viernes, 26 de febrero de 2021

TITULARES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

 Pide a la IP arropar la reforma eléctrica; López Obrador lanza llamado

 Excelsior 

El Presidente solicitó ayuda al Consejo Coordinador Empresarial para convencer a las grandes corporaciones de que los subsidios a la energía son sólo para usuarios domésticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en los beneficios de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual da prioridad a la electricidad generada por la CFE en el despacho en el sistema de energía. Foto: Quetzalli González

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en los beneficios de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual da prioridad a la electricidad generada por la CFE en el despacho en el sistema de energía. Foto: Quetzalli González 

 Arturo Páramo

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que la iniciativa privada apoye la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no que la ataque legalmente.

Para ello, lanzó un llamado a Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Que nos ayude a convencer a quienes están recibiendo subsidio y no les corresponde, a las grandes corporaciones, a las cadenas de tiendas comerciales, que están consumiendo energía eléctrica subsidiada. El subsidio se le debe dar al consumidor doméstico. Él sabe a lo que me refiero”, indicó en su conferencia matutina.

López Obrador reiteró que la reforma, aprobada esta semana por la Cámara de Diputados y que ahora está en manos del Senado, busca reforzar el sector público de generación de energía y que los precios de los combustibles y electricidad no aumenten.

Para fortalecer a Pemex, destacó, se está reduciendo su carga impositiva con el objetivo de que tenga más recursos para invertir, además de que se le inyecta capital fresco.

LLAMA A IP A APOYAR REFORMA ELÉCTRICA

 El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la iniciativa privada apoyar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en la Cámara de Diputados, en lugar de atacarla legalmente.

Insistió en que el dictamen aprobado recientemente por la Cámara de Diputados busca reforzar el sector público de generación de energía y buscar que los precios de los combustibles y electricidad no aumenten.

¿Qué le digo al presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Que nos ayude a convencer a quienes están recibiendo subsidio y no les corresponde, a las grandes corporaciones, a las cadenas de tiendas comerciales, que están consumiendo energía eléctrica subsidiada.

Que el subsidio se le debe dar al consumidor doméstico. Él sabe a lo que me refiero”, comentó.

Para fortalecer a Pemex, indicó, se está reduciendo su carga impositiva para que la empresa del Estado tenga más recursos para invertir y, además, se les está inyectando capital fresco.

A Pemex se le están quitando los impuestos, se le están reduciendo impuestos, para fortalecerlo, igual que a la CFE, y se le va a ayudar para que no le falten recursos para las labores de exploración y de producción de campos petroleros”, insistió.

El jefe del Ejecutivo dijo que entre la reducción de impuestos a Pemex y los recursos que se inyectarán serán alrededor de 100 mil millones de pesos que tendrá disponibles la empresa productiva.

Se congratuló también de que en Estados Unidos haya una nueva política de autosuficiencia en materia energética, alimentaria y de bienes de consumo, similar a la que impulsa él en México.

 

Ligan a García Cabeza de Vaca con 'factureras' y 'huachicol'

 Milenio

  Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.

 Israel Navarro, Lorena López

Ciudad de México

En cuatro años de mandato, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, conformó con familiares y socios una "organización criminal" que usó factureras, empresas fantasma y hasta firmas relacionadas con el huachicoleo para triangular recursos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó este esquema de lavado de dinero que tuvo como destino propiedades en Ciudad de México, Tamaulipas y Texas, por estas últimas el Departamento del Tesoro incluyó al mandatario panista y a uno de sus socios en las listas del Financial Crimes Enforcement Network por "reportes de actividades sospechosas".

En la solicitud de desafuero enviada por la Fiscalía General de la República (FGR) a la Cámara de Diputados en poder de MILENIO, se detalla que la firma Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA S.A de C.V, de la que es socio el gobernador de Tamaulipas junto con su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca; su hermano, (actual senador del PAN) Ismael García Cabeza de Vaca y su cuñada, Evelyn Aimee Rodríguez Garza, sirvió de fachada para realizar cientos de movimientos para la compra de propiedades.

La UIF detectó que en 2019 en la cuenta bancaria de esta firma se realizaron 175 operaciones por un monto de 40 millones 758 mil 502 pesos y "se trato únicamente de una simulación de operaciones a través del sistema financiero para disipar el rastro de los recursos".

Su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca recibió de la empresa Liderazgo Tecnológico Empresarial, que se encuentra en las listas del SAT como "simuladora definitiva", es decir facturera 4 millones 700 mil pesos y más tarde 4 millones 600 mil a su empresa Goder S.A de C.V (facturera) de la firma Pavimentos del Suroeste S.A de C.V, "la cual se encuentra relacionada con una persona vinculada por robo de hidrocarburos en Tamaulipas y que fueron dispersados en pequeños montos en las cuentas de los socios de Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA S.A de C.V."

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también organizó con Juan Francisco Tamez Arellano, accionista y representante de la empresa T Seis Doce S.A de C.V y con Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador de Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A de C.V y Barca de Reynosa S.A de C.V, a quienes favoreció con contratos de obra de su gobierno por 55 millones 640 mil 58 pesos.

En 2019, la triangulación de recursos se consumó cuando Tamez Arellano realizó cinco depósitos (el 30 de mayo por 30 millones de pesos; el 4 de julio, el 19 de agosto y el 19 de septiembre por un millón cada uno y el 10 de diciembre por tres millones 461 mil pesos) a la cuenta 075779290018 a nombre de Francisco García Cabeza de Vaca.

El mandatario panista es acusado de "ganar licitaciones y obtener donativos sin motivo aparente", y también de "adquirir vehículos de lujo del que el beneficiario final fue el Comisionado de Energía de Tamaulipas, con quien también realizó transacciones interbancarias internacionales, sin un motivo lícito aparente".

El Comisionado de Energía del estado, Andrés Fusco Clynes, renunció en febrero de 2020 "por motivos personales".

