Imparable, el crimen contra las mujeres; cifras del Inegi
En los últimos 10 años, en promedio cada cuatro horas ocurrió la muerte de una niña, joven o adulta en los estados; es mayor la incidencia en la zona centro
CIUDAD DE MÉXICO.
En los últimos diez años (2007- 2016) fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es decir, en promedio, cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta. Las causas fueron por mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o bien degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala.
El Inegi detalla que las carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los Ministerios Públicos de las Fiscalías y Procuradurías estatales pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, lo que presenta un incremento de 152%.
La zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia, al contabilizar ocho mil 65 homicidios violentos, lo que representa 35% de la incidencia nacional.
De acuerdo con Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional, 2012 fue uno de los años más graves para las mujeres en general.
ASESINAN CADA 4 HORAS A 1 MUJER
Cada cuatro horas una niña, joven o mujer adulta fue asesinada durante la última década en las 32 entidades federativas, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La información del organismo indica que entre los años 2007 y 2016 fueron localizados los cadáveres o restos de 22 mil 482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas.
De acuerdo con los registros del Inegi, las averiguaciones previas o carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los ministerios públicos de las fiscalías y procuradurías de los 32 estados del país pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, lo que presenta un incremento de 152 por ciento.
INCIDENCIA
La información consultada por Excélsior indica que 61 por ciento de los asesinatos se concentra en nueve entidades. En el Estado de México, se iniciaron tres mil 363 expedientes; Chihuahua, dos mil 376; Guerrero, mil 749; Ciudad de México, mil 349; Jalisco, mil 20; Veracruz, 973; Baja California, 936; Tamaulipas, 930 y Nuevo León, 918.
Según los registros, la zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia, al contabilizar ocho mil 65 homicidios violentos, lo que representa el 35 por ciento de la incidencia nacional.
Durante el mandato de Felipe Calderón, 12 mil 308 mujeres fueron asesinadas, mientras que en los cuatro primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 10 mil 174 muertes. La tendencia por año que se ha presentado durante la actual administración indica que al finalizar la gestión del mandatario en turno se superarán los homicidios de la gestión anterior.
NO HAY LUGAR SEGURO
Sus casas, un parque, el trabajo o el transporte público, hoteles o calles se encuentran entre los principales lugares donde niñas, jóvenes y mujeres adultas son asesinadas de forma violenta, según registros de fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, así como de organizaciones sociales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 38 por ciento de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por sus esposos. En México, también se ha identificado como victimarios a parejas sentimentales —novios—, familiares directos, compañeros de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, personas conocidas o extrañas.
Especialistas en temas de violencia contra las mujeres mencionaron que no hay registros que permitan dimensionar los asesinatos que se comenten en el país, ya que las autoridades no reportan los homicidios o, incluso llegan a consignar las muertes como no intencionales o suicidios.
Además, los ministerios públicos y peritos no realizan las investigaciones conforme a los protocolos internacionales, por lo que se desconoce cuántos de los 22 mil 482 asesinatos de mujeres en la última década, en promedio uno cada cuatro horas, fueron tipificados como feminicidios.
Es el pan de cada día. Tenemos el caso o Lesvy o el de Mariana Lima, que los quisieron hacer pasar como suicidios. Lo que hacen las autoridades es investigar como suicidio u homicidio no violento. Por eso las recomendaciones a nivel internacional es que se sospeche que cuando hay un homicidio se investigue como feminicidio, porque los perpetradores de estas conductas buscan hacerlo pasar como suicidio”, comentó Lucía Núñez, doctora en Ciencias Sociales y colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los datos nos pueden horrorizar y preocupar, porque de 2007 a la fecha han aumentado los homicidios. Incluso, 2012 fue uno de los años más graves para las mujeres en general. Lo importante es también cuántos se investigan y cuántos terminan en una sentencia, porque de nada funcionan las carpetas de investigación, la falta de investigación refleja un alto grado de impunidad”, señaló Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional, organización defensora de los derechos humanos
Las especialistas también mencionaron que la falta de investigación no permite conocer cuántas personas fueron sentenciadas por los crímenes o, incluso, cuántas fueron puestas en libertad ante la falta de elementos, situación que origina desconocimiento para poder implementar políticas públicas que permitan prevenir y combatir al problema.
