sábado, 9 de febrero de 2019

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

La CNDH descarta mediar en bloqueos; llama a agotar el diálogo con la CNTE


 Periódico impreso de nacional

Luego de que el gobierno federal le pidió ayuda para solucionar las protestas en Michoacán, el organismo contestó que sólo puede conocer sobre actos u omisiones de autoridades que violenten derechos humanos

Gobierno Federal interpone queja ante CNDH por bloqueos en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Ximena Mejía, Ernesto Méndez y Arturo Páramo

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rechazó la petición del gobierno federal para que ayude a resolver el conflicto con la CNTE derivado de los bloqueos a vías férreas en Michoacán.

El organismo autónomo dijo que sólo está posibilitado para conocer actos u omisiones de autoridades que violenten los derechos humanos.

Se pronunció porque las partes involucradas busquen la solución mediante acuerdos, en el marco de la ley. Agregó que las autoridades tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o delegar a terceros.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración interpuso una queja ante la CNDH, “contra quien resulte responsable”, por los bloqueos que hoy cumplen 26 días. Se buscaba, explicó, una recomendación sobre cómo deberían actuar las autoridades, ya que el uso de la fuerza para retirar la protesta está descartado.

Más tarde, en Huetamo, Michoacán, López Obrador calificó como intransigentes a quienes mantienen cerrado el paso de ferrocarriles.

CNDH rechaza ser mediador con CNTE

Señala que sólo puede conocer de actos u omisiones de autoridad que violen derechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que le recomiende las acciones que debe tomar en el conflicto con los maestros de la sección 18 de la CNTE y el Estado, por los bloqueos en las vías del tren en Michoacán.

En un comunicado, argumentó que sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos.

Sugirió que, ante problemáticas similares, las partes involucradas deben buscar la solución mediante acuerdos, en el marco de la ley, estableciendo un proceso de diálogo, que genere “una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros”.

Advierte que “las autoridades están obligadas a proteger y garantizar los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias.”

Concluye que la omisión en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador interpuso una queja ante la CNDH, contra quién resulte responsable, para que sea este órgano autónomo, el que defina cómo resolver el conflicto.

También pidió a la sección 18 de la CNTE que aclare si los inconformes que mantienen un bloqueo a las vías del tren son sus agremiados o son gente ajena, porque los adeudos que se tenían con los maestros ya se cubrieron.

“Hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad y ahora lo que se va hacer en estos casos es que vamos a pedir a la CNDH que nos recomiende qué se hace en estos casos, para no usar la fuerza”, señaló.

En su gira por Michoacán, el Presidente se refirió, sin llamarlos por su nombre, a los integrantes de la CNTE, y los tachó de intransigentes.

“No se puede ser rebelde sin causa. Nada de intransigencias y que quede claro que no me van a provocar (...) No voy a usar la fuerza pública para que me acusen de autoritario. No, no voy a hacer lo mismo.”

“Esos que se las dan de radicales en realidad son muy conservadores, no quieren la transformación”, enfatizó Lopez Obrador en su discurso.

Llamó a evitar confrontaciones que tienen detenida la impartición de clases, parada la construcción de presas (como en Huetamo) y enfrentada a la población contra el gobernador de la entidad.

En Altamirano, Guerrero, reiteró que no será con el uso de la fuerza sino con el apoyo a los jóvenes y a quienes menos tienen que se podrá revertir la inseguridad que se vive en la zona norte del estado.
Se reservan derecho a declarar

MORELIA, Mich.— Los profesores citados por la Fiscalía General de la República para responder a la denuncia de Kansas City Southern por el bloqueo de vías férreas en Lázaro Cárdenas se reservaron su derecho a declarar.

“Ya estaríamos al pendiente de si el proceso continúa o cuál sería la resolución”, dijo Víctor Manuel Alvarado, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección 18 de la Coordinadora.

Tanto Isidoro como Juana Alicia y Roberto, los docentes imputados, aseguran que no estuvieron en el lugar de los hechos como se menciona en la denuncia.

“No hay pruebas fehacientes de que somos responsables del bloqueo”, dijo el maestro Isidoro a la salida de la delegación de la Fiscalía.

En tanto, en Pátzcuaro fue retirado el bloqueo; en Uruapan decidieron continuarlo y el plantón en el centro de Morelia sigue.

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles indicó que a 25 días del bloqueo se encuentran 387 trenes sin cargar y sin mover 3.3 millones de toneladas de mercancías desde el puerto de Lázaro Cárdenas.



Se queja AMLO de maestros y la CNDH ataja: no puede delegar




Responde a queja del Ejecutivo. El Presidente califica a los disidentes de “rebeldes sin causa” y reitera que no usará la fuerza para “reprimirlos”; la comisión le pide aplicar la ley. 
Integrantes del magisterio instalados en las vías férreas de Uruapan, al cumplirse 25 días de protestas. (Cuartoscuro)

Jannet López y Francisco Mejía

Luego de que el gobierno federal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán y solicitó una recomendación sobre cómo actuar, el organismo respondió que “no puede delegar a terceras instancias”.

Las autoridades federales y estatales “están obligadas a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias”, refirió en un comunicado.

La defensoría nacional instó al Ejecutivo a cumplir su obligación, porque no puede ser que “la responsabilidad del gobierno dependa o quede condicionada a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos”.

“Si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar que si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinar la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir su obligación constitucional”, destacó.

La CNDH también llamó a los integrantes de la CNTE a cumplir y respetar la ley, “no pudiendo quedar la observancia de la misma como algo optativo, discrecional o negociable. Ni particulares ni autoridades pueden estar por encima ni al margen de la ley”.

Exhortó a buscar la solución mediante la construcción de acuerdos, estableciendo un proceso de diálogo que coadyuve en la construcción y fortalecimiento de una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros.

Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que en su administración están abiertos al diálogo y que han hecho lo posible para satisfacer las demandas del magisterio.

No obstante, aclaró que aunque algunos integrantes de la CNTE aseguran que fueron parte de su movimiento y que lo apoyaron durante la campaña presidencial, no es cierto.

“Vuelvo a hacerles un exhorto a que liberen las vías y también informo que, hace dos días tomamos la decisión, instruí al consejero jurídico que presentara ante la CNDH una queja por violación a derechos humanos, para que recomiende lo que deba de hacerse”, refirió.

López Obrador dijo que no quiere judicializar el caso, por lo que las únicas denuncias contra los maestros que mantienen los bloqueos las interpusieron las empresas afectadas, e insistió en que bajo ninguna circunstancia recurrirá al uso de la fuerza, porque no quiere dar argumentos para que los acusen de represores. “Se van a quedar con las ganas, no les vamos a dar motivos”.

Posteriormente, de gira por Michoacán para entregar apoyos del programa Producción para el Bienestar, en Huetamo, el Presidente pidió a los disidentes “no ser rebeldes sin causa” y tenerle paciencia para resolver sus demandas y echar abajo la “mal llamada reforma educativa”.

“Acabo de ver mi expediente en Gobernación de lo que decían de mí hace 40 años, que me espiaban porque estaba en la oposición, entonces sé lo que es luchar por causas justas.

“Nada más decirles que no se puede ser rebelde sin causa, nada de intransigencias y que estén esperando que así me van a provocar y que voy a usar la fuerza pública para que me acusen de represor, de autoritario... no, no voy a caer en la provocación”, recalcó.

BONOS POR 195 MDP

El secretario de Educación en Michoacán, Alberto Frutis Solís, informó que entre los puntos acordados y cumplidos en la mesa tripartita con la CNTE está el pago de la Compensación Única Nacional y el de cinco bonos más, por 195 millones de pesos. De la misma forma, dijo, los salarios de profesores normalistas que fueron contratados en 2018.

Adelantó que se contratará un promedio de 2 mil normalistas por un periodo de seis meses, a fin de cubrir el déficit de maestros frente a las aulas. Explicó que hoy se reanudará la mesa de diálogo entre los gobiernos estatal y federal y los integrantes de la sección 18 del magisterio.

En tanto, ayer la CNTE encabezó movilizaciones en diversos puntos de la entidad. Desde temprana hora retomaron un bloqueo en la zona de Las Guacamayas, en Lázaro Cárdenas, donde cerraron las vías del tren.

Esto como medida de apoyo a los tres profesores que acudieron a la ciudad de Morelia a presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a una denuncia que interpuso en su contra la empresa Kansas City por las altas pérdidas.

Otro grupo aprovechó la visita de López Obrador a Huetamo y el dirigente de la CNTE, Víctor Manuel Zavala, informó que lo buscarían para obligarlo a que formalice los acuerdos signados en la mesa tripartita, donde se establecieron compromisos cercanos a los 6 mil millones de pesos para desactivar la crisis. Pero al intentar acercarse al mandatario se generó una trifulca con policías, a los que lanzaron piedras.

Al interior de la entidad, los docentes tomaron al menos 60 oficinas de Rentas y presidencias municipales, así como la Secretaría de Finanzas y Administración en Morelia.

Y ADEMÁS

TRES SE RESERVAN DERECHO A DECLARAR
Los profesores Isidoro Castañeda, Juana Alicia Muñiz y Roberto Equihua, quienes fueron citados ante la denuncia de Kansas City por los bloqueos en vías férreas en Lázaro Cárdenas, se reservaron su derecho a declarar. Tras más de tres horas de comparecencia en la sede de la Fiscalía General de la República en Morelia, Víctor Alvarado, titular de Asuntos Jurídicos de la sección 18 de la CNTE, dijo que esperarán a ver el rumbo del proceso jurídico. A los docentes no se les aplicó medida cautelar y se expuso que no amerita detención.

CASI UN MES DE MOVILIZACIONES

La movilización de la CNTE en Michoacán está cerca de cumplir un mes y el bloqueo a las vías férreas ayer acumuló 25 días. Los puntos más afectados han sido Maravatío, La Piedad, Yurécuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Pátzcuaro. El último reporte del sector industrial señaló que hay 387 trenes sin cargar, lo que equivale a 3.3 millones de toneladas, generando pérdidas monetarias considerables. Esta mercancía no se ha podido trasladar a los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de Manzanillo, Colima.

Con información de: Elia Castillo, Francisco García Davish y Notimex.




AMLO pone a consulta construcción de central termoeléctrica en Morelos




Planes. La consulta se realizará el 23 y 24 de febrero próximos en las zonas afectadas por el proyecto; hereda obra que debió arrancar operaciones en 2015. Innovación. El proyecto prevé el consumo de gas para producir electricidad; está asociado a gasoductos que enlazan Tlaxcala, Puebla y Morelos
 

Arturo Ramos Ortiz

La activación de la Central Eléctrica de Huexca, Morelos, instalada para producir energía a partir de gas natural, será sometida a consulta pública, semejante a la que echó abajo el megaproyecto aeroportuario de Texcoco, aunque limitada a las zonas afectadas por esta obra, anunció la Presidencia de la República. La planta está asociada a gasoductos que enlazan Tlaxcala, Puebla y Morelos y cuya construcción, siempre, según el proyecto original, estaba destinada a la industrialización de la zona al oriente de Cuautla.

La obra, innovadora para México en cuanto a la tecnología eficiente de consumo de gas para producir electricidad, debió iniciar su operación comercial en 2015, pero hasta ahora no se ha puesto plenamente en marcha y el inicio de su operación fue heredada a la presente administración.

