plantilla, fueron liquidados. El 14 de diciembre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) despidió a 90 trabajadores, como parte de las medidas de austeridad.

El 20 de diciembre el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la reducción de personal sin precisar el número. Hasta ahora 10 trabajadores dejaron de prestar servicio para ese organismo.

Los casos más visibles, por sus denuncias en redes sociales y mítines, han sido los del SAT. Por lo menos unas 1,000 personas han sido desvinculadas, la gran mayoría denuncia que han sido presionados para firmar una renuncia voluntaria. Muchos de ellos eran empleados operativos, con sueldos de 11,000 pesos al mes.

Ya en enero de este 2019, el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, adelantó que 3,000 trabajadores serán liquidados. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Seder) por lo menos 40 trabajadores fueron separados de su puesto.

Este año también fueron despedidos más de 3,000 empleados de la Cámara de Diputados y el 30% de la plantilla de la Secretaría de Educación Pública.

Miles de clientes para los despachos de abogados

“Se están tirando a la basura millones de pesos en capacitación y profesionalización de servidores públicos de los tres últimos sexenios”, desde que se creó el Servicio Profesional de Carrera, reprocha Martínez. Capital humano formado durante mucho tiempo, está saliendo y continuará haciéndolo, pronostica.

El año pasado, al escuchar los planes de ahorro de López Obrador, previeron que muchos empleados del gobierno podrían requerir un abogado. A nombre del despacho él y sus socios enviaron miles de correos electrónicos a los servidores públicos federales para ofrecer sus servicios. “Como nosotros, otras firmas llevan miles de casos”.

Los litigantes creyeron que la medida solo alcanzaría a una buena parte de los 250,000 empleados de confianza en el país. “Los del Servicio Profesional de Carrera, que se sometieron a exámenes de oposición, que tienen niveles de estudio más alto, no tendrán bronca”, pensaron.

Los cerca de 37,000 trabajadores del SPC no pueden ser desvinculados de su puesto. A menos que ellos renuncien de manera libre y voluntaria, explica el abogado. Por eso les están pidiendo que ellos mismos decidan firmar su separación laboral, “un acto que es unilateral, ni el patrón tiene derecho a solicitarla, ni el empleado tiene obligación de pedirla”.

Quienes se niegan a renunciar están siendo despedidos de manera injustificada, asegura Rodolfo Martínez. El gobierno federal “está aplicando una estrategia agresiva para separarlos de su cargo, sin importar la preparación, trayectoria o los derechos adquiridos”.

“No firmen renuncias”

Los amparos o demandas laborales que los socios de Trusan & Roma Abogados han interpuesto son para evitar despidos o para reclamar por ellos, unos son individuales y otros son colectivos. Entre sus casos también hay trabajadores sindicalizados o de base.

Rodolfo Martínez, asociado de la firma, dice que existen “sólidos argumentos jurídicos y precedentes jurisdiccionales que dan la certeza de que estos servidores tienen todas las posibilidades de ganar”.

Sin embargo, cree que el mensaje que lanzan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al aceptar reducirse el salario, es de una “laxa actitud del Poder Judicial para defender sus derechos”. El recorte salarial autoimpuesto no se debió a motivos de ahorro, sino a razones políticas, opina.

El abogado se dice preocupado de que los jueces, bajo ese contexto de lo que él le parece como debilidad, fallen a favor del gobierno.

Y ante la inminente continuación de despidos, recomienda no firmar la renuncia. Si lo hacen, “no habrá abogado que pueda hacer algo por ellos”. Si a un empleado le advierten que su plaza va a desaparecer y les proponen continuar en la dependencia, pero con un nivel inferior, “tampoco lo acepten”.
 
El Economista

lunes, 31 de diciembre de 2018

Ríos-Farjat advierte que “no habrá marcha atrás” en despidos en el SAT.


En comparación al año anterior, tenemos un techo de nómina muy reducido, puntualiza.

La directora de la institución tributaria. (Omar Franco)

Israel Navarro y Verónica Díaz

Ciudad de México

La directora general del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjart, afirmó que asume el “costo político” y que “no habrá marcha atrás” por la salida de cientos de empleados de la dependencia, como parte de las medidas de austeridad del gobierno federal.

En entrevista, comentó que esta decisión obedece al mandato de la ciudadanía el pasado 1 de julio, donde votaron por una administración más reducida.

“El Presidente prometió en campaña un gobierno austero y más eficiente. La elección de julio refrenda la decisión popular de esas políticas y obliga a una reorganización interna y no es un proceso fácil, ni terso, son difíciles; sin embargo era un reclamo popular que implica una reorganización”, afirmó.

“En el caso particular del SAT teníamos muchas condicionantes, un presupuesto de egresos, un techo muy reducido en comparación con el año anterior, específicamente en el ramo de nóminas”, detalló.

La funcionaria se comprometió a revisar de manera particular los casos de quienes hayan sufrido violaciones de derechos humanos o laborales, pues “no somos insensibles”, aseveró.

Ríos-Farjart explicó que con las reducciones presupuestales pasaron de 12 a 8 administraciones federales, y de 102 a 80 centrales en todo el país, por lo que la reducción de nóminas también se vio reducidas.

Por segundo día consecutivo, cerca de 40 trabajadores del SAT protestaron frente a Palacio Nacional para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda los despidos. 
 
Milenio

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Gobernadores se unen en defensa de fondos.


Los mandatarios de Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua señalan que reducir gasto no es una buena señal. Foto: Especial

Sergio Ramírez

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que los mandatarios estatales buscarán, a través de la Conago, una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, para revisar las participaciones federales.

La Razón confirmó que los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores están convocados a una reunión hoy en la Ciudad de México, a la que podría asistir el titular de la SHCP.

Ayer, el gobernador de Tamaulipas indicó: “quisiéramos tener una reunión con el secretario de Hacienda y señalar los temas que consideramos que pueden frenar el desarrollo económico en cada entidad”.