Por ello, la UIF presentó las denuncias por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada contra "la organización criminal" conformada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca; su esposa Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca; su hermano Ismael y su cuñada: Evelyn Aimee Rodríguez y sus socios: Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano por dedicarse al lavado de dinero valiéndose de empresas fachada para favorecerse de licitaciones y contratos.

Peña lo absolvió

Cuando medios de Tamaulipas revelaron una supuesta declaración de Antonio Peña Argüelles, bajo la figura de testigo protegido “Ángeles” donde confesaba haber lavado dinero del ex gobernador Tomás Yarrington y un financiamiento a la campaña por Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca emprendió una estrategia legal y demandó.

El gobierno priista de Enrique Peña dijo no haber encontrado el nombre de García Cabeza de Vaca en la investigación por narcotráfico que existía contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas señalados incluso en Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel del Golfo.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 contra Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado, pero ya con el cambio de gobierno, los fiscales buscaron saber dos meses antes de la elección en Tamaulipas, si el entonces candidato panista, “Francisco Javier García Cabeza de Vaca” había sido mencionado en dicha carpeta.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, entonces encabezada por Arely Gómez quien además fue compañera de Legislatura de Cabeza de Vaca en el Senado entre 2012 y 2015, formuló un requerimiento a su dirección de apoyo jurídico y control ministerial para conocer si en la indagatoria se mencionaba al hoy gobernador de Tamaulipas y la respuesta fue que en 420 tomos más anexos, no hubo ninguna alusión del testigo que sí inculpó a Yarrington, ante el agregado de la PGR en Texas, Kepler Barron Arteaga.

Esa fue la respuesta del agente del Ministerio Público Grimaldo Gerardo Cajero Morales enviada el 5 de mayo de 2016 a la solicitud formulada por Héctor Alejandro Meza Cabello director adjunto en la SEIDO, con motivo de la integración de la averiguación previa PGR/DGCAP/ZC-ESP-XXI/4/2016, iniciada por la mención de Cabeza de Vaca en la trama de Yarrington y su ex socio Peña Argüelles.

Esta vez la UIF confirmó en sus denuncias contra Cabeza de Vaca que el propio FinCen del Departamento del Tesoro le ha confirmado transacciones sospechosas de lavado de dinero.

De acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya, el ex director de Pemex a quien la FGR dejó de perseguir por los sobornos de Odebrecht a cambio de señalar a toda la red delictiva que tejió, Cabeza de Vaca fue uno de los beneficiados de esos recursos a cambio de aprobar la reforma energética y posteriormente se convirtió en gobernador de Tamaulipas, formando parte de ese grupo panista cercano a los operadores priistas como Videgaray, que formaron un grupo compacto y compartían intereses.

 

 

Hay motivaciones políticas detrás del error de la ASF, afirma AMLO

 La Jornada

 Exhorta a diputados a investigar el asunto

La permanencia de David Colmenares en el cargo dependerá del resultado de la indagatoria // Ya nos hicieron daño; la calumnia cuando no mancha, tizna

  
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de conducirse con intencionalidad política, al elaborar un informe tendencioso, falso, de mala fe, politiquero, sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, y de esa forma dañar a su gobierno. Por ello, en una carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, el mandatario pidió una investigación para esclarecer las equívocas afirmaciones de la ASF.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, sostuvo que la denuncia no es un asunto personal contra nadie y, a pregunta expresa de si debería ser removido el titular de la Auditoría, David Colmenares, respondió que deja la decisión al resultado de la indagatoria.

Subrayó que la ASF más que hacer mal las cuentas actuó a partir de motivaciones políticas, de ahí que su gobierno decidió no dejar pasar este asunto porque está de por medio la dignidad.

Aclaró que no se trata de interponer una denuncia en la fiscalía sino que un poder independiente haga la revisión a fin de fortalecer a las instituciones y evitar que se utilicen con fines políticos para afectar al gobierno o a la oposición.

En el primer punto de la carta, el Presidente señala que la ASF difundió en medios informativos “que el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue de 331 mil 991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110 mil 807 millones de pesos, es decir, una tercera parte de lo publicado.

Tampoco consideró, agrega, que terminar la obra “significaba destinar cuando menos otros 300 mil millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía, mientras que el nuevo aeropuerto que estamos construyendo, además de hacerse en tierra firme, y no en un lago, implicará una inversión de 75 mil millones de pesos.

O sea, se tendrá un ahorro de 225 mil millones de pesos, lo cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública, sostuvo. Más adelante, durante la conferencia, anunció que esa cantidad servirá para construir buena parte del Tren Maya.

En la misiva, el presidente López Obrador subraya que aun cuando los responsables de la ASF se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de ese tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues, como sucedió, ésta y otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno.

El documento concluye con la petición de la indagatoria para el esclarecimiento de las equívocas afirmaciones y despeje la lamentable desinformación producida en la opinión pública.

Luego, frente a los reporteros, el mandatario comentó que la actitud de la ASF se puso de manifiesto desde el momento en que se filtró el documento, por lo que no descartó que en el organismo haya auditores y abogados simpatizantes de la oposición.

No obstante en ese punto, sin defender a nadie, afirmó que tanto las filtraciones como las fobias de los tecnócratas persisten en todos lados. Yo mismo tengo que andar a las vivas de quiénes están trabajando en el gobierno para que no haya cosas indebidas, mencionó, al tiempo de lamentar el proceder de la ASF.

Claro, ya nos hicieron un daño. Es lo mismo de la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia, cuando no mancha, tizna, expresó.

 

 

Llaman a cuentas a auditor; se queda sin apoyo de diputados, senadores, AMLO

 Portada de La Razón (México)

Desempeño bajo investigación

Pide Ejecutivo indagar labor de David Colmenares por informe “tendencioso” ; es asunto de dignidad, señala; Nahle acusa ignorancia en datos sobre Dos Bocas; morenistas impulsan renuncia; lo citan el lunes en la Cámara
MÉXICO
David Colmenares, encabeza la ASF. Foto: Archivo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara de Diputados investigar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lo que calificó de informe “tendencioso y falso, con claros tintes politiqueros, que buscó dañar a su Gobierno”, sobre el procedimiento y manejo de la Cuenta Pública 2019.