La consulta que decida el futuro de esta megaobra se realizará 23 y 24 de febrero entrante.

“Durante todo el tiempo de construcción del gasoducto hubo protestas y hubo represión a campesinos, incluso fueron algunos a la cárcel”, señaló López Obrador sobre las vicisitudes que rodearon la construcción de los gasoductos y la planta misma, “dejó una secuela de atropellos y de arbitrariedades y de protestas, existe una inconformidad legítima y tenemos que decidir, porque esta planta nos permite alumbrar a todo el estado de Morelos, el generar energía para todo el estado de Morelos”.

AMLO señaló que se trata de una inversión de 20 mil millones de pesos, aunque el proyecto de CFE habla de 32 mil millones de pesos.

El Presidente comentó que la planta es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, “es de la nación”, pero el gasoducto es privado y deriva “de los contratos que se hicieron con estas características, en el propósito de privatizar los ductos”.

Informó que se ha hablado con campesinos de la región, especialmente con aquellos que viven en torno a ríos que deben abastecer de agua a la planta. “Y, además, se está haciendo la propuesta para que los municipios por donde pasó el gasoducto, incluido, desde luego, Cuautla, donde está la planta, tenga un tratamiento especial en cuanto al cobro de la luz, que tengan la tarifa más baja que existe como parte de la reparación del daño”, dijo, “si esta planta no la operamos, quedan ahí enterrados, echados a perder, se desperdician más de 20 mil millones de pesos, dinero del pueblo. Y no sólo eso, tendríamos que seguir comprando la energía a las empresas particulares. Así de claro”.

Hugo Eric Flores Cervantes, delegado federal en Morelos, señaló que en el 2009 se comenzó el proceso de selección de esa entidad como ideal para la implementación de una planta eléctrica de gas natural. “Morelos importa el cien por ciento de la energía eléctrica que consume; es el único estado de la República donde no se produce nada de energía eléctrica”, indicó, por lo que la elección pareció ­correcta. Se plantearon cuatro obras, no solamente es la termoeléctrica, sino una primera central de ciclo combinado, que se encuentra en Yecapixtla, el acueducto del central construido en diversos municipios de la región de Cuautla, el gasoducto y una red de transmisión asociada.

Descripción del Proyecto Morelos

● Dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 MW cada una que consumen gas natural como energético
● Lugar: Huexca Aeropista del Estado de Morelos
● Un ducto para transportar el gas desde los ductos de Pemex, al sitio de las centrales, de 150 km y diámetro de 30”, en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos
● Línea eléctrica de 20 km a la subestación Yautepec
● Y un acueducto de 20” desde Cuautla con longitud de 10 km
● Inversión total estimada de
1,600 millones de dólares
● Esquema de contratación: licitación pública bajo el esquema de Obra Pública Financiada a precio alzado
● Fecha de consulta: 23 y 24 de febrero 2019




Huachicol desborda homicidios y secuestros






En los estados con mayor robo de combustible, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Puebla e Hidalgo, incrementan delitos de alto impacto. La última entidad tuvo el mayor repunte en corrupción de menores, con 56% y trata de persona con 33%Personal militar recorre las zonas de ductos con equipos de Pemex para detectar tomas ilegales. FOTO: ARCHIVO/ CUARTOSCURO

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL

En los cinco estados con más robo de hidrocarburo, en los que hay presencia de cuatro cárteles del narcotráfico, de acuerdo con la radiografía delictiva de la Fiscalía General de la República (FGR), el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión, el robo con violencia, la trata de personas y la corrupción de menores crecieron a la par del huachicol en el último año.

Los informes sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el de tomas clandestinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) revelan el crecimiento de ilícitos de alto impacto en Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz, los territorios más vulnerables por la ordeña.

Según los gobiernos locales, son delitos transversales que son ocasionados por el enfrentamiento entre cárteles y grupos regionales para controlar la extracción ilegal.

En Hidalgo, epicentro de perforaciones a ductos y tráfico de gasolina en 2018, los asesinatos con violencia subieron 10.32 por ciento, al pasar de 184, en 2017, a 203 en el último año.

El mayor crecimiento lo registran la corrupción de menores y la trata de personas, con aumento de 56 y 333 por ciento, respectivamente. En el primer caso, la Procuraduría General de Justicia local inició 23 carpetas de investigación en 2017 y 36, en 2018; en tanto que en el segundo, los casos fueron tres y 13, con base en el historial delictivo del SESNSP.

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar, reconoció detenciones “de chavitos de 13 años conduciendo vehículos (con reporte de robo), cargados con hidrocarburo”, y con armas, incluidas de uso exclusivo militar. Esto, sostuvo, podría considerarse trata, al captar menores que se emplean como halcones, para distribuir la gasolina, o como sicarios.

En el año previo, la Fiscalía reportó al Secretariado Ejecutivo 382 casos más de robo de vehículos y nueve más de extorsiones que los cuatro mil 808 y 122 de 2017.

Delmar Saavedra afirmó que no hay cárteles detrás de las dos mil 121 tomas clandestinas que Seguridad Física de Pemex contabilizó en 2018; no obstante, ubicó a tres jefes regionales que asumían el control de este delito, a quienes identificaba con los alias de La Parka, El Vikingo y El Tornillo, todos asesinados.

En Puebla, con dos mil 72 piquetes a ductos para extraer gasolinas en 2018, los homicidios dolosos crecieron 23.60 por ciento (de 894 a mil 105); los secuestros, 31.42 por ciento (de 35 a 46), y el robo de automotores, 22.50 por ciento. La Fiscalía General de la República no reconoce la operación de cárteles en esta entidad.

Guanajuato, que en 2015 y 2017 fue el centro de la actividad criminal del huachicol y donde, reconoció Bernardo Ramírez García, comandante de la 16 Zona Militar, los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima disputan la plaza, los asesinatos violentos crecieron 140 por ciento. Los 2 mil 609 documentados representan un récord criminal de siete por día. Aquí hubo 10 denuncias más a las 151 de corrupción por menores de 2017 y tres más por trata de personas.

En tanto que, en Jalisco, donde los cárteles Nueva Generación y La Nueva Plaza libran una batalla por el control de las rutas de droga y el comercio ilícito de gasolina, los homicidios dolosos aumentaron 46.64 por ciento; los robos de automotores y la extorsión, 37 por ciento. Los 13 secuestros de 2017 subieron a 16 por ciento.

Veracruz, con el CJNG y Los Zetas enfrentados, tuvo un alza en corrupción de menores (52.38 por ciento), mas el resto de ilícitos bajó. El huachicol, sin embargo, no cesó: en 2018 hubo mil 539 tomas; los primeros días de enero sumó 67.




CNTE estira liga con sus bloqueos; AMLO condena intransigencia




El mandatario Andrés Manuel López Obrador, en Huetamo, Michoacán, ayer. Foto: Cuartoscuro
Jorge Butrón
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Gobierno federal interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por el bloqueo de las vías del tren en Michoacán, para que emita una recomendación sobre cómo deben actuar las autoridades en este caso.

Durante su conferencia mañanera, reiteró el llamado al magisterio disidente para que libere las vías férreas e indicó que dio instrucciones al consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para que interpusiera dicha queja, con el objetivo de que sea la Comisión la que “recomiende qué debe hacerse, pues no queremos utilizar la fuerza pública, porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras de izquierda”.

Además, el primer mandatario pidió a la CNTE aclarar si los que bloquean son de su organización o no, puesto que ya se atendieron sus demandas.

Más tarde, en un comunicado, la CNDH señaló que buscará un acercamiento con dichas autoridades para abordar el tema, partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conforme a las cuales sólo está posibilitada para conocer de actos u omisiones de autoridad, que violenten derechos humanos.

Reiteró el llamado para que las partes involucradas en el conflicto busquen una solución o a través de la construcción de acuerdos en el marco de la ley, para que se establezca un proceso de diálogo que coadyuve en la “construcción y fortalecimiento” de una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros.

Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de que, en caso de verificarse actos ilegales, las autoridades cumplan con sus obligaciones constitucionales en beneficio de la sociedad.

“El que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales”
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comunicado

“Las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, están obligadas a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias”, indicó el organismo.

Horas más tarde al encabezar un evento público al lado del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, López Obrador pidió al magisterio “no ser rebeldes sin causa”, tampoco intransigentes o provocadores.

“Vengo de la oposición, acabo de ver mi expediente y sé lo que es luchar por causas justas. Nada más decirles, no se puede ser rebeldes sin causa, nada de intransigencias, y nada de decir que van a provocar y usar la fuerza para que me acusen de represor”, sentenció.


“Vengo de la oposición, acabo de ver mi expediente y sé lo que es luchar por causas justas. Nada más decirles, no se puede ser rebeldes sin causa, nada de intransigencias”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

En la zona de Tierra Caliente, reiteró que hay algunos que “se dicen radicales, pero son conservadores”, por lo que se comprometió a atender la demanda de los maestros, pero aclaró que ante provocaciones no usará la fuerza pública para reprimirlos.

En tanto, el gobernador Silvano Aureoles se comprometió a trabajar de la mano del Gobierno federal en pro de la entidad.




CNDH responde a AMLO, dice que gobiernos cumplan sus obligaciones




La comisión mencionó que es positivo que se evite el uso de la fuerza y exhorta al diálogo entre las parte involucradas

Foto: Especial
Carlos Lara

Ante el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la queja interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los bloqueos en las vías férreas en Michoacán, la Comisión respondió y aseguró que exhorta a privilegiar el diálogo, al tiempo que llama la atención sobre la necesidad de que, en caso de haber actos ilegales, las autoridades cumplan con sus obligaciones.

En un comunicado, la CNDH mencionó que si bien es positivo que se busque privilegiar otras vías sobre el uso de la fuerza, tal disposición no puede justificar qué, si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinaran la existencia de algún acto ilegal, sea permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley.

“Las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno están obligadas a proteger y garantizar, en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias”, mencionó la CNDH.

Abunda que el que las autoridades estén obligadas a respetar y defender los derechos humanos no implica que, en virtud de ello, no puedan ejercer sus atribuciones legales o que dicho ejercicio dependa o quede condicionado a que exista un pronunciamiento o resolución por parte de un organismo de protección y defensa de los derechos humanos.

Por el contrario, dice la CNDH, la omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones puede constituir, por sí misma, una conducta que vulnere derechos fundamentales, máxime cuando se esté en presencia de actos ilegales que atenten contra la integridad física o el patrimonio de las personas.

“Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el fortalecimiento del Estado de Derecho requiere que, tanto los particulares como las autoridades, cumplan y respeten la ley, no pudiendo quedar la observancia de la misma como algo optativo, discrecional o negociable. Ni particulares ni autoridades pueden estar por encima ni al margen de la ley”, subrayó.

Este Organismo Nacional reiteró el llamado que en el pasado ha hecho, ante problemáticas similares, para que las partes involucradas en el conflicto busquen la solución del mismo mediante la construcción de acuerdos, en el marco de la ley, estableciendo un proceso de diálogo que coadyuve en la construcción y fortalecimiento de una cultura de la paz en el país, previniendo afectaciones a terceros.

Por último, aseguró que la CNDH reafirma el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos que, en todo momento, debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, insistiendo en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que ésta sea, necesariamente se deba formular por las vías institucionales y legales.