Mencionó que el paquete económico no atiende las distintas necesidades de su estado, a pesar de que tiene un gran dinamismo en comercio internacional y que, por lo tanto, requiere que se dé mantenimiento a todas las vías de comunicación, porque más de 40 por ciento del comercio con Estados Unidos pasa por ahí.

Asimismo, reconoció que se debe exigir a los estados que asuman la responsabilidad en temas de recaudación fiscal, pero también se deben generar incentivos para aquellos que sí lo están haciendo. 


En tanto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que en la Secretaría de Hacienda no tenían claro lo que estaban etiquetando e incluyeron proyectos que nadie sabe quién los propuso.

“Hay un manejo muy irresponsable del Gobierno federal, cuando escucho a emisarios de esa oficina hablar como si supieran de lo que se trata, veo que el asunto está peor de lo que esperábamos”, dijo.

Además, aseveró que hay muchos errores en el Presupuesto y lo saben, aunque descartó que la estrategia de defender las participaciones incluya una marcha hacia la Ciudad de México.

En entrevista, agregó que el sector salud en su estado se encuentra en las peores condiciones y añadió que se necesitan recursos para el rescate del Río Santiago, la Línea 4 del Tren Ligero, la presa derivadora El Purgatorio y el libramiento sur de Puerto Vallarta.

Y sentenció: “cuando en lugar de subir el presupuesto para resolver estos temas, se reduce, no es una buena señal”.

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, dijo que buscará mayores recursos, pero no mendigará: “vamos a negociar, vamos a convenir y lo vamos a lograr”. 

El Dato: Para el panista Francisco García Cabeza de Vaca el dinero no es de la Federación, porque gran parte proviene de los estados.

El Bronco aseguró que hay muchos proyectos de obra pública que tienen que ser fondeados con el Presupuesto 2019.

A su vez, Javier Corral, de Chihuahua, invitó a Enrique Alfaro, a través de Twitter, a unirse, porque, dijo, “esto es el principio de lo que vendrá. No sólo el federalismo será vulnerado, sino la democracia. Hay que luchar por un nuevo acuerdo fiscal”. 

La Razón

miércoles, 28 de noviembre de 2018

Retiro de prestaciones indigna a empleados del Conacyt.



Milenio Digital

Trabajadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, se plantaron ante la oficina del director general, Enrique Cabrero Mendoza, molestos porque la mañana del martes 27 de noviembre la administración les avisó que conforme a la ley, los empleados de confianza perderían sus prestaciones y beneficios derivados de su antigüedad.

lunes, 12 de noviembre de 2018

Piden reforma laboral en México por T-MEC.



La demócrata Nancy Pelosi aseguró que México deberá impulsar una reforma laboral para que avance el nuevo acuerdo con EU y Canadá. Foto: AP


José Díaz Briseño / Corresponsal

Washington DC, Estados Unidos

Antes de que el Capitolio pueda avanzar en la ratificación del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México debe aprobar la reforma a sus leyes secundarias sobre derecho laboral, aseguró la líder demócrata Nancy Pelosi.

Perfilada como próxima presidenta de la Cámara baja tras el triunfo demócrata en la elección del 6 de noviembre, la legisladora aseguró a The New York Times que la reformas a las leyes secundarias laborales en México antes de 2019 es requisito dentro del texto del T-MEC.

"Hasta el momento (la ratificación del T-MEC) es una obra en progreso. México tiene que aprobar una Ley sobre derechos laborales y entonces eso no ha ocurrido aún", señaló Pelosi en la entrevista con el diario neoyorquino publicada hoy.

Programado para ser firmado a fines de noviembre por los tres Gobiernos, el texto del T-MEC incluye dentro de su nuevo Capítulo Laboral el Anexo 23-A, en el cual se establece que México debe aprobar las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral antes de 2019.

"Eso es algo establecido en este acuerdo. Lo más importante son las provisiones para el cumplimiento en términos laborales y de medio ambiente. Cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento", indicó la legisladora que se espera que sea elegida por sus colegas como presidenta de la Cámara baja.

"Sin los mecanismos de cumplimiento no se tiene nada. Sin ello se estaría, digamos, sólo cambiando la imagen del TLC (original)", agregó la también congresista por California quien en 2013 votó a favor del Tratado de Libre Comercio a petición del entonces Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

Desde la conclusión de su negociación, el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Ligthizer, ha asegurado estar confiado en que el texto del T-MEC es lo suficientemente balanceado para que tanto demócratas como republicanos puedan avanzar en su ratificación en 2019.

Luego de que el aún Presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgara la reforma constitucional al sistema de justicia laboral en febrero de 2017, la reforma a las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laboral está ahora en manos del nuevo Congreso bajo control de Morena y sus partidos aliados.

Según el texto del T-MEC publicado a fines de septiembre, el Gobierno entrante del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo con la reforma a las leyes secundarias sobre justicia y conciliación laborales y la considera como parte de su mandato.

Apenas en octubre, el próximo Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Horacio Duarte, aseguró en un evento que el Gobierno entrante de López Obrador prepara ya una propuesta de reforma a las leyes secundarias que será presentada próximamente por la bancada de Morena en el Congreso.

Derivado de la reforma constitucional de 2017, la reforma secundaria desaparecería las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje dejando la justicia laboral a tribunales locales y federales y pasando las tareas de conciliación a centros autónomos a nivel local y federal.

En seguimiento a la reforma constitucional, la reforma secundaria es necesaria para concretar la creación de una nueva institución federal descentralizada y autónoma para registro de sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo, así como de regular la conciliación a nivel federal.

Reforma

miércoles, 7 de noviembre de 2018

Suma Chihuahua 3 recursos por amparo a Peña.


