Congelan cuentas al abuelo de Torreón; gobernador: impulsaban a niño agresor a usar armas
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El menor que mató a su maestra y luego se suicidó en su escuela, en Torreón, vivía en un entorno delictivo.
La UIF congeló cuentas al abuelo paterno tras detectarle flujos irregulares por 100 millones de pesos. El hombre, de 58 años, recibió prisión preventiva al ser el dueño de las armas usadas por el menor, a quien aleccionaba para que aprendiera a disparar, de acuerdo con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.
A su esposa también se le hallaron operaciones sospechosas y ambos están implicados en la compra reciente de autos de lujo o blindados. Autoridades reportaron que el padre del menor estuvo preso en EU por narco, pero ya fue liberado. Sobre su madre hay dos versiones: fue degollada o falleció por una sobredosis durante una cirugía plástica.
CONGELAN 100 MDP A ABUELO
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó manejo de recursos irregulares al abuelo del niño de 11 años que se suicidó.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que, en trabajo conjunto con la Fiscalía de Coahuila, fueron congeladas las cuentas de José Ángel “N”, de 58 años edad —abuelo del alumno que se suicidó en Torreón— por más de 100 millones de pesos, tras observar manejos de recursos irregulares.
Lo anterior, luego de las investigaciones realizadas tras el ataque de siete personas por parte de un menor de 11 años, quien luego se suicidó en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila, el pasado viernes.
Entrevistado al término de la reunión del Gabinete de Seguridad con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el funcionario explicó que la determinación fue tras observar manejos de recursos irregulares.
Esta información la compartió previamente a los mandatarios estatales a manera de ejemplo de cómo, con trabajo conjunto, se puede fortalecer el combate al delito.
En lo particular encontramos flujos de recursos que no corresponden con la forma usual por parte de la señora Rebeca “N” y los señores José Ángel “N”, padre e hijo, y esto ha generado la investigación correspondiente.
Vamos a presentar los resultados ante la Fiscalía del estado y la FGR sobre el congelamiento de cuentas en razón de que vimos flujo de recursos que no corresponden a la actividad de las personas”, precisó.
De acuerdo con algunos gobernadores, Nieto Castillo señaló que José Ángel “N”, a quien se le dictó ayer prisión preventiva, habría tenido flujo de recursos superiores a los 100 millones de pesos de Estados Unidos a México y compra de varios vehículos de lujo en los últimos meses.
Se presume que se detectaron 120 millones en efectivo hacia empresas, además de que en los últimos dos años adquirió seis vehículos de lujo.
En entrevista, el titular de la UIF dio a conocer que durante la reunión se planteó la generación de unidades de inteligencia patrimonial y económica, el fortalecimiento de las 24 ya existentes y la posibilidad de crear en todas las entidades una unidad de inteligencia, a partir de una plataforma digital común y homologación de criterios.
Cabe destacar que en una entrevista radiofónica, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que el abuelo del menor estaría presuntamente relacionado con el lavado de dinero; sin embargo, será en los próximos días que se dé más información.
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VIOLENCIA Y TRAGEDIA RODEABAN AL NIÑO AGRESOR DEL CERVANTES
Se presume que el abuelo incitaba al menor al manejo de las armas.
Las investigaciones realizadas a la familia del niño de 11 años que asesinó a su maestra, disparó contra otras seis personas y luego se quitó la vida en un colegio de Torreón, Coahuila, revelan que éste vivía en un “ambiente complejo”.
José Ángel “N”, abuelo del menor, está siendo investigado por presuntos nexos con el narcotráfico, ya que según trascendió en su audiencia, mantenía relación con un grupo de la delincuencia organizada que operó en la región Laguna de Coahuila y Durango de 2007 a 2012.
Mientras que el padre del pequeño, quien también lleva por nombre José Ángel, de 37 años, estuvo en una prisión de Eagle Pass, Texas, EU, por narcotráfico y de donde salió apenas hace unos meses, aunque también fue pistolero de un grupo delincuencial, pero no se aclaró a cuál pertenecía.
Al parecer, el padre del niño tiene dedicado un corrido llamado Pollo Ramos y El Payán, con Fidel Rueda.
A la abuela paterna, Rebeca “N”, también se le congelaron unas cuentas bancarias, luego de detectar flujos de dinero que no corresponden con su supuesto estilo de vida. Además, se presume que compró dos camionetas blindadas recientemente.
La tragedia no termina ahí, pues también se informó que Jazmín “N”, madre del niño, murió hace dos años. Existen dos versiones sobre el fallecimiento de la mujer: la primera que fue degollada y otra que murió durante una cirugía plástica, al parecer, por una sobredosis.
