Vandalizan 50% de las escuelas del país; SNTE: deben remozarse antes de regresar a las aulas
CIUDAD DE MÉXICO.
Delincuentes irrumpieron en miles de escuelas públicas para robarlas y dañarlas aprovechando el abandono de las aulas por la pandemia.
Entre 40% y 50% de los planteles ha sido vandalizado o registra hurtos durante la actual contingencia sanitaria, reveló Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE. Esto representa entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha situación.
En entrevista con Excélsior, señaló que los robos abarcan desde cables de electricidad, ventanas y puertas hasta tazas de baño, computadoras y pantallas.
Ante esto y el próximo regreso a las aulas, el líder magisterial indicó que ya no sólo deberán resolverse las condiciones básicas de infraestructura sanitaria, pues ahora habrá que remozar los planteles, tras un año vacíos.
Para Carlos Ornelas, doctor en Educación, el retorno a las clases presenciales será complicado ante el saqueo a las escuelas y el costo que implicará limpiarlas y dotarlas de agua potable, servicio básico ante la pandemia.
Además, alertó que la inseguridad en estados como Guanajuato y Tamaulipas es otro factor para reconsiderar el regreso a los planteles.
Escuelas vandalizadas la otra tragedia en pandemia
Entre 40% y 50% sufrió robos de ventanas, puertas, cables de electricidad, tazas de baño, computadoras y pantallas, acusa el líder del SNTE, Alfonso Cepeda.
Aprovechando la pandemia de covid-19, ladrones y vándalos irrumpieron en al menos 86 mil escuelas para robar y destruir los planteles que tuvieron que ser abandonados por millones de estudiantes a causa del confinamiento.
Luego de 14 meses, entre 40% y 50% de los centros educativos en el país han sido vandalizados o han sufrido algún robo, reveló el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.
El líder magisterial señaló, durante una entrevista con Excélsior, que la delincuencia se llevó cables de electricidad para utilizar el cobre, ventanas, puertas, tazas de baño, computadoras o pantallas de televisión.
“Muchos edificios fueron vandalizados, ladrones entraron a los planteles, hay un alto porcentaje en este sentido, pero afortunadamente se están tomando cartas en el asunto, los gobiernos estatales están poniendo en orden y en condiciones a todos los planteles para poder iniciar de manera gradual las clases presenciales”, dijo.
Datos de la SEP señalan que en el país existen 216 mil 130 escuelas públicas, lo que significaría que al menos 86 mil 452 o hasta 108 mil 65 habrían sufrido un saqueo o destrucción en la pandemia.
En este contexto, Cepeda Salas indicó que ahora, además de resolver las situaciones básicas de infraestructura en las escuelas que tienen que ver con la disposición permanente de agua potable y sanitarios salubres para poder conservar las medidas de prevención de contagios, ahora se deberá trabajar también para poner en buenas condiciones a los planteles en aspectos como el crecimiento de la yerba, pintura, así como la reposición de tazas de baño, ventanas y cableado.
El mes pasado en Jalisco, por ejemplo, se detectaron al menos 450 escuelas que fueron vandalizadas.
En León, Guanajuato, apenas el martes, se reportaron daños en 94 escuelas.
En Tijuana, la Secretaría de Educación en Baja California dijo que se tienen 90 denuncias de escuelas con robos o vandalismo, y que se ha perdido cableado, equipo de cómputo, electrónicos y hay daños en paredes, puertas y rejas con grafiti.
Mientras, en Ensenada, 141 plantes han sido afectados por el robo de equipo o materiales o vandalizados en sus instalaciones.
EL GOBIERNO EMPUJA EL REGRESO
“Mi intuición me dice que no importa tanto como estén los semáforos (epidemiológicos); el gobierno empuja para que ya en agosto se regrese a clases con medidas sanitarias, aunque va a estar sumamente complicado con las escuelas saqueadas, porque el vandalismo hizo de las suyas, además de que es muy costoso poner a las escuelas en orden, limpiarlas, tener la sanidad completa; hay cerca de 30 mil escuelas donde no hay agua, y en 80% de ellas el agua llega pero no es potable, no es para beber, y hay que tener los cubrebocas que todavía se van a seguir utilizando y el gel para las manos”, explicó Carlos Ornelas, doctor en educación.
Para el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), además del saqueo, en otros lugares existen temores por otros temas como la inseguridad.
“En la Universidad Autónoma de Tamaulipas hay convencimiento de que van a seguir trabajando a distancia no tanto ya por la pandemia sino por inseguridad ya no tienen clases después de las 6 de la tarde porque las jóvenes estudiantes salen pues con temores; esa la otra cara de la moneda, la otra pandemia, porque la violencia también es pandémica, y cómo les vas a pedir a los maestros en Aguililla, Michoacán, que salgan a dar clases, ante el dominio de la violencia criminal en muchas partes y la pérdidas de territorios”, planteó.