Jubilación digna de jueces y magistrados aumentó $1,200 millones en 9 años



Tienen un fideicomiso que les garantiza apoyo médico y económico extraordinario en su retiro


Conferencia de jueces y magistrados en las escalinatas del Tribunal Judicial de la Federación en diciembre pasado.Foto María Luisa Severiano
Gustavo Castillo García

En nueve años el Poder Judicial de la Federación (PJF) incrementó en más de mil 200 millones de pesos el fideicomiso que garantiza el pago de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, con lo cual se mantiene para estos ex servidores públicos puedan disfrutar de por vida de ingresos que garanticen su sueldo base mensual.

De acuerdo con información financiera hecha pública por el Consejo de la Judicatura Federal, al cierre de 2018, en el fideicomiso había también, por concepto de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 58 millones 886 mil 939 pesos que benefician a empleados de alto nivel con problemas de salud y cuyos costos no pueden ser cubiertos solamente con los estándares que les brindan los seguros de gastos médicos mayores, así como el beneficio para sus familiares por casos de fallecimiento en el cumplimiento del deber por un monto de hasta dos millones de pesos.

En cuanto al fideicomiso pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, los antecedentes de este instrumento financiero refieren que su creación es un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de esos servidores de la Justicia Federal, realizado de manera constante y cotidiana sin más compromiso que el cumplimiento del deber en beneficio de la Nación, y, por ello, merecen que cuando por las condiciones personales que la ley prevé se vean obligados a retirarse del servicio activo, en justa retribución se propicien condiciones económicas tales que les permitan continuar viviendo con la dignidad y el decoro que la medianía de sus ingresos les ha proporcionado durante el tiempo en que han cumplido con su noble misión.

Salarios exorbitantes

Los integrantes del Poder Judicial de la Federación han sido criticados por sus altos salarios y prestaciones, consideradas exorbitantes y, por ello, en el Congreso de la Unión se han presentado diversas propuestas legislativas que buscan disminuir sus salarios.

De acuerdo con los registros del CJF, hay 18 mandos superiores que gozan de la pensión complementaria, entre ellos, secretarios de estudio y cuenta, así como directores de área, cuyos salarios en 2018 fueron superiores a 110 mil pesos mensuales, además de percibir pagos anuales por riesgo y aguinaldo y vacaciones, que en conjunto suman más de 900 mil pesos.

Asimismo, existen 130 ex funcionarios de nivel medio y operativo que también cuentan con la prestación de pensión complementaria, de acuerdo con el listado que se difunde con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018.

El fideicomiso cuenta con un fondo de 3 mil 564 millones 876 mil 354 pesos, y en 2009 este mecanismo contaba con 2 mil 339 millones 559 mil 266 pesos.

El acuerdo por el que se establece el otorgamiento de las prestaciones médicas complementarias y de apoyo económico extraordinario contempla el pago de una indemnización por la materialización del riesgo de trabajo consistente en el fallecimiento de un magistrado de circuito, juez de distrito o del servidor público que en su caso determine el pleno, a causa de un atentado a su integridad física, en favor de los beneficiarios que se hayan designado, derivado de las funciones que hubiese desempeñado.

De igual manera, para que un servidor público pueda ser beneficiario de las prestaciones médicas, deberá haber incrementado la suma de su seguro de gastos médicos mayores al nivel inmediato superior al que pague el consejo como prestación de acuerdo con la clasificación de su puesto, previamente a que se diagnostique el padecimiento, ocurra el accidente o se realice el primer reclamo a la compañía aseguradora con la que se maneje el seguro de gastos médicos mayores, con motivo del siniestro por el cual se requiera la prestación médica.

Al 31 de diciembre de 2018, el fideicomiso tenía 58 millones 886 mil 939 pesos.

viernes, 8 de febrero de 2019

Migrantes cruzan en caravana por territorio oaxaqueño.

Esta caravana procedente de Centroamérica pretende hacer su siguiente parada en la región del Istmo de Tehuantepec 

Foto: Patricia Briseño.
 
Patricia Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.

Casi dos mil migrantes procedentes de Centroamérica ingresaron esta mañana en caravana a territorio oaxaqueño.

Los extranjeros arribaron al municipio de Chahuites, Oaxaca procedentes del vecino estado de Chiapas.

Antes del mediodía cruzaron en vehículos por San Pedro Tapanatepec y Lagunas, su siguiente parada será Matías Romero Avendaño, región del Istmo de Tehuantepec, donde se prevé tomen un breve descanso, para luego continuar al estado de Veracruz.

La caravana viajó pidiendo “aventón” a los conductores de tráileres, y plataforma. En esta última semana han cruzado por el Istmo dos grupos de migrantes, en caravana rumbo a Estados Unidos.

Excelsior - sarr

Gobierno Federal interpone queja ante CNDH por bloqueos en Michoacán.

López Obrador pidió a la Sección 18 de la CNTE que aclare si los inconformes son sus agremiados o son gente ajena al magisterio disidente


Gobierno Federal interpone queja ante CNDH por bloqueos en Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Ernesto Méndez

CIUDAD DE MÉXICO

Después de 25 días de bloqueos a las vías del tren en Michoacán, el Gobierno de México interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra quien resulte responsable, para que sea este órgano autónomo, el que defina cómo resolver el conflicto.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Sección 18 de la CNTE que aclare si los inconformes son sus agremiados o son gente ajena al magisterio disidente, porque los adeudos que se tenían con los maestros ya se cubrieron.

“Contra quien resulte responsable y que la Comisión dé una recomendación, porque hay la costumbre o había la costumbre de que siempre la queja era a la autoridad y ahora, lo que se va hacer en estos casos es que vamos a pedir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos recomiende, qué se hace en estos casos, para no usar la fuerza”, señaló.

Andrés Manuel López Obrador insistió en que su gobierno está abierto al diálogo con el fin de terminar con los bloqueos en Michoacán, que generan pérdidas millonarias, al tiempo que reiteró que no va a reprimir a los manifestantes.

Excelsior - *bb

Una reforma sensata a la educación.


Añadir leyenda
Jorge Javier Romero Vadillo

“Destruir al INEE es tirar al niño junto al agua sucia de la bañera. La idea de convertirlo en una oficina de la SEP con consejeros nombrados a dedo parece más resultado de la incomodidad del presidente con los órganos autónomos”. Foto: Selene pacheco, Cuartoscuro

Finalmente, el Ejecutivo ha presentado su iniciativa de contrarreforma educativa, una reiterada oferta de campaña de López Obrador que ahora pone a consideración del Congreso, en el cual su coalición tiene amplio margen de maniobra para juntar la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución en lo reformado apenas en 2013.

La iniciativa del Ejecutivo es congruente con la consigna reiterada por el ahora Presidente: echar abajo la mal llamada Reforma Educativa. En efecto, lo central de la iniciativa, más allá de la retórica, radica en la eliminación de la de la definición constitucional del Servicio Profesional Docente y en la demolición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los dos pilares en los que se basa la reforma.

El objetivo principal de la propuesta presidencial es el desmantelamiento del incipiente sistema de profesionalización que surgió de la ahora vilipendiada reforma de 2013, la cual en su tiempo gozó de gran apoyo político y social. Este nunca satisfizo a los docentes y fue duramente enfrentado por la rebeldía cuasi insurreccional de la CNTE, mientras el sindicato oficial la resistía con sus formas tradicionales de negociación de la desobediencia y con la generación de prácticas informales que le daban la vuelta. Con su eliminación, el Presidente cumpliría con un compromiso con el sindicalismo magisterial, que fue su aliado en la contienda electoral. De concretarse, se abriría la posibilidad de regresar a la situación previa a la reforma, donde todas las plazas se otorgaban a través del sistema de asignación corporativa controlada por las dos versiones sindicales, que incluían la compra–venta y el intercambio de favores.

La saña contra el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación viene de otra parte. El elemento más polémico de la profesionalización docente ahora en vilo radica precisamente en el papel que la evaluación juega en él y las consecuencias negativas tan acusadas que tiene. Pero el INEE sólo plantea los lineamientos para esa evaluación y, en cambio, realiza toda una serie de mediciones muy útiles para conocer el desempeño del sistema, información indispensable para ir ajustando las políticas educativas. Destruir al INEE es tirar al niño junto al agua sucia de la bañera. La idea de convertirlo en una oficina de la SEP con consejeros nombrados a dedo parece más resultado de la incomodidad del presidente con los órganos autónomos.


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Hay otros elementos en la iniciativa presidencial que reflejan la falta de diagnóstico certero respecto a las necesidades del sistema educativo mexicano. Ojalá estos se discutan en las audiencias públicas convocadas por el Congreso para analizar la propuesta, pero la médula institucional de la iniciativa está en estas dos demoliciones. Si el Constituyente Permanente le aprueba su propuesta al Presidente, estaremos dando un gran paso atrás en la construcción de un sistema educativo de calidad, otra palabra molesta para los detractores de todo lo creado a partir de 2013.

El servicio profesional no está bien diseñado. Carece de incentivos positivos y pone demasiado énfasis en los resultados negativos de la evaluación, pero establece criterios de aptitud para el ingreso y la promoción que no sólo no deben ser eliminados, sino que deben ser mejorados. Eliminarlo sería volver al sistema donde la lealtad y la disciplina sindical y política eran los méritos considerados para cualquier movimiento o promoción. No se puede negar el efecto que ese arreglo ha tenido sobre el mal desempeño de nuestro sistema educativo, cuando se le compara con los del resto del mundo.

Desmantelar el sistema de concursos de ingreso y promoción marcaría la vuelta al control corporativo del sistema, con las consecuencias distributivas del caso y sus enormes márgenes para la corrupción que tanto dice evitar el Presidente.

La autonomía del instituto encargado de la evaluación es crucial para contar con información y criterios objetivos, que nutran a todo el sistema. También para tener instrumentos eficaces para la medición del desempeño. La evaluación es indispensable; no sólo la del desempeño de los maestros, que debería ser responsabilidad del servicio profesional, sino la de todos los aspectos del funcionamiento del sistema: escuelas, programas, servicios.

Si se demuelen los dos pilares de la reforma de 2013, el servicio profesional y el instituto de evaluación autónomo, lo que tendremos será una clara y llana contrarreforma, que dejará al sistema sin las bases institucionales para cumplir con eficacia con sus objetivos constitucionales, los cuales, por lo demás, están también a revisión y pueden ser mejorados.

Frente a la iniciativa presidencial, un grupo de especialistas en educación de diversos centros de investigación agrupados en RED –Red, Educación, Derechos– elaboraron una iniciativa alterna, como base para un consenso legislativo. En ella se rescata lo positivo de la reforma de 2013 y se elimina lo negativo, como el carácter punitivo de la evaluación del desempeño magisterial, pero conserva el carácter constitucional del servicio profesional, el cual, en cambio, la iniciativa presidencial borra de un plumazo.

La propuesta de RED, que ya ha hecho suya un grupo plural de legisladores hace un planteamiento integral, que rescata también elementos de lo planteado en la iniciativa presidencial, pero con mayor claridad y profundidad. Sin duda, su punto más fuerte es el rediseño que plantea del actual INEE, que se transformaría en el Centro nacional para la Mejora Continua de la Educación, pero que mantendría la autonomía constitucional y cuyo Consejo Directivo estaría formado por cinco integrantes nombrados por el Senado con base en ternas presentadas por el Ejecutivo. El Presidente sería nombrado por el Senado y no por sus pares, como lo es ahora. Las facultades del nuevo centro irían bastante más allá que las del actual INEE y quedarían claramente estipuladas en el texto constitucional.

