Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Ganan especuladores con ley seca; cerveza, al doble de su precio

El tarro cervecero mexicano se vacía rápidamente. La imposición de ley seca de facto en varios estados y municipios del país ya genera una escasez inédita a nivel nacional, detonando un mercado negro en el que han perdido los mexicanos y ganado los especuladores: al agotarse las reservas y existencias de cerveza, hay quienes llegan a comercializar un six-pack en un 300 por ciento más. No sólo eso: en la frontera norte, como en los tiempos de la Prohibición estadounidense pero al revés, hay visos de contrabando y paquetes de chela de Estados Unidos -en donde la producción no se ha detenido- ingresan sin pagar impuestos y se cotizan en mil pesos en Tijuana, mientras que al sur ya hay "corredores" de alcohol en conflicto con la ley. 

En Tabasco, policías estatales "aseguraron" este domingo un cargamento de 85 cartones de cerveza y detuvieron a quienes pretendían "traficarlos". Los "traficantes" fueron remitidos ante un juzgado cívico y las cervezas destruidas con un bulldozer. Este fin de semana y como nunca había ocurrido en tiempos de paz, al menos 25 entidades reportaban escasez de cerveza lo mismo en grandes cadenas comerciales como pequeños expendios. Sin tomar en cuenta las pérdidas millonarias en exportaciones, entre los grandes mercados nacionales afectados se encuentran la Ciudad de México, en donde ya impera una ley seca de facto en una decena de alcaldías, así como Monterrey y Guadalajara, además de la parte más poblada del Estado de México. Se trata de millones de consumidores sin acceso a un producto que quizá no es esencial, pero es de consumo casi cotidiano. De la frontera al Bajío hasta el sureste, los estados y municipios han aplicado por su propia cuenta una u otra variante de la ley seca, desde limitar los horarios de venta hasta prohibir por completo su comercialización. El principal golpe, empero, ha sido la limitación a la producción. Los stocks de bebida en buena parte del país ya se acercan a cero. 

Pero con la escasez no solo queda mal parado el consumidor. Al secarse las ventas de cerveza, el gobierno federal pierde a su principal fuente de ingresos por Impuesto Especial a Producción y Servicio (IEPS), en momentos en que requiere de más recursos que nunca para afrontar la crisis sanitaria. Tan sólo en el 2019, este impuesto a la cheve le generó casi mil millones de pesos a las arcas federales, más que combustibles fósiles, telecomunicaciones, juegos y sorteos y bebidas alcohólicas en conjunto. Mientras la federación ve como una de sus gallinas de oro se vuelve abstemia, hay quienes ganan a manos llenas. Como si se tratara de un producto clandestino similar a la mariguana o la cocaína, en varias entidades han aparecido dealers de cerveza que, a través de redes sociales, ofrecen el producto para llevarlo a domicilio, con un sobrecosto que va hasta el 300 por ciento "por el riesgo". La ley seca de facto que significó la suspensión de la producción se manifiesta en distintas variantes, pero con un elemento en común: la especulación rampante. Por ejemplo, en Tamaulipas, el precio de un six se ha duplicado. 

Una caja con 24 cervezas, que antes de la escasez tenía un valor de hasta 280 pesos, ahora se cotiza entre 520 y hasta 600 pesos según la marca. Una caguama que costaba 35 pesos, hoy asciende a 75 pesos; el aumento es de más del 100%. En Coahuila se reportaron aumentos de hasta 40 por ciento en los precios. En distintas ciudades de Chihuahua se detonaron compras de pánico que agotaron los últimos stocks de muchas tiendas. San Luis Potosí prohibió la venta de cerveza por completo desde el viernes pasado; en internet se ofrecen cartones a más del cien por ciento de su valor normal. Monterrey, que es el principal consumidor per cápita a nivel nacional -3 mil 314 pesos por cabeza en 2018-, vive un periodo de secas jamás visto desde la Revolución Mexicana. En prácticamente todas las tiendas de la ciudad se han fijado letreros que advierten que ya no hay cerveza, mientras que Femsa, operadora de las tiendas Oxxo, sentenció a finales de la semana pasada que sólo le quedaban existencias para 10 días. 