En conferencia, anunció que ayer envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri (PRI), para que la ASF no se utilice con propósitos políticos para dañar al Gobierno o a la oposición con equívocas acusaciones que afectan la transparencia de las instituciones.

“No creo, aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas, aún así sería lamentable que la ASF hicieran mal las cuentas; más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores”, dijo.

Añadió que este informe señalaba que el costo de no construir el Nuevo Aeropuerto en Texcoco ascendía a 331 mil 991 millones de pesos, cuando la cifra real fue de 110 mil 807 millones.

“Aun cuando los responsables de la ASF se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política.

“Éstas y otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para trata de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro Gobierno”, indicó en la misiva.

Señaló que le corresponderá a la Cámara baja decidir la remoción del titular de la Auditoría, David Colmenares, “no a mí”, aún cuando admitió que “hubo mala fe” del organismo.

Por separado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseveró que en los resultados a la revisión del proyecto de la refinería de Dos Bocas por la ASF hubo premura e ignorancia, ya que no se sabe si el trabajo lo hicieron contadores, especialistas en construcción y no están acostumbrados a trabajo en tierra.

Gráfico

“No entendemos por qué se apresuraron a dar un reporte sin tomar en cuenta la solventación. Nosotros entregamos todo lo que nos fue solicitado, los documentos y bitácoras estuvieron auditores en el sitio y se hicieron los recorridos con ellos”, comentó en entrevista radiofónica.

Y mientras que diputados de Morena respaldaron impulsar la renuncia de Colmenares Páramo en caso de resultar responsable por el supuesto informe sesgado sobre el Nuevo Aeropuerto, la oposición denunció “mano negra” .

El guinda Marco Antonio Andrade, integrante de la Comisión de Vigilancia, adelantó a La Razón que si en la comparecencia de este lunes “se detecta que fue de tinte político para afectar la credibilidad del Gobierno, estaremos en posibilidad, si vemos que el informe fue tendencioso y de tinte político y el auditor se prestó, podemos avanzar en la parte de que él mismo pueda deponer”.

Agregó que la Comisión, en la que Morena y sus aliados cuentan con mayoría de 25 votos por 11 de la oposición, tiene la facultad para solicitar al pleno la remoción del auditor, que debería aprobarse por un mínimo de 251 votos.

El morenista Javier Borrego, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sostuvo que “si en la investigación se determina que lo hicieron por una indicación de alguien, pues claro que se tienen que deslindar responsabilidades, y si el auditor tiene responsabilidad que la asuma”.

El senador de Morena, Germán Martínez, opinó en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el auditor tiene que dejar del cargo porque sus conclusiones están en entredicho, y calificó como un “fracaso” su desempeño en la ASF.

“La evaluación de la auditoría la tiene en sus manos la Cámara de Diputados y yo creo que es correcto que lo evalúe. Pero creo que David Colmenares debe dar paso a un nuevo auditor más confiable, creíble, serio, que infunda cierto temor en la auditoría”.

El diputado panista Víctor Pérez Díaz aseveró que en este caso de la retractación de la ASF, “vemos la mano negra y espinosa del Presidente, que cuando las cosas no se le dan simplemente levanta la mano, grita foul, y pide que corran al árbitro. Yo no tengo ninguna duda de que el informe inicial está bien armado”.

  • El dato: La secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, informó que las observaciones realizadas al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que realizó la ASF serán aclaradas puntualmente.

 

 

AMLO va por la cabeza que descubrió la “Estafa Maestra”

 Portada de La Crónica de Hoy (México)

 Un día en el que ya todo es claro: El auditor está en la mira de la 4T. AMLO lo descalifica y Morena, con su mayoría legislativa, obedece de inmediato

AMLO va por la cabeza que descubrió  la “Estafa Maestra” | La Crónica de Hoy

  Eloísa Domínguez

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una actitud politiquera la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dio a conocer los informes de la Cuenta Pública 2019 en los que se asienta que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331 mil 991 millones de pesos, por lo que el jefe del Ejecutivo envió una carta a la Cámara de Diputados para iniciar una investigación contra la ASF que encabeza David Colmenares Páramo, quien descubrió el entramado de desvíos de recursos en lo que fue denominada como la “Estafa Maestra” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.


Al arrancar su conferencia de prensa, el Presidente abrió directamente con el tema de los informes de la Cuenta Pública 2019 que fueron entregados el pasado sábado a la Cámara de Diputados, documentos en los que se advierten diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos del gobierno lopezobradorista.


“No vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio la dignidad (de su administración)”.


López Obrador dijo que la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido. Entre otras cosas, tal instancia difundió en los medios de información, en los medios informativos, que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331 mil 991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110,807 millones de pesos, es decir, una tercera parte menos de lo publicado”, señaló el mandatario.


Y abundó en que la Auditoría Superior de la Federación tampoco consideró que terminar esa obra significaba destinar cuando menos otros 300 mil millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía.


“El nuevo aeropuerto que estamos construyendo, además de hacerse en tierra firme y no en un lago, implicará una inversión de 75 mil millones de pesos, es decir, tendrá un ahorro de 225 mil millones de pesos, lo cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública. 

Aun cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica, sino también a una intencionalidad política, pues éstas y otras falsedades contenidas en el informe fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno”, dijo el mandatario.


El Presidente informó así que solicitó a la Cámara de Diputados que se emprendan las acciones necesarias —sin mencionar el nombre de David Colmenares Páramo— para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública, por lo que consideró que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio def las instituciones.