De la abuela materna se desconoce su nombre; sin embargo, se presume que realizaba actos ilícitos en Durango, donde fue asesinada. Del abuelo materno se desconocen sus actividades y su identidad.
En entrevista con Radiofórmula, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que durante un cateo en la casa del abuelo del menor se hallaron varias armas cortas, además de pistolas de aire, por lo que se presume que el abuelo impulsaba a su nieto para el manejo de las mismas.
Aunque hemos sido criticados en el momento, ahora podemos conocer mejor el entorno en el que vivía el menor... incluso el impulso”, dijo Riquelme.
Por lo que detalló que éste no era un abuelo”tierno y dulce como el que todos piensan”, pues las armas halladas eran para actividades ilícitas.
Riquelme insistió en que ante todos esos hechos el menor vivía en un “ambiente complejo”, por lo que pudo haber derivado en los hechos suscitados el pasado viernes en el Colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila.
Expuso que “el tema va a dar mucho más de qué hablar.” Añadió que “hoy (ayer) se llevó a cabo una audiencia, pero aún queda pendiente otra para los próximos días”, la cual sería el domingo.
Anoche, en Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva, el secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, aseguró que con “todo ese tipo de acciones lamentablemente, muchos de los padres de familia no se dan cuenta de que con sus acciones están dañando, no sólo motivando la desintegración de la familia, sino también la de sus hijos”.
‘Cazar’ a Trauwitz, pide la Fiscalía a la Interpol
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En enero de 2019, Trawuitz era agregado militar en Panamá y se le pidió regresar como parte de la pesquisa, además de que se amparó para que sus cuentas bancarias no siguieran congeladas Contra Trauwitz existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y sustracción de hidrocarburos. Pese a los señalamientos en su contra, desde enero de 2019, el general ya abandonó México, señalaron funcionarios federales. El delito de delincuencia organizada, explicaron, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que teme ser recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se encuentran internos algunos de sus subordinados. MILENIO dio a conocer en enero del año pasado que la FGR inició la investigación contra Trauwitz y otros militares por distintos actos ilegales, incluidos la “siembra” de válvulas falsas para ordeña, además de no reportar al Ministerio Público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.
El 10 de abril de 2019, Trauwitz, así como 20 militares más señalados por negligencia en el servicio, acudieron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Sur de CdMx, para participar en la audiencia convocada por la juez Angélica Lucio Rosales. Sin embargo, ésta tuvo que ser aplazada porque la FGR no entregó copia de los 16 tomos de la carpeta de investigación a los militares. A su salida del juzgado, Trauwitz declaró: “He vivido meses de angustia”. La audiencia se reprogramó para el 17 de mayo, pero a esa diligencia ya no se presentó el general, ni otros militares. Por este caso son cinco las personas vinculadas a proceso, entre ellos Sócrates Herrera; el teniente Oziel Aldana Portugal, los sargentos Ramón Márquez Ledezma, del Departamento de Seguridad Física Cadereyta; José Carlos Sánchez Echavarría, ex coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica Pemex en Tampico, Tamaulipas, además de Emilio Cosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, detenido el 18 de junio.
Morena abre a IP distribución del agua
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La incursión se plantea a través de asociaciones público-privadas, para garantizar el suministro de agua a los ciudadanos, siempre y cuando los organismos locales que operan el servicio lo consideren viable.
La construcción de esta propuesta se realiza a partir de los planteamientos recabados en 36 foros regionales organizados por la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, en los que han participado alrededor de 3 mil funcionarios federales, estatales y municipales; representantes de la sociedad civil, de la academia y del sector empresarial.
“Donde así se convenga con municipios y estados, con reglas claras y que esté por encima darle a la sociedad agua con tarifas accesibles, no hay ningún problema en que la iniciativa privada participe”, indicó Feliciano Flores, diputado de Morena y presidente de la comisión.
En el documento, que aún está en construcción, también se contempla la creación de una Fiscalía y una Policía encargadas de coadyuvar con el organismo nacional (Conagua) “a poner orden y evitar la corrupción y el huachicoleo del agua”, así como la ciudadanización de los organismos operadores del recursos natural.
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“Que los organismos operadores de agua potable ya no estén integrados por personas de confianza del Presidente, sino que sean órganos ciudadanizados para que pueda operar mejor y sin caer en números rojo”, precisó.Gráfico: El Heraldo de México
A su vez, la iniciativa de Ley General de Aguas prevé disposiciones para obligar a la tecnificación de los sistemas hídricos y el saneamiento del agua para su reutilización, lo que repercutirá en un ahorro, indicó el diputado.
HASTA EN IZTAPALAPA
El derecho al agua quedó establecido en la Constitución desde 2012.
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, establece el texto adicionado en el artículo cuarto constitucional.