En buena parte de la ciudad, la cerveza ya desapareció de los anaqueles de las tiendas y quien la acaparó, por ejemplo, el “Depósito Eloy”, en la colonia Penitenciaria en Monterrey, vendió la presentación de 24 latas de cerveza de Tecate a 520 pesos, 200 pesos más cara de su precio regular. El rumor de una posible medida similar en Chihuahua, detonó compras de pánico y filas de hasta dos horas para adquirir las cada vez más escasas existencias. En Tijuana, la cerveza escasea desde hace una semana y algunos minimercados optaron por llenar sus refrigeradores con otros productos, aunque apareció la reventa por medio de redes sociales. Los pocos negocios que aún tienen existencias venden únicamente paquetes de doce cervezas en 225 pesos. En redes sociales, ya se cotiza hasta en 600 pesos. 

La cercanía con la frontera ha generado un fenómeno adicional: el contrabando clandestino de cerveza extranjera. En el caso de Tijuana hay quienes ofrecen la venta de cerveza estadounidense, cruzándola de tiendas de San Diego en donde se venden paquetes de 18, 24 y 30 piezas. El precio varía de acuerdo al vendedor, pero puede ser de hasta mil pesos por 30 piezas, mismo costo que se cobra en la calle por cien gramos de cocaína o 10 churros de mariguana. Dentro de todo este entramado, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco se han mostrado como los estados más duro y han detonado su particular guerra contra la venta ilegal de cervezas. Hasta el momento, por la venta clandestina de cerveza, el Sistema de Aministración Tributaria de Quintana Roo (SATQ) ha clausurado 42 establecimientos y casas habitación, principalmente en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún. En Tuxtla Gutiérrez, la policía estatal realiza operativos en busca de puntos clandestinos de venta, como si se tratara de narcotienditas. 

A la par, en territorio tabasqueño, desde hace un mes se han clausurado al menos 27 locales por vender bebidas alcohólicas en sitio o por Internet, se han decomisado 3 vehículos usados para su transporte y hay por lo menos cinco personas detenidas por violar el decreto de prohibición. ESCASEZ DEL ALTIPLANO En el Estado de México, el mapa de contagios empalma con el de la prohibición: se venden cervezas en los municipios más afectados por covid-19 como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Valle de Chalco-Solidaridad, Chimalhuacán, Amecameca, Chalco, Ozumba y Atlautla. En Michoacán, se ha detectado especulación en sus 113 municipios. A pesar de que la ley seca no se ha declarado de forma oficial en Hidalgo, negocios, comercios y tiendas de autoservicio que ofrecen el producto se han aliado a esta medida sugerida por autoridades estatales y municipales con el fin de evitar fiestas o eventos que lleven a la violencia. En consecuencia, los precios han aumentado del producto que aún les queda a la venta, hasta en un 50 por ciento. 

La Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), de la zona Metropolitana de Pachuca señaló que “se estará verificando el precio de la bebida, que puede llegar a una sanción, siempre y cuando haya quejas o denuncias sobre el aumento del precio y se corrobore que es un lugar establecido, ya que no es un producto de la canasta básica”, expresó la directora, Italia Almeida Paredes. En Morelos, aun cuando la ley seca sólo fue implantada en algunos municipios como medida “alterna” para frenar el avance del covid-19, la falta de producción de las empresas cerveceras ya trastocó al consumidor, que este fin de semana tuvo problemas para conseguir cerveza u obtenerla a precios muy por arriba a los autorizados en supermercados o tiendas de conveniencia. Por ejemplo y en función de la zona donde sea localizado el producto, una cerveza familiar es adquirida hasta en 70 por ciento por arriba de su costo normal. En tanto que las cervezas de lata, de manera individual, llegan a costar de 55 a 70 por ciento por arriba. 

En paralelo, las métricas en línea reflejan ya una creciente preocupación entre los consumidores. Google reporta que las búsquedas relacionadas con términos relacionados con cerveza como six, chela, cheve, caguama, venta en línea y otros, se dispararon de forma importante en la última semana. Sus datos dicen mucho de a quién le preocupa más. En orden por número de búsquedas: Sonora, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo. Aún más significativo, las búsquedas relacionadas a la palabra "escasez" se dispararon en un 400%

Economías dislocadas, saldo de la epidemia, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la pandemia del Covid-19 aún en curso dejará centenares de miles de ausencias irreparables y una economía dislocada y severamente disminuida. La catásfrofe económica asociada obliga a desechar el modelo que genera riquezas sin bienestar y procurar una mayor intervención del Estado en cumplimiento de su responsabilidad social.

Al estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda de los gobiernos, indicó.

Entre los primeros saldos que ha dejado la pandemia a nivel mundial, el mandatario identificó el abandono que los sistemas públicos de salud han tenido en el neoliberalismo, lo que que ha producido desgarradoras escenas de enfermos graves esperando ser atendidos en unidades de terapia intensiva.

