Pobreza atrasa registro de jóvenes ante el INE; derechos políticos
CIUDAD DE MÉXICO.
Las condiciones económicas en las que viven los jóvenes influyen en su inclusión en el padrón electoral. De acuerdo con un estudio del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral del INE, los jóvenes en situación de pobreza postergan el trámite ante el INE y, en caso de población indígena, inclusive hasta después de los 21 años.
La edad media nacional de inscripción es de 18 años con 10 meses y 26 días. Sin embargo, estados como Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca son considerados como de inscripción “muy tardía, con 64.44% de jóvenes que realizan su trámite en la edad de la media nacional o por arriba.
En tanto, en Coahuila, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Sonora, Ciudad de México y Aguascalientes los jóvenes se registran con mayor prontitud.
El nivel de escolaridad también es un factor significativo en cuanto a la incorporación al Padrón Electoral, ya que la edad media para jóvenes con niveles superiores de instrucción se sitúa en 18.43 años.
La pobreza lastra derechos políticos
Los jóvenes de zonas marginadas o indígenas retardan hasta los 21 años el registro en el Padrón Electoral, según un estudio del INE.
Los jóvenes en situación de pobreza postergan su inscripción al Padrón Electoral, más que los que viven en distritos con mejores condiciones económicas, según el estudio del Comité Técnico de Evaluación del Padrón Electoral del INE y en el que se menciona que la media nacional es de 18 años con 10 meses y 26 días.
Resalta que mientras la población indígena posterga el trámite hasta después de los 21 años, en Oaxaca, por ejemplo, la edad promedio es de 19 años y medio, pero en Aguascalientes el promedio es de 18 años y medio, como la entidad en la que más rápido se dan de alta.
En adición la edad media de inscripción resultó ser menor en las mujeres que en los hombres, a excepción del estado de Coahuila.
Por otro lado, se pudo constatar que las y los ciudadanos con mayores niveles de instrucción se inscriben con mayor oportunidad al padrón.
Las entidades con inscripción “muy tardía” son los estados que tienen menos de 64.44% de jóvenes que se inscriben en la edad de la media nacional o por arriba.
Estas entidades son Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca mientras que otras siete entidades están catalogadas como “tardías”, cuando sus jóvenes están por debajo de la media nacional entre 64.44% y 72.9%. Estas entidades son San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Veracruz, Hidalgo, Zacatecas y Puebla.
Los estados que están en el promedio, son Sinaloa, Estado de México, Guanajuato, Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, Quintana Roo y Baja California, mientras las entidades con registro “oportuno”, son entidades cuyos jóvenes se inscriben con mayor prontitud y están en Coahuila, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Sonora, Ciudad de México y Aguascalientes.
El estudio cruza los datos de edad de inscripción con el nivel de participación en las elecciones de 2018, el nivel de pobreza y el cambio de domicilio no reportado.
Resulta que la Ciudad de México es la localidad con muy baja pobreza, participación alta, inscripción oportuna y muy bajo nivel de cambios de domicilio no reportados, seguida de Tabasco, con pobreza media, bajo nivel de cambios de domicilio no reportados, inscripción oportuna y participación alta.
En el fondo de la lista, con pobreza alta, cambios no reportados de domicilio alto, inscripción muy tardía y baja participación, son Guerrero por encima de Michoacán.
Se concluye en el estudio que “entre las entidades con rezago más alto, las proporciones de población indígena son mayores y se entrelazan con los 3 estados clásicos del déficit histórico en cuanto a desarrollo económico (Guerrero, Oaxaca y Chiapas)”.
Además, la escolaridad en todo el país resultó ser una variable significativa en cuanto a la inscripción al Padrón Electoral ya que la edad media de inscripción para las y los ciudadanos que no saben leer ni escribir alcanza un valor por encima de los 21 años (21.34 años), mientras que para aquellos con niveles superiores de instrucción se sitúa en 18.43 años, una diferencia de casi 3 años.
Incumplen certificación de policías en México
De todas las corporaciones estatales y municipales de las 32 entidades, la recién creada Guardia Nacional es la que va más rezagada en el cumplimiento de este requisito de ley, pues apenas 10 mil 396 (9.9%) de los 104 mil 267 elementos estimados cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), que acredita que aprobaron las evaluaciones de control y confianza, físicas, toxicológicas y de conocimiento para desempeñar la función policial.
En contraste, a 116 mil 609 agentes estatales ya les fue emitido el CUP, lo que equivale a 65.9% del universo estimado de 177 mil 64, según el informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que entregó en abril al Senado la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el cual reporta datos hasta febrero de 2021.
