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El ex secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Moreno Alcántara, recluido en la Penitenciaria del estado, denunció penalmente a colaboradores del gobernador Alejandro Murat Hinojosa de las secretarías de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y Vialidad y Transporte, así como de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por “simulación de actos procesales y utilización de datos falsos” para mantenerlo en prisión.
Según consta en la carpeta de investigación 2226/Oaxaca/2018, el ex colaborador del gobernador Gabino Cué Monteagudo alega que con un “informe falso” lo mantienen bajo proceso.
Cabe recordar que el 21 de noviembre de 2017 fue detenido el ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Moreno Alcántara, secretario de Vialidad y Transporte (Sevitra) en el gobierno de Gabino Cué, acusado del delito de tráfico de concesiones.
El titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, informó el ex funcionario dejó un daño patrimonial de aproximadamente cinco millones de pesos, al otorgar más de 502 concesiones sin el pago correspondiente.
En estas detenciones “no tenemos sesgo partidista ni alguna línea política”, únicamente se está cumpliendo con la ley, y aunque “no estamos en condiciones óptimas de personas e infraestructura, estamos caminando un poco despacio, pero a paso sólido”, puntualizó Iruegas Álvarez.
A casi 4 meses de su reclusión en el penal de Ixcotel bajo la causa penal 760/2017, el abogado Gabriel Andrés Campoli presentó la denuncia ante el ministerio público en contra del director jurídico Celerino Rosas Platas, la directora de auditoria B, Monserrat Coral Rojas Cortés; el coordinador de auditoria B, Jorge Amando García Pérez y la jefa del departamento de auditoria b, Alejandra García Antonio, todos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Así como a la directora jurídica Judith Ramos Santiago, el coordinador técnico, Jorge Ignacio Pacheco y al director de concesiones, Jorge Ismael Flores Avendaño, todos de la Secretaría de Vialidad y Transporte, así como al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, José Ramírez Luna.
A todos se les se les acusa de presentar informes y documentos que contienen información falsa que repercuten en la posible comisión de varios hechos delictivos, entre los sujetos que intervienen.
Campoli detalló que durante la vinculación a proceso, el agente del Ministerio Público resaltó la inexistencia de 143 títulos que no cuentan con todos los requisitos, de los cuales en la propia carpeta existen completos con sus requisitos 106 que fueron detectados en las mismas copias que aporta el MP, 425 recibidos de pago de derechos de los 502 que se alega no existen, de los cuales 198 son perfectamente legibles y 227 resultan ilegibles.
Entonces, “mi sorpresa es que en la carpeta de investigación el propio MP entrega a mi defendido esos documentos que él afirma no existen y están incluidos en la propia carpeta del MP, por lo que debe ser requerido” para que explique esta irregularidad.
Los otros acusados afirman que los mismos faltantes cuando esos documentos están agregados en la carpeta de investigación.
“Evidentemente esto constituye un informe falso (…) de manera que resulta imposible que si están en poder de la fiscalía se pueda afirmar que no existen, entonces, “es claro que se están negando hechos verídicos como son la existencia de los documentos que fundan la acción penal en contra de Carlos Alberto Moreno Alcántara, ya que si el propio fiscal entrega a la defensa esas copias, es imposible entender otra cosa que el hecho de que la afirmación de que no están es una falsedad”, puntualizó.
Y si el dinero no aparece, entonces, a quien se debe investigar es a la Secretaría de Finanzas del gobierno de Gabino Cué para que explique dónde está ese dinero.
Por lo pronto, existen 502 concesiones de transporte paradas porque no han sido dado de alta pese a que ya presentaron su documentación y el pago del titulo de concesión.
Pedro Matías
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