“Hubo una mala proyección del cálculo. Sí considero que hubo mala fe, hubo motivaciones políticas. Es que también esto es entendible. No defiendo a nadie, pero aquí nos pasa, estamos en un proceso de transición, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, admitió el mandatario.

 

Pide EU a México abrir la inversión en energía

 El Financiero

Estados Unidos exhortó a su vecino del sur a escuchar al sector privado ante la propuesta para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

La declaración del Departamento de Estado representa una apertura para un diálogo mucho más profundo.

Pedro Hiriart Jessika Becerra

En la primera reacción de Estados Unidos a la reforma eléctrica que se discute en el Congreso mexicano, el Departamento de Estado exhortó al vecino del sur a “escuchar a todas las partes”, incluidas las empresas del sector privado, para “brindar un ambiente de libre inversión y transparencia, para que las empresas sigan invirtiendo en México”.

Julie J. Chung, subsecretaria interina para asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó lo anterior en una reunión de prensa en la que anunció que Antony Blinken, secretario de Estado, se reunirá hoy con funcionarios de los países firmantes del T-MEC: México y Canadá.

Blinken viajará de manera virtual a El Paso, Texas, desde donde hablará con el canciller Marcelo Ebrard, en lo que será la tercera llamada entre ambos.

Los temas a tratar con Ebrad van a girar en torno a preocupaciones compartidas en migración —incluida la liquidación del MPP (conocido como Esperar en México, para los solicitantes de asilo)—, así como la seguridad, COVID-19, competitividad económica regional, cambio climático y otras áreas de interés mutuo. También se reunirá con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, con la que hablarán sobre aspectos económicos, “incluida la forma de fortalecer aún más nuestra profunda y dinámica relación de comercio e inversión”.

Consultada al respecto, la subsecretaria de Estado dijo que “hay una gran cantidad de problemas relacionados con la implementación del T-MEC vigente”.

Expuso que ante “los problemas de electricidad y energía (la reforma que está en el Congreso), será otra área que discutiremos a mediano y largo plazo, porque hay muchos aspectos que hemos escuchado que preocupan al sector privado”.

Señaló que “aquí es donde alentamos a México a escuchar a todas las partes interesadas, a escuchar a las empresas del sector privado y realmente brindar esa cultura y un ambiente de libre inversión y transparencia para que las empresas sigan invirtiendo en México”.

Al respecto, Miguel Ángel Mateo, socio de Hogan Lovells, pronosticó que la reunión no va a modificar el voto del Senado en favor de la reforma eléctrica, y solo servirá para escuchar las preocupaciones de los inversionistas estadounidenses.

“Los inversionistas que se sienten afectados por la ley buscarán amparos y suspensiones para que no tengan efecto las reformas, y esperarán tener una sentencia favorable”, subrayó.

Jeremy Martin, vicepresidente de Energía y Sustentabilidad del Instituto de las Américas, opinó que el exhorto advierte la llegada de un terreno peligroso en términos de relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador tal vez no entiende bien el T-MEC entero. A mi juicio es un terreno peligroso en términos de relaciones comerciales”, mencionó.

“Con este llamado se está dando un paso adelante en la visita del Secretario de Estado a sus homólogos mexicanos. Interpreto que esto es un avance a los temas que van a tratar los funcionarios americanos en los próximos días”, comentó.

Expuso que las repercusiones de aprobar la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica son serias e impactantes, pues “habrá daños al sector energético y a los particulares... como referencia solo tenemos que ver el costo de la cancelación del aeropuerto”, dijo.

Duncan Wood, vicepresidente del Wilson Center, indicó que la declaración del Departamento de Estado representa una apertura para un diálogo mucho más profundo.

Sin embargo, reconoció que “hay gran preocupación aquí en Washington sobre el tema del sector energético en México y sobre todo, obviamente por los intereses de Estados Unidos en el sector energético en México”, destacó Wood.

jueves, 25 de febrero de 2021

TITULARES DE LOS PRINCIPALES MEDIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL

 Pondrán lupa a los gastos de candidatos; UIF indaga 10 casos de financiamiento ilícito

 Excelsior 

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CIUDAD DE MÉXICO.

Las autoridades financieras reforzaron la prevención del uso de recursos de procedencia ilícita durante este proceso electoral.

Por medio de una guía, el sistema bancario pondrá especial atención en actividades inusuales de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos e incluso líderes sindicales.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, explicó que la banca y las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos bancarios sospechosos de estas personas, incluyendo sus familiares o colaboradores. También, lo que tenga que ver con emisión de facturas, transferencias internacionales o movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten en la elección.

La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, detalló que en cada proceso electoral hay un incremento de 6% en el uso de dinero en efectivo durante las campañas.

El funcionario reveló que presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en el actual proceso e investigan diez casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas.

SEÑALES DE ALERTA:

  • Los recursos con los que se liquidan operaciones provienen de personas diferentes al titular o beneficiario.
  • Los montos operados en las cuentas de los clientes o usuarios se consideran inusualmente altos.
  • Los recursos provienen de empresas de reciente creación que posean grandes volúmenes de operaciones.
  • Empresas contratadas por partidos políticos y candidatos sin objeto social definido.

Frenarán posible dinero ilícito en las campañas

Bancos podrán reportar en 24 horas movimientos inusuales de los abanderados y sus familiares.

Las autoridades financieras emitieron una guía para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita durante el proceso electoral. Por ello, el sistema bancario pondrá especial atención en actividades inusuales de candidatos, precandidatos, militantes de partidos políticos, dirigentes partidistas, servidores públicos y hasta dirigentes sindicales.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, la banca o las instituciones financieras podrán reportar en 24 horas movimientos inusuales de estas personas, incluyendo sus familiares o colaboradores; también lo que tenga que ver con emisión de facturas, transferencias financieras internacionales o movimientos con operaciones de algún estado sin concordancia para el que compiten en la elección.

La actividad inusual será reportada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien a su vez enviará el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“La observación empírica del fenómeno electoral demuestra que el día de las elecciones siempre hay un notable incremento del uso de efectivo”, reconoció Arturo Herrera.