En las policías municipales se lleva un avance de 63%, correspondiente a 80 mil 432 elementos de un universo estimado de 125 mil 908. Las tareas de certificación le corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezado por Leonel Cota Montaño, cuya labor es dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por el Titular del Ejecutivo federal.
En julio de 2019, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó un plazo adicional de 18 meses para que las instituciones de seguridad pública federales y locales certificaran a sus policías. El acuerdo se publicó en septiembre de ese año, por lo que el plazo venció en marzo pasado.
De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los elementos que no acrediten los exámenes para la obtención del CUP deben ser separados de las corporaciones.
En el informe, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rodríguez Velázquez, reportó que el avance en la certificación se vio impactado por la pandemia de Covid-19, “ya que las áreas evaluadoras involucradas se vieron afectadas en sus capacidades de atención durante el periodo de confinamiento”.
En febrero del año pasado, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Cota Montaño, afirmó que habría avances importantes en la aplicación de las evaluaciones, con los recursos de los tres principales fondos de seguridad pública: de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), y del de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Sin embargo, para el ejercicio fiscal de este año se disminuyeron los recursos en alrededor de 4 mil millones de pesos, los cuales eran destinados para el fortalecimiento de las policías a nivel nacional.
En la indefensión
Para la organización Causa en Común, los policías fueron condenados a una creciente indefensión ante la criminalidad y la delincuencia organizada.
“Desde el inicio del actual gobierno, estos subsidios [FASP, Fortaseg, Fortamun] se han reducido año con año o han registrado incrementos marginales que no permiten fortalecer las capacidades de las policías”, indicó.
En ese sentido, el experto en seguridad Ricardo Márquez Blas lamentó que ninguna autoridad se haya manifestado sobre el incumplimiento de la meta y que tampoco se haya fijado un nuevo plazo para que los agentes cuentan con las habilidades básicas de la función policial.
“Se supone que los policías que no cuenten con el Certificado Único Policial deben ser despedidos, [pero] qué va a pasar con eso. El CUP certifica que el elemento está capacitado para realizar las funciones policiales básicas.
“[La falta de certificación] exhibe una falta de compromiso con las metas que las propias instituciones de seguridad se impusieron, con el fin de contar con un servicio de policía de mayor calidad y eficiencia, pero también muestra un claro desdén hacia las expectativas de los ciudadanos, quines esperan policías más capacitados y eficientes”, dijo.
En total, de acuerdo con el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de un universo estimado de 407 mil 239 elementos, las autoridades federales han emitido 207 mil 437 CUP a nivel nacional (50.9%): 10 mil 396 corresponden a elementos federales, 116 mil 609 estatales y 80 mil 432 municipales, al 28 de febrero de 2021.
7 de cada 10 guardias, de origen militar
El sábado, EL UNIVERSAL informó que, de acuerdo con el segundo informe de la Estrategia de Seguridad Pública que entregó en abril la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al Senado de la República, siete de cada 10 agentes de la Guardia Nacional tienen su origen en el Ejército o en la Marina.
La corporación al mando del general en retiro Luis Rodríguez Bucio cuenta, hasta el momento, con un estado de fuerza de 101 mil 257 elementos, de los cuales 59 mil 549 son de la Policía Militar; 16 mil 351, de la Naval, y 25 mil 357 de la Federal.
Canceladas, más de un millón de tarjetas de crédito
Los cuatro principales bancos en México (BBVA, Banamex, Santander y Banorte) suman 16 millones 959 mil 387 tarjetas de crédito en el mercado.
Ciudad de México. Hasta marzo pasado más de un millón de tarjetas de crédito han sido canceladas por parte de los usuarios de la banca, esto justamente a un año del inicio de la pandemia de Covid-19, revelan cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con el organismo, los bancos con mayores pérdidas de tarjetahabientes fueron Santander, Citibanamex, Banorte y HSBC, lo que se vio compensado parcialmente por instituciones que ganaron clientes como BBVA, Banco Azteca, Banregio y Banco del Bajío, entre otros.
Según la CNBV, hasta marzo de este año hay un total de 27 millones 707 mil 743 tarjetas de crédito en el país; sin embargo, en ese mismo mes, pero de 2020 la cantidad era de 28 millones 720 mil 807; es decir, de forma neta, fueron canceladas un millón 13 mil 64 cuentas.
Esto se da en un momento en que las autoridades del país aseguran que las condiciones económicas son mejores a la de hace un año y que se vive en un entorno de recuperación económica.