Al tremendo daño que ha generado en la salud, con la pérdida lamentable de vidas, habría que agregar el derrumbe de la economía mundial, lo que ha puesto en evidencia el fracaso del modelo neoliberal.

Al dar a conocer el documento Algunas lecciones de la pandemia Covid-19, el mandatario planteó la necesidad de reconvertir los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en verdaderos promotores de la cooperación para el desarrollo y el bienestar de los pueblos y las naciones. Es urgente desechar las recetas de estos organismos para revertir la crisis, ya que sólo provocan nuevos ciclos de concentración de la riqueza, agravamiento de la desigualdad y el ensanchamiento de abismos sociales.

Tras criticar que los sistemas de salud no han sido prioritarios durante el periodo neoliberal, describió las debilidades reflejadas en México, al quedar de manifiesto no sólo la carencia de camas, ventiladores o equipos de protección para los trabajadores del sector salud, sino también, lo más grave, la escasez de personal médico, sobre todo especialistas. Las políticas restrictivas de acceso a la universidad dejaron insuficiencias para atender las necesidades sanitarias nacionales.

Pero quizá la muestra que ha dejado el coronavirus sobre la indiferencia o la irresponsabilidad mayor de los gobiernos es la desatención, por décadas, de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y los padecimientos renales.

En México, las personas que padecen estas enfermedades por causas hereditarias o por una deficiente alimentación han resultado las más afectadas por el Covid-19.

En su balance, lamentó que una de las principales fallas es la poca solidaridad mundial que existe para adquirir los equipos que se requieren para la atención de la enfermedad. La especulación y el lucro ha llegado a niveles vergonzosos. Un ventilador que antes de la contingencia costaba 10 mil dólares en promedio, ahora se vende en 100 mil, por ello, celebró que en medio de esta pandemia, por razones aún inexplicables, no haya afectado a África con la misma intensidad.

A partir de estas lecciones, para López Obrador es indispensable el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud sobre la base de que ésta no es un privilegio, sino un derecho inherente a todos los seres humanos. El presupuesto destinado a esto no es un gasto, sino una inversión en lo más valioso de cualquier país: su población. Además, es impostergable atender las enfermedades crónicas que han potenciado los fallecimientos por el coronavirus en el mundo.

Para López Obrador, la pandemia aún en curso nos dejará centenares de miles de ausencias irreparables y una economía dislocada y severamente disminuida. Sin embargo, salir de esto implicará fortalecer la fraternidad, sobre la base de que el cuidado de la salud debe ser una tarea colectiva, no una opción independiente en cada nación. Es indispensable un mundo más solidario.

Pidió a las organizaciones de Naciones Unidas y Mundial de la Salud convocar de inmediato a gobiernos y científicos del mundo para la creación de vacunas contra el coronavirus. Hay que procurar que las ideas y las acciones de los gobiernos en el mundo se guíen por principios humanitarios más que por intereses económicos, personales, de grupos o de potencias, por legítimos que sean, concluyó.

Grupo Fármacos Especializados simula su cierre

José Antonio Pérez Fayad, vicepresidente de Grupo Fármacos Especializados, la distribuidora inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), cedió los derechos de sus marcas a Pro Inmune, una empresa de la que también es propietario.

El empresario investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) supuestamente cerró su distribuidora de medicamentos y despidió a unos dos mil trabajadores la semana pasada, pero sus marcas siguen operando como propiedad de Pro Inmune.

“Grupo Fármacos Especializados (inhabilitada por dos años para hacer negocios con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador), representada por José Antonio Pérez Fayad cede (los derechos de marcas) en favor de la empresa Pro Inmune”, revela uno de los contratos firmados por el empresario, y del cual El Sol de México tiene copia.

El vicepresidente de Grupo Fármacos Especializados, el tercer mayor proveedor de medicamentos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entregó a Pro Inmune marcas como Fármacos Express, Telefármacos, Farmacias Especializadas, Fesa Farmacias Especializadas, para que continúen en el negocio médico.

El empresario mexicano pidió el 14 de octubre de 2019 a sus abogados Luis J. Legarreta Cantú, Fermín Rodrigo Reyes Fentanes y a Adriana Tovar Azuela, registrar el contrato de cesión de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Pérez Fayad firmó ese documento como cedente de Grupo Fármacos Especializados y también como cesionario de Pro Inmune, una empresa fundada a finales de los año 90.