A partir de esa incorporación, el Congreso de la Unión debió emitir una nueva Ley General de Aguas, pero lo dejó pendiente desde la adecuación.
Una vez que esta legislatura cumpla con la aprobación de la ley, previó el diputado Flores, habrá agua “suficiente, limpia y las 24 horas hasta en Iztapalapa, una alcaldía al oriente de la Ciudad de México donde el suministro de agua es deficiente.
“El objetivo es mejorar la infraestructura que se tiene, invertirle (para que el agua no falte). La infraestructura que se tiene, en general, está deteriorada, por eso se desperdicia entre 30 y 50 por ciento del agua y hay zonas a las que no llega”, explicó.
El próximo 26 de febrero, se realizará un foro nacional en el que se dará a conocer el proyecto de iniciativa.
Para formularlo, las conclusiones recabadas en los eventos regionales ya fueron turnadas a una comisión redactora integrada por juristas y especialistas en el tema que las revisarán para que sean tomadas en cuenta.
Ese grupo redactará la iniciativa que será presentada entre marzo y abril de este año. El proceso de dictaminación y aprobación se realizará entre septiembre y diciembre, es decir, en el segundo periodo ordinario de sesiones.
“El 26 de febrero queremos hacer un foro nacional para dar a conocer el proyecto de la iniciativa. Vamos a invitar al Presidente de la República, a gobernadores, diputados, senadores, presidentes municipales, organismos operadores de agua, en fin, a todos los que no han acompañado en toda esta travesía”, puntualizó el diputado Feliciano Flores respecto a los avances.
Adultos le dan la vuelta a las becas para educación
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El programa Mi Beca para Empezar está destinado a evitar la deserción de niños de preescolar, primaria y secundaria, para lo cual dota a los padres de recursos económicos con los que se puede comprar lo que sea, incluyendo alcohol y cigarros.
El programa se implementa mediante una tarjeta electrónica que se entrega con advertencias sobre su buen uso, pero que no tiene amarre alguno para regular las compras que se hagan con ella.
Adicionalmente, la aparición de un apoyo directo (entrega de dinero) generalizado a las familias para que no saquen a sus hijos de las escuelas de educación básica resulta un tanto paradójica en la Ciudad de México, entidad donde el nivel de cobertura de primaria y secundaria es del 100 por ciento, según cifras oficiales.
Más allá del diseño teórico del programa Mi Beca para Empezar, su uso para compras ajenas a los menores está generalizado y no hay impedimento legal para hacerlo. La leyenda Paga Todo que luce la tarjeta en su frente, hace factible así la adquisición de alcohol y cigarros, especialmente en las zonas populares.
Que el apoyo no termine en cervezas o tabaco queda completamente al arbitrio de las tiendas y, en la práctica, de los cajeros de la tienda, según pudo corroborar Crónica.
De acuerdo con padres consultados, al momento de la entrega de la tarjeta, los promotores del gobierno capitalino indican que no deben usarla para comprar alohol y, en efecto, en tiendas grandes de las cadenas de autoservicio adscritas al programa, los cajeros suelen impedir que se use así.
Sin embargo, en las barriadas populares, en establecimientos más pequeños, la realidad es que la tarjeta se vuelve dinero para cualquier cosa. El recurso en la tarjeta no está “etiquetado” y no hay manera de corroborar lo que la tienda vendió y lo que el padre compró con ella.
Crónica verificó esta situación a partir del hallazgo de un cartel en una Bodega Aurrerá Exprés, en Iztapalapa. La referencia sobre la posibilidad de comprar lo que sea con apoyos del Gobierno de la CDMX mezcla a los vales con la nueva tarjeta. Y cuando se indaga al respecto queda claro: Mi Beca para Empezar compra licor y cigarros. Crónica lo comprueba con apoyo de beneficiarios del programa en varios puntos con las mismas características.
Otras de las tiendas donde se permite pagar con el plástico de apoyo a los niños son: Soriana de Cuitláhuac y Soriana El Rosario, en Azcapotzalco, sitios donde Crónica observó cómo algunas familias utilizan el dinero destinado para la educación de los niños, para surtirse de despensa en general y donde las cajeras están más atentas a que con esos recursos no se compren bebidas embriagantes. No obstante, con paciencia y buscando la caja adecuada, la compra simulada de alcohol pudo realizarse.
El señor Emmanuel pagó una cerveza, un desarmador, una cinta de aislar y dos focos en dicha tienda.
REPARTIR Y REPARTIR DINERO. El universo objetivo del programa es de 1 millón 100 mil estudiantes (una cantidad similar de tarjetas serían emitidas para ello) y el cambio de concepción respecto a becas anteriores quedó plasmado en agosto de 2019.