El Fiscal del Estado dijo que estarán atentos al desarrollo y trámite de los recursos. Foto: Archivo

Pedro Sánchez

Chihuahua, México

La Fiscalía General del Estado (FGE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos recursos de reclamación contra el amparo que busca el Presidente Enrique Peña Nieto.

"Son contra el acuerdo que admite a trámite la controversia y contra la suspensión", indicó a REFORMA el Fiscal General César Augusto Peniche.

Los escritos se presentaron el martes ante el máximo tribunal.

"Estaremos atentos al desarrollo y trámite", agregó Peniche.

Con éstos suman tres recursos presentados por Chihuahua en contra del blindaje que pretende Peña Nieto y su Gabinete por el caso de los desvíos de 250 millones de pesos del erario estatal al PRI.

El lunes, el Consejero Jurídico del Estado, Jorge Espinoza, presentó la primera reclamación contra la admisión, con el que se busca se deseche la controversia por improcedencia.

La semana pasada, el Ministro Eduardo Medina Mora suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua en contra del Presidente y funcionarios.

El ex Procurador admitió a trámite el recurso y detuvo cualquier acción legal que haya iniciado el Gobierno de Javier Corral contra el Ejecutivo federal, al no estar claro si es la jurisdicción estatal la que debe llevar a cabo esas indagatorias.

Además, ordenó a autoridades estatales entregar copia de todas las actuaciones ministeriales emprendidas por su administración en contra de Peña y miembros de su equipo.

La suspensión derivó de una controversia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Misha Granados, contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales.

Por el caso del desvío de 250 millones de pesos del erario estatal al PRI, la Fiscalía estatal detuvo y procesó a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, a quien acusó de triangular el dinero desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia el área educativa de la Administración del entonces Gobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del tricolor en 2016.

La Procuraduría General de la República (PGR) quitó el caso al Estado y, al no presentar cargos contra Gutiérrez, permitió que se sobreseyera el proceso, por lo que un juez federal ordenó liberarlo.

Corral indicó que el recurso presentado el lunes por la Consejería Jurídica del Estado se presentó por la decisión que calificó absolutamente absurda y contraria a la Constitución por parte de la SCJN.

"Incluso, debo decirles, contrario a lo que en otros casos había hecho el propio Ministro Eduardo Medina Mora", declaró ayer el panista a medios de Chihuahua.

"Nuestro recurso de reclamación cita un desechamiento que el Ministro Medina Mora hizo de otro asunto bajo las mismas circunstancias por las que ahora sí lo admitió".

Sin revelar detalles, mencionó que es un asunto de un Estado de que presentó una ampliación de demanda fuera de tiempo.

"La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República amplió la demanda ilegalmente y fuera del plazo", recordó.

"Se amplían las demandas por hechos supervinientes, y ahí lo hicieron para tratar de enmendar el error que habían cometido".

Corral consideró que la SCJN debe llamar en este caso a todos los Estados de la República.

"A todas las Fiscalías de todas las entidades federativas como terceros interesados porque una decisión aprobada a favor de la invalidez que ha planteado Peña Nieto sería un verdadero atropello al sistema federal y pondría en jaque el sistema penal de investigación de delitos", expuso.

"Porque sería una inhibición de entrada inadmisible a Ministerios Públicos. El Ministerio Público no investiga funcionarios federales o locales, investiga hechos y en función de la investigación de los hechos resultan responsabilidades presuntas que pueden ser del orden federal o local".

Cuando una Fiscalía local se encuentra un caso federal, recordó, le da vista al MP federal.

"Punto. Entonces creemos que este es un asunto que debiera tomar incluso la Conago, porque aquí hay toda una posible vulneración del sistema federal en la investigación de los delitos".

Consideró que los Gobernadores deberían estar preocupados y deberían poner atención en el desarrollo de esa controversia.

"Violaría gravemente la soberanía de los estados, la capacidad de los ministerios públicos para la investigación de los delitos", enfatizó Corral.

Reforma

martes, 30 de octubre de 2018

Frenan mezcaleros de Oaxaca denominación de origen


En agosto de este año, el IMPI determinó ampliar la denominación de origen del mezcal

Citlalli Luciana 

Mezcaleros de Oaxaca frenaron provisionalmente la ampliación de la denominación de origen del mezcal a través de una suspensión otorgada por un juez federal respecto de la resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

La suspensión concedida a la Asociación Civil Comité Turístico-Económico Caminos del Mezcal, fue emitida a efecto de que el IMPI no otorgue ninguna autorización de uso a productores ubicados en los municipios que abarca la resolución de ampliación de la denominación de Origen del Mezcal, publicada el 8 de agosto de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, hasta en tanto no se decida sobre su legalidad.

En agosto de este año, el IMPI determinó ampliar la denominación de origen del mezcal, destilado hecho a base de maguey o agave, a 3 municipios de Morelos, 15 del estado de México, seis de Aguascalientes y el municipio de Xochiltepec de Puebla.

A criterio del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, la suspensión “opera a favor de los consumidores que tendrán garantizado el adquirir productos cuya denominación de origen ya se encuentra autorizada evitando con ello el lucro de productos basados en similitudes o piratería”.

Mientras que, agrega, la suspensión “para los productores de mezcal… les serán resguardados sus derechos como auténticos autorizados para la explotación de mezcal, lo cual como se anticipó, genera identidad, sentido de pertenencia y comercialización auténtica”.

Además instruye a que suspenda el trámite, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para modificar el Registro Internacional de la Denominación de Origen Mezcal con la Resolución cuestionada, para su reconocimiento y protección en el extranjero.

Lo anterior se inscribe en el contexto del apoyo del Gobierno del Estado de Oaxaca está dando a sus productores para resguardar el patrimonio, tradiciones, identidad, pertenencia y reputación del Mezcal.

Se entiende por Denominación de Origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.