Con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, las distribuidoras de medicamentos comenzaron a crear nuevas empresas para mantenerse como proveedoras del sector salud.

Un ejemplo fue la creación de Grupo BT1, una empresa de Pablo Escandón Cusi, presidente del consejo de Administración de Nadro.

Un esquema similar usó el rey de las vacunas Francisco Álvarez Morphy Alarcón, quien cuadruplicó sus ventas con Laboratorios Imperiales durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando logró contratos por dos mil 584 millones de pesos.

El empresario dejó en el olvido la empresa que le dio dinero y renombre en el mercado de la distribución de medicamentos y en 2017 la cambió por Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, que hacia el final del gobierno de Enrique Peña ganó 17 contratos por adjudicación directa, por mil 144 millones 651 mil 867 pesos.

Ahora, la familia Pérez Fayad traspasó sus marcas a Pro Inmune, una empresa que firmó más de tres mil contratos por cinco mil 766 millones de pesos con el IMSS durante el último año del gobierno de Ernesto Zedillo, los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero que no concursó en licitaciones durante el gobierno de Peña Nieto.

El Sol de México buscó y envió correos electrónicos a tres directivos de Grupo Fármacos Especializados para que explicaran si Pro Inmune de México participará en licitaciones públicas. ¿Cuál es la intención de cambiar de nombre como si fuera el cierre de la empresa? ¿Esto se relaciona con la inhabilitación? Al cierre de la edición no habían respondido.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) informó que el Grupo fue el tercero con más adjudicaciones directas durante el gobierno de Peña Nieto: más de dos mil 600 contratos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Grupo Fármacos Especializados de ser parte de un monopolio farmacéutico que vendió más de 106 mil 813 millones de pesos en medicamentos durante el sexenio de Peña Nieto.

La distribuidora de fármacos fue inhabilitada por la SFP para hacer negocios con el gobierno. La sanción impuesta el 19 de junio de 2019 fue por entregar información falsa en un procedimiento licitatorio y en la celebración de un contrato.

El 16 de octubre de 2019, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) informó que el grupo logró una suspensión provisional de una sanción económica, luego de que interpuso una demanda de nulidad. Hasta el 27 de abril de 2020, el TFJA no había emitido una sentencia.

En 2013, José Antonio Pérez Pérez y Ambra Fayad Said, junto con sus hijos Amara del Carmen Pérez Fayad, José Antonio Pérez Fayad, Francisco Daniel Pérez Fayad, fusionaron sus siete empresas del sector médico para crear Pro Inmune.

La familia Pérez Fayad se abrió paso en la distribución de medicamentos con sus empresas Data Holding México; Farmalínea; Farmacéutico Punto por Punto México; Farmacia Especializada Calzada Vallejo; Grupo Farmacéutico Especializado; Logística en Medicamentos y Equipo Médico; y Farmacias Especializadas de México.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga depósitos millonarios de integrantes de la familia a cuentas en Suiza y Estados Unidos.

La farmacéutica está bajo sospecha de fraude fiscal y corrupción, confirmó Santiago Nieto, titular del organismo de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con un reporte de los casos relevantes que sigue la UIF, cinco integrantes de la familia "PF" (los padres y tres hijos) y accionistas de Grupo Fármacos Especializados hicieron depósitos en cuentas de distintos países, aun cuando la empresa no registra operaciones de comercio exterior que amparen la compra de medicamentos en el extranjero.

Destacan envíos por más de mil 600 millones de pesos a cuentas en Suiza y por 115 millones de dólares a bancos en Estados Unidos.

“Encontramos la misma constante, contratación gubernamental en el sexenio anterior a partir de adjudicaciones directas de empresas que no tienen un andamiaje jurídico y el número de trabajadores registrados al IMSS, y sin embargo terminan enviando el dinero fuera de las fronteras mexicanas después de la contratación gubernamental (…) Evidentemente es caso de defraudación fiscal y de corrupción”, dijo el titular de la UIF.

Pemex registra patrimonio negativo histórico

Tras el peor primer trimestre de su historia y en espera de la peor parte de las crisis en los mercados, el alza del precio del dólar frente al peso, la caída en la demanda de combustibles por el Covid-19 y los bajos precios del petróleo sumados al acuerdo internacional para reducir la producción, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe iniciar de inmediato cambios en su estrategia a distintos plazos, reduciendo costos, buscando liquidez y proyectando apertura hacia nuevas contrataciones, según expertos.