La iniciativa impulsada por RED representa una auténtica opción de reforma sensata, que construye sobre lo avanzado, en lugar de simplemente entrar a saco contra todo aquello que suene a neoliberal. Se trata de una iniciativa que fija nuevos objetivos al sistema educativo y que plantea la construcción de instituciones para enfrentar esos nuevos retos. Valdría mucho la pena que estuviera en el centro del debate legislativo, a lado de la del ejecutivo.
 
 Sin Embargo

Mujeres, víctimas de un delito en México cada cinco minutos.

Acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, secuestro, extorsión, homicidio y feminicidio son algunos ilícitos de los que fueron víctimas las mujeres en todo el territorio mexicano.

Marcha de mujeres en la Ciudad de México, en noviembre de 2018.Fuente: Cuartoscuro.
David Saúl Vela

Durante 2018, cada cinco minutos y medio ocurrió en México un delito en el que la víctima fue una mujer; es decir, 11 por hora, 265 al día, 96 mil 696 en el año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Acoso u hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, secuestro, extorsión, homicidio y feminicidio son algunos ilícitos de los que fueron víctimas las mujeres en todo el territorio mexicano.

Dichas cifras están en el estudio denominado “Información sobre violencia contra las mujeres”, el cual se elaboró, según el SESNSP, para poner en una sola plataforma los datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres.

“(Ello) permite conocer de forma oportuna la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas y acciones que atentan en contra de este grupo de población, y así contribuir al análisis y al diseño de políticas públicas en la materia”, se señala.

En el prólogo, el SESNSP indica que la “ventaja de esta base de datos” es que la información proviene de denuncias ante el Ministerio Público y llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia en contra de las mujeres.

“Las cifras provienen de la información registrada en carpetas de investigación y son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades. Es decir, se trata de presuntos hechos delictivos”, detalla.

Según el reporte, durante 2018 los delitos que más se cometieron contra mujeres fueron lesiones dolosas, con 60 mil 551 casos; lesiones culposas, con 14 mil 959; homicidio culposo, con 3 mil 192, y homicidio doloso, con 2 mil 746.

En el caso del feminicidio, aunque no es uno de los ilícitos de mayor incidencia, sí es el mayor crecimiento con relación a otros años. En 2015 hubo 407 casos, y en 2018 fueron 834, es decir, un alza del 105 por ciento.

La extorsión también tuvo un alza del 6 por ciento, al pasar de 2 mil 120 denuncias, en 2017, a 2 mil 247, en 2018; la trata de personas registró un incremento del 3.68 por ciento al pasar de 380 casos, en 2017, a 394, en 2018.

En contraste, el delito con mayor disminución en la incidencia en todo el país, según el SESNSP, fue el secuestro. En 2018 hubo 300 casos, 18.69 menos que los 369 de 2017; 22.07 menos que los 385 de 2016, y 12.28 menos que los 342 ocurridos en 2015.

ASF hizo observaciones a operación de estancias infantiles en 2008 y 2013

Auditoría Superior de la Federación

El programa comenzó a operar en enero del 2007 durante el gobierno de Felipe Calderón.


Héctor Molina 
 
El programa de Estancias Infantiles para madres y padres trabajadores ha mantenido diversas deficiencias desde su creación, según ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El programa insignia de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa comenzó a operar en enero del 2007 y desde entonces se ha mantenido.

De acuerdo con los mismos indicadores del programa a cargo de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy Secretaría del Bienestar, su objetivo es ayudar a los padres de familia con el cuidado de sus hijos mientras trabajan, buscan alguna plaza laboral o estudian.

No obstante, de acuerdo con auditorías realizadas por la ASF, en el 2008 y en el 2013, no hay certeza de que dicho programa sea utilizado para el objetivo señalado.

La primera alerta lanzada por la ASF la dio en la Cuenta Pública 2008 en la Auditoría de Desempeño 492, un año después de que se pusiera en marcha el programa.

“En el análisis de la base de datos proporcionada por la Sedesol (...) concluye que el Programa de Estancias Infantiles permitió que los beneficiarios continuaran con su empleo, obtuvieran uno, o siguieran con la búsqueda de trabajo, sin la preocupación del cuidado de sus hijos.

“Sin embargo, se advierte que existen indicios de que el propósito del programa no se cumpla, al observar que los beneficiarios permanecen en su hogar. Asimismo, que la Sedesol no incluyó en las reglas de operación del programa ningún indicador para medir el cumplimiento del objetivo referido”, precisó la ASF entonces, misma opinión que refrendaría años después.

Mientras que en la Cuenta Pública del 2013 la ASF ahondó en las deficiencias del programa bajo la auditoría de desempeño con folio: 13-0-20100-07-0274 DS-074.

En dicha auditoría el órgano fiscalizador reiteró que había deficiencias en el control interno del programa por parte de la Sedesol, ya que “no identificó el riesgo de otorgar subsidios a beneficiarios que no formaran parte de su población objetivo”.

La ASF indicó también que, tras una consulta a una muestra de beneficiarios de las estancias infantiles para analizar el funcionamiento del programa, realizada por la misma Sedesol, se encontró falta de efectividad del programa.

Y es que la secretaría consultó a 2,734 beneficiarios de los cuales 866 no tenían trabajo al momento de ingresar al programa, de éstos, 661 accedieron al mercado laboral al momento del levantamiento de la encuesta, que equivalieron a 75 personas menos de la meta estipulada “sin que la Sedesol acreditara el monitoreo realizado para verificar que los beneficiarios estuvieran buscando trabajo”.

Además de esto la ASF identificó irregularidades en el padrón de estancias y carencia en la infraestructura de las mismas.

Se precisó que las cifras referentes al número de estancias que operaron en el programa en 2013 reportadas por el DIF Nacional (9,477), difieren con las bases de datos de la Sedesol, en las que se reporta un total de 9,457 estancias, así como con lo señalado en la Cuenta Pública en donde el número fue de 4,278 estancias.

Del universo de estancias identificadas por la Sedesol, acotó la ASF, sólo 50.6% cumplió en lo general con las estipulaciones en materia de seguridad, equipamiento, orden e higiene.
 
El Economista

Presenta Segob terna para ocupar Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

A las 18:00 horas de hoy se conocerá a la persona que se encargará de la Comisión.
 
Foto: Archivo
Notimex

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer hoy la terna de candidatos a ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Indicó que después de un procedimiento público de selección, los finalistas son: Leonor de Jesús Figueroa, ex titular de la Unidad de Apoyo a Migrantes de la antes PGR; Karla Quintana, directora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Juan López Villanueva, director de Promoción y Vinculación del programa de Atención a Víctimas del Delito de la CNDH.

Durante la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria destacó que se eligió a los mejores perfiles de acuerdo a su trayectoria académica y su relación con las organizaciones.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, sostuvo que el proceso de selección fue riguroso y se les calificó mediante un proceso transparente, el cual en todo momento tuvo el apoyo de las organizaciones y las familias de personas desaparecidas.

Sánchez Cordero apuntó que estuvo personalmente en las reuniones de los colectivos y las familias de las víctimas, y que las entrevistas para conocer su experiencia en trabajos de gabinete y de campo, se transmitieron en tiempo real a través de la página de internet de la dependencia.

Indicó que la selección se coordinó con una consulta pública, y el 18 de enero se publicaron las bases para quienes buscan ocupar el cargo, por lo que se realizaron entrevistas a 11 personas propuestas por colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

En este tema, el presidente López Obrador informó que el ganador de la terna se elegirá a las 18:00 horas de este viernes, y que mañana se darán a conocer los detalles al respecto.

Crónica
- ijsm

Acusa Aceves del Olmo un ataque al sindicalismo.


Carlos Aceves del Olmo, secretario General de la CTM. Foto Jesús Villaseca
Andrea Becerril y Víctor Ballinas 

Ciudad de México. 
 
El senador del PRI y dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, estalló ayer, durante una reunión de la Comisión de Trabajo del Senado. En los medios se dice que este mes se fundará una nueva confederación, que va a acabar con la CTM y conmigo, para que no se siga con el sindicalismo antiguo y los viejos líderes se vayan.

Agregó que nunca en su larga trayectoria había visto que se pensara en una central con sindicatos de Estados Unidos y Canadá, en referencia a la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT). A su lado, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien tiene previsto anunciar la próxima semana la creación de la CIT, que él impulsa, no respondió a la alusión, pero su compañera de bancada, Lucía Trasviña, metió más tensión al momento, al expresar que se debe acabar con el sindicalismo de hampones como el Romero Deschamps, o de aquellos ya sepultados, como Fidel Velázquez.

-Yo no soy ningún hampón-

El senador Aceves del Olmo se indignó aún más y le exigió no generalizar ni referirse de esa manera a líderes sindicales que ayudaron a forjar el país. Yo no soy ningún hampón , soy una gente que por su trabajo y su lucha ha llegado hasta donde estoy. Vehemente, expuso que desde hace 40 años es obrero y vive con su familia en un departamento normal. Agregó luego que “don Fidel Velázquez fue un hito en la historia de México y junto con el papá del presidente de esta comisión, que fue líder de los mineros –Napoleón Gómez Sada– fundaron el Congreso del Trabajo”.

La senadora Trasviña le contestó: Que se ponga el saco a quién le quede y Aceves del Olmo reviró: Pueden no estar de acuerdo con el sindicalismo que hay ahorita, pero no den nombres, porque yo también puedo hacerlo y esto se convierte en un picadero y hay que tener respeto por el Senado

Tampoco en esa ocasión, el legislador Gómez Urrutia quiso meterse en el tema, trató de encauzar la reunión, en la que se trataron varios temas, entre ellos un punto de acuerdo, impulsado por él, para demandar a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se convoque a un nuevo recuento en la empresa Arneses y Accesorios, ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila.

Al inicio de la reunión, Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, explicó que en diciembre se llevó a cabo un recuento en esa empresa para definir la titularidad del contrato entre el Sindicato Minero y otro de la CTM, pero fue interrumpido violentamente.

Cuando Aceves del Olmo tomó la palabra, aludió a la nueva confederación que se gesta desde el Sindicato Minero y también a la reforma laboral que Morena tiene previsto aprobar en este periodo, reconoció, porque tiene la mayoría. Ahora nos van a ganar”, dijo, Ni siquiera su compañera de bancada, Vanessa Rubio, salió en su defensa.

Lo sueños de militarización de la cuarta transformación.

Rodolfo Franco Franco

El debate sobre la guardia nacional parece un mal sueño, una pesadilla, y para tratar de salir de ella se debe asumir que Andrés Manuel López Obrador sufre de la misma ingenuidad que aquejó a Francisco I. Madero. 
 
Trato de imaginar que, así como Madero, el actual presidente de la República no advierte los riesgos de movilizar a los militares que, con órdenes civiles o sin ellas, pasaron por alto el huachicoleo y el tráfico de drogas en el país. 
 