Lo que nos ha ocurrido en algunos estados es que hay contradicción entre los datos que dan la Procuraduría y el Poder Judicial. Eso es una las cosas que se ha exigido, tener una base de datos entre sí mismas porque son los mismos casos”, señala Tamara Medina.
Cuando se pide que habiliten medidas de seguridad para una mujer, lo que sucede es que mandan una patrulla a darse dos o tres vueltas, porque el Estado no tiene el recurso humano para patrullas o policías para atender todos los casos. Las Alertas de Violencia de Género que ha emitido el Estado no están funcionando. La violencia de género comienza desde el momento en que las autoridades no pueden garantizar la seguridad de una mujer. Si las políticas que se implementan en la actualidad no sirven, es tiempo de cambiar de estrategia”, explica la colaboradora del CIEG, Lucía Núñez.
ASEGURABAN QUE ERA UN SUICIDIO
Más de siete años han pasado y el caso sigue impune. El 28 de junio de 2010, el cuerpo de Mariana Lima Buendía fue encontrado en su domicilio del municipio de Chimalhuacán. La falta de protocolos para recabar pruebas e investigar llevó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a considerar que se trató de un suicidio.
El expolicía judicial Julio César Hernández Ballianas, esposo y victimario de Mariana, declaró ante el Ministerio Público que ella se había quitado la vida.
Durante cinco años la familia de la joven abogada de 29 años argumentó a Ministerios Públicos, fiscales y procuradores, en diferentes ocasiones, que el dictamen de las autoridades del Estado de México estaba lleno de inconsistencias.
La petición de la mamá de Mariana Lima nunca fue considerada por las autoridades de la entidad. Sin embargo, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el 25 marzo de 2015 ordenó reabrir e investigar el expediente de Mariana Lima como feminicidio.
El mandamiento del juez llevó a la captura de Julio César Hernández, en junio de 2016.
Sin embargo, a más de un año su detención, y a siete del feminicidio de Mariana Lima Buendía no se ha emitido una sentencia contra el agresor.
HALLAN SU CUERPO EN COMBI DE R40
Antes de ser violada y asesinada la menor fue reportada como desaparecida ante las autoridades de la entidad, quienes le comentaron a la familia que no se debían de preocupar, ya que ella, estaba con su “novio”.
Siete cuadras antes de llegar a su casa, Valeria Teresa tomó una combi, la cual modificó su trayectoria, por lo que la menor no llegó a su destino. Veintiún horas después de desaparecer fue encontrada sin vida. El 10 de junio las autoridades detuvieron a José Octavio Sánchez Raso, conductor de la unidad y lo ingresaron al penal Neza-Bordo, por el asesinato de Valeria.
Sin embargo, el 16 de junio fue encontrado sin vida. Las autoridades del centro penitenciario aseguraron que utilizó una cuerda que amarró a los barrotes de la ventana del área de investigación para suicidarse. Un custodio, el director de seguridad y el director del penal fueron separados de sus cargos por la muerte de José Octavio Sánchez Raso.
El agresor, según autoridades del Edomex, se quitó la vida el mismo día en que se confirmó que las muestras de ADN correspondían con el perfil genético recabado en el cuerpo de la menor.
LA ESTRANGULÓ UN CHOFER DE CABIFY
El cuerpo de la joven, de 19 años y estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue encontrado el 15 de septiembre pasado a cinco minutos de casa.
Mara Fernanda abordó un taxi el 8 de septiembre conducido por Ricardo Alexis Díaz, quien la estrangulo y la violó.
La Fiscalía del estado detuvo al homicida, pero las pruebas que presentó el Ministerio Público ante el juez sólo permitieron vincularlo en un principio por privación ilegal de la libertad. Al iniciar el proceso contra el agresor, el juez consideró y recomendó a la Fiscalía del estado investigar a fondo el caso, ya que existían elementos que acreditaban otro tipo de ilícitos.
Después de reorganizar su información y realizar nuevas investigaciones, las autoridades de Puebla presentaron elementos para que a Ricardo Alexis se le iniciara un juicio por feminicidio.
El juzgado determinó un plazo de cuatro meses para llevar a cabo la investigación complementaria y presentar las pruebas en una audiencia en febrero próximo.
El agresor fue internado en la prisión de San Miguel, donde se lleva su proceso.