La estatal petrolera cerró el primer trimestre del 2020 con la peor pérdida neta en su historia para este periodo, de 562,250 millones de pesos, misma que es cinco veces más profunda que las peores que ha tenido, registradas en el 2015 y el 2018, y que además es 62% superior a la pérdida neta acumulada para todo el 2019, que fue de 346,135 millones de pesos.

El patrimonio de la estatal es el menor que se haya observado en la historia, al ubicarse en menos 2 billones 323,523 millones de pesos, producto de la diferencia de un activo de 1 billón 897,868 millones de pesos y un pasivo de 4 billones 221,403 millones de pesos, mismo que dio un salto anual de 19%, el mayor desde el tercer trimestre del 2015 (34.5 por ciento).

La depreciación del peso frente al dólar y sobre todo la caída en los ingresos y los altos costos operativos provocaron este resultado para la estatal, en su mejor momento de producción petrolera en 14 años y con el inicio del repunte de refinación, mismos que por falta de presupuesto y demanda interna por la crisis del coronavirus y el acuerdo con las naciones petroleras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y no alineados (OPEP+) para reducir la oferta se suspenderán, con lo que con estos resultados este primer trimestre será el mejor del año para la empresa.

Los ingresos por venta de crudo en el primer cuarto del año fueron de 284,110 millones de pesos, con una caída de 20% en comparación con el mismo lapso del año anterior. La caída fue tanto por menor volumen como por un precio más bajo en la exportación de petróleo, que mantuvo un precio promedio de 44 dólares por barril, muy por encima de 15 dólares que se perfilan como máximo para el segundo trimestre, y también por debajo de 55 dólares por barril en promedio del año anterior.

El peso mexicano tuvo una depreciación frente al dólar estadounidense de 27.4% en los primeros tres meses de este año, factor que también impulsó la caída en los ingresos totales de la empresa. Esta depreciación generó a Pemex una pérdida cambiaria que ascendió a 469,206 millones de pesos. “La pérdida cambiaria no pone en duda la viabilidad económica de la empresa”, aseguró Alberto Velázquez, director corporativo de Finanzas de la compañía, durante el reporte a inversionistas de la empresa.

Sobresale también que los impuestos totales de la empresa fueron sólo 21% de los ingresos, al sumar 60,496 millones de pesos, en contraste con 92,444 millones de pesos que la empresa erogó el año anterior, cuando representaron 26% de los ingresos.

Pero además, por primera vez antes de impuestos en un primer trimestre, Pemex llegó a una situación de pérdida, reportando una utilidad negativa de 501,754 millones de pesos.

Cambio de ruta, urgente

De acuerdo con el especialista en el sector energético mexicano Arturo Carranza, es momento de que Pemex tome decisiones oportunas aun con el tamaño de la empresa y las trabas burocráticas que enfrenta como ente gubernamental.

El anuncio de un recorte de 40,500 millones de pesos, 15% de su presupuesto para exploración y producción, es un buen avance hacia esa dirección en el corto plazo, dijo, aunque consideró que llega tarde en comparación con las medidas de reducir hasta 20% del gasto de empresas como Exxon, Chevron o Total, que además comenzaron desde marzo.

“Se han tardado, pero ya iniciaron con la reducción de costos. En el corto plazo falta garantizar la liquidez y que no falte el flujo para seguir pagando a contratistas y proveedores para continuar la operación”, dijo el experto.

Lo anterior se liga con la estrategia de mediano y largo plazos de la empresa. Es momento de flexibilizar sus modelos de contratación en exploración y producción, porque resultan costosos y lentos, pero además se deben revisar nuevamente los ingresos que con asociaciones mediante farmouts con terceros podrían obtener.

Por último, se debe considerar que la pérdida en transformación industrial fue de 80,000 millones de pesos sólo en un trimestre, por lo que incluso el esquema laboral de las refinerías y los tratos con el sindicato deben ponerse a revisión para no añadir más costos a capital de trabajo, que se encuentra inmóvil en plantas sin materia de trabajo mientras se llevan a cabo las remodelaciones.

Ramsés Pech, analista del sector, explicó finalmente que, aun con la reducción del derecho por utilidad compartida de 39% para la producción petrolera de la empresa durante el 2020, sería deseable modificar el régimen fiscal de Pemex para que como toda empresa pague en función de sus ingresos y utilidades reales, que sean reinvertidos en la empresa y no se destinen al gasto corriente de la administración.

