Pueblos, comunidades y organizaciones demandaron la cancelación de 322 concesiones y 41 proyectos mineros en Oaxaca
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| Foto: Emilio Morales Pacheco |
Octavio Vélez
Pueblos, comunidades y organizaciones denunciantes en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca demandaron la cancelación de las 322 concesiones y los 41 proyectos vigentes en la entidad, porque se impusieron sin el consentimiento previo, libre e informado de los dueños de las tierras y territorios, así como respetar su derecho a la autonomía, a la libre determinación, a la integridad cultural y a mantener la propiedad colectiva.
“Quedó evidenciado que existe una descalificación sistemática de las instancias tradicionales de toma de decisión comunitaria, en particular, se perpetua la práctica de las empresas de firmar acuerdos individuales, aun sabiendo que los órganos de toma de decisión en las comunidades, son las asambleas”, afirmó Alina Morales, representante de la región de Valles Centrales, al dar a conocer el pronunciamiento.
En un acto frente al Palacio de Gobierno, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, también demandó que se suspenda inmediatamente la entrega de títulos mineros, hasta en tanto no se elabore un nuevo marco jurídico, donde se respeten de manera plena y efectiva los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, establecidos en la Constitución y en diferentes tratados internacionales.
“Queremos que se aprueben leyes y políticas públicas que protejan los derechos de los pueblos indígenas, que sean reconocidos como sujetos de derecho público y que se incluyan mecanismos efectivos de reparación integrales a los daños al medio ambiente”, señaló.
Además, reclamó que se garantice las condiciones de libertad y seguridad a quienes se dedican a defender los territorios indígenas frente a los impactos de las industrias extractivas.
Mientras tanto, el representante de la región del Istmo de Tehuantepec, Daniel Cirilo López requirió que se detenga la política de criminalización de la protesta social, castigar a los responsables de los asesinatos y la presentación con vida de manera inmediata de las personas desaparecidas defensoras del territorio.
Aparte de esto, suspender las órdenes de aprehensión por las mismas razones, así como las amenazas individuales y colectivas.
“En el Juicio Popular se evidenció el hostigamiento, agresiones y asesinatos en perjuicio de integrantes de comunidades por grupos de choque armados y del crimen organizado, para debilitar la oposición a la minería”, asentó.
De igual manera, exigió que se cree un mecanismo efectivo y culturalmente adecuado para garantizar el acceso a la información oportuna a los pueblos indígenas, relacionada con planes y proyectos en sus territorios y bienes comunes.
Así como que se cumpla con las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos al Estado mexicano, en particular de las relatorías especiales unidas sobre derechos de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos.
“El extractivismo se coloca como una amenaza significativa para la reproducción de nuestra vida comunitaria y no como una opción de desarrollo que pregonan los gobiernos y las empresas. Además, en menos de 30 años se ha profundizado la pobreza, la migración masiva, el deterioro social comunitario y una fuerte represión a quienes nos oponemos a este modelo económico”, apuntó.
El acto, terminó entre las consigas “¡Si a la vida, no a la minería!”, “¡Ni oro, ni plata, la minería mata!” y “¡De la sierra hasta el desierto, ni en túnel, ni a cielo abierto!”.
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