Por su parte, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, detalló que datos publicados por el Banco de México señalan que en cada proceso electoral hay un incremento de 6 por ciento en el uso de efectivo durante las campañas.

Además, “a lo largo de los últimos años se han presentado casos relacionados con la coincidencia en aportaciones y donaciones de personas físicas y morales con campañas electorales locales o federales, asociaciones que reciben dinero de empresas fachada o que distribuyen recursos a partir de tarjetas bancarias para financiar campañas electorales”, señaló.

Denuncias en curso

Nieto Castillo reveló que la UIF presentó tres denuncias ante la Fiscalía General por presuntas irregularidades en el actual proceso electoral, y también están investigando 10 casos de posible financiamiento ilícito a candidaturas, gracias al modelo de riesgo de la dependencia.

Además, se tienen dos investigaciones pendientes, una de ellas relacionada con la operación Zafiro, un esquema de empresas fachada que fue utilizado para financiar  campañas electorales entre 2016 y 2018.

De acuerdo con el INE, la rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales del sistema electoral. Aquel candidato que compruebe y justifique el uso de los recursos siempre tendrá mayor legitimidad que aquel que no lo haga. Si, además, no se informa sobre los recursos que se utilizan en actos políticos a las autoridades fiscalizadoras correspondientes, esta conducta se considera un delito.

 

Investigaciones conectan a García Cabeza de Vaca con el 'narco' desde 2004

 Portada de Milenio (México)

   Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. (Vía Twitter)

 Israel Navarro, Fernando Damián, Lorena López
 
Ciudad de México

La solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo relaciona el cártel del Golfo, el cual presuntamente financió sus campañas desde que contendió en 2004 por la alcaldía de Reynosa.

El documento de 90 páginas en poder de MILENIO recoge el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, el confeso lavador de dinero de Tomás Yarrington. Peña testificó en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, que el ex gobernador de Tamaulipas, hoy preso en Houston, le dijo "que necesitaba conseguir recursos del Cártel del Golfo para apoyar la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la alcaldía de Reynosa porque tenía especial interés de que él ganara".

En la carpeta de investigación que solicita el desafuero del gobernador, se relata que en el expediente también obra la acusación sobre un supuesto "permiso" al Cártel del Golfo para festejar el Día del Niño en el campo de beisbol Adolfo López Mateos, un evento que en 2006 sumó a casi 20 mil asistentes según las crónicas periodísticas donde " se repartieron juguetes y se distribuyeron tarjetas de felicitaciones firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo, quien ese entonces estaba preso en el penal de La Palma”, hoy conocido como el Altiplano.

La denuncia se basa en la investigación elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera, consignada ante la Fiscalía General de la República 24 de noviembre de 2020, que lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, pero en la carpeta de investigación también obran otras denuncias, entre ella una enviada de manera anónima desde el correo cristian2594luna@hotmail.com, quien asegura que sus bienes en Texas ascienden a 951 millones de pesos.

Ahí se apunta que "la familia Cabeza de Vaca ha logrado amasar una gran fortuna millonaria con 30 de propiedades ocultas en Texas y Estados Unidos" como empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias y también ranchos, siendo un caudal de “bienes ocultos” en el sur de Texas.

En lo que se refiere al expediente integrado por la IUF, se acreditan movimientos financieros familiares, ya con Cabeza de Vaca al frente del gobierno de Tamaulipas en las cuentas de Productora Rural y Agropecuaria Regional CAVA en la que aparecen como socios y también imputados, su esposa Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattemb, su hermano el actual senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca y su esposa Evelyn Aimee Rodríguez Garza.

Se detalla que en 2019, el gobernador de Tamaulipas tuvo ingresos declarados ante el Servicio de Administracion Tributaria por 6 millones 694 mil pesos, pero en realidad, de acuerdo a las pesquisas de la UIF, las ganancias ascendieron a 42 millones 936 mil 272 pesos, es decir una diferencia de 36 millones 938 mil 578 pesos, por lo que la Secretaría de Hacienda concluyó que "no hay congruencia de los ingresos declarados ante la SCHP con sus ingresos por depósitos bancarios".

La carpeta de investigación FED/SEIDO7UEIORPIFAM-CDMX/0000392/2020 detalla que Cabeza de Vaca recibió en una cuenta a su nombre 42 millones 936 mil 272.75 en 10 depósitos entre el 30 de mayo y el 10 de diciembre de 2019 y realizó 162 transferencias por 26 millones 679 mil 992.90 pesos a fin de ocultarlos a través de distintos instrumentos financieros, por lo que “existen indicios suficientes para inferir que este recurso, es producto de la comisión de uno o varios delitos”, tales como el ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, “aprovechando su función como gobernador de Tamaulipas, que además no reportó a Hacienda, ni a la Contraloría estatal, “pues en su declaración patrimonial se advierte inconsistencias que robustecen el hecho de que Francisco Javier García Cabeza, pretendió ocultar su origen ilícito”.

Acusa García Cabeza de Vaca persecución política desde Palacio Nacional

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció una persecución política en su contra desde Palacio Nacional y dijo que su único delito es no haberse sometido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Acudió a la Cámara de Diputados para conocer la acusación en su contra y pidió desecharla, argumentando violaciones a sus derechos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia.

“Estas denuncias que hoy en día se están presentando en la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad; son producto de una persecución política, dadas directamente de Palacio de Nacional (…); si hay algún delito que he cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal”, acusó.

En un documento de dos páginas entregado a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el mandatario tamaulipeco calificó de infundadas las imputaciones que le hace la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Denunció además que el Ministerio Público Federal le ha negado la posibilidad de comparecer para conocer las acusaciones en su contra y ejercer su derecho a la defensa.

Cabeza de Vaca precisó que, antes de la presentación de la solicitud de desafuero, él mismo solicitó a la FGR comparecer en las carpetas de investigación abiertas en su contra, pero su petición nunca fue atendida y hasta hoy no ha sido enterado de las imputaciones.

“Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia”, puntualizó en el documento.

Acusó al coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, de filtrar la denuncia de la FGR para utilizarla mediáticamente.

Acompañado por el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y legisladores tamaulipecos, señaló que los funcionarios del gobierno federal “seguramente están muy molestos” con él por exhibir los documentos apócrifos de la CFE sobre las causas del apagón de diciembre; por ser uno de los fundadores de la Alianza Federalista de gobernadores que han alzado la voz contra el Ejecutivo y por defender una de las vocaciones en materia de generación de energías limpias.

Otra acusación

El 8 de agosto de 2016, el entonces presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, expulsó a tres candidatos a presidentes municipales en Tamaulipas, porque fueron "comprados" por la delincuencia organizada para apoyar al abanderado del PAN a la gubernatura, Francisco García Cabeza de Vaca.

De gira por la entidad, indicó que Reyes Zúñiga Vázquez, aspirante a la alcaldía de Hidalgo; Luis Cesáreo Aldape Lerma, en Mainero, y Gustavo Estrella Cabrera, en Villagrán, también perderán el registro ante la autoridad electoral, pues prefieren ir sin representantes en esos puntos.

Señaló que su partido está decidido a combatir todo aquello que suene a delincuencia en Tamaulipas y que no puede ser ajeno al tema si hay candidatos señalados por haber sido tocados, amenazados, chantajeados o comprados por los malos para apoyar a otros candidatos.

"Nosotros les quitaremos las candidaturas. Preferimos quedarnos sin candidatos a conseguirle un voto a los malos", expresó en entrevista e hizo un llamado a los demás institutos políticos a hacer lo propio con sus abanderados.

Beltrones anunció que de encontrar elementos suficientes presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

 

Pactan México y Argentina crear eje estratégico en AL

 Portada de La Jornada (México)

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández firmaron una declaración conjunta de 15 puntos, en la que también convinieron incrementar las inversiones recíprocas, así como la diversificación e intensificación del comercio bilateral.
Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández firmaron una declaración conjunta de 15 puntos, en la que también convinieron incrementar las inversiones recíprocas, así como la diversificación e intensificación del comercio bilateral. Foto Marco Peláez
 

Ciudad de México. Los gobiernos de México y Argentina acordaron fortalecer su alianza estratégica, a fin de crear un eje que impulse los intereses latinoamericanos y hacer frente común para atender la crisis de Covid-19 y sus efectos socio económicos en la etapa pos pandemia, para mejorar las condiciones en ambos países y en América Latina y el Caribe en su conjunto.

Declaración conjunta

Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández firmaron una declaración conjunta de 15 puntos, la cual se dio a conocer ayer, al término de la visita oficial del mandatario argentino a México, en la que también convinieron incrementar las inversiones recíprocas, así como la diversificación e intensificación del comercio bilateral.

En el documento hacen énfasis en que las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos “deben apegarse estrictamente a criterios técnicos objetivos y fortalecer las capacidades nacionales en materia electoral”, con el propósito de evitar una intervención como la sucedida en Bolivia en octubre de 2019, que causó golpe de Estado y llevó a Evo Morales a dimitir.

Reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a través de la ejecución del plan de trabajo que estableció la presidencia pro témpore de México para 2021.

“Hoy más que nunca, la pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia la importancia de mantener a América Latina y el Caribe fuertes, unidos y solidarios, donde ningún país de la región quede excluido del acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos, vacunas e insumos médicos. Con este fin, los dos gobiernos continuarán colaborando estrechamente para que la región logre la autosuficiencia en la producción de vacunas y que éstas sean consideradas bienes comunes globales, así como sus patentes”, señalan en la declaración.

Respaldan a la Organización Mundial de la Salud y al mecanismo Covax como instrumento multilateral de acceso equitativo a los biológicos, se congratulan por los acuerdos alcanzados con la Fundación Slim para distribuir el de AstraZeneca en la región y pactan avanzar en la consolidación de políticas en materia de género; México respaldó a Argentina en sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas y otros territorios, entre otros acuerdos.

 

Se enreda Insabi con contrataciones Covid; dice que son 18 mil, 15 mil y 11 mil

 Portada de La Razón (México)

 Y vence en marzo contrato de 10 mil médicos, enfermeras... 

Titular del Instituto, Juan Ferrer, afirma que emplearon a 18,886 eventuales para atender pandemia en 2020; por transparencia reportan otros datos; sigue incertidumbre laboral de personal sin base

Insabi
Se enreda Insabi con contrataciones Covid; dice que son 18 mil, 15 mil y 11 mil Foto: Especial

El año pasado, autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) registraron tres cifras de contratación de personal eventual para combatir la pandemia: su titular asegura que tuvieron 18 mil 886 trabajadores; sin embargo, en respuestas a dos solicitudes de información, se establecen otros datos: 15 mil 104 en una y 11 mil 546 en otra.

Entre la afirmación de Juan Ferrer Aguilar y la respuesta de transparencia a La Razón hay una diferencia de tres mil 782 y siete mil 430 respectivamente. Esta última cifra equivale al doble de los tres mil 796 empleados de base que tiene el Instituto Nacional de Educación para Adultos.

A esto hay que agregar que a 10 mil 517 trabajadores sólo se les renovó el contrato por tres meses más, por lo que sólo podrán trabajar hasta el 31 de marzo si la dependencia no extiende el contrato; mientras que otras 939 personas concluyeron su encargo en 88 hospitales.

El pasado 11 de diciembre, en su comparecencia ante el Senado, el titular del Insabi, Juan Ferrer, aseguró que se contrató a 18 mil 886 trabajadores para la atención de la pandemia. En ambas solicitudes se pidió la información sobre el personal eventual que se unió al sector salud para la atención de pacientes Covid y se otorgaron datos al corte del 31 de diciembre.