Al respecto, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, relató que, como director de una escuela primaria en la alcaldía Iztapalapa encontró las instalaciones con las lámparas fundidas y las puertas y ventanas en mal estado.
“No hubo saqueos ni vandalismo, pero necesitamos lavado de cisternas, iluminación para el turno vespertino y reparar ventanas y las puertas para una buena ventilación”, indicó.
MÁS GASTOS
La Secretaria de Educación de Coahuila deberá invertir 30 millones de pesos para reparar 500 escuelas que presentan algún daño, dijo Higinio González Calderón, titular de esta dependencia.
La Asociación Estatal de Padres de Familia en Tabasco ha reportado al menos 11 robos en escuelas de siete municipios, con pérdidas por 400 mil pesos. Su presidente, José Atila Montero Acosta, señaló que con la suspensión de las clases presenciales, los centros escolares se han convertido en blanco fácil para los delincuentes.
En Baja California, más de un centenar de planteles escolares han sido vandalizadas por los delincuentes, principalmente adictos que operan en las colonias de la periferia de Tijuana y las otras ciudades del estado.
“Se incrementó con cinco escuelas más en una semana; una fue en Mexicali, otra en Tijuana, tuvimos incluso una en Tecate y en Ensenada, pero no hay una ciudad con un impacto distinto”, informó el extitular de Educación, Catalino Zavala.
El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, aseguró que 75 escuelas registraron robos. La región más afectada fue la de Veracruz-Boca del Río, con 51 robos en escuelas.
“Se han robado las puertas, climas, toda la instalación eléctrica, la instalación hidráulica, rompieron baños”, lamentó Yesenia Cano, directora del Jardín de Niños Elena Martínez Cabañas.
EU, preocupado por influencia y poder que AMLO ha otorgado a Fuerzas Armadas en México
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), expresó su inquietud por la militarización y poder que ha otorgado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército, al abarcar su presencia en casi todos los ámbitos del país, y no solo en la seguridad.La directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, Stephanie Brewer, analiza en un estudio titulado “México militarizado: la guerra se perdió, pero la paz no llega”, la influencia que el gobierno de México ha permitido a las Fuerzas Armadas y en donde apunta que éstas podrían tomar el control del gobierno sin la necesidad de un golpe militar.Andrés Manuel López Obrador aseguró en 2012, que en caso de ser Jefe del Ejecutivo en México, sacaría al Ejército de las calles dejando a cargo una policía federal profesionalizada. En 2016, siendo precandidato a la presidencia, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, señalando que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. Reiteró en su campaña de 2018 que reorientaría la estrategia contra la violencia. Como presidente, ha implementado programas sociales que, según el análisis, atenderán algunas de las causas económicas de la inseguridad.
Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado. Este mes (de mayo) cumple un año el Acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024.
Asimismo, en este mes de mayo se cumplen dos años de la Ley que creó la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el gobierno de la 4T que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación y reglas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y donde “la mayoría de los 100 mil integrantes de la Guardia Nacional son militares, y su despliegue territorial se realiza desde cuarteles y su comandante es un general”, critica Brewer.
La suma de estos dos instrumentos legales no es alentadora: incluso si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para 2024, dichas tareas quedarían en manos de otra institución militarizada (la Guardia Nacional). En este contexto, se desdibuja la necesaria reforma policial civil. En tanto, persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México.
Además del Ejército, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) tiene bajo su control y administración los puertos del país, mientras que la Sedena controla las aduanas.
Asimismo, el análisis de WOLA subraya también que la Sedena también bajo su responsabilidad obras prioritarias del gobierno federal como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México; la construcción del Tren Maya y la edificación de las sucursales del Banco del Bienestar. Asimismo, la Secretaría de Marina será garante del Corredor Transísmico, lo que ha afectado las tareas y actividades de otros sectores de la sociedad.
AMLO pone el doble de militares en las calles, más que Peña y Calderón
A 30 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la actual administración ha desplegado en todo el país a un total de 217 mil 505 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, en actividades de seguridad que van desde el combate al crimen organizado hasta el resguardo de instalaciones estratégicas y el traslado de insumos para enfrentar la actual emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
El actual estado de fuerza rebasa por mucho a los militares movilizados para tareas de seguridad pública en los sexenios de Enrique Peña Nieto (81 mil 377, de los cuales 54 mil 980 eran soldados y 26 mil 397 marinos) y Felipe Calderón Hinojosa (64 mil 103, de los cuales 49 mil 650 eran soldados y 14 mil 453 marinos), de acuerdo con cifras oficiales obtenidas por transparencia.