Además, también se da en una etapa en la que el crédito bancario destinado al consumo lleva poco más de un año en desaceleración y en que la gente, debido a la incertidumbre, prefiere ahorrar.
De acuerdo con los datos del regulador, en Santander, el número de contratos vigentes de tarjetas de crédito hasta el mes de marzo fue de 3 millones 376, y en 2020 la cantidad era de 3 millones 746 mil 301, lo que representa que se cancelaron 745 mil 925. Se trata de la institución financiera que tuvo uno de los peores resultados.
A su vez, las cifras indican que Citibanamex, el banco que tiene la mayor cantidad de tarjetas de crédito en el país, reportó tener un total de 7 millones 73 mil 112 tarjetas de crédito en circulación hasta marzo de 2021, mientras que hace un año la cifra fue de 7 millones 648 mil 913, lo que significa que se cancelaron 575 mil 801 cuentas de este tipo en los pasados 12 meses.
Por su parte, Banorte reportó que hasta el tercer mes de este año tenía un millón 627 mil 359 cuentas en circulación, mientras que en ese mismo periodo del año pasado se contaba con una cifra de un millón 668 mil 290 tarjetas de este tipo, es decir, se dieron de baja un total de 40 mil 931 cuentas.
Resalta el hecho que BBVA, el banco de mayor presencia en México, reportó hasta el cierre del primer trimestre del año un total de 6 millones 23 mil 25 tarjetas de crédito, mientras que en el mismo mes pero de 2020 la cifra era de 5 millones 258 mil 540 cuentas de crédito, es decir, ha logrado colocar 764 mil 485 nuevos plásticos.
Tan sólo entre estos cuatro bancos, que son considerados de importancia sistémica (en caso de quebrar podrían poner en riesgo al sistema financiero) suman 16 millones 959 mil 387 tarjetas de crédito.
En tanto, HSBC reportó a la CNBV que hasta el mes de marzo de 2021 tiene en circulación un millón 359 mil 994 tarjetas de crédito, mientras que en ese mismo mes del año pasado la cifra era de un millón 595 mil 788, es decir, fueron dadas de baja 235 mil 794 cuentas.
Scotiabank informó que hasta el tercer mes del año tiene un total de 579 mil 376 tarjetas de crédito, mientras que hace un año la cantidad era de 662 mil 194, por lo que fueron canceladas 82 mil 818 cuentas.
Destaca el caso de Banco Azteca, que al cierre de marzo reportó 551 mil 430 tarjetas; mientras que hace un año la cifra era de apenas 64 mil 679.
Judicialización crece en recta final de campañas: van ya 600 denuncias
Datos de Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
Recibe FEDE 279 quejas sólo en abril y mayo; en 7 meses previos hubo 321; la mayor parte por prometer inclusión a programas, compra de voto...; contra Morena, la mayoría de las inconformidades; los guindas acusan a Aureoles de violencia; PAN y MC denuncian a AMLO ante OEA
A 20 días de que concluyan las campañas electorales se han incrementado las denuncias penales por delitos electorales, pues en el último mes y medio crecieron 86.9 por ciento, al pasar de 321 de septiembre a marzo a 600 en mayo, según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).
Desde que inició el proceso electoral el 7 septiembre de 2020 y hasta el pasado 14 de mayo, se han promovido 600 denuncias a nivel nacional, en 400 de éstas se abrió una carpeta de investigación por lo que pueden concluir ante un juez. Esto un promedio de 75 por mes o 2.5 por día de acuerdo con los datos del organismo dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Hasta marzo pasado, cuando se tenían 321 denuncias, la mayor parte iban dirigidas contra el partido Morena, seguido por el PRI, candidatos independientes y partidos locales. Sin embargo, entre abril y el 14 de mayo aumentó en 279 el número de nuevas querellas.
Las acusaciones en contra de candidatos que utilizan tarjetas para prometer que incorporarán a la ciudadanía en programas sociales, se detonaron desde que el pasado 7 de mayo, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plástico usado por el priista, Adrián de la Garza, alcalde con licencia de Monterrey, cuyo origen fue aclarado por su equipo de campaña.
Las denuncias que se han presentado en el proceso electoral 2020-2021 han sido principalmente por ciudadanos, aunque también hay un número importante se promovió por las autoridades electorales y en tercer lugar, por parte de candidatos y partidos políticos, que advirtieron sobre alteraciones al Registro Federal de Electores. En estos casos, se incorporó a personas contra su voluntad en un padrón de simpatizantes de algún partido político.