Si el presidente se atreve a decir que Fitch es hipócrita por guardar silencio frente al saqueo de PEMEX, por lo menos debería calificar de ineptos —cuando no corruptos— a los militares; incapaces de defender instalaciones estratégicas de seguridad nacional del Estado mexicano. Madero pensó, en su momento, que podría ganarse la lealtad del mismo Ejército federal que combatió y, por ello, desbandó al Ejército Libertador que había derrocado a Porfirio Díaz. 
 
El resultado fue un golpe de Estado y la dictadura militar de Victoriano Huerta. La apuesta militarista actual de la autodenominada cuarta transformación encierra los mismos riesgos que persiguieron a Madero y que han dado al traste con otras democracias en la región y el mundo. Pero asumir ingenuidad implica pasar de una pesadilla horrible a una realidad brutal, y exonerar por ignorancia a los artífices de esta decisión.
Ilustración: Patricio Betteo
Convencerse de que todo esto es un acto inconsciente es un reflejo de supervivencia porque la alternativa es aterradora. Suponer lo contrario significaría reconocer que el presidente de México ha decidido poner en manos del ala armada del viejo régimen el poder para mantener el orden a su gusto —el de los militares. 
 
Lo que implicaría que el presidente ha venido a hacer el trabajo más sucio de todos, tapar a los caciques que se han ido y a su brazo armado. Si la decisión es consciente, esto también implicaría (de facto) que AMLO está construyendo un ejército capaz de resistir el control civil o suplantarlo en el momento que ellos lo decidan. 
 
Esto porque las relaciones cívico-militares están siempre dominadas por una paradoja fundamental: los ejércitos son la última línea de defensa de los gobiernos, pero son también el único elemento interno que puede sustituirles en un sólo movimiento de ajedrez. 
 
El mando civil y las restricciones de participación política a los militares son un ejercicio de prudencia política ahí donde la sombra de la dictadura, militar o de partido, amenazan las libertades. En lenguaje militar AMLO está entregando —esperemos que sin saberlo— la plaza pública a los militares.

Puede ser inconciencia, ingenuidad o espiritismo, pero la esperanza de que esto sea un juicio irracional del presidente, una pulsión, abre la puerta a pensar que la reflexión es posible. 
 
Algo que está claro es que AMLO organiza su mundo a partir de una fe ciega en la buena voluntad del pueblo y, francamente, espero que no esté equivocado, así podría escuchar los reclamos de buena fe que se hacen en contra de la guardia nacional. 
 
Este necesario optimismo se tiñe de dudas cuando un presidente que conoce tanto de historia, como él mismo señala, interpreta el pasado contemporáneo de México de forma maniquea. Si el mundo se dividiera en buenos y malos, como AMLO lo divide, hubiese bastado que Huerta no fuera traidor para que la Revolución se consolidara con Madero. 
 
Asombrosamente, para el presidente nada tendría que ver el error táctico de Madero en no reemplazar al Ejército federal con su Ejército Libertador para asegurarse la lealtad de las fuerzas armadas. 
 
Tomando en cuenta que, dadas sus capacidades, las fuerzas armadas en el México actual no asumen el poder porque no quieren (o son ‘leales’) darles aún más poder es un desatino político. Sobre todo, si fueron estas mismas fuerzas armadas las que ayudaron a construir el orden político que AMLO ha combatido los últimos treinta años.

Lo más espeluznante de conceder que esto es un ejercicio consciente del presidente de la República y no un efecto de inconsciencia o ignorancia, es reconocer que las puertas de la democracia abren los caminos del poder a quienes desprecian la vida en sociedades abiertas y plurales. 
 
También sería muy desconcertante advertir que el presidente de la República trata de mantener al país militarizado a pesar de los terribles efectos de esa política. Efectos que pueden verificarse en números de violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas cometidas por militares. 
 
Finalmente, si esto es un acto racional y calculado, la cuarta transformación estaría alineando las fichas para que la vida política en México gire en torno a las capacidades, necesidades, virtudes y lealtad del ejército. Sin preocuparse por la arbitrariedad histórica que despliegan los militares en sus actividades y la ausencia de mecanismos institucionales o políticos para poner límites a estas arbitrariedades y abusos. 
 
Es escalofriante pensar que el poder político que AMLO atesora es uno sin restricciones y fundado en las armas; y no el poder democrático limitado por los derechos de las personas y las instituciones.

El debate actual sobre la reforma constitucional parece llevarnos por un camino de argumentos legales que afirman o niegan la constitucionalidad de que los militares hagan tareas de seguridad pública. 
 
La preocupación legal es que en la constitución se otorguen poderes a los militares que les blinden frente a la rendiciónde cuentas y sanciones respecto a violaciones de derechos humanos que han cometido y cometerán en el futuro. 
 
El contenido del debate legal es importante, pero también genera focos de preocupación una vez cerrado y decidido. Éste podría ser el principio de una clausura paulatina del espacio público para denunciar, resistir políticamente y visibilizar las violaciones a derechos humanos. Es decir, que deje de ser legítimo (útil) levantar la voz en contra de los militares. 
 
Hasta hoy, por lo menos, denunciar estas violaciones ha sido aceptable, pero ¿qué pasará cuando desde la Constitución los militares gocen de todos los fueros y privilegios que les garanticen impunidad?

La pesadilla parece localizarse en el futuro, y sus signos en el presente apenas se manifiesta cuando nos esforzamos por pensar sobre las consecuencias de lo que está sucediendo más allá de la jerga legal.
 
 ¿Alguien se ha imaginado qué pasara si esta apuesta no funciona? 
 
¿Cómo se habrán de recortar los privilegios a los militares, y en qué circunstancias los militares accederían a renunciar a estos privilegios? 
 
El lenguaje de la emergencia nacional o la necesidad, que utiliza la cuarta transformación para justificar este cambio legal, es sumamente peligroso. 
 
En la imaginación humana, y en la historia misma, estos discursos de necesidad han sido los pilares de la distopia y las armas con las que se ha deshumanizado, desaparecido, mutilado y asesinado a millones de personas. 
 
La necesidad histórica de los regímenes socialistas o las necesidades de seguridad nacional de las dictaduras del cono sur, son ejemplos de cómo la necesidad y la excepción pueden justificarlo absolutamente todo.

En nuestra América Latina, el discurso de la necesidad y la seguridad nacional ha abierto las puertas a las dictaduras militares más ruines. 
 
Pero la lógica de la necesidad no es endémica a las Américas, desde Alemania en 1933, con la Ley Habilitante, las medidas excepcionales y el recurso a la administración organizada de la violencia, han estado al servicio del quebranto a la libertad. 
 
Las dictaduras militares o las dictaduras de clase, siempre pidieron sacrificios temporales de libertades y derechos para hacerlos realidad en otro momento, para otra generación, y siempre legitimaron estas medidas en sus leyes.
 
El problema es que la necesidad no conoce límites y esta retórica de la excepción suele extenderse en el tiempo, el espacio y la vida de las personas para normalizar prácticas como la supervisión y vigilancia desproporcionadas del gobierno en la vida de los ciudadanos, o limitar y decidir sobre la naturaleza de las publicaciones y producciones culturales que se pueden difundir, por ejemplo.

Las consecuencias y peligros de los discursos de excepción y necesidad de la cuarta transformación difícilmente pueden condensarse en argumentos legales y sería un riesgo no nombrar los riesgos más amplios. 
 
Si el presidente no es ingenuo, como lo fue Madero, estamos ante una apuesta de transformación de México hacia una sociedad que dependerá de la buena fortuna y voluntad de un solo hombre al mando de unas corporaciones militares que son más poderosas y capaces que cualquier otra institución en México, incluida la presidencia de la República. 
 
Algo más: estas corporaciones militares comenzarán a tener intereses creados en asuntos económicos y políticos que usualmente eran prerrogativa de las instituciones civiles, la administración aeronáutica, la construcción, el transporte de combustible y la seguridad pública. 
 
Una vez ungidos con todo el poder, ¿quién hará que los militares se replieguen cuando no se les necesite más? La pesadilla no se esfuma con el artilugio de imaginar un presidente ingenuo. 
 
Al contrario, a cada vuelta de tuerca queda más claro que el camino de la militarización tendrá las mismas consecuencias si el presidente no advierte los riesgos de esta jugada o si, por el contrario, ha calculado cada movimiento. En cualquiera de los dos escenarios la preponderancia del ejército en la vida de los ciudadanos será cada vez más visible. 
 
La única diferencia es que un presidente que no ha decidido y pensado su estrategia puede aún recapacitar y escuchar opiniones. 
 
Por el contrario, si ya todo está pensado y planeado no existe salida de esta pesadilla. Un presidente ingenuo podría escuchar y recapacitar, cuestionar cómo sus apuestas y decisiones representan riesgos políticos para su propia idea de la transformación de México. 
 
El problema de Madero nunca fue sólo su ingenuidad, sino el carácter mesiánico de su misión y las voces que guiaban su destino, Madero nunca fue dueño de sí mismo. 
 
Ojalá AMLO escuche más voces que las órdenes de los generales. En estos tiempos de transformación, AMLO debería recordar al buen Artemio Cruz diciendo que las revoluciones —transformación en este caso— las hacen hombres de carne y hueso, no santos y que todas terminan creando una nueva casta dominante. 
 
La pregunta que podría hacerse el presidente, para despertarnos a todos de esta pesadilla, es si esa nueva casta dominante en México será el ejército, como en tiempos prerevolucionarios.
 
Nexos

Créditos Infonavit serán congelados a partir de marzo.

'El 1 de marzo es cuando ya oficialmente inicia el programa; la mensualidad va a estar congelada para todo lo que resta de la vida del crédito', explicó Carlos Martínez 

Foto: Cuartoscuro (Archivo)
Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.

El director General del Infonavit, Carlos Martínez explicó como lograron estructurar el Programa Responsabilidad Compartida con el que inicialmente 194 mil personas podrán reestructurar sus créditos hipotecarios contratados en Veces Salarios Mínimos (VSM) pasándolos a mensualidades fijas y sin incrementos:

“Lo que hicimos fue focalizar el apoyo que estamos dando. Vamos por los trabajadores que menos ganan, menos de cuatro salarios mínimos, cuyo crédito tiene ya una vida de 15 años, que han sido cumplidos y que en los dos últimos años han pagado en tiempo y forma y cuya deuda es 1.5 veces mayor a lo que adquirieron originalmente. Ese es el universo que estamos atendiendo en esta primera etapa”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Carlos Martínez indico que a pesar de que cada caso es diferente los trabajadores verán congelados sus créditos a partir del mes de marzo:

“Tenemos casos que probablemente lo acaben de pagar en 10 años más, pero ya van a tener certeza sobre el estado de sus créditos, porque vamos a congelar el último pago que corresponda al mes de marzo. El 1 de marzo es cuando ya oficialmente inicia el programa. Estamos en la etapa en que los trabajadores se acerquen con nosotros. Pero la mensualidad va a estar congelada a marzo para todo lo que resta de la vida del crédito”, afirmó.

Excelsior - dre

Los temas de AMLO el 8 de febrero.

Karla Quintana Osuna, Juan López Villanueva y Leonor de Jesús Figueroa conforman la terna para elegir al titular de la comisión de búsqueda de personas: Segob.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje a medios matutino (Octavio Hoyos)
Jannet López Ponce 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reiteró que Karla Quintana Osuna, Juan López Villanueva y Leonor de Jesús Figueroa Jácome conforman la terna de candidatos para elegir al titular de la comisión de búsqueda de personas desaparecidas.