ROCÍA GASOLINA A SU MUJER Y LA QUEMA
Un sujeto que intentó quemar viva a su esposa, tras rociarla con gasolina y prenderle fuego, fue vinculado a proceso por intento de homicidio pese a que inicialmente el Ministerio Público se negó a aceptar la denuncia de los familiares de la mujer, ya que ésta no había acudido a rendir su declaración, no obstante que la víctima se encuentra en coma.
El presunto responsable fue identificado como Jonathan Espinoza, quien luego de chocar el carro en que ambos viajaban y de rociarla con gasolina y prenderle fuego, fue vinculado a proceso sólo tras la denuncia pública a través de los medios de comunicación locales, lo que forzó a que la Procuraduría de Justicia del Estado anunciara que el presunto responsable, quien se encuentra hospitalizado, sea vinculado a este intento de homicidio.
De acuerdo a los informes, el agente del Ministerio Público del caso dijo a los familiares de la mujer, identificada como Keira, que ella debía acudir a identificar personalmente al agresor, a pesar de que presenta quemaduras de primer y segundo grado en 80 por ciento de su cuerpo, y se encuentra en estado de coma a consecuencia del choque.
Los hechos se registraron el 18 de octubre en la colonia Juárez cuando el agresor estrelló el vehículo en que ambos viajaban y tras ver que la mujer seguía viva, descendió y la roció con gasolina.
- Arturo Salinas / Corresponsal
Reprueba Mancera alerta del Cenapred por grietas
El jefe de Gobierno dice desconocer el estudio elaborado por la UNAM y pide que, antes de emitir una declaración, el centro de prevención hable con su administración para ponerse de acuerdo.
Anunció que destinarán mil 500 mdp a la reconstrucción, de los que entre 150 y 200 millones son para recuperar movilidad y desarrollo social. (Juan Carlos Bautista) |
REDACCIÓN, PEDRO HIRIART Y NOTIMEX
México
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, reprobó la alerta del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sobre grietas en la Ciudad de México y pidió que, antes de emitir recomendaciones, hable con su administración.
“Me parecen declaraciones muy ligeras y desafortunadas de esta área de prevención... antes de hacer recomendaciones vamos a ponernos de acuerdo y ver de qué se trata”, expresó.
El Cenapred dio a conocer un estudio que señala que al menos 12 zonas de la capital presentan alto nivel de vulnerabilidad al fracturamiento del suelo, principalmente en Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.
Por ello sugirió a la población consultar el mapeo de grietas elaborado por el Centro de Geociencias de la UNAM, que se incorporó al Atlas Nacional de Riesgo, antes de invertir en una reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre.
“Lamento mucho que hayan hecho un estudio, tengo absoluto desconocimiento de a qué estudio se refiere y es lamentable que se hable de inversión cuando en este gobierno no han invertido un peso”, reclamó el mandatario.
En conferencia de prensa también pidió al centro nacional no desacreditar el trabajo que se ha hecho con la Comisión Nacional del Agua, pues “están comprometiendo acciones de Conagua como si no hubiéramos trabajado nada”.
Por otra parte, el jefe de Gobierno destacó el trabajo de las diferentes secretarías para poder atender a los damnificados; como parte de estos esfuerzos, anunció que hasta el momento se ha atendido a 44 mil 336 personas, aplicado más de 280 mil vacunas y brindado más de 25 mil asesorías jurídicas.
Anunció que para la reconstrucción de la ciudad se destinarán mil 500 millones de pesos, de los cuales entre 150 y 200 millones son para recuperar la movilidad en la capital y el desarrollo social. Agregó que su gobierno busca destinar 50 millones de pesos para obras y que el Instituto de Vivienda (Invi) recibirá alrededor de 100 millones de pesos.
Mancera detalló que hasta el momento se han verificado 13 mil 647 inmuebles dañados por el terremoto y que se han entregado más de 21 mil apoyos para rentas.
Garantizó que se hará todo lo posible para incluir dentro de este proceso de recuperación de vivienda a aquellas personas que siguen viviendo en campamentos después del terremoto de 1985.
SUPERVISIÓN DE TRABAJOS
El mandatario de la Ciudad de México supervisó las obras de rehabilitación de edificios con daños menores en las colonias Cuauhtémoc y Del Valle; recorrió en un primer punto el inmueble localizado en Río Ebro número 74, en la Cuauhtémoc, donde la Secretaría de Obras y Servicios lleva a cabo trabajos para demoler muros de fachada y reconstrucción en 15 departamentos con un costo cada uno de 25 mil pesos.