Alertan por mercado negro en funerarias

En la Fase 3 de la contingencia sanitaria por COVID-19, se han detectado un mercado negro de servicios funerarios que opera a las afueras de los hospitales; aprovechan la tragedia y la urgencia que provoca el coronavirus.

El Consejo Mexicano de Empresas Funerarias (Comesef) denuncia que a nivel nacional hay alrededor de 3 mil locales o pseudo agencias funerarias que ofrecen servicios incompletos que alcanzan un costo de hasta 50 mil pesos, aprovechando la necesidad, tristeza y desconcierto de las familias que pierden a un ser querido.

Otros, ofrecen el traslado de un cuerpo por 10 o 15 mil pesos, pero después el servicio incrementa de precio con la realización de trámites legales, la preparación del cuerpo, el mantenerlo en un refrigerador para después, llevarlo al horno de cremación.

La Comesef señala que estos “changarros” no cuentan con la infraestructura ni la profesionalización y mucho menos los protocolos para atender a personas fallecidas por Covid–19, lo cual, se convierte además en un foco de infección.

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“Los afectados son las familias que se ven sorprendidas porque confían en una funeraria que les promete algo y no les cumple. En cuanto a tiempos, la sorpresa de los costos, que le dice a las familias, bueno pues yo le hago su servicio funerario por 10 mil pesos, pero en esos 10 mil pesos no están incluidos los trámites entre dependencias gubernamentales; no tienen donde cremar”, aseguró Manuel Ramírez, integrante del consejo.

“Invito a todas las familias que se acerquen a funerarias serias. Un servicio de COVID completo sin ninguna sorpresa cuesta 24 mil 500 pesos. Recoger a tu ser querido, garantizar el cerco sanitario, el poder preservar el cuerpo de forma correcta, el hacer los trámites ante dependencias gubernamentales, el cremarlo, y entregarlo en una urna. No hay que lucrar con esta situación, es un precio estándar”, indico Manuel Ramírez, quien también es director general de García López.

En la CDMX la Comesef estima que operan de manera irregular, por lo menos, 30 crematorios que rebasan los contaminantes permitidos por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema): 120 miligramos por metro cúbico para las partículas suspendidas de monóxido de carbono y de 180 para los óxidos de nitrógeno.

Saturación en CDMX llega a 66%; instalan hospital en el autódromo

Días antes de lo que se prevé que sea la etapa más grave de la pandemia de Covid-19 en el país, la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno federal informó que los hospitales de la Ciudad de México tienen una ocupación de 66 por ciento del total de sus camas.

En tanto, la ocupación de camas con ventilador, para atender a los pacientes más graves, llegó a 59 por ciento.

El 25 de abril, la ocupación de hospitalización general era de 47 por ciento y las de ventilador, de 28 por ciento; es decir que en una semana la ocupación general, aumentó 19 puntos porcentuales y la de las camas con ventiladores, 31 puntos.

Sin embargo, en los últimos dos días aumentó la disponibilidad hospitalaria, pues el 1 de mayo, el porcentaje de camas de hospitalización general ocupadas era 68 por ciento y de camas con ventilador, 64 por ciento.

Mientras que el 28 de abril, la ocupación general de camas era de 60 por ciento; mientras que la saturación en las camas con ventilador estaba al 51 por ciento.

De las 86 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que hay en los 126 hospitales de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que atienden a pacientes de Covid-19, 44 por ciento ya muestra un estatus de capacidad media (16 hospitales con 50 a 89 por ciento de ocupación) o crítica (22 nosocomios con más de 90 por ciento de saturación).

Las UCI en saturación crítica están en nueve hospitales privados, seis de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, tres del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tres del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y uno de la red local del Estado de México.

El 14 de abril, la primera fecha en que la plataforma de Datos Abiertos registró la ocupación hospitalaria, las unidades de este tipo estaban saturadas en 31 nosocomios. En respuesta, los gobiernos federal, así como de la capital y el Estado de México, habilitaron más espacios, aunque hay un movimiento constante en la ocupación.

Por ejemplo, el 17 de abril, 41 unidades de cuidados intensivos estaban en situación crítica; al día siguiente se redujo a 11; pero el 19 de abril aumentó a 29. El 30 de abril, el reporte ubica 17 con saturación crítica, por lo que de esa fecha al 2 de mayo el incremento fue de 29 por ciento.

Cabe mencionar que, recientemente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que, en colaboración con el Gobierno del Estado de México y la Federación, habilitará tres mil 200 Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) en la Zona Metropolitana.

La Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013 señala que las UCI deben contar con equipo médico especializado, fácil acceso a áreas de cirugía y urgencias, controles de acceso y módulos de aislamiento para pacientes infectocontagiosos.

El dato: La SSC desplegó un operativo en el Hospital Rubén Leñero, luego de que la noche del sábado un grupo de manifestantes intentara ingresar por la fuerza, al acusar falta de información.

UBICAN 89 ZONAS DE CONTAGIO. El Gobierno de la Ciudad de México ha señalizado con letreros de emergencia 89 puntos que concentran gran cantidad de personas.

Se trata de 51 estaciones del Sistema Colectivo (STC) Metro y 31 Centros de Transferencia Modal (Cetram), así como siete mercados públicos, dos en la alcaldía Iztapalapa (Central de Abasto y La Nueva Viga), tres en Miguel Hidalgo (Peña Manterola, Argentina y Tacuba), uno en Cuauhtémoc (La Merced) y uno en Coyoacán (La Bola).

Las señales contienen mensajes como: “¡Cuidado! Zona de alto contagio”, “Guarde su distancia y no toque nada”, “¡Alerta! Zona de alto contagio”, , así como indicaciones de uso de cubrebocas y lavado de manos o utilización de gel antibacterial.

Crisis de camas, de terapia intensiva y de cadáveres

En la semana que empieza está llamada a ser la más complicada para los estados en el centro del país. Se enfrentarán a tres fenómenos cuya masificación puede someter a una gran presión a las áreas de recepción de pacientes y de terapia intensiva de los hospitales, pero también a los servicios funerarios.

En el caso de los cadáveres, el primer problema es que los hospitales tienen instalaciones adecuadas para una operación normal, es decir, donde un número relativamente bajo de cadáveres debe ser manejado simultáneamente. En la crisis COVID esto cambia, sobre todo en zonas donde muchos pacientes no están llegando a solicitar atención tempranamente, sino que llegan ya con síntomas avanzados de COVID-19. Este hecho dificulta a los hospitales una buena planeación sobre el uso de sus escasas camas y genera negativas de recepción de pacientes que se han difundido recientemente. Pacientes que llegan en estado extremadamente crítico, probablemente sólo ocuparán las camas de terapia intensiva unas cuantas horas antes de morir, pero favorece el rechazo a otros pacientes.

El problema final en la acumulación de cadáveres es que muchas funerarias se están negando a realizar servicios para estos fallecidos, lo que obliga al hospital a brindar más tiempo a la familia para conseguir un servicio. La acumulación de cadáveres comienza a aparecer.

Recesión en México hace que se demande más efectivo

La crisis económica en el país ocasionada por las medidas para contener la propagación del coronavirus ha elevado la demanda de dinero en efectivo, y en lo que va del año registra un crecimiento, un hecho sin precedente desde que hay registros disponibles, aunque esto no se ha reflejado en un mayor consumo.

El monto de billetes y monedas en circulación promedió un billón 782 mil millones de pesos en abril, un 5 por ciento más, en términos reales, al monto promedio reportado en diciembre pasado. Es decir, actualmente hay más dinero en poder de la población que en diciembre pasado, lo que resulta inusual.

Este es el primer incremento al menos desde 1989, para un periodo similar según los registros del Banco de México. En el mismo lapso del año anterior se reportó una contracción de 3.9 por ciento en términos reales.

A tasa anual este indicador aumentó 10.8 por ciento en términos reales, y este fue su mayor avance en poco más de tres años, desde diciembre de 2016.

Los billetes y monedas en circulación incluyen los que están en poder del público más los que están en la caja de los bancos.

Los datos revelan que las personas y las empresas están demandando liquidez en la actual crisis ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, aun cuando hay más dinero en circulación y las personas y empresas disponen de más recursos para adquirir bienes, el consumo y la inversión se han estancado debido a la crisis sanitaria.

Quieren recursos disponibles

De acuerdo con analistas, en tiempos de crisis las personas son más conservadoras en el consumo y no es por preferencia, sino porque la gente ha perdido su trabajo, o tienen temor a perderlo, por lo que reducen su gasto y prefirieren tener recursos disponibles para hacer frente a eventualidades.

Así, según el último reporte de la ANTAD, las ventas mismas tiendas reportaron en marzo, la última cifra disponible, un incremento nominal de 1.1 por ciento anual, el menor en 12 meses, lo que revela cautela por parte de los consumidores.