Noticias NVI


miércoles, 24 de octubre de 2018

Delincuencia cuesta a empresas más de 155 mmdp en México.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas señaló que en 2017, casi el 5% de los negocios que fueron víctimas de la inseguridad cerraron sus puertas.

Coahuila y la Ciudad de México fueron las entidades donde los empresarios se vieron más afectadasFuente: Cuartoscuro

HÉCTOR USLA

El costo para las empresas en México, derivado de la inseguridad y los delitos ascendió a 155.8 mil millones de pesos en 2017, cifra que representa el 0.86 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB, reveló la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), publicada este miércoles.

El estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalló que los costos del delito se ubicaron en su mayor nivel desde la realización del primer levantamiento de la ENVE en 2011.

En promedio, el costo por alguna afectación a consecuencia de los gastos en medidas de protección, o pérdidas por haber sufrido un delito subió a 66 mil 31 pesos.

La encuesta explicó que el 55.9 por ciento de los egresos se derivan de pérdidas económicas a consecuencia de los delitos, mientras que el 44.1 por ciento restante lo absorben los gastos en medidas preventivas.

Entre los pagos más recurrente para combatir la inseguridad se encuentran el cambiar o colocar cerraduras o candados, instalar alarmas y cámaras de vigilancia, así como el colocar rejas o bardas.

Otros inversiones incluidas son contratar o mantener vigilancia o seguridad privada e instalar sistemas de protección contra ataques cibernéticos.

Los estados de México en donde las empresas presentan las facturas más altas derivadas del clima de inseguridad son Coahuila, con un costo promedio de 129 mil pesos; y Ciudad de México, con 124 mil 923 pesos.

Estas entidades son seguidas por Chihuahua, Durango y Puebla con 93 mil 21, 83 mil 580 y 83 mil 335 pesos, en cada caso.

La encuesta estima que de las 4.6 millones empresas que laboran en el país, alrededor de 1.5 millones han sido víctimas de un delito,

El delito más frecuente fue el robo hormiga, con un reporte de mil 278 víctimas por cada 10 mil unidades económicas, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes con un registro de mil 69 víctimas.

Los crímenes que vieron sus índices actuar a la baja fueron los de extorsión y fraude.

El primero de ellos pasó de 666 extorsiones en 2015 a 544 en 2017, mientras que el segundo se notó una disminución de 715 casos de fraude en 2015, a 471 en 2017.

De acuerdo con el Inegi, la inseguridad provoca cambios de comportamiento, entre las principales precauciones que toman los empresarios del país se observó que el 19.4 por ciento dejó de manejar efectivo; el 18.2 por ciento redujo los horarios de producción o comercialización; el 13.1 por ciento canceló inversiones; el 6.3 por ciento dejó de comercializar o hacer negocios; mientras que el 4.9 por ciento de los casos, los dueños dejaron de asistir a sus negocios.

Respecto a la percepción sobre la inseguridad pública en el país, todos los apartados mostraron incrementos.

El miedo de transportar productos por carreteras o autopistas se incrementó de 46.2 por ciento en 2016 a 56.2 por ciento en 2017, mientras que el temor de movilizar productos en corredores industriales también reflejó un incremento de 43 a 55.7 por ciento.

Adrián Franco Barrios, director general de estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, reveló que sólo se denunció el 15.7 por ciento de las víctimas de algún delito, de los cuales el 85.6 por ciento llevó al inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación ante el Ministerio Público.

El Financiero

Desempleo en México se mantiene en 3.3 por ciento en septiembre.




NOTIMEX

En septiembre de este año, la tasa de desocupación fue de 3.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, mismo porcentaje que el del mes previo, con cifras desestacionalizadas, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo informó que en su comparación anual, la tasa de desocupación no mostró variación en septiembre de 2018 frente a la de igual mes de 2017 (3.3 por ciento), con datos ajustados por estacionalidad. 

Con cifras originales, a nivel nacional, la tasa de desocupación fue de 3.6 por ciento de la PEA en el noveno mes de este año, igual porcentaje que el de septiembre de 2017, agregó el organismo con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 

La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, aunque manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo. 

Por entidad federativa, las mayores tasas de desocupación en septiembre pasado se registraron en: Tabasco con 7.3 por ciento, Durango 5.1 por ciento, Nayarit 5.0 por ciento, Coahuila 4.9 por ciento y Ciudad de México 4.7 por ciento. 

En contraste, las menores se presentaron en Guerrero con 1.6 por ciento, Oaxaca con 1.7 por ciento, Yucatán con 2.2 por ciento y Michoacán y Morelos con 2.4 por ciento, cada una. 

A su vez, la Tasa de Informalidad Laboral 1 fue de 56.6 por ciento en agosto de 2018, cifra superior a la reportada en septiembre pasado cuando fue de 56.8 por ciento, cifra superior en 0.1 puntos respecto a la reportada en agosto pasado, e inferior en 0.4 puntos respecto a la de igual mes de 2017. 

La tasa de informalidad laboral es la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. 

En tanto, la tasa de subocupación representó el 6.7 por ciento en septiembre del presente año, con lo cual fue menor a la de 7.1 por ciento en agosto pasado y a la de 7.7 por ciento en el noveno mes del año pasado. 

El organismo explicó que la tasa de subocupación se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda. 

Refirió que en el esquema de la ENOE se considera a la población en edad de trabajar como aquella de 15 años en adelante. 

Bajo este esquema, los datos preliminares indican que 59.6 por ciento de la población de 15 años y más es económicamente activa (está ocupada o busca estarlo), tasa que se redujo 0.1 puntos porcentuales en septiembre de este año respecto a la del mes que le precede, según cifras desestacionalizadas. 

El resto se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades (población no económicamente activa), anotó el INEGI.