Estas obras las lleva a cabo un equipo integrado por ocho trabajadores, quienes son supervisados por el arquitecto Adán Cureño Sandoval, encargado de la obra, y Víctor Ojeda, administrador del edificio.
Para estas labores utilizan tabique rojo y castillos de concreto armado. El edificio en cuestión presentó daños después del sismo de 1985 y fue reforzado en los años 70.
El segundo punto que supervisó Mancera, acompañado del titular de la Secretaría de Obras, Édgar Tungüí Rodríguez, fue el inmueble ubicado en Ángel Urraza número 415, colonia Del Valle.
El jefe de Gobierno recorrió las obras de reparación de daños menores, como fisuras, aplanados y pintura, en cuatro departamentos, los cuales ya finalizaron y tuvieron un costo de 8 mil pesos por departamento.
Finalmente platicó con la señora María Eugenia Correa, de 79 años, quien habita con su esposo desde hace 41 años este inmueble.
COMIENZA LA DEMOLICIÓN DE PRIMERAS 200 CASAS EN IZTAPALAPA
La delegación Iztapalapa inició la demolición de las primera de 200 viviendas afectadas por el sismo de septiembre, que serán reconstruidas con el apoyo de la Fundación Fibra Uno. Se prevé que estén listas en febrero próximo sin que representen algún costo para los propietarios.
Al supervisar el inicio de las labores en el inmueble ubicado en la Calle 49 esquina con avenida Ermita Iztapalapa, en la Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco, la jefa delegacional Dione Anguiano Flores señaló que se construirán casas “antisísmicas” de 50 metros cuadrados.
“Los inmuebles tendrán sala, comedor, recámara, baño, agua, luz, drenaje y se tiene la intención de que se concluyan en febrero; cada uno tardará alrededor de un mes y el propietario podrá ampliarlo con un piso más, para lo que se les capacitará”, explicó.
La delegada recordó que, según el censo de la delegación, son 18 mil viviendas las que se están evaluando y prevén que 3 mil 500 presenten afectaciones con riesgo total; detalló que una parte de las casas afectadas las trabajarán con el Fonden y el resto con el gobierno central y otras fundaciones.
Con información de Notimex/México.
Operan 8 mil empresas de seguridad ilegales
Misael es guardia de seguridad de una familia de empresarios. Desde hace cuatro años salió de las filas del Ejército al ámbito de la seguridad privada. (ALEJANDRO ACOSTA, EL UNIVERSAL) |
En la avenida Eje Central, a la altura de la Plaza de la Computación, una manta ofrece empleo de manera rápida y sencilla. “Se solicita guardia de seguridad. Uniformes sin costo, contratación inmediata y 6 mil pesos de sueldo base”. Pareciera que con menos de 60 años y documentación básica, cualquier mexicano puede formar parte de este mercado. La mayoría de estas empresas son irregulares. Pero del otro lado del negocio también hay corporativos que piden habilidades más especializadas y ofrecen capacitación constante. Esas, son minoría.
Hasta 2017 se tiene el registro de 3 mil 977 empresas que brindan servicios de seguridad privada en México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguridad. Esa cifra sólo engloba a las legales. En estas compañías, los empleados pueden aspirar a una mejor preparación, sueldos y prestaciones. Pero la ilegalidad que reina en este mercado ha generado una oferta de casi ocho mil corporativos que operan irregularmente. Ahí, los empleados no son capacitados y su necesidad económica los obliga a aceptar trabajos con jornadas exhaustivas, sueldos bajos y, en muchos casos, sin las prestaciones básicas.
El problema es más grave cuando se calcula el número de custodios que trabajan sin una reglamentación. “Si cada una [empresa] necesita mínimo 60 elementos, estamos hablando de aproximadamente 480 mil guardias en la ilegalidad en todo el país”, explica el comandante Arnulfo Garibo, director de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir).
La burocracia es una de las principales barreras para su regulación. Las licencias para brindar servicios de seguridad en muchos estados tienen validez únicamente por 12 meses. Esto hace que cada año las compañías tengan que pasar por un proceso que va desde pagar 167 pesos por cada elemento, 51 pesos por arma, 5 mil pesos por la autorización o revalidación y hasta una cuota de 15 mil pesos dependiendo de los servicios que prestarán.