Una de estas solicitudes fue respondida el 28 de enero y otra el 10 de febrero.

Se nos hace injusto porque nos cortan el contrato dos días antes de que se hagan definitivos, el 2 de abril cumplimos un año y un día con el contrato, lo que lo haría definitivo

Enfermera del Hospital General de Los Mochis, Sinaloa Testimonio

A más de un año de haber comenzado operaciones, la institución especificó que “al día de la presente solicitud el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no tiene personal con tipo de contratación de “base”, es decir, todos son eventuales.

Los más de 10 mil empleados a los que les renovó contrato trabajan con la incertidumbre de no tener un espacio seguro una vez que ya no sean requeridos.

En el Hospital General de Los Mochis, en Sinaloa, el personal dice que no hay certeza laboral después del 31 de marzo.

“Se nos hace injusto porque nos cortan el contrato dos días antes de que se hagan definitivos, el 2 de abril cumplimos un año y un día con el contrato, lo que lo haría definitivo” dijo una enfermera.

Además de este problema,expuso que hace un par de días les pagaron dos quincenas atrasadas de enero, mientras que aún esperan otro pago pendiente.

Gráfico

Por otra parte, en el Hospital de Morelia les realizaron las renovaciones de contratos, aunque a algunos los trasladaron a otras unidades Covid, contó a este rotativo Mayte, quien pidió usar otro nombre.

Señalóque cada tres meses enfrentan la incertidumbre de la ampliación del contrato como en esta ocasión, que lo firmaron días después del 1 de enero, cuando ya había vencido el anterior. Sin embargo, consideró que “mientras siga la pandemia vamos a tener trabajo”.

El personal que ya dejó de laborar en hospitales Covid pertenece a 14 estados, entre estos Chiapas, que fue el segundo en pasar a semáforo verde y tiene la mayor parte de las bajas, con 177.

En cuanto a los que realizaron renovación de contrato Veracruz es la entidad con mayor personal con 737 trabajadores; después está Sinaloa con 642 y la Ciudad de México con 547.

Andrés “N” trabaja en el Hospital General de Valladolid, Yucatán, entidad donde se recontrató a 510 trabajadores. Él tiene otro trabajo en un nosocomio privado, que es su ingreso fijo para mantenerse.

El médico expresó su preocupación porque si le cambian el horario en el hospital Covid deberá dejar la unidad médica particular, ya que el Insabi exige disponibilidad.

También hay 50 registros de auxiliares de enfermería, enfermeras, médicos y especialistas que entraron a trabajar a Centros Federales de Readaptación Social en todo el país.

La edad de quienes entraron a las unidades Covid-19 desde abril pasado oscila entre los 20 hasta los 72 años, es decir que se contrató a 42 personas en factor de riesgo por su grupo de edad.

En tanto, los únicos gobiernos que no contrataron personal de salud para la emergencia mediante el Insabi fueron Jalisco y Nuevo León.

Acertado, no entregar Salud a Federación: Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reprochó la decisión de algunos gobernadores del país de entregar su Sistema de Salud a la Federación, ya que aseguró que hoy están sufriendo las consecuencias.

El mandatario estatal dijo que si hubiera cedido ante las presiones del Gobierno federal, que quería que le entregaran su sistema de Salud al Insabi, “imagínense lo que estaría pasando con todos ustedes ahora, preguntemos a los estados que cedieron a sus sistemas de Salud cómo les está yendo”, sostuvo en la entrega de nombramientos a personal de Salud.

“Es verdaderamente lamentable como en vez de ayudarnos en salir todos adelante, se estén generando caminos que llevan al precipicio. Yo tomé la decisión y asumí la responsabilidad histórica de no entregar el sistema de Salud, no arrodillarnos, no agachar la cabeza. Dijimos ‘Jalisco no va a soltar esa responsabilidad’, porque para unos fue muy sencillo. colegas, gobernadores del país que simplemente dijeron ‘ya no es bronca mía, que la Federación arregle todo el desastre’”, expuso.

Alfaro destacó que gracias al trabajo del estado se han logrado controlar los contagios por Covid-19, y a un año de distancia la entidad ya se encuentra en semáforo amarillo.

Con información de Jorge Butrón

 

Astudillo y García Cabeza de Vaca despilfarran en ceremonias, viajes y publicidad oficial

Portada de El Sol de México (México)

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 Saúl Hernández
 
En 2019 el gobierno de Guerrero, que encabeza el priista Héctor Astudillo, no escatimó en recursos para ceremonias, congresos y exposiciones al gastar 53.8 millones de pesos cuando el congreso local sólo le había autorizado 57 mil pesos. Tampoco lo hizo en viajes y viáticos: de 40 millones que tenía presupuestados, terminó devengando casi 373 millones.

En el norte, el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, desembolsó 689 millones de pesos en publicidad oficial cuando sólo tenía aprobado un presupuesto de 4.8 millones (un incremento de más de 14 mil por ciento). Y en Jalisco, la administración del emecista Enrique Alfaro casi duplicó su gasto en salarios y prestaciones a sus empleados.

Los casos enlistados se repiten en una veintena de gobiernos estatales, sin distingo de partidos, de acuerdo con el informe “Gasto burocrático: aumentos y recortes”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El estudio revela que 20 gobiernos estatales gastaron más de lo que se comprometieron a erogar durante el año 2019 para llevar a cabo sus funciones administrativas, esto es, en pago de salarios, prestaciones, papelería, gasolina, viáticos, ceremonias, asesores y publicidad oficial, entre otros conceptos. En 13 de ellos el incremento fue superior a 10 por ciento.

La organización identifica cuatro deficiencias generalizadas en las finanzas de los estados: crecimiento injustificado de partidas del gasto administrativo, diferencias significativas entre los montos aprobados y ejercidos, sobreejercicios sistemáticos en el gasto burocrático y falta de contrapesos en el ejercicio de los recursos públicos estatales.