Crónica

viernes, 19 de octubre de 2018

Plantean abolir oficialías mayores



La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública fue presentada ayer por Morena en la Cámara de Diputados. Foto: Tomás Martínez

Víctor Fuentes

Cd. de México

'El próximo Gobierno federal desaparecerá las oficialías mayores de todas las dependencias, salvo Defensa y Marina, y las reemplazará por unidades cuyos titulares serán designados y removidos libremente por el Secretario de Hacienda.

Eso quiere decir que todo el manejo de recursos humanos, financieros, materiales, informáticos y de comunicaciones, de arrendamientos, contratación de obras y servicios, de relaciones laborales y capacitación, servicio profesional de carrera, y muchas otras facultades administrativas que por décadas han estado en manos de oficiales mayores elegidos por cada Secretario de Estado o director de paraestatal, quedará a cargo de funcionarios que responden a Hacienda.

"A efecto de reducir los gastos de funcionamiento de las estructuras administrativas y como una medida para el mejor control del ejercicio presupuestal, se propone la sustitución de las oficialías mayores de las dependencias por las Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán designados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

"La misma Secretaría de Hacienda establecerá el modelo organizacional y de operación de dichas unidades en el sector centralizado; asimismo, podrá establecer lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones análogas en las entidades paraestatales", dice la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, presentada ayer por Morena en la Cámara de Diputados.

Las Unidades de Administración serán similares a los Órganos Internos de Control, que son nombrados y removidos por la Secretaría de la Función Pública, aunque cobren en la nómina de la dependencia a la que están adscritos.

Pero a diferencia de los contralores, que son supervisores externos, los oficiales mayores son quienes llevan la administración cotidiana de las dependencias, por lo que en muchos casos son el funcionario de más confianza del Secretario.

Reforma

lunes, 15 de octubre de 2018

Estas son las 10 carreras mejor pagadas de México

La más reciente edición de “Compara Carreras 2017”, reveló que un licenciado gana en promedio 11,327 pesos, 80% más que alguien que sólo cursó el bachillerato, cuyo sueldo es de 6,305 pesos

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en México, actualmente hay 4.1 millones de estudiantes universitarios 

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en México, actualmente hay 4.1 millones de estudiantes universitarios.

La más reciente edición de “Compara Carreras 2017”, reveló que un licenciado gana en promedio 11,327 pesos, 80% más que alguien que sólo cursó el bachillerato, cuyo sueldo es de 6,305 pesos.

El estudio encontró que el terminar una carrera universitaria reduce en 51% el riesgo de emplearse en el sector informal, comparado con los únicamente concluyeron la educación media superior.

Aunque, el IMCO hizo énfasis en que “la opacidad del sector de educación superior limita la capacidad de los estudiantes para tomar mejores decisiones”.

No todas las carreras pagan igual, por ejemplo

ESTADÍSTICA

Sueldo mensual promedio: 16,674 pesos.

Tasa de informalidad: 9.9 por ciento.

Matricula de licenciatura: 7,962.


CONTABILIDAD

Sueldo mensual promedio: 11,374 pesos.

Tasa de informalidad: 18.9 por ciento.

Matricula de licenciatura: 184,232.


PSICOLOGÍA

Sueldo mensual promedio: 9,249 pesos.

Tasa de informalidad: 29.9 por ciento.

Matricula de licenciatura: 174,852.

El panorama se complica, pues la automatización será un gran disruptor en el mercado laboral. Si los estudiantes no se preparan, no lograrán sobrevivir a la competencia contra las máquinas. Según la firma McKinsey, actualmente la tecnología puede remplazar el 45% de las actividades dentro de un empleo.

Además, aún no existen el 65% de los empleos que tendrán los jóvenes que hoy estudian.

Con el objetivo de que los jóvenes tengan una planeación optima de su futuro, el IMCO presentó las 10 carreras mejor pagadas de México.

Excelsior 

Dejan el Gobierno 26 mil burócratas.



El 18 de julio, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, reconoció que el Gobierno federal estaba despidiendo personal, principalmente a los eventuales. Foto: Archivo

Érika Hernández 

Cd. de México

En la recta final del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, el recorte de servidores públicos en la administración federal suma 26 mil 424 funcionarios en 84 dependencias.

Alrededor del 60 por ciento aceptó firmar su renuncia o se fue por decisión propia; otro 20 por ciento concluyó su contrato.

De acuerdo con un informe de la Función Pública, la dependencia que encabeza las bajas en su estructura central es la Secretaría de Educación Pública con 8 mil 771 casos.

El 62 por ciento de ese personal era eventual, por lo que no se le amplió su contrato, y otro 24 por ciento firmó su renuncia.

Las otras Secretarías con recortes son Cultura con 104, Relaciones Exteriores con 72, y Comunicaciones y Transportes con 53. En todas ellas, entre el 65 y 80 por ciento renunció.

Sin embargo, existen otras dependencias que muestran un recorte considerable.

Por ejemplo, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, que responde a la SEP, tiene 5 mil 927 funcionarios menos en los últimos ocho meses, el 57 por ciento firmó su renuncia.

El Instituto Politécnico Nacional prescindió de los servicios de 2 mil 965 empleados, el Colegio de Bachilleres de 505, el Tecnológico Nacional de México de mil 956, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de mil 47.

Policía Federal tiene 583 servidores públicos menos, Prevención y Readaptación Social 400, IMSS Oportunidades 538, y el Servicio Postal Mexicano 440. La causa principal también es renuncia.

El 91 por ciento de los mil 898 empleados que se fueron este año del Instituto Nacional de Bellas Artes aceptaron firmar su salida. A principios de 2018, esa dependencia ya había sufrido un recorte del 22 por ciento, lo que derivó en protestas.

En los últimos tres meses, la Presidencia prescindió de 74 puestos de trabajo. Sin embargo, la mayoría de ellos son de empleados de base o eventuales que ganaban menos de 20 pesos mensuales. Es decir, no se han tocado posiciones con sueldos superiores a los 90 mil pesos.