Entre 2017 y 2018, nueve de cada 10 corporaciones con un registro legal, es decir, 3 mil 49, tendrán que hacer trámite para seguir operando. La otra opción es unirse a las filas de las que laboran sin permiso oficial.
De estas tres mil 977 empresas legales de seguridad, 677 se enfocan en la protección de personas. Misael llegó a este negocio hace cinco años. Antes, pasó por las filas del Ejército. Al salir encontró un anuncio en internet en el que solicitaban guardaespaldas. Los requisitos eran muchos más de los que se piden en las diferentes mantas ubicadas en avenidas de la ciudad. Este empleo le requirió pasar por pruebas físicas, sicológicas, de confianza y un examen socioeconómico.
Su primer protegido fue un empresario automotriz. Ahora a sus 28 años se dedica a cuidar de una familia que reside en la Ciudad de México. Su sueldo ronda los 30 mil pesos. La otra cara de este negocio tiene salarios desde los seis hasta los 15 mil pesos. La mitad de lo que Misael consigue en un mes. “Un escolta patito cuesta en promedio 15 mil pesos. Y ahí también se ve la poca profesionalización de las empresas. Les pagas poco por dar su vida y además los lanzas a jornadas de más de 12 horas”, aclara Julio García, director de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG).
A las nueve de la mañana Misael tiene que estar en una de las calles de la colonia Del Valle. Todos los días viaja por dos horas desde el oriente de la ciudad. Al llegar, lo primero que hace es cambiar el coche. Deja su pequeño Gol color blanco a unos metros de distancia y saca de la cochera la camioneta blindada en la que tiene que trasladar a su protegida. Fuera de ese punto, su rutina nunca es la misma. “A veces la llevo a desayunos en la misma colonia, o comidas en Santa Fe o cenas en Polanco. El único horario que tengo es el de entrada. Nunca se sabe a qué hora podré comer o incluso irme”, narra el guardaespaldas.
Después de casi cinco años a cargo de la vida de alguien más, confiesa que una de las tareas más complicadas es controlar el miedo que puede generar su trabajo. “En el Ejército me prepararon bien para defender a una persona. Además, cuando te metes a un trabajo así tienes que estar consciente de los riesgos que existen, pero justamente por eso es que necesitas estar bien instruido”, cuenta este padre de dos niños pequeños. Es por eso que la empresa en la que labora lo capacita mensualmente en cursos de manejo, empleo de armas, primeros auxilios y defensa personal.
Salarios competitivos y preparación para cualquier eventualidad son dos de los requisitos que los especialistas consideran básicos para ejercer un trabajo en el que pones en riesgo tu vida. “Ser escolta tiene que ser una vocación. Nadie está tan loco como para ponerse en riesgo por alguien que no conoce. La profesionalización y el amor por tu empleo es lo que te lleva a poder hacerlo”, asegura García Martín, presidente de la SMG.
Es una labor en la que terminas generando un vínculo con la gente que se protege. Misael lleva desde 2013 a cargo de la seguridad de una señora a la cual ahora acompaña a la estética, al cine, a sus comidas ejecutivas y ella tiene la seguridad de que él está todo el tiempo al resguardo de la casa. “De 24 horas convives al menos 16 con tu protegido. Sabes todo de su vida y la verdad es que sí te encariñas con ellos”, cuenta el ex militar.
Esta confianza se genera en ambas vías. En el trabajo, Misael tiene la oportunidad de seguir con su rutina de ejercicio aunque esté en horario laboral. “Dentro de la casa tengo un espacio para ejercitarme, porque no me da tiempo de ir a un gimnasio. Es importante mantenerme en buen estado físico porque la seguridad de alguien más depende de mí y la empresa me lo pide”. A cambio, la compañía en la que labora le da un bono económico si mantiene un estado físico óptimo.
Cuando se piensa en seguridad privada, la imagen principal es la de un guardia con uniforme en la entrada de una librería, restaurante o cualquier comercio. Tres cuartas partes de las empresas legales que hay en este ramo, es decir 3 mil tres, se dedican a este tipo de protección; sin embargo, es este sector en donde hay mayor ilegalidad.
“Se llega a esta parte de las empresas cuando ya no hay espacio, donde la persona con más de 35 o 40 años puede trabajar. El problema es que las compañías irregulares no les brindan capacitación”, explica Arnulfo Garibo.