“Quiero decirles que las mejores calificaciones fueron los siguientes personas: dos mujeres, Leonor de Jesus Figueroa, Karla Quintana Osuna y Juan López Villanueva, ellos son los res candidatos que conforman la terna después de un riguroso proceso de selección”, comentó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el gobierno federal esperará hasta las 18:00 horas, por si existiera alguna inconformidad respecto a la selección de los candidatos.

"Vamos a esperar hasta las 6:00 de la tarde por si existe alguna inconformidad y ya a esa hora resolvemos y mañana les informamos", dijo.

Consulta sobre termoeléctrica en Morelos

El Presidente recalcó que se llevará a cabo en Morelos para que comience a operar la termoeléctrica de CFE en el estado y adelantó que el próximo domingo visitará Cuautla para hacer de manera directa la petición a la gente.

"Ya está terminada con inversión de más de 20 mil millones de pesos, pero como dejó una serie de protestas e inconformidades legítimas tenemos que decidir, porque esta planta nos va a permitir generar energía para todo Morelos", planteó.


López Obrador advirtió que si la planta eléctrica no opera, se perderán 3 mil millones de pesos al año, se desperdiciará la infraestructura que ya está instalada y se continuará comprando energía a particulares.

"Si esta planta no opera perdemos 3 mil millones de pesos al año...podría ser muy fácil meter la cabeza debajo de la tierra pero tenemos que enfrentar el problema", expresó.

Garantizó que, con la puesta en marcha de la central eléctrica, no existirán problemas de contaminación de agua por metales pesados, pues tiene información de científicos y especialistas que así lo avalan.

Por su parte, Hugo Eric Flores, delegado federal en Morelos, informó que

la consulta ciudadana se realizará el 23 y 24 de febrero. 

Bloqueo CNTE en Michoacán

El presidente pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aclarar si los profesores que continúan el bloque de vías férreas en Michoacán pertenecen a la organización o no, pues el acuerdo fue que retirarían el plantón.

Comentó que hace dos días presentaron una queja ante la CNDH contra quien resulte responsable del bloqueo a las vías de comunicación y que pedirán al organismo recomendaciones para no hacer uso de la fuerza.

"La denuncia es contra quién resulte responsable y que hagan una recomendación, que nos recomiende que se hace en estos casos para no usar la fuerza".

Avión presidencial

Afirmó que el gobierno mexicano está pagando por mantener estacionado el avión presidencial José María Morelos y Pavón en un hangar de la empresa Boeing, en Estados Unidos, ya que cancelar el contrato costaría muchísimo más capital.

"Pero claro que tenemos que pagar, porque si cancelamos el contrato nos hacemos acreedores a multas y sería muchísimo lo que tendríamos que pagar".

MILENIO publicó que mantener el avión presidencial estacionado en un hangar de Victorville, California, le costará al gobierno mexicano al menos 720 mil dólares -casi 14 millones de pesos-, en tanto surge algún comprador interesado en pagar los más de 200 millones de dólares que podría valer su compra.

Milenio - evl

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Ponen en la lupa a 'narcolimosnas'; Morena plantea reformas a Ley Antilavado



La iniciativa del senador Ricardo Monreal busca incluir a iglesias, agrupaciones religiosas, ONG, políticos, partidos, sindicatos y sus líderes como sujetos vulnerables de ser utilizados para el blanqueo de recursos
Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, platica con Miguel Ángel Mancera, líder de la bancada del PRD, durante la sesión de ayer en la Cámara alta. Foto: Eduardo Jiménez
Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO.

Morena en el Senado presentó ayer una iniciativa de reforma a la llamada Ley Antilavado para que las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, políticos, sindicatos y sus dirigentes sean consideradas vulnerables al lavado de dinero.

La propuesta de Ricardo Monreal, que cuenta con el aval de la bancada, ordena a Hacienda “aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.

La iniciativa modifica gran parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y se enmarca dentro del objetivo del gobierno de atacar el bolsillo del crimen organizado.

Para eso, se busca fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tal como Excélsior adelantó el pasado martes.

La propuesta plantea que la UIF tenga autonomía técnica y de gestión, y sea considerada “para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable”.

Proponen lupa al dinero de iglesias

Con el aval de todo el grupo parlamentario de Morena, el coordinador de los senadores de ese partido, Ricardo Monreal, presentó la reforma a la llamada Ley Antilavado para que se incluyan a las iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y personas “políticamente expuestas”, entre ellos los políticos y sus partidos, sindicatos y sus dirigentes, como actividades vulnerables de ser utilizadas para el lavado de dinero.

Ordena que la Secretaría de Hacienda “deberá aplicar medidas proporcionales y con enfoque basado en riesgo de financiamiento al Terrorismo, a aquellas asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o para llevar a cabo cualquier acto filantrópico”.

La iniciativa modifica gran parte de los artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como parte del objetivo del gobierno federal de atacar al crimen organizado por el lado de sus finanzas, a partir de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como lo establece la Estrategia Nacional de Seguridad, tal como Excélsior adelantó el pasado martes.

Propone que la Unidad de Inteligencia Financiera cuente con “autonomía técnica y de gestión” y sea considerada “para todos los efectos legales y administrativos como instancias de Seguridad Nacional en términos de la legislación aplicable para contribuir a la integridad y estabilidad financiera del Estado mexicano

También faculta a la SHCP para presentar las denuncias correspondientes ante el ministerio público federal, “así como ante las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción e informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito fiscal”.

Detalla que la información relativa a los partidos políticos, agrupaciones políticas, coaliciones, precandidaturas, candidatos independientes y de partido será requerida por la Unidad de Inteligencia al INE u OPLE que corresponda.




Costará 4 mil 260 mdp “modernizar” el AICM



Nuevo plan. El Programa anual de obras 2019 contempla 119 proyectos y trabajos para mejorar la terminal aérea; prevén que se elimine el hangar presidencial. 
 
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). (Foto: Cuartoscuro)
Roberto Valadez

El plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para modernizar y solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) ya está listo y asciende a más de 4 mil 260 millones de pesos.

De acuerdo con el documento Programa anual de obras 2019, se especifica que son 119 los proyectos y trabajos que pretende realizar la autoridad para mejorar la infraestructura en la terminal capitalina.

La mayor obra que plantea realizar el actual gobierno en el AICM es la construcción de posiciones de contacto en la terminal 2, conocidas técnicamente como dedos, lo cual requerirá una inversión total de 717 millones de pesos; este proyecto implica que las aerolíneas tendrán nuevos espacios para subir a los pasajeros a las aeronaves sin necesidad de utilizar transporte terrestre.

El académico de la Universidad Panamericana, Fernando Gómez Suárez, afirmó que el único espacio en el aeropuerto para edificar dicho proyecto es donde se encuentra el hangar presidencial.

“Es factible colocar las posiciones de contacto conectadas al edificio terminal en donde se encuentra el hangar presidencial, porque no hay otro espacio (en el AICM). Se puede aprovechar ese lugar, puedes ganar unos cuantos espacios para que los aviones recojan ahí a los usuarios, señaló el especialista.

Agregó que tener una construcción con nuevas posiciones de contacto será un factor para que el aeropuerto capitalino pueda aumentar su movimiento de pasajeros, ya que también se tendrá que solucionar la problemática del espacio aéreo, donde deben confluir las operaciones del AICM junto con las del proyecto de Santa Lucía.

En octubre del año pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dio a conocer que se analizaba quitar el hangar presidencial para construir en ese lugar nueva infraestructura que ayudara a tener un mayor flujo de viajeros.

El hangar no solo es una terminal dentro del AICM, también funcionaba como base del Estado Mayor Presidencial y tiene un complejo de edificios dentro de un espacio de 59 mil 551 metros cuadrados, superficie similar al centro comercial Mundo E.

OBRAS A DETALLE

El documento especifica que del monto total para la edificación de las posiciones de contacto, 600 millones de pesos serán para la edificación, 71 millones, para el proyecto ejecutivo, y los restantes 46 millones para la supervisión de las obras.

Datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) señalan que el AICM es el principal aeropuerto del país al concentrar 49.4 por ciento de los pasajeros que se movilizan por todo el territorio nacional.

De acuerdo con el programa anual, otra de las obras importantes que se realizarán este año es la rehabilitación de las dos pistas de aterrizaje y despegue, para lo cual se hará un desembolso total de 291 millones de pesos.

En el informe del AICM se especifica que para la rehabilitación de la pista 05R-23L, se hará una inversión de 192 millones de pesos, mientras que para la 05L-23L se destinarán 99 millones de pesos.

Fernando Gómez Suárez comentó que este tipo de obras son necesarias para que las pistas continúen con un buen funcionamiento en las operaciones aéreas, que llegan a ser cientos por día, además de que ayudan a evitar algún incidente de gravedad.

La autoridad informó también que otro de los aspectos que se trabaja es implementar el sistema Airport Collaborative Decision Making (A-CDM), que permitirá optimizar la operación aeroportuaria a través del seguimiento completo y puntual de cada vuelo, para lo cual se plantea instalar un centro de gestión aeroportuaria.

El programa de obras del AICM detalla que para el proyecto arquitectónico del A-CDM se realizará un desembolso de 31 millones de pesos.

Asimismo, en el documento se dio a conocer que se realizarán estudios y obras para la reestructuración de las terminales 1 y 2 del aeropuerto, en las que se hará una inversión de 120 millones de pesos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló con anterioridad que ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y para continuar con los crecimientos en la industria de la aviación, se modernizará la terminal capitalina, se fomentará un mayor uso de la de Toluca y se construirá un proyecto en la base militar de Santa Lucía.

Y ADEMÁS

INHABILITA GACM A TRES CONSTRUCTORAS

El titular del Órgano Interno de Control en Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón, emitió dos circulares para que las dependencias y entidades de la administración pública federal se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las empresas Salini Impregilo Mexicana, Consorcio Corporativo de Construcción en México, y Construcción Integral y Estructuras Metálicas.




Eliminan subsidio a estancias infantiles




Redacción

Será decisión de cada familia “encargar sus hijos a una hermana, a una tía, a una abuelita”, o dar el dinero a encargados de guarderías, dijo López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno eliminará el subsidio a estancias infantiles en el país, después de que se detectaron irregularidades en su funcionamiento, y desde ahora recibirán el apoyo los padres de familia de los menores, quienes decidirán el destino de los mil 600 pesos que recibirán, por hijo, cada dos meses.

López Obrador precisó que hay aproximadamente 300 mil niños registrados en estancias infantiles, por lo que cada dos meses se destinarán 480 millones de pesos para los menores.

“Se les va a entregar el apoyo directo a las madres, a los padres, no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños, a través de sus padres, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles”, comentó.

El Presidente lamentó la corrupción que prevalecía en distintos sectores, pues se destinaban recursos en beneficio de la gente, pero no llegaban los fondos o no llegaban completos, “había moche”, por todo un sistema de intermediación que prevalecía.

Se trata de organizaciones sociales que recibían dinero para apoyar a niños de la calle, migrantes, adultos mayores e instancias infantiles, en las que se mantenían aparatos burocráticos, aunque no pertenecieran al gobierno.