El 18 de julio pasado, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, reconoció que el Gobierno federal estaba despidiendo personal, principalmente a los eventuales, a fin de entregar a la administración Andrés Manuel López Obrador una estructura más reducida.

"Efectivamente, al terminar los sexenios todo el personal eventual que fue contratado para tareas muy específicas habrá de irse finiquitando a efecto de que la estructura que reciba la próxima administración sea específicamente la que se requiere para un arranque de gobierno y no haya cargas adicionales", informó.

Funcionarios consultados aseguran que en diversas dependencias se tiene contemplado un recorte mayor este mes y que los trabajadores serán liquidados con sus sueldos actuales.

Reforma

jueves, 11 de octubre de 2018

Matrimonio infantil y embarazo adolescente: una triste realidad de México.



Este jueves 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña, una fecha que promueve los derechos humanos de las niñas y que sirve para poner la lupa sobre las desigualdades y retos que enfrentan 1.1 mil millones de niñas que hay en el mundo.

A nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que este año 12 millones de niñas menores de 18 años contraerán matrimonio y 21 millones de niñas de entre 15 y 19 años quedarán embarazadas en las regiones en desarrollo.

En México, la realidad para millones de niñas no es muy distinta: 1 de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.

Además, el matrimonio infantil es mucho mayor en niñas y adolescentes que en niños. En el caso de 10 a 14 años, las niñas contraen matrimonio 30 veces más que los niños de esa edad; en población de 15 a 17 años, las adolescentes contraen matrimonio 6 veces más que en el caso de los hombres.

“Solo durante el 2015, de los 35 mil menores de 18 años que se casaron, 30 mil eran mujeres.
-SIPINNA.

La razón es que en ambos casos, las niñas y las adolescentes contraen matrimonio con personas mayores de edad, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

ONU mujeres advierte que el matrimonio de niñas tiene sus raíces en la discriminación de género y tiene múltiples consecuencias como deserción escolar, embarazo prematuro, mortalidad materna, transmisión intergeneracional de la pobreza y en general limitación a las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes.

De las 32.7 millones de mujeres en el país que son madres de familia, se estima que 6 de cada 10 tienen alrededor de 14 años. Además, más de la mitad de los embarazos en adolescentes no son planeados, de acuerdo con Claudia Díaz Olavarrieta, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Algunas de las causas que explican este fenómeno son la violencia sexual y la falta de educación sexual.

“La alta prevalencia de casos de violencia sexual en menores de 18 años es una de las causas de embarazo de niñas y adolescentes en México. Las mujeres víctimas de violencia sexual son expuestas a diversos riesgos como consecuencia de este acto de violencia: lesiones físicas y psicológicas, la transmisión de infecciones de transmisión sexual y un embarazo no deseado.
-Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

De acuerdo con la SPINNA, “el problema más grave que enfrenta México respecto a los derechos de las niñas y las adolescentes está en el embarazo”.

El 46% de las niñas y adolescentes que iniciaron su vida sexual lo hicieron sin anticonceptivos, producto de un modelo educativo que no contempla como prioritaria la educación sexual libre y abierta, según publicó un documento el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con motivo del Día Internacional de la Niña.

Con esta problemática, este año, el gobierno mexicano difundió la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con el objetivo de lograr que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.

El Imparcial Oaxaca

martes, 9 de octubre de 2018

Rechazan trabajadores de Secretaría de Cultura trasladarse a Tlaxcala.

Los inconformes aseguran que es un error la propuesta para llevar a esa entidad la dependencia; López Obrador y Seade lanzan encuesta en redes para cambiar nombre al USMCA

El proyecto del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, plantea cambiar de sede las secretarías. Imagen: Captura de video 

ISABEL GONZÁLEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Desde sus redes sociales, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, puso a consideración de los ciudadanos dos propuestas para ponerle un nuevo nombre al tratado firmadorecientemente entre México, Estados Unidos y Canadá.

Durante los siguientes cinco días, los mexicanos podrán emitir su opinión respecto a si el acuerdo comercial debe llamarse Tratado Estados Unidos, México y Canadá (TEUMECA) o bien, Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Una tercera opción ofrece que ninguno de los anteriores es viable y da pie a que los participantes en el sondeo propongan el nombre que debe llevar el acuerdo, llamado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump como USMCA hace ya tres semanas.

Al poner a consideración de los mexicanos los nombres para el acuerdo, López Obrador indicó que en días pasados Jesús Seade, quien fungió como negociador por parte del equipo de transición en las pláticas entre Estados Unidos y Canadá, le envió un mensaje en el que hizo énfasis en la necesidad de que lo pactado debe tener un nombre en español y llevar el nivel de tratado.

Sobre todo, porque el USMCA es un nombre en inglés y al traducirlo se lee como acuerdo.

En el presente caso, agrega la comunicación de Seade al presidente electo y que fue transcrita por López Obrador en sus redes sociales, debe hacerse notar que es un tratado entre tres países.

Además, en la argumentación se destaca que los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, también coinciden que "el nombre, para evitar confusión, debería ser similar al no ver en inglés, es decir, un listado de los tres países" y debe empezar con la T de Tratado.

Otro requisito que se expone en el mensaje de Seade a López Obrador refiere que el nombre debe ser "pronunciable en español".

Hasta este momento, han participado más de 17 mil usuarios de redes sociales, quienes han propuesto nombres como TAN, Tratado América del Norte, MECAC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá.

PROTESTAN POR TRASLADO A TLAXCALA

Mientras el presidente electo decidió consultar cuál debe ser el nombre para referirse al nuevo tratado comercial con América del Norte, cerca de 200 trabajadores de la Secretaría de cultura se manifestaron al exterior de la casa de transición de López Obrador.

Por más de dos horas, sostuvieron estar en contra de la decisión de trasladar la dependencia federal al estado de Tlaxcala a partir del próximo año, tal como lo anunció López Obrador.