Ana de 35 está 12 horas de pie en las afueras de una librería en la Ciudad de México. Con un uniforme que la presenta como un elemento de seguridad, esta mujer admite que antes se dedicaba a realizar labores de limpieza. “Es la primera vez que trabajo en esto. Una vecina me contó y yo necesitaba el dinero. Además, vi que no pedían mucho para ingresar, ni siquiera que tuvieras experiencia”, cuenta.
El proceso de selección fue exprés. No le hicieron exámenes. Tampoco recibió cursos de capacitación. Y nadie le explicó sus funciones. Ese mismo día, el trabajo era suyo; 24 horas después, Ana se podía presentar como guardia de seguridad de una librería.
Los pocos requisitos se reflejaron en la calidad del empleo; su jornada es de seis días; trabaja 12 horas con derecho a 60 minutos de comida; siempre está parada, si la ven sentarse el supervisor le llama la atención; su principal labora es evitar que se lleven libros y prohibir la entrada de alimentos al lugar.
De las 3 mil empresas que operan en México bajo esta modalidad, dos de cada 10, es decir 649, se localizan en la Ciudad de México. Jalisco y el Estado de México son los otros dos puntos clave para este mercado.
El pago de octubre aún no llega al bolsillo de Ana, sus compañeros le han contado que nunca pagan los días que prometen. “Dicen que te tienes que aguantar, yo creo que por eso muchos se van, te das cuenta de que todo lo que te prometieron son mentiras”, afirma.
Mal necesario
Ante el panorama de inseguridad en el país, el ámbito privado es una medida de protección para quien puede pagarla. Los especialistas consideran a este mercado como un mal necesario. “Estas empresas no existirían si no hubiera tanta inseguridad, esto es resultado de la incapacidad del estado”, recalca el comandante Arnulfo Garibo.
Este beneficio no es para todos, el mercado tiene mayor demanda en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Ahí, se concentran cuatro de cada 10 de estas empresas. “Es normal que en las entidades donde hay más empresarios haya más demanda. Usualmente la seguridad privada protege al empresario, ya que es él quien genera empleos y dinero para el país”, explica el director de la SMG.
El panorama es crudo pero realista. “Se brinda seguridad privada solamente a quien la puede pagar”, comenta Garibo. Misael sabe que su trabajo responde a una crisis de inseguridad. Él protege a una familia y al mismo tiempo su propia esposa e hijos dependen únicamente de las autoridades policiacas; sin embargo, ve su trabajo y a la seguridad privada como una necesidad. “Sí es un gasto fuerte, pero si tienes ingresos para poder contratar a alguien, pues lo inviertes. ¿A quién no le gustaría estar seguro toda la vida?”.
CNDH investiga Programa de Empleo Temporal en Oaxaca
Exige a la Sedatu y Sedesol tomar medidas para salvaguardar derechos humanos de las víctimas, tras denuncias de irregularidades en la entrega de apoyos, entre ellas tarjetas sin fondos
[ Alejandro Villa y Arturo Ramos ]
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre el Programa de Empleo Temporal que se ejecuta en Oaxaca como parte de las medidas que, coordinadas desde el Gobierno Federal, se han implementado para apoyar a las zonas afectadas por los sismos de septiembre.
La Comisión exigió a las secretarías federales de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) que tomen medidas cauterales a fin de salvaguardar los derechos humanos de las víctimas que ahora son beneficiarios de los programas de apoyo. Además del Empleo Temporal, el reparto de tarjetas bancarias que carecen de fondos (algo que la televisión nacional difundió hace unos días) fue motivo de interés del Ombudsman.
Una respuesta a fondo de Sedesol y Sedatu se habrá de dar en los siguientes días, pero por lo pronto, estas dependencias, al ser consultadas por Crónica, coinciden en que la CNDH está dejando de lado el sentido de urgencia con el que se implementaron los programas de apoyo y el paulatino ordenamiento de padrones de beneficiarios y métodos para suministrar recursos económicos o bien materiales necesarios para las reparaciones de hogares.
Este tema fue abordado desde la semana pasada por Rosario Robles, titular de Sedatu, y por el propio presidente Enrique Peña Nieto hace dos días, luego de un recorrido por Santo Domingo Ingenio, en una de las zonas más afectadas. En ambos casos se mencionó que el reparto de tarjetas se había realizado a partir de censos de damnificados levantados en los días de mayor caos después del sismo e incluso se anunció que ya se tenían detectados cerca de 4 mil personas que no debían estar en los listados.