Otro tema que también ha sido denunciado por los actores políticos ante la autoridad judicial electoral tiene que ver con recoger credenciales para votar, generalmente se presentó cuando los asistentes de campaña pidieron la credencial de elector y le tomaron fotografía, una fotocopia e incluso, llegaron a retirar la mica de las personas.
Entre las denuncias, informó la FEDE, también se ubican aquellas relacionadas con programas sociales, compra o coacción del voto, condicionamiento de servicios públicos y por intercambio de despensas a cambio de asumir la obligación de votar por un candidato.
Al comparar las cifras del presente proceso electoral con lo ocurrido en los comicios de 2018, cuando se renovó la Presidencia de la República y concurrieron comicios en 30 estados, se registró un retroceso de 22 por ciento, aunque todavía faltan 15 días para concluir mayo.
Entre septiembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 se presentaron 764 denuncias ante la entonces conocida como Fepade; es decir, un promedio de tres al día; la mayor parte de ellas se quedaron inconclusas y forman parte del rezago de las mil 582 carpetas de investigación pendientes de solución en marzo de 2021.
En ese periodo, enero a noviembre de 2018, Puebla fue la entidad con el mayor número de expedientes iniciados, con 336; en contraste, en Baja California Sur y Colima sólo se abrieron dos indagatorias.
En promedio se iniciaron 44 carpetas de investigación en cada entidad federativa, aunque se concentraron en Puebla con 336, Estado de México 286, Ciudad de México 224, Oaxaca 96, Chiapas 60 y Veracruz 47, de acuerdo con el informe de la Fepade.
Negocian diferencias en reunión del T-MEC
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José López Zamorano
La Representante Comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, será la anfitriona del encuentro virtual que reunirá por primera vez a tres mujeres a la cabeza, junto con la secretaria mexicana de Economía, Tatiana Clouthier y la ministra canadiense de pequeños negocios, promoción de exportaciones y comercial internacional, Mary Ng.
“Los ministros recibirán actualizaciones sobre el trabajo en marcha para avanzar la cooperación bajo el acuerdo y llevarán a cabo discusiones robustas sobre las principales obligaciones bajo el T-MEC, que fijarán un estándar para acuerdos comerciales futuros”, sostuvo la oficina comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés).
Temas álgidos
Tai se comprometió a ventilar durante el encuentro el primer caso presentado por Estados Unidos bajo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, para investigar violaciones laborales serias contra los derechos de asociación sindical y contratación colectiva de trabajadores mexicanos de una planta de General Motors en Silao.
A petición de senadores republicanos, la representante comercial de la Casa Blanca se comprometió asimismo a comentar el caso de la queja presentada por sindicatos estadounidenses contra la empresa Tridonex en Matamoros, a la que acusaron de negar el derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente, y negociar un contrato colectivo. Tai ha elogiado la cooperación con México en el caso de General Motors y ha dejado en claro que buscará colaborar con su contraparte mexicana para evitar una “carrera hacia el fondo” en materia de derechos laborales.
Quitarán “irritantes”
La reunión tripartita que se llevará a cabo entre hoy y mañana servirá como un espacio para trazar los objetivos a largo plazo de cada uno de los países de la región, así como para establecer un plan de trabajo e ir quitando de la mesa los “irritantes” que han surgido durante los últimos diez meses, señaló Kenneth Smith, negociador en Jefe del TLCAN, en entrevista con La Silla Roja.
“Esta reunión es para que se conozcan los secretarios, para que se discuta la visión que tienen del T-MEC a largo plazo (…), sobre cómo ven, no solo la parte técnica y los aspectos irritantes, sino también para (conocer) la visión que cada país tiene sobre la región de Norteamérica”, dijo a El Financiero-Bloomberg.
Smith resaltó que esta reunión se realizará en un momento idóneo, debido a que ya se estrenó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC y comenzaron a discutirse otros temas álgidos, con ‘contraataque’ incluido por parte de México.
“No creo que haya sido coincidencia la carta del embajador Esteban Moctezuma denunciando al sector agrícola estadounidense, es un mensaje político que indica que el capítulo laboral aplica por igual para ambos países, hubiera sido más efectivo que México denunciara un caso específico, ya que tiene mayor contundencia”, explicó.
Como aspecto positivo, resaltó que a 10 meses de haber entrado en vigor el acuerdo, apenas se están vislumbrando los primeros casos.
“No es fácil armar un caso, y que pase ‘la prueba de la risa’, como solemos decir en el argot del comercio exterior, ya que los casos deben tener evidencia sustantiva de que cumplan con todos los requisitos y que pueda proceder hasta establecer un panel”, puntualizó el también socio de la firma Agon.
Con información de Héctor Usla.
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