El incremento en la masa monetaria es reflejo de que “la gente está tratando de quedarse con el efectivo y no pagar muchas de sus obligaciones, como son el pago en los créditos e hipotecas, entre otros”, señaló Miguel González, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Indicó que “un segundo factor tiene que ver con el desempleo, por lo que la población está recurriendo a medidas como retirar dinero, los que tienen, de las Afores y las demás personas a otras cosas para hacerse de efectivo y deshaciéndose de algunos valores”.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), indicó que al estar paradas algunas de las actividades económicas, la personas están haciendo más transacciones en efectivo, y además han dejado de solicitar créditos y han dejado de comprar en algunas tiendas por el cierre, afectando al consumo.

En marzo, el crédito al consumo registró un nulo crecimiento, la cifra más baja desde noviembre de 2010, y en tarjetas de crédito reportó una caída de 1.2 por ciento real y se prevé un mayor deterioro en los siguientes meses.

Para los especialistas, el mayor dinero en circulación también tiene que ver con las medidas implementadas por el banco central, de proveer más liquidez a los mercados financieros.

El Banco de México “ha generado una política de flexibilización de su política monetaria, y parte de esto ha sido algunos de sus instrumentos que ha aplicado para intervenir en los mercados cambiarios, buscando dar la liquidez en la economía, lo que ha implicado un incremento a su base monetaria”, agregó De la Cruz.

Las medidas tomadas por las autoridades, como el confinamiento, pueden impulsar los pagos digitales y con tarjeta, lo que llevaría a incrementar los depósitos bancarios en cuenta corriente en los próximos meses y disminuir el dinero en efectivo.

“La demanda de dinero y billetes disminuirá debido al confinamiento y el dinero que se encuentra en la cuenta corriente aumentará”, consideró Raymundo Tenorio, profesor emérito del Tec de Monterrey (ITESM).

Sin embargo, en tiempos de pandemia el dinero “al ser manipulado por muchas personas varias veces en el día, el contagio de coronavirus puede aumentar, por tal motivo, el uso de la tarjeta puede aumentar hacia adelante”, indicó el catedrático

Preocupa a IP intervención en el presupuesto; advierte de mayor discrecionalidad

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró preocupante la intervención del gobierno para adecuar el presupuesto en caso de que se presenten “emergencias económicas”, ya que podría darse una discrecionalidad en el ejercicio de los recursos de hasta 50% o mayor del gasto disponible.

En días pasados el gobierno presentó iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en su artículo 21, señalando que “En caso de que se presenten emergencias económicas la Secretaría de Hacienda podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la Administración Pública Federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.

El organismo que dirige Carlos Hurtado dijo que son preocupantes las atribuciones discrecionales para el manejo del gasto por parte del Ejecutivo, ya que a diferencia de lo previsto en el artículo 58 de la LFPRH que fija umbrales de modificaciones al presupuesto de cada ramo para informar al Congreso, en este caso se hace referencia a reorientaciones del gasto –por parte de Hacienda– de hasta 5% o 10% del gasto aprobado total, lo que en términos absolutos significaría 301 mil millones de pesos o 602 mil millones de pesos, y que como porcentaje del PIB representarían 1.2% o 2.5%, respectivamente.

Estas cifras serían inmensas, si se considera que alrededor del 80% del gasto público es ineludible, para pagos de nómina fija, programas imprescindibles desde médicos, enfermeras y maestros hasta participaciones y aportaciones federales, servicio de la deuda, jueces y controladores aéreos entre muchos otros”, advirtió.

El CEESP consideró más apropiado y afín a las mejores prácticas que fuese un Consejo Económico de Emergencia, con participación del gobierno y de los organismos pertinentes de la sociedad, quien decretara la emergencia económica.

Para que después se tuviera la oportunidad de crear un Consejo Fiscal Independiente, y hasta ser parte de este, que tendría además otras atribuciones más cotidianas y regulares.

AUSTERIDAD, UN GOLPE

El organismo criticó también el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad para las dependencias y entidades de la administración pública federal, ya que no se adoptan las medidas requeridas para hacer frente a los efectos de la crisis económica-sanitaria.

Decretar una reducción voluntaria de 25% de manera progresiva en los salarios y cancelar aguinaldos y cualquier otra prestación de fin de año de altos funcionarios públicos, además de ser una medida inconstitucional, representa un severo golpe para la economía familiar y va en detrimento del consumo”, expuso.

Dijo que la decisión de no ejercer el 75% del gasto en servicios generales traería mayores problemas a los proveedores del sector público, que agudizarán el problema de liquidez que ya se da en el empresariado.