CNDH Y RECONSTRUCCIÓN. Ayer, a través de un comunicado de prensa, la CNDH informó de la recepción de diversas denuncias relacionadas a la ayuda que otorgó el Gobierno Federal a los damnificados por los sismos, incluyendo las que reportaban que las tarjetas de monedero electrónico otorgadas se encontraban sin fondos.
La Comisión solicitó a Sedatu y a Sedesol presentar información sobre las presuntas irregularidades que se han denunciado respecto de los apoyos federales de reconstrucción.
La CNDH informó que se ha reportado igualmente poca claridad en las reglas para la elaboración del censo de beneficiarios y de los criterios para la clasificación del tipo de apoyo y montos que correspondería a cada uno de los afectados.
Por lo anterior, la Comisión decidió realizar una investigación sobre este particular.
Además el organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez enfatizó la necesidad de que la entrega de estos apoyos se hiciera en lugares que contaran con condiciones operativas y sanitarias adecuadas, en donde se tomará en consideración el estado de vulnerabilidad de menores y adolescentes, así como personas mayores, que podrían acudir a recibir los apoyos o acompañar a quienes resultaran beneficiarios.
Esta solicitud se hizo el 18 de octubre cuando la CNDH pidió a la Secretaría de Desarrollo Social adoptar medidas cautelares a efecto de preservar los derechos humanos de las personas designadas como beneficiarias del Programa de Empleo Temporal.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también acompañará a las víctimas y damnificados de los fenómenos naturales que afectaron a México”, informó el comunicado.
Empleo temporal fue para remover escombros: Sedesol
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue consultada por Crónica para que comentara lo difundido ayer por la CNDH. En respuesta, la dependencia informó que esperara las investigaciones anunciadas por la Comisión Nacional antes de hacer consideraciones de fondo.
En tanto, la dependencia federal comentó sólo que era necesario puntualizar respecto al Empleo Temporal que se trata de un Programa que no tiene padrón como tal ni calendario específico, pues está destinado a atender contingencias como las originadas por los sismos y permite que haya trabajo pagado en beneficio de una comunidad. En el caso del Empleo Temporal aludido por la CNDH, se destinó a remover escombros de los inmuebles destruidos por los sismos (en Oaxaca particularmente el del día 7).
Sedatu no da las tarjetas
Consultada por Crónica, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que hay algunos elementos que deberán analizarse para dar atención a lo dicho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En algún punto, la petición de la CNDH deberá reorientarse debido a que las tarjetas aludidas no son responsabilidad directa de la Sedatu, sino que el manejo lo realiza el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre el Programa de Empleo Temporal que se ejecuta en Oaxaca como parte de las medidas que, coordinadas desde el Gobierno Federal, se han implementado para apoyar a las zonas afectadas por los sismos de septiembre.
La Comisión exigió a las secretarías federales de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) que tomen medidas cauterales a fin de salvaguardar los derechos humanos de las víctimas que ahora son beneficiarios de los programas de apoyo. Además del Empleo Temporal, el reparto de tarjetas bancarias que carecen de fondos (algo que la televisión nacional difundió hace unos días) fue motivo de interés del Ombudsman.
Una respuesta a fondo de Sedesol y Sedatu se habrá de dar en los siguientes días, pero por lo pronto, estas dependencias, al ser consultadas por Crónica, coinciden en que la CNDH está dejando de lado el sentido de urgencia con el que se implementaron los programas de apoyo y el paulatino ordenamiento de padrones de beneficiarios y métodos para suministrar recursos económicos o bien materiales necesarios para las reparaciones de hogares.
Este tema fue abordado desde la semana pasada por Rosario Robles, titular de Sedatu, y por el propio presidente Enrique Peña Nieto hace dos días, luego de un recorrido por Santo Domingo Ingenio, en una de las zonas más afectadas. En ambos casos se mencionó que el reparto de tarjetas se había realizado a partir de censos de damnificados levantados en los días de mayor caos después del sismo e incluso se anunció que ya se tenían detectados cerca de 4 mil personas que no debían estar en los listados.
CNDH Y RECONSTRUCCIÓN. Ayer, a través de un comunicado de prensa, la CNDH informó de la recepción de diversas denuncias relacionadas a la ayuda que otorgó el Gobierno Federal a los damnificados por los sismos, incluyendo las que reportaban que las tarjetas de monedero electrónico otorgadas se encontraban sin fondos.