Si se suman los 38 mil elementos de la Policía Federal que en ambos sexenios dieron apoyo a las Fuerzas Armadas, en el de Peña Nieto se desplegaron en total a 119 mil 377 efectivos, y en el de Calderón a 102 mil 103.
Hasta el 21 de abril pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía en el territorio nacional 84 mil 847 efectivos, la Marina Armada, 33 mil 50, y la Guardia Nacional, 99 mil 608, apoyados por 222 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, 92 aviones y 215 buques de la Armada, y 35 aeronaves de la Guardia Nacional.
Para el arranque de la Guardia Nacional, en junio de 2019, se preveía que al menos 32 mil 888 efectivos llegarían de la Policía Militar y 2 mil 788 de la Policía Naval.
Así, de acuerdo con el último reporte del gabinete de seguridad fechado el 21 de abril, actualmente 84 mil 396 elementos federales realizan operaciones para la construcción de la paz en el país, en estados y municipios con alta incidencia delictiva como Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, y en los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez, León, Cajeme, Guadalajara y el puerto de Acapulco.
Están a cargo de la Estrategia de Protección Ciudadana en ocho municipios de ocho estados con alta inseguridad y de las operaciones Noreste y Zona Metropolitana de Guadalajara y Mandos Especiales en Iguala y La Laguna.
Sin embargo, marzo se convirtió en uno de los peores en materia de incidencia delictiva, puesto que nueve delitos del fuero común aumentaron en comparación con febrero de 2021.
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Las víctimas de homicidio doloso se incrementaron 12%, de feminicidio, 30.1%; extorsión, 25.8%; robo a casa habitación, 14.8%; robo de vehículo automotor, 11.1%; robo a transportista, 4.1%; robo a transeúnte, 12.8%; violencia familiar, 30.2%; trata de personas, 52.4%, y narcomenudeo, 7%, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponibles hasta marzo.
En la atención a la actual emergencia sanitaria causada por el coronavirus, el Ejército, Marina y la Guardia Nacional tienen encomendados en total 49 mil 359 efectivos en la aplicación del Plan DNIII-E, Plan Marina y Plan Guardia Nacional, de auxilio a la población.
Transportaron 574 toneladas de insumos médicos vía aérea y terrestre, así como se ha brindado servicio de escolta de seguridad al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Para las tareas de erradicación de plantíos, seguridad a instalaciones estratégicas, operaciones contra el robo de combustible, atención a desastres naturales y presencia en 57 instalaciones aeroportuarias, el Ejército mexicano mantiene asignados a 23 mil militares de diferentes regiones y zonas del país.
De ese total, la mayoría, 7 mil 519, realizan tareas de erradicación de plantíos de marihuana y amapola, y 7 mil 250 brindan seguridad en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Caminos y Puentes Federales (Capufe), Banco del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito) y Banco de México.
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Operaciones marítimas
En las operaciones en el Golfo de México y en el Océano Pacífico, hasta abril estaban asignados 8 mil 170 elementos de la Infantería de Marina para el combate al tráfico de armas, personas y mercancías en ambos litorales, y para ejercer presencia en las regiones, a través de 76 estaciones navales y contribuir a la vigilancia de áreas naturales protegidas.
La Secretaría de Marina (Semar) también mantiene distribuidos 4 mil 620 elementos en cuatro misiones: Operación Sonda de Campeche, para garantizar la seguridad y evitar el robo de combustible; Operación Camarón, contra el robo a embarcaciones pesqueras; Reforzamiento en el Alto Golfo de California, para la protección de la vaquita marina, e Interdicción Marítima, para la vigilancia marítima. En los puertos del país, mil 162 marinos llevan a cabo acciones de vigilancia, inspección y control en recintos para “neutralizar el tráfico de mercancía ilegal de la delincuencia organizada”, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Información de inteligencia naval señala que los cárteles de la droga, entre ellos el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, concentran sus operaciones de trasiego de drogas y precursores químicos en seis terminales marítimas: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Ensenada, La Paz y Ciudad del Carmen.
En lo que respecta a la distribución de vacunas contra Covid-19, un total de 6 mil 632 elementos del Ejército, Marina y de la Guardia Nacional participan en su traslado a los 32 estados de la República Mexicana.
Extraditado de España, Edgar Tungüí detenido en CDMX
Las investigaciones contra Edgar Tungüí, ex comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, señalan al ex funcionario por el otorgamiento irregular de al menos 150 millones de pesos para personas afectadas por el sismo del septiembre de 2017.
Este jueves, el ex servidor público fue extraditado de España a México para ser juzgado por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por presuntamente autorizar esos apoyos económicos millonarios sin que se cumpliera con los requisitos legales paraentregarlos.