Entre sus argumentos, destacaron que desde que fue creada la Secretaría, sus derechos laborales no han sido respetados y por ello, al desconocer cuáles serán los criterios para trasladar la institución a otra entidad, primero deben conocer en su totalidad la propuesta cuáles para llevar a cabo la descentralización.

Para los trabajadores "los proyectos de mudanza" de López Obrador son una equivocación porque se debería ordenar primero la cuestión de los despidos injustificados en la historia de la dependencia y la falta de recursos que sigue prevaleciendo en el fomento a la cultura en el país.

Excelsior - *jci

martes, 2 de octubre de 2018

“No queremos limosna, sino un precio justo para nuestro café”: La crisis de los cafeticultores



“No queremos que nos den limosna, lo que queremos es que nos paguen lo que vale nuestro café”, esta premisa dio origen al proyecto del comercio justo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI).

En los años de 1981-82, el sacerdote Francisco van der Hoff reunió a unos 50 productores de café del Istmo para conocer sus experiencias de producción y el descubrimiento que hizo del campo oaxaqueño fue contundente: los campesinos perdían por producir. De los 92 pesos que costaba cultivar, cosechar, despulpar y secar un kilo de café, ellos obtenían 37 de vuelta. En el mercado internacional el precio de ese kilo era de 137.

La alternativa que buscó Van der Hoff, de origen economista, fue saltarse a los intermediarios, a los coyotes, y vender directamente, “una idea bonita, pero no tan fácil”, señala.

La búsqueda de compradores que estuvieran dispuestos a pagar el precio justo lo llevó a su natal Holanda, donde con el apoyo del Premio Nobel fue creado el sello Max Havelaar, tomando el nombre del personaje literario que en el siglo XVI narró la explotación de trabajadores cometida por el reinado holandés en la isla de Java.

Además de pagarse al precio justo por el simple hecho de ser justo, un elemento agregó un valor vital al café producido por UCIRI, el ser orgánico, lo cual, más que ser una elección de consciencia ecológica fue una obligación por las condiciones económicas. “Vinieron unas personas de Alemania y dijeron ustedes tienen café orgánico, porque insumos químicos nunca los usaron por los pinches precios”.

El primer paquete con el sello del comercio justo ingresó a Holanda y su comprador fue el príncipe Claus, “un hombre muy consciente, que nació y vivió en África y tenía muy clara la idea”, quien lo recibió del Premio Nobel de Economía, Nikolaas Tinbergen, quien apoyó el proyecto en sus inicios. Entre 1986 y 1987 la organización recolectó unos ocho mil sacos de café y en 1989 se creó el sello Max Havelaar.

La regla principal para vender este producto era garantizar el pago de un precio mínimo que cubriera por lo menos los costos de producción y dejara una ganancia. La idea se replicó en Francia, Inglaterra y Alemania, entre otros países europeos, bajo otro nombre “fair trade” comercio justo, que es la venta de un producto a través de un sello.

Con las ganancias que comenzaron a obtener los productores de UCIRI se generaron beneficios inmediatos tanto en el ámbito doméstico como en el comercial. Los ingresos sirvieron para mejorar viviendas, cambiar las láminas de los techos, colocar pisos y fortalecer su infraestructura productiva. Compraron maquinaria, una ferretería en donde se vendían a crédito herramientas para el campo y además, en los años 1994-95 y 96, se instalaron líneas de transporte desde las zonas de los productores hacia Ixtepec. En ocasiones los productores debían caminar desde Laollaga hasta Santa María Guienagati.

También se impulsaron las demandas de los campesinos para que el gobierno abriera centros de salud y se construyó un centro privado de enseñanza técnica con el que más de 400 jóvenes fueron capacitados en la producción del café orgánico y en la organización comunitaria. Al centro acudieron jóvenes de diversos estados mexicanos, principalmente de Chiapas, y de Perú, Bolivia, Guatemala y Honduras para aprender lo que llaman “la mística de UCIRI”: “es ser democrático, gente de la resistencia, ser transparente y ser gente orgánica, son elementos bien inculcados y se los llevaron estos chavos, el centro ya no existe porque económicamente no pudimos sustentarlo, era un costo enorme, ahora es un bachillerato de los hermanos maristas”.

Contra la lógica del mercado

El proyecto del comercio justo, explica el biólogo Salvador de Anta Fonseca, fue en sus inicios una propuesta que ayudó a desestimar la lógica del mercado, en la cual obtendrá ingresos aquel que logre precios menores aun si esto es contrario al equilibrio medioambiental o si afecta a campesinos que compiten en circunstancias distintas.

El país que señala es Brasil, donde crece un tercio del café que se produce actualmente en el mundo –en 2018 ha proyectado cosechar su marca histórica de 58.5 millones de sacos de 60 kilos. “Produce mucho pero no es muy buena calidad, tiene grandes extensiones de cultivo de café, con alturas bajas, entre los cero metros y 600, no es un buen café, pero es el que utilizan la mayoría de las empresas para hacer sus nescafé”, explica.

Por las condiciones en las que es producido el grano brasileño, continúa, “los costos de producción no son tan altos y al tener una economía de escala tienen altas ganancias, en cambio un productor en México con todos los costos que tienen que cubrir, la fuerza de trabajo, la siembra, la limpieza, los salarios, tiene muchas dificultades para que en la venta de su producto se recuperen los costos”, señala de Anta Fonseca, quien fue director del Consejo Civil de la Cafeticultura Sustentable.

La ley y la oferta es retirada del plano de negociación con el esquema del comercio justo, en el que países principalmente desarrollados aceptan pagar por un producto de buena calidad el precio que representa el trabajo para obtenerlo.

Inicialmente el comercio justo era una certificación únicamente para pequeños productores que contaban con una pequeña superficie de siembra, donde la mano de obra era básicamente familiar, organizados en pequeñas cooperativas que se desarrollan de forma transparente y democrática. Adicionalmente se puede obtener la certificación del café orgánico.