“Eran organizaciones con directivos, con asesores, con gastos para ir a congresos a todo el mundo, todo financiado con el presupuesto público”.

En ese sentido dijo que ningún menor que haya sido atendido en las estancias infantiles quedará sin apoyo, no obstante, los intermediarios dejarán de recibir los recursos públicos que les eran entregados en gobiernos anteriores de manera discrecional.

“Se encontró que hay informes adulterados que no son, en todos los casos, los niños que se registran y otro tipo de irregularidades.

Entonces, la decisión es entregar a los papás de los niños el apoyo, así. Se les van a entregar mil 600 pesos cada dos meses por niño. Si una familia tiene dos, pues es el doble. Y esa familia decide si quiere entregarle esos recursos a los de las estancias.

“Si esa familia dice: ‘Con esto yo puedo encargarle mis hijos a una hermana, a una tía, a una abuelita’, es decisión de cada familia. Es entregar los recursos para que se tenga este apoyo de manera directa.

Entiendo que no les pueda parecer a algunos, pero pueden resolverlo hablando con los padres, que ellos son los que van a tener los recursos”, agregó.

López Obrador advirtió que aunque haya manifestaciones de enojo, la intermediación vía organizaciones sociales o civiles no obtendrá recursos del presupuesto público como antes.

De insistir en la práctica del pasado, amagó, se hará pública la lista de agrupaciones que recibían dinero tras negociar con los anteriores gobiernos.

“Miren, tenemos la información de las organizaciones que reciben los recursos. No queremos mostrarla para no generar conflictos, que no se sientan agredidos. Nada más decirles que ya no va a ser así, por si deciden tomarnos las oficinas y todo, entonces sí los vamos a acusar, o sea, ojalá entiendan que ya no se les van a entregar recursos, pero sí tenemos la información”, señaló.



Inflación, la más baja en 24 meses




Los precios al consumidor se ubicaron en enero en su menor nivel en dos añosEN LOS ÚLTIMOS MESES LAS CIFRAS ECONÓMICAS DEL PAÍS HAN MOSTRADO UN MEJOR DESEMPEÑO.


Fernando Franco

Los precios de los bienes y servicios en México registraron una tasa anual de 4.37 por ciento en enero, el menor nivel desde diciembre de 2016 y por debajo de lo esperado por analistas. La desaceleración en la inflación obedeció a una reducción en los energéticos, pese al desabasto de gasolina que se registró en algunas regiones del país.

“De noviembre de 2018 a enero, la inflación disminuyó de 4.72 a 4.37 por ciento (…), reflejando menores incrementos en los precios de los energéticos”, informó el Banco de México en su anuncio de política monetaria.

Ello implica que el gobierno de Andrés López Obrador empezó con el pie derecho en materia de precios.

De acuerdo con el INEGI, en el primer mes del año, la inflación registró un aumento de 0.09 por ciento frente al mes anterior.

Así, el mayor efecto se observó en la segunda quincena de enero, en la cual la inflación arrojó una variación de apenas 0.01 por ciento, la menor de la última década para un periodo similar.



El consenso del mercado anticipa una reducción en las tasas de interés, ante la expectativa de menor crecimiento.

IMPULSO

Los precios de los energéticos bajaron 1.47 por ciento en enero, respecto a diciembre, con lo cual hilaron dos meses a la baja. A su interior, las gasolinas magna y premium también sumaron dos meses en retroceso.

De acuerdo con Banco BX+, la inflación se favoreció también por la reducción del IVA e ISR en el norte, pues ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Matamoros registraron una reducción en precios. Sin embargo, este efecto será de única vez, por lo que se considera como temporal.

“Si bien la disminución del IVA determinó en buena medida el positivo resultado de la inflación, debe tenerse en cuenta que este efecto es de carácter transitorio y que el balance de riesgos continúa con sesgo al alza”, comentó Alejandro Zepeda, analista de Scotiabank.

“Los resultados para la inflación en enero ofrecieron cierto respiro. Hacia delante esperamos que se siga dando un declive gradual”, especificó Sergio Luna, analista de Citibanamex.




Reprueba Segob a edil; CNDH pide acabar odioa migrantes




Policías federales y militares vigilan el albergue en Piedras Negras. Foto: Reuters
Jorge Butrón
 
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticaron las declaraciones del alcalde de Piedras Negras, Coahuila, en el sentido de que sería una irresponsabilidad “dejar sueltos” a los migrantes que se encuentran en ese municipio.

Zoé Robledo, subsecretario de la Segob, calificó como “graves” y “lamentables” los dichos del presidente municipal Claudio Bres Garza, mientras que Edgar Corzo, quinto visitador de la CNDH llamó a terminar con el discurso de odio en los lugares donde hay migrantes.

“Hemos visto en las distintas caravanas que existe un discurso de odio y discriminación que no debe ser; por ello pedimos que se termine”, dijo Corzo en entrevista con La Razón.

Este miércoles y tras un recorrido al albergue de Piedras Negras, donde se encuentran centroamericanos que desean llegar a EU, el alcalde afirmó: “Sería verdaderamente una irresponsabilidad de las autoridades del estado, la federación y del municipio dejar sueltos en la ciudad a más de dos mil personas, que los niños anden deambulando y sin un control de qué actividades buscan hacer. Somos un país de leyes que se tienen que respetar”.

En el marco de una conferencia de prensa sobre el caso de Pedro Carrizales, El Mijis —diputado potosino que reportó haber sido víctima de un ataque a balazos del que salió ileso— el funcionario de la Segob lamentó las declaraciones del alcalde, toda vez que su deber, dijo, es garantizar la paz, no lo contrario.

“Es lamentable que venga de una autoridad que debe garantizar lo contrario, ya que éste debe mantener la armonía, paz, entendimiento y empatía en el sufrimiento de los centroamericanos”, afirmó Robledo.

Aunque, dijo, “entiendo que hay una situación compleja con las caravanas. México nunca ha tenido una situación de rechazo al migrante; ahí está la historia mexicana desde los tiempos de Lázaro Cárdenas”.

Por su parte, el quinto visitador afirmó que la CNDH revisa la atención a los migrantes en Piedras Negras de manera puntual para evitar violaciones a los derechos humanos.

Respecto a mantener a los migrantes indocumentados en el albergue, planteó que se trata de una medida para garantizar su seguridad.

“Recordemos que en ocasiones anteriores ya hubo problemas porque se salen de los albergues y han tenido problemas al quererlos asaltar”, abundó.

En tanto, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó a través de su cuenta de Twitter, que se reunió con los tres órdenes de gobierno en Piedras Negras, “con la finalidad de definir las acciones que tomaremos con la caravana migrante que se encuentra en nuestro estado, velando en todo momento por el bienestar de las personas”.

Bres Garza, alcalde de Piedras Negras postulado por la coalición conformada por Morena, PT y PES, dio a conocer la mañana de este jueves que en el albergue las cosas se mantienen en orden.

En tanto, el Comité de Vigilancia Epidemiológica de Nuevo Laredo, en coordinación con autoridades del IMSS y del ISSSTE, acordaron implementar acciones de fumigación y llevar brigadas de atención médica al albergue donde se encuentran los migrantes en busca de alcanzar el sueño americano.

Por su parte, Irineo Mujica, líder de la organización Pueblo Sin Fronteras, desmintió tener a integrantes de su organismo en Piedras Negras a pesar de que los migrantes se lo han pedido. 
El Dato: El gobierno de Coahuila ofreció educación preescolar a los 400 menores que viajan en la caravana, durante todo el tiempo que permanezcan en la ciudad. Migrantes se registran ante el INM en Piedras Negras, ayer. Foto: Especial
Desisten de pasar 17 centroamericanos

Este jueves, 17 migrantes centroamericanos originarios de Honduras y El Salvador decidieron regresar a sus países, luego de casi una semana de haber llegado a Coahuila y tras perder esperanza de lograr ingresar legalmente a Estados Unidos.

Fue alrededor de las 13:00 horas de ayer cuando el Instituto Nacional de Migración permitió la salida del contingente, compuesto por hombres, mujeres y niños, a bordo de un autobús escoltados por agentes de la Policía Federal.

El Gobierno del estado informó que se otorgaron las facilidades para quienes decidieron no continuar su camino rumbo a Estados Unidos.

En tanto las autoridades fronterizas mantienen vigilancia extrema en los Puentes Internacionales 1 y 2 y han colocado cajas de carga y muros de contención para evitar el cruce ilegal.



Grupo Salinas distribuyó 134 mdp de la transición




Intra Mexicana dispersó pagos ordenados por el equipo de AMLO en sucursales de Banco Azteca, Elektra, Salinas y Rocha y otras del grupo

Andrés Manuel López Obrador, como Presidente electo, y Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, en la celebración del 25 aniversario de Televisión Azteca, el 22 noviembre / Foto: Cuartoscuro
Enrique Hernández

Como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador eligió a Intra Mexicana, una empresa de Ricardo Salinas Pliego, para dispersar 134 millones de pesos en pagos a empleados por honorarios durante el periodo de transición.

El equipo de trabajo del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México contrató a más de 18 mil personas para el diseño del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, entre otros trabajos, según consta en las bitácoras de los servicios prestados a las que tuvo acceso El Sol de México.

Magdalena Fueyo, directora de Prensa de Grupo Salinas, y Ayax Carranza, director de Comunicación Institucional de Banco Azteca, no respondieron a una solicitud de entrevista de este diario para conocer cómo obtuvo Intra Mexicana el contrato con el equipo de transición.

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjército), encargado del fideicomiso conformado con los recursos presupuestarios para la transición, pagó a Intra una tarifa o comisión de 13.10 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado, por cada envío de dinero.

Los salarios de los hombres y mujeres contratados en la transición de gobierno entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador iban de siete mil 354 pesos hasta 98 mil 772 pesos, y se pagaron en sucursales de Banco Azteca, Elektra, Salinas y Rocha, Bodegas de Remate y Presta Prenda.

Por los servicios prestados la empresa de Salinas Pliego cobró 563 mil 321 pesos. “Banjercito solicita en este acto a Intra Mexicana la prestación del servicio, considerando que acepta y está de acuerdo con los términos generales del servicio de transferencia de dinero bajo la marca Dinero Express, el cual es proporcionado al público en general en los establecimientos de Intra, sus empresas afiliadas y comisionistas”, dice el contrato suscrito el 13 de noviembre de 2018.

El documento firmado por Óscar Javier Cárcamo, delegado fiduciario de Banjercito y Gabriel Roqueñi Rello, apoderado de Intra Mexicana, dice que el banco de desarrollo enviaría el dinero de los pagos a los beneficiarios a través de los módulos o establecimientos afiliados a las compañías de Ricardo Salinas Pliego.

“Banjercito deberá notificar a los beneficiarios del envío de dinero, así como de la información correspondiente al envío de dinero, tal como la clave de envío y demás información necesaria para el pago de las cantidades enviadas”, precisa el documento.

Andrés Manuel López Obrador aceptó a mediados de octubre de 2018 que Banco Azteca ayudaría en el reparto de las tarjetas de débito para los principales programas sociales de su gobierno.