Tungüí tiene cuatro órdenes de aprehensión en su contra y en tres cuenta con suspensión provisional para evitar ser detenido, por lo que se cumplimentó el cuarto mandamiento judicial porque probablemente, siendo comisionado, autorizó un apoyo económico para el inmueble denominado Tlalpan 2A por un monto de 32 millones 335 mil pesos.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 4 de octubre de 2018, el ex funcionario otorgó el apoyo con base en el expediente técnico que le fue enviado y que contenía los documentos exhibidos por el presidente del condominio ubicado en Tlalpan y Calle 3, en la Unidad Habitacional Tlalpan ISSSTE, edificio 2A y que no contaba con los requisitos establecidos en los “lineamientospara otorgar el apoyo en reconstrucción de viviendas en conjuntos habitacionales y edificios de uso multifamiliar afectados por el sismo”Edgar Tungüí | ¿Qué delitos se le atribuyen al excomisionado para la Reconstrucción?
En otros casos, el apoyo también fue autorizado para inmuebles ubicados en calle Morelia 107, en la Colonia Roma y en Aluminio 166, en la Colonia Popular Rastro, en Venustiano Carranza.El caso más representativo es que Tungüí presuntamente dio la autorización ilegal de recursos por 116 millones 972 mil 376 pesos para los residentes de los inmuebles ubicados en Calzada de Tlalpan 550, con 390 departamentos, en la Colonia La Moderna yque resultaron afectados por el sismo.
El ex comisionado fue detenido en España y las autoridades de ese país concedieron su extradición, arribó a la Ciudad de México acompañado de agentes de la Interpol, adscritos a la Fiscalía General de la República y fue detenido por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina para después ser llevado al Reclusorio Norte.
CERO IMPUNIDAD"No a la impunidad en el caso a la corrupción, ése es el fondo y ahí la Fiscalía ha hecho un muy buen trabajo, también hay que decir que muchas de estas carpetas son con base en información de la Contraloría y los jueces que determinan que haya orden de aprehensión", así fue como reaccionó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al conocer la aprehensión de Édgar Tungüí.
Al ser cuestionada sobre una posible reposición de los recursos, tras el daño al erario, dijo que el sistema penal así lo establece, en caso de que se le encuentre culpable de los delitos que se le acusan.
"Es parte de lo que el Sistema Penal actual establece, recuerden que la corrupción fue catalogada como delito grave, fue una de las primeras reformas", recordó.
Por Diana Martínez y Almaquio García
Jorge Gaviño y ex gerente del Metro, bajo la lupa de FGR por defraudación fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) integró carpetas de investigación contra el director del metro, Jorge Gaviño y su gerente de adquisiciones y contrataciones de servicios, Ricardo del Río Gutiérrez, durante el sexenio de Miguel Ángel Mancera, por el delito de defraudación fiscal equiparada. El monto de las querellas presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, asciende a casi 9 millones de pesos. Con las diligencias hechas por el brazo de la secretaría de Hacienda, el fiscal, Alejandro Gertz, solicitaría una orden de aprehensión en contra de los ex funcionarios de Mancera. La Procuraduría Fiscal halló en las cuentas de Gaviño ingresos acumulables por más de 6 millones de pesos, durante su paso por la dirección del Metro y su gestión como diputado. De esta cantidad el ahora diputado del PRD hizo un daño al erario por un millón 960 mil pesos, por "consignar ingresos menores a los realmente obtenidos". A finales del 2017, después de los sismos de septiembre de ese año, las autoridades del Metro de la Ciudad de México realizaron un reforzamiento a diferentes instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), incluido el tramo elevado de la Línea 12, en los que se reportaron daños por los terremotos.
En el último trimestre de ese año, aún durante el gobierno de Mancera y con Gaviño como director del STC, se firmaron contratos con al menos 10 empresas por 55 millones de pesos para que realizaran reparaciones a diferentes estructuras de diferentes líneas de la red del Metro por afectaciones derivadas de los sismos. En tanto, Ricardo del Río, gerente de adquisiciones y contrataciones de servicios durante el sexenio de Mancera, es investigado también por el delito de defraudación fiscal equiparada. Al ex funcionario del metro le encontraron en sus cuentas personales, más de tres millones de pesos, mismos que no fueron declarados ante las autoridades hacendarias, dañando al erario con un millón 32 mil pesos. Los ex funcionarios "consignaron ingresos menores a los realmente obtenidos, causando con ello un perjuicio al fisco federal por dejar de pagar una contribución correspondientes a los tres millones de pesos". La Procuraduría Fiscal consideró que es evidente que Jorge Gaviño y Ricardo del Río, desplegaron una conducta de "defraudación fiscal equiparada, en la modalidad de quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes".
De acuerdo con la nueva reforma penal fiscal por el delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de un millón 221 mil 950 pesos, o prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda esa cantidad. https://www.milenio.com/politica/jorge-gavino-gerente-metro-lupa-fgr-defraudacion
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