El apoyo económico consta de 330 pesos depositados de manera mensual a todos los estudiantes de educación básica de escuelas públicas, y actualmente es aceptado como método de pago en las tiendas de autoservicio como las mencionadas en este texto.
Este programa de asistencia le cuesta al gobierno local 53 millones 546 mil 700 pesos mensuales, lo cual es posible, según la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, gracias a los ahorros en otros rubros.
“Logramos hacer un ahorro muy grande en el gobierno de la ciudad, el licenciado López Obrador nos enseñó una fórmula que se llama la fórmula de la austeridad republicana, de la Cuarta Transformación, que significa que se acaban los privilegios de los altos funcionarios y se acaba la corrupción, y con eso hay recursos para destinarlos al pueblo de México”, dijo Sheinbaum Pardo.
DINERO SONANTE. Un fenómeno más es observado en una de las tiendas de autoservicio que recorre Crónica para realizar este reportaje. También es una forma en la que la nueva lógica de entrega de apoyos directos está llegando a ras de suelo.
En una Comer, la que se encuentra en Indios Verdes, algunos padres de familia están buscando con quién hacer una transacción: quieren pagar las compras de clientes con la tarjeta para que éstos les entreguen el efectivo.
Al menos fueron tres casos los comprobados en apenas un par de horas de estancia. El apoyo de dinero en electrónico es transformado en dinero sonante.
ADIÓS ÚTILES, HOLA AL “COMPRA TODO”. Un último elemento a resaltar es que, tradicionalmente, los recursos para los niños en educación básica se dirigían a la compra de cuadernos, lápices y otros útiles. como apoyo a niños y a sus familias. Es decir, el apoyo se enfocaba a algún rubro directamete ligado a la educación y al niño en edad escolar. Al realizarse cambios en la concepción del apoyo Mi Beca para Empezar”, el destino para útiles escolares y uniformes quedó limitado a una primera entrega de recursos al inicio del ciclo escolar. La tarjeta fue adminitida en papelarías y lugares donde se podían comprar útiles y uniformes escolares.
Pero las entregas posteriores están prácticamente en calidad de apoyo directo llano. La tarjeta podría llamarse Apoyo a las Compras Familiares o Al Ingreso de los Mexicanos y no haría ninguna diferencia. No hay una liga clara respecto a por qué este apoyo favorece la permanencia de los niños en la escuela, sobre todo en una entidad con 100 por ciento de cobertura en los niveles educativos básicos.
En las reglas de operación aparece una extensísima exposición de motivos en la que se alude a que el objetivo es abatir la precariedad de ingresos a la familia. En esa lógica, Mi Beca para Empezar” entrega dinero a las familias que mantienen a sus hijos en las escuelas, pues el único requisito es que el niño esté inscrito.
Las reglas sobre el uso del dinero no existen por diseño del programa y no por un olvido burocrático, así que la compra de alcohol o cigarros con esos recursos, si bien no está avalada, no está impedida en forma alguna.
Las reglas de operación del programa aluden a que se establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar situaciones de desventaja o dificultades de grupos vulnerables, con el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo.
En la Ciudad de México y de acuerdo a datos oficiales, prácticamente el 100 por ciento de los niños en edad de ir a la primaria y secundaria asiste a una escuela, así que Mi Beca para Empezar” no estaría mitigando ningún problema
Collins, con ficha roja y departamento en Miami
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Raymundo Collins Flores, buscado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el uso indebido de funciones en la entrega de vivienda social durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, adquirió un departamento en Miami, Florida.
El ex director general del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) firmó el 16 de marzo de 2006 un contrato con Grec Conversions XV LTD, una empresa de papel presidida por Agustín Herrán, para apropiarse del inmueble ubicado en el fraccionamiento Beach Club at Fontainebleau Park, según los documentos a los que tuvo acceso El Sol de México.
El condominio C-206, que cuenta con recamaras, baños, sala y un área verde con una especie de lago artificial, fue registrado por Grec Conversions XV LTD en mayo de 2005 ante el Registro Público de Miami Dade. Un año después la firma estadounidense lo puso en venta.
Collins Flores estaba alejado y fuera del servicio público en México, el día que desembolsó 172 mil 900 dólares para ser el dueño del condominio en Miami, según la documentación. El ingeniero Mecánico Naval y Maquinista Naval trabajó como subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México de marzo de 2002 hasta abril de 2003, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno.
Por esas fechas, el ex funcionario creó la empresa Anbara Corporation, la cual tenía permitido hacer negocios y operaciones en Florida, Estados Unidos. En esa aventura empresarial, que duró solo por un año, lo acompañó su socia: Bertha Nevarez.
Collins Flores es uno de los tantos políticos mexicanos, que adquieren apartamentos y constituyen empresas en Miami. Por ejemplo, José Carlos Romero Durán, hijo del ex dirigente del