En el 25 aniversario de TV Azteca, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México comentó: “No hemos coincidido en todo, pero yo tengo que reconocer y agradecer que nunca he padecido de una campaña sucia o de guerra sucia por parte de este medio”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

Ese día de júbilo, Salinas Pliego le presentó al entonces Presidente electo un centenar de empresarios mexicanos, quienes le ayudaron a llevar por todo el país y América Latina a sus empresas como Elektra, Banco Azteca, TV Azteca y otros negocios.

También ese día, López Obrador recordó que Salinas Pliego le recomendó conformar un Consejo de Empresarios que lo asesorara durante su gobierno.

El plan de AMLO es entregar de manera directa y sin intermediarios unos 92 mil 471 millones de pesos en 2019 a través de sus programas sociales, especialmente Jóvenes Construyendo el Futuro, así como Prospera, Nacional de Becas y Nacional de Reconstrucción. Todo ese dinero será enviado a través de las tarjetas del Bienestar a unos 25 millones de mexicanos.

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El Congreso de la Unión etiquetó 150 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación de 2018, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para que se utilizaran en los trabajos y actividades asociadas del presidente electo y sus asesores.

La creación del Fondo de Transición 2018 le permitió a López Obrador llevar a cabo las actividades preparatorias para el inicio de su gobierno, el 1 de diciembre.

El fideicomiso con los recursos públicos se constituyó el 28 de junio de 2018 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banjercito, encargado de administrar los recursos públicos.

Andrés Manuel López Obrador esperó para definir a los responsables del Fondo de Transición hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección presidencial, el 8 de agosto del año pasado.

Días después, el 30 de agosto, el Presidente electo designó a dos representantes para formar parte del Comité Técnico del Fideicomiso, según lo establecido en la Cláusula Sexta.

Las Reglas de Operación del Fideicomiso Transición 2018 establecían que los 150 millones de pesos podían usarse para la contratación y pago de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, arrendamiento de bienes muebles, incluyendo mobiliario para oficina, equipo de cómputo, comunicaciones, de impresión, de fotocopiado, software y consumibles.

También podían destinarse para pagar la seguridad de oficinas, limpieza, prestadores de servicios, fotocopiado, digitalización de documentos, procesamiento electrónico de datos, agua, luz, entre otros, así como el arrendamiento de bienes inmuebles, adaptaciones y su mantenimiento.

Reditúa cuarta transformación a empresarios del consejo de AMLO

Otros rubros autorizados para utilizar los recursos incluyen la compra de materiales de oficina, mensajería, gasolina, viáticos, pasajes, gastos de alimentación, peajes, gasto de telefonía fija y móvil, internet y servicios generales y otros que autorizara el mencionado Comité Técnico del Fideicomiso.

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Otro de los contratos asignados durante la transición por Andrés Manuel López Obrador fue para Glosser Sociedad Civil, que se encargó de realizar auditorías externas. Por esta tarea la empresa recibió un pago de 39 mil 559 pesos.

Arturo Herrera Gutiérrez, hoy subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y Victoria Rodríguez Ceja, que ahora ocupa la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, recibieron un pago de 98 mil 772 pesos por preparar la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019.

Ese mismo monto se pagó a quienes se involucraron en la elaboración del Paquete Económico, como Marlon Aguilar George, Carlos Cruz Arzate, Roberto Carlos Hernández Cordero, Gabriel Yorio González, Francisco Javier Arias Vázquez, Omar Mejía Astelazo, Carlos Alberto Serdán Rosales y Miriam Zaragoza Monroy.

José Pablo Hernández González, Leslie Lizette Gómez Pérez, Gerardo Gazca Solís, Víctor Manuel Mojica Vilchis, Omar Antonio Nicolás, Tovar Órnelas, Guillermo Miranda Santos, Héctor Octavio Ortiz Tsuchiya y Joaquín Aldana Nava también apoyaron en los trabajos de análisis económico de la SHCP. La mayoría de ellos labora hoy en las secretarías Hacienda y Economía.

En esa extensa lista aparecen otros trabajadores por honorarios, quienes actualmente están en la Secretaría del Bienestar y personas vinculadas a López Obrador, cuando viajaba por todo el país bajo el paraguas de Morena.

Las actividades de los trabajadores por honorarios fueron realizadas con plena autonomía, sin encontrarse sujeto a dirección o subordinación, porque ejecutaron sus trabajos conforme a su criterio, bajo normas propias de conducta y de acuerdo con planteamientos propios para cumplir con los objetivos para los cuales fue contratado, concluye la información del Fondo de Transición 2018.




Inflación sorprende en enero; desacelera a 4.37%




nuevas POLÍTICAS PÚBLICAS INCIERTAS, UN RIESGO

El dato del primer mes es el menor que se había registrado para un inicio de año desde el 2016, cuando se ubicó en 2.61%. 


Belén Saldívar

En el primer mes del año, la inflación sorprendió al mercado al desacelerar más de lo esperado, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento mensual de 0.09%, con lo cual la tasa anual de inflación se ubicó en 4.37 por ciento.

De acuerdo con un sondeo de Reuters realizado a 10 bancos, corredurías y firmas de análisis esperaban que la inflación se ubicara en 4.49 por ciento.

El dato de este año es el menor registrado para un enero desde el 2016, cuando se ubicó en 2.61 por ciento. Sin embargo, hiló 25 meses consecutivos por encima del objetivo del Banco de México de 3% +/-1 punto porcentual.

“Si bien el descenso de la inflación fue mayor a lo esperado y el balance de riesgos parece haber mejorado, no podemos descartar nuevos choques temporales de oferta en los volátiles precios energéticos y agropecuarios”, refirió Joan Domene, analista de Invex.

Asimismo, agregó que algunas políticas públicas del nuevo gobierno son inciertas, por lo que también podrían ser un riesgo para la inflación.

No hay que olvidar que en las primeras dos semanas de enero diferentes estados del país sufrieron desabasto en la distribución de gasolinas, como resultado de la lucha del gobierno contra el robo de hidrocarburos.

Agropecuarios y energéticos suavizan aumento

Analistas coincidieron en que el dato a la baja que registró la inflación se debió a los precios que registraron los energéticos y bienes agrícolas.

“La inflación de enero estuvo beneficiada por los menores precios de energéticos, además de una disminución en los bienes agrícolas durante la segunda quincena del mes”, expuso Banorte en un estudio.

El índice no subyacente disminuyó 0.28% en comparación con el mes previo, con lo cual registró una tasa anual de 6.81 por ciento. Al interior de éste, los agropecuarios mostraron un incremento de 0.35% mensual y 7.41% anual, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron 0.68% mensual, pero a tasa anual el alza fue de 6.26 por ciento.

En lo que se refiere al índice de precios subyacente, el cual elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, presentó un incremento de 0.20% mensual, mientras que a tasa anual se ubicó en 3.60 por ciento.

Dentro de este índice, el rubro de mercancías registró una variación mensual de 0.30%, mientras que en comparación anual se ubicó en 3.66 por ciento.

En la parte de servicios, éstos avanzaron apenas 0.08% mensual, para registrar una variación anual de 3.51 por ciento.

“El crecimiento anual del índice subyacente cayó a niveles no vistos desde diciembre del 2016. Sin embargo, este componente ha presentado un comportamiento errático y, en algunos momentos, una importante resistencia a descender”, acotó Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico de Ve por Más.

Agregó que el desempeño que presentó en enero este índice “no tuvo un comportamiento uniforme”, ya que el rubro de servicios se aceleró respecto al dato de diciembre, de 3.47 por ciento.

Chile y cebolla, impactan

Al interior del reporte, el Inegi informó que el chile serrano fue el que tuvo una mayor incidencia mensual en la inflación general, con un incremento en sus precios de 67.23% en comparación con el mes previo.

Le siguió la cebolla, que se encareció en 29.94%, mientras que las loncherías, fondas, torterías y taquerías fueron el tercer producto con una mayor incidencia mensual, con una variación de 0.79 por ciento.

En el otro extremo, el jitomate fue el producto con precio a la baja que tuvo una mayor incidencia en la inflación, ya que sus precios retrocedieron 14.87% en enero.

Le siguió la gasolina magna, la cual vio una disminución en sus precios de 1.90%, mientras que el tomate verde registró una variación a la baja de 35.20 por ciento.



En el Senado, Morena hará cambios a minuta sobre la Guardia Nacional


▲ Elementos de las fuerzas federales reforzaron a partir de ayer la seguridad en varios puntos del país, entre ellos Culiacán, Sinaloa, como parte del plan de pacificación emprendido por el actual gobierno federal.Foto Cuartoscuro

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

La discusión de la minuta para crear la Guardia Nacional se llevará a cabo en parlamento abierto, como exigieron los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano durante una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado.

Se invitará a especialistas y organizaciones civiles, que participarán en foros la próxima semana, de lunes a viernes. Morena, sin embargo, anunció ya un proyecto de modificaciones a la minuta, que incluye restituir el artículo transitorio por el que se establece que las fuerzas armadas seguirán en tareas de seguridad pública, mientras se consolida la Guardia Nacional.

PAN, PRI, PRD y MC dejaron claro que no están en contra ni se oponen a la creación de este nuevo cuerpo de seguridad, pero insistieron en que hay que acotarlo y darle un marco constitucional, que se respeten los derechos humanos, el pacto federal y que haya coordinación.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador de Morena Óscar Eduardo Ramírez, en la reunión para analizar la minuta respectiva, aceptó la propuesta de trabajar en parlamento abierto, así como que se invite a especialistas y organizaciones civiles.

Morena requiere 85 votos para la aprobación de la reforma constitucional en la materia, de los cuales tiene asegurados 70 –59 de su bancada, seis del Partido del Trabajo y cinco de Encuentro Social, sus aliados–, y es probable que cuente también con los seis del PVEM, que recientemente ha apoyado los dictámenes, pero aún le faltan nueve, que pueden salir de la fracción priísta.

La oposición fijó cuatro condiciones para aprobar el nuevo cuerpo de seguridad en el menor tiempo posible: discusión en parlamento abierto; que tenga exclusivamente un mando civil; que en paralelo se redacte la ley orgánica y que su actuación sea temporal, acotada y extraordinaria.

El senador Ramírez manifestó a los integrantes de la comisión que la discusión no partirá de la minuta que envió la Cámara de Diputados, pues Morena ya tiene una nueva propuesta que modifica la minuta y que en breve se las entregaremos para que la conozcan.

Agregó que la propuesta de Morena busca que el artículo 21 constitucional se mantenga como está vigente hoy, es decir, que no se reforme; se debe precisar que la Guardia Nacional sólo podrá investigar si el Ministerio Público se lo pide, y que quede claro que mientras se organiza el nuevo cuerpo de seguridad, las fuerzas armadas continuarán apoyando en las tareas de seguridad, y es importante delimitar las facultades del nuevo cuerpo, además de recuperar el quinto transitorio.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo llegar un escrito a los senadores, a través del cual manifiesta su grave preocupación ante el proyecto de reforma constitucional que daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizado.

El escrito lo firman la vicepresidenta del grupo de trabajo sobre detención arbitraria, Elina Steinerte; el presidente-relator del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, Bernard Duhaime; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Nils Melzer.

La ONU insiste en que en la minuta aprobada por los diputados se establece que la Guardia Nacional sería una institución en cuya conformación participarían integrantes de las fuerzas armadas, quienes recibirían formación y adiestramiento militar. Estaría encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio y sus funciones serían de prevención e investigación.