La Comisión solicitó a Sedatu y a Sedesol presentar información sobre las presuntas irregularidades que se han denunciado respecto de los apoyos federales de reconstrucción.
La CNDH informó que se ha reportado igualmente poca claridad en las reglas para la elaboración del censo de beneficiarios y de los criterios para la clasificación del tipo de apoyo y montos que correspondería a cada uno de los afectados.
Por lo anterior, la Comisión decidió realizar una investigación sobre este particular.
Además el organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez enfatizó la necesidad de que la entrega de estos apoyos se hiciera en lugares que contaran con condiciones operativas y sanitarias adecuadas, en donde se tomará en consideración el estado de vulnerabilidad de menores y adolescentes, así como personas mayores, que podrían acudir a recibir los apoyos o acompañar a quienes resultaran beneficiarios.
Esta solicitud se hizo el 18 de octubre cuando la CNDH pidió a la Secretaría de Desarrollo Social adoptar medidas cautelares a efecto de preservar los derechos humanos de las personas designadas como beneficiarias del Programa de Empleo Temporal.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también acompañará a las víctimas y damnificados de los fenómenos naturales que afectaron a México”, informó el comunicado.
Empleo temporal fue para remover escombros: Sedesol
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue consultada por Crónica para que comentara lo difundido ayer por la CNDH. En respuesta, la dependencia informó que esperara las investigaciones anunciadas por la Comisión Nacional antes de hacer consideraciones de fondo.
En tanto, la dependencia federal comentó sólo que era necesario puntualizar respecto al Empleo Temporal que se trata de un Programa que no tiene padrón como tal ni calendario específico, pues está destinado a atender contingencias como las originadas por los sismos y permite que haya trabajo pagado en beneficio de una comunidad. En el caso del Empleo Temporal aludido por la CNDH, se destinó a remover escombros de los inmuebles destruidos por los sismos (en Oaxaca particularmente el del día 7).
Sedatu no da las tarjetas
Consultada por Crónica, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó que hay algunos elementos que deberán analizarse para dar atención a lo dicho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En algún punto, la petición de la CNDH deberá reorientarse debido a que las tarjetas aludidas no son responsabilidad directa de la Sedatu, sino que el manejo lo realiza el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).
PRD copia a PRI método de elección
Por Heraldo de México
Los candidatos del PRD a puestos de elección popular para las elecciones de 2018 serán elegidos a través del Consejo Nacional Electivo, un método similar al que realizará el PRI, y no por votación directa de sus militantes.
La decisión fue tomada ayer, durante su Décimo Pleno Extraordinario del IX Consejo Nacional. Los casi 300 consejeros presentes aprobaron por unanimidad el dictamen que proponía la fórmula para nominar a los candidatos para el siguiente proceso electoral, incluyendo Presidente de la República, senadores y diputados federales.
El Consejo sesionará el 3 de febrero de 2018 para realizar las designaciones. En caso de conformarse la alianza partidista con el PAN y Movimiento Ciudadano, la fecha de elección será determinada por los tres partidos integrantes del Frente Ciudadano por México.
“Esto nos va a permitir poner al frente a los más competitivos, esto nos va a permitir ir en unidad, nos permite garantizar que vamos a respetar la legalidad de este proceso y nos va a permitir que el PRD siga siendo impulso de esta posibilidad de cambio a través del Frente”, declaró la presidenta del partido, Alejandra Barrales.
Al ser cuestionada si el método de selección de candidatos era democrático, transparente y “sin dedazo”, como pidió la mañana del sábado el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Barrales respondió: “sin dedazo, por supuesto, aquí no hay dedazo”.
La convocatoria será publicada el próximo 18 de noviembre. Los aspirantes a diputados y senadores de mayoría relativa deberán registrarse entre el 26 y 30 de noviembre, y los de representación proporcional del 1 al 5 de diciembre. Los que busquen una candidatura a la Presidencia tendrán el 6 y 7 de diciembre para completar su registro.
Los candidatos serán seleccionados con base en la situación política de las áreas geográficas que buscan representar, así como en la idoneidad de su perfil y sus posibilidades de triunfo, a través de sondeos de opinión, tomando en cuenta también la paridad de género entre candidatos.
Por: Luis Pérez/El Heraldo de México
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