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“Destruir al INEE es tirar al niño junto al agua sucia de la bañera. La idea de convertirlo en una oficina de la SEP con consejeros nombrados a dedo parece más resultado de la incomodidad del presidente con los órganos autónomos”. Foto: Selene pacheco, Cuartoscuro
Finalmente, el Ejecutivo ha presentado su iniciativa de contrarreforma educativa, una reiterada oferta de campaña de López Obrador que ahora pone a consideración del Congreso, en el cual su coalición tiene amplio margen de maniobra para juntar la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución en lo reformado apenas en 2013.
La iniciativa del Ejecutivo es congruente con la consigna reiterada por el ahora Presidente: echar abajo la mal llamada Reforma Educativa. En efecto, lo central de la iniciativa, más allá de la retórica, radica en la eliminación de la de la definición constitucional del Servicio Profesional Docente y en la demolición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los dos pilares en los que se basa la reforma.
El objetivo principal de la propuesta presidencial es el desmantelamiento del incipiente sistema de profesionalización que surgió de la ahora vilipendiada reforma de 2013, la cual en su tiempo gozó de gran apoyo político y social. Este nunca satisfizo a los docentes y fue duramente enfrentado por la rebeldía cuasi insurreccional de la CNTE, mientras el sindicato oficial la resistía con sus formas tradicionales de negociación de la desobediencia y con la generación de prácticas informales que le daban la vuelta. Con su eliminación, el Presidente cumpliría con un compromiso con el sindicalismo magisterial, que fue su aliado en la contienda electoral. De concretarse, se abriría la posibilidad de regresar a la situación previa a la reforma, donde todas las plazas se otorgaban a través del sistema de asignación corporativa controlada por las dos versiones sindicales, que incluían la compra–venta y el intercambio de favores.
La saña contra el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación viene de otra parte. El elemento más polémico de la profesionalización docente ahora en vilo radica precisamente en el papel que la evaluación juega en él y las consecuencias negativas tan acusadas que tiene. Pero el INEE sólo plantea los lineamientos para esa evaluación y, en cambio, realiza toda una serie de mediciones muy útiles para conocer el desempeño del sistema, información indispensable para ir ajustando las políticas educativas. Destruir al INEE es tirar al niño junto al agua sucia de la bañera. La idea de convertirlo en una oficina de la SEP con consejeros nombrados a dedo parece más resultado de la incomodidad del presidente con los órganos autónomos.
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Hay otros elementos en la iniciativa presidencial que reflejan la falta de diagnóstico certero respecto a las necesidades del sistema educativo mexicano. Ojalá estos se discutan en las audiencias públicas convocadas por el Congreso para analizar la propuesta, pero la médula institucional de la iniciativa está en estas dos demoliciones. Si el Constituyente Permanente le aprueba su propuesta al Presidente, estaremos dando un gran paso atrás en la construcción de un sistema educativo de calidad, otra palabra molesta para los detractores de todo lo creado a partir de 2013.
El servicio profesional no está bien diseñado. Carece de incentivos positivos y pone demasiado énfasis en los resultados negativos de la evaluación, pero establece criterios de aptitud para el ingreso y la promoción que no sólo no deben ser eliminados, sino que deben ser mejorados. Eliminarlo sería volver al sistema donde la lealtad y la disciplina sindical y política eran los méritos considerados para cualquier movimiento o promoción. No se puede negar el efecto que ese arreglo ha tenido sobre el mal desempeño de nuestro sistema educativo, cuando se le compara con los del resto del mundo.
Desmantelar el sistema de concursos de ingreso y promoción marcaría la vuelta al control corporativo del sistema, con las consecuencias distributivas del caso y sus enormes márgenes para la corrupción que tanto dice evitar el Presidente.
La autonomía del instituto encargado de la evaluación es crucial para contar con información y criterios objetivos, que nutran a todo el sistema. También para tener instrumentos eficaces para la medición del desempeño. La evaluación es indispensable; no sólo la del desempeño de los maestros, que debería ser responsabilidad del servicio profesional, sino la de todos los aspectos del funcionamiento del sistema: escuelas, programas, servicios.
Si se demuelen los dos pilares de la reforma de 2013, el servicio profesional y el instituto de evaluación autónomo, lo que tendremos será una clara y llana contrarreforma, que dejará al sistema sin las bases institucionales para cumplir con eficacia con sus objetivos constitucionales, los cuales, por lo demás, están también a revisión y pueden ser mejorados.
Frente a la iniciativa presidencial, un grupo de especialistas en educación de diversos centros de investigación agrupados en RED –Red, Educación, Derechos– elaboraron una iniciativa alterna, como base para un consenso legislativo. En ella se rescata lo positivo de la reforma de 2013 y se elimina lo negativo, como el carácter punitivo de la evaluación del desempeño magisterial, pero conserva el carácter constitucional del servicio profesional, el cual, en cambio, la iniciativa presidencial borra de un plumazo.
La propuesta de RED, que ya ha hecho suya un grupo plural de legisladores hace un planteamiento integral, que rescata también elementos de lo planteado en la iniciativa presidencial, pero con mayor claridad y profundidad. Sin duda, su punto más fuerte es el rediseño que plantea del actual INEE, que se transformaría en el Centro nacional para la Mejora Continua de la Educación, pero que mantendría la autonomía constitucional y cuyo Consejo Directivo estaría formado por cinco integrantes nombrados por el Senado con base en ternas presentadas por el Ejecutivo. El Presidente sería nombrado por el Senado y no por sus pares, como lo es ahora. Las facultades del nuevo centro irían bastante más allá que las del actual INEE y quedarían claramente estipuladas en el texto constitucional.
La iniciativa impulsada por RED representa una auténtica opción de reforma sensata, que construye sobre lo avanzado, en lugar de simplemente entrar a saco contra todo aquello que suene a neoliberal. Se trata de una iniciativa que fija nuevos objetivos al sistema educativo y que plantea la construcción de instituciones para enfrentar esos nuevos retos. Valdría mucho la pena que estuviera en el centro del debate legislativo, a lado de la del ejecutivo.
Sin Embargo
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