El PAN pidió que Gómez Urrutia se excuse de participar en los trabajos por estar en un “conflicto de interés” al tener una representación sindical.
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En medio de manifestaciones de organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y bajo cuestionamientos por “conflicto de interés” del presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, iniciaron los trabajos para revisar el dictamen sobre la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 11 de abril.
Hasta el Senado llegaron los sindicalistas para exigir que se revise a profundidad el dictamen aprobado por los diputados, con el fin de que se respete la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva, se reconsidere la eliminación del tripartismo y por la defensa de los derechos adquiridos en los contratos colectivos de trabajo, dijo Carlos Galindo del Sindicato de Trabajadores de la UNAM.
Además, en la sesión ordinaria el Partido Acción Nacional (PAN) presentó un punto de acuerdo para que la Unidad de Enlace de la Reforma de Justicia Laboral, la cual depende de la STPS, informe el costo presupuestal que tendrá la reforma laboral.
“Todas las modificaciones legales conllevan un impacto presupuestal que hasta el momento no ha sido considerado. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 se hizo un recorte al Poder Judicial de aproximadamente 7,700 millones de pesos, cifra que representó un recorte de 14% en términos reales y debido a que el nuevo modelo de justicia laboral traerá consigo cargas de trabajo”, es de importancia conocer el impacto presupuestal.
Los legisladores apuntaron que cifras de la Junta de Conciliación y Arbitraje durante el 2017 se reportaron 422,978 juicios laborales en trámite, de los cuales aproximadamente la mitad era conflictos individuales del trabajo. En el mismo año, el Poder Judicial de la Federación tuvo en trámite alrededor de 200,000 juicios en materia civil, mercantil, familiar y penal. Para el mismo periodo el Inegi declaró que solamente 51.4% de los conflictos de despido en México (de jurisdicción local) concluyó en un convenio conciliatorio.
En ese sentido, a las nuevas cargas de trabajo deben incorporarse gastos por adquisición de tecnología y sistemas informáticos para agilizar los juicios, y se deberá contratar más personal para realizar la verificación de la representatividad sindical en cada centro laboral.
En otro punto de acuerdo, los legisladores del PAN solicitaron que el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, se excuse de participar en los trabajos en comisiones y en el pleno respecto de las reformas a la legislación secundaria en materia laboral y de la aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por incurrir en los supuestos de interés personal y conflicto de interés referidos por los artículos 10 y 19 del Reglamento del Senado de la República, debido a la creación de su central obrera y de su nacionalidad canadiense.
Pese a ello, los trabajos en la Comisión de Trabajo siguen adelante y se espera que se discuta este miércoles en dicha comisión.
El Economista
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