“A pesar de los discursos y de las buenas intenciones de los gobiernos estatales, éstos no necesariamente gastan como dicen que van a gastar. La falta de candados legales que acoten las modificaciones o adecuaciones presupuestarias, aunado a la falta de contrapesos por parte de los congresos locales en el ejercicio de los recursos públicos, permite que los gobiernos estatales gasten de forma muy distinta a lo que fue inicialmente aprobado por sus legislaturas”, indica.

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 Entre el grupo que excedió su gasto burocrático en 2019 —último año del estudio— hay gobernadores de todos los partidos: ocho del PRI, cinco del PAN, dos del PRD, dos de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PES y finalmente Puebla, que ese año tuvo dos gobernadores emanados de distintas fuerzas políticas (PRI y Morena).

En el extremo, el gobierno de Oaxaca, que encabeza el priista Alejandro Murat, gastó 87.8 por ciento más de lo que tenía autorizado: en lugar de seis mil 670 millones de pesos aprobados, terminó erogando 12 mil 528 millones, casi el doble.

Le siguió el ejecutivo de Jalisco, que dirige el emecista Enrique Alfaro. Aunque sólo tenía presupuestado 23 mil 950 millones de pesos, desembolsó al final 42 mil 223 millones.

También sobrepasaron su gasto los gobiernos de Nayarit, Morelos, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Durango, Coahuila, Yucatán, Tabasco, Colima, Puebla y la Ciudad de México.

Sumando el gasto burocrático de todas las entidades, las 32 administraciones estatales devengaron 687 mil 670 millones de pesos en rubros administrativos durante el año 2019, 6.6 por ciento más que los 645 mil 377 millones aprobados por sus respectivos congresos.

El gasto administrativo, también llamado burocrático u operativo, se compone de los recursos que un gobierno destina a la compra de bienes y servicios que necesita para llevar a cabo sus funciones. Se compone de tres conceptos: servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

Los servicios personales son las remuneraciones al personal que labora en las dependencias gubernamentales tales como sus sueldos, honorarios, prestaciones, estímulos y seguridad social.

El concepto de materiales y suministros se refiere a todos los insumos que el gobierno requiere para desempeñar sus actividades administrativas. En este rubro entran partidas como alimentos, materiales de limpieza, gasolina para vehículos, materiales de construcción, suministros médicos, papelería, uniformes, entre otros.

Finalmente, los servicios generales comprenden desde el pago de servicios básicos (agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular) hasta los servicios contratados para el desempeño de sus actividades como viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros.

Como propuestas para combatir la discrecionalidad con la que los estados manejan sus recursos, el Imco propone establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. “Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más de 15 por ciento, debe tener la aprobación del congreso local”.

Además, considera necesaria una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y la supervisión del ejercicio del gasto. En otras palabras, cumplir su función de contrapeso.

 

Cierra filas la IP contra reforma a Ley Eléctrica

 El Financiero

El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario, la ANTAD y otros organismos empresariales consideran que de aprobarse la propuesta se dañará a la inversión ante la falta de certeza jurídica.

Leticia Hernández

El sector privado cerró filas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica al afirmar que elevará el costo de suministrar la energía en 63 mil millones de pesos al año, además de un efecto inflacionario, daño a la inversión ante la falta de certeza jurídica, y desataría una ola de amparos y litigios internacionales, señalaron organismos empresariales en conferencia conjunta.

“Se traduce en un costo adicional de 63 mil millones de pesos anuales, ¿Quién lo va a pagar? No sabemos, esa decisión la toma el Estado, los puede pagar a través de subsidios o a través de mayores tarifas a los agentes económicos, y si los agentes económicos reciben electricidad más cara, tendrán que trasladarlo a los precios al consumidor”, señaló Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De acuerdo con datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), el 75 por ciento del consumo eléctrico en México se da por las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes; y el 25 por ciento por los hogares, por lo que cuando el gobierno habla de que mantendrá las tarifas eléctricas, la preocupación del sector privado es que sea parejo.

“Esperamos que se hable de mantenerlas para todos los consumidores en el país. Si se va a sostener el valor de las tarifas se deberán sostener del cien por ciento. Todos debemos de tener una tarifa eléctrica mejor”, advirtió Salazar.

En el campo mexicano, para la producción de alimentos, el costo de la energía es un elemento fundamental y en muchos casos es el factor de rentabilidad y competitividad, dijo Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

“Nos preocupa que las tarifas se puedan elevar y por ende, los costos o los subsidios que cada vez son más escasos, dejen de existir y encarece de manera importante el uso de este energético”, indicó el directivo, además de que “es una señal de desaliento para futuras inversiones extranjeras”.

Para los establecimientos comerciales, la energía eléctrica es el segundo en costos después de la mano de obra, señaló Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

“Si se decide que el aumento del costo se pague por las empresas, se va a ir directamente al precio e inflación y sabemos que el resultado no es bueno”, dijo.

Por su parte, la industria de servicios, que representaba antes de la pandemia el 65 por ciento del PIB y proporcionaba 6 de cada 10 empleos, se ha visto fuertemente golpeado al no considerarlo como actividad esencial, por lo que se debe trabajar juntos en su recuperación, resaltó Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México.

“La estrategia debe ser no crear incertidumbre, la certeza es el factor principal que buscan los inversionistas”, apuntó.

Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), expuso que una vez que la industria aseguradora es el tercer inversionista institucional más importante de México con más de 1.3 billones de pesos en inversiones, es necesario que sea considerada.

“El clima de certeza jurídica es sumamente importante y más del 50 por ciento del capital de las compañías de seguro es capital extranjero y todos estos mensajes se suman a las decisiones de invertir entre una economía y otra”, señaló.

Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), dijo que “el gran perdedor de este proceso es el empleo, al sufrir las Mipymes incrementos en los costos de sus insumos podrán generar menos empleos y crecer menos la economía del país. Hoy por hoy las Mipymes están sufriendo”.