Ese esquema ha sido rebasado actualmente por grandes empresas que quisieron participar en el mercado del comercio justo, interviniendo en el nicho que crearon pequeños productores como los organizados en UCIRI.

“Ha habido diferencias con lo que podríamos llamar la burocracia del comercio justo, con las comisiones que elaboran los estándares, algunos de los principios del comercio justo ya se han ido perdiendo, los intereses económicos de algunas empresas grandes han logrado penetrar al comercio justo y, por ejemplo, ya se permite que algunos finqueros, productores intermedios y hasta grandes puedan participar en este esquema cumpliendo ciertos estándares como pagar salarios justos, brindar seguridad social a sus trabajadores, atención de salud, algunos de los productores piensan que esto ya no es realmente el comercio justo”, señala.

El Imparcial Oaxaca.

martes, 25 de septiembre de 2018

Preocupa a IP freno a reforma energética


Gustavo de Hoyos, Presidente de Coparmex, dijo que es menester que Pemex y CFE se constituyan en empresas verdaderamente competitivas. Foto: Tomás Martínez

Verónica Gascón

Cd. de México 

El sector patronal advirtió que es preocupante una posible falta de continuidad de la reforma energética en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, advirtió que la próxima Administración debe ser cautelosa para evitar que se pierda confianza en el sector energético.

"Celebramos que la próxima Administración se muestre comprometida con aumentar la inversión energética para elevar la producción de ambas empresas, pero nos preocupa que la inversión no corresponda a una estrategia planeada con el objetivo de maximizar sus beneficios.

"Nos preocupa también la falta de propuesta respecto a formas limpias de energía y, sobre todo, el clima de incertidumbre que se ha generado en torno a la continuidad de la reforma energética aprobada en el año 2013", señaló De Hoyos.

Añadió que es menester que tanto Pemex como la CFE se constituyan en empresas verdaderamente competitivas y libres de corrupción, que aprovechen las posibles alianzas con la iniciativa privada.

"Derivado de los altos montos de inversión que el sector requiere, creemos que la Administración entrante debe ser cautelosa con los anuncios que pudieran deteriorar la necesaria confianza en el sector.

"Solamente pensando a largo plazo y teniendo una visión libre de dogmas económicos, lograremos consolidar la política energética a la altura de la que el País necesita", afirmó De Hoyos.

Reforma

viernes, 21 de septiembre de 2018

Destacan ONU y OIT libertad sindical


Dicho convenio estableció como un derecho fundamental la libertad de asociación y la libertad sindical de los trabajadores. Foto: Archivo

Rolando Herrera

Cd. de México

El Sistema de Naciones Unidas en México (ONU) y en particular la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacaron la importancia de que el Senado haya ratificado el Convenio 98 de la OIT, que consagra derechos humanos en materia laboral.

Dicho convenio, adoptado por la 32 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 1 de julio de 1949, estableció como un derecho fundamental la libertad de asociación y la libertad sindical de los trabajadores.

También señala la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

"México tiene ya ratificados los otros siete convenios fundamentales y con la votación del Senado de la República para ratificar el Convenio 98 y su posterior depósito del instrumento ante la OIT, México completará su compromiso por el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, en particular el derecho de sindicación y de negociación colectiva", indicaron la ONU México y la OIT en un comunicado conjunto.

En la víspera, después de casi tres años de que el Ejecutivo enviara al Senado el convenio para su ratificación, la Cámara Alta, por unanimidad, voto a favor de avalarlo.

"Con esta decisión, México se unirá a los 165 países del mundo que han ratificado el Convenio 98 y toda la región de América Latina y el Caribe tendrá ratificado este Convenio", destacaron ONU México y la OIT.

Reforma

jueves, 20 de septiembre de 2018

Respaldan Afores propuesta de aumentar a 68 años edad de retiro.



Antonio Hernández

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) respaldó la propuesta del próximo gobierno de aumentar la edad de retiro a 68 años al considerar que va en línea con los cambios en el ciclo de envejecimiento de la población y la necesidad de cambios estructurales en el sistema de pensiones del país.

“La declaración de aumentar la edad de retiro va en la dirección que creemos corresponde a lo que se está haciendo en todo el mundo derivado de una mayor longevidad que tenemos. Es una muy buena señal la que se está enviando”, dijo el presidente de la Amafore, Carlos Noriega.

En conferencia de prensa, Noriega destacó que si bien falta conocer detalles de los cambios que pretende hacer la próxima administración en el tema de jubilaciones, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa acotó que la edad de retiro a 68 años, sería diferente para grupos vulnerables.

Noriega destacó que las Afore ya han tenido encuentros informales con los representantes del nuevo gobierno, con lo que las propuestas que buscarán promover en la futura administración será aumentar la cobertura de pensiones, mayor protección a mujeres así como incrementar el ahorro.

“El nuevo gobierno se ha mostrado receptivo”, dijo Noriega.

En ese sentido, destacó que a partir del primero de diciembre de este año, la nueva administración comenzará con la reforma en el tema de pensiones, al otorgar una pensión universal a los adultos mayores en todo el país.

Sobre la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador del fin de semana pasado de la “bancarrota” en que se encuentra el país, Noriega explicó que en el sector financiero se tomó la declaración enfocada a los retos que prevalecen en el país en temas económicos y sociales.

“El sentido que le dió el presidente electo a este tema es de que tenemos mucho por hacer.

Hay áreas de oportunidad en un mundo muy dinámico. El proceso de envejecimiento es muy rápido. No nos hemos preparado para una sociedad envejecida”, destacó.

Noriega informó que el próximo 8 y 9 de octubre se realizará en la ciudad de México la tercera convención nacional de Afores, donde se discutirán las propuestas en materia de retiro para los trabajadores en el país ante el cambio de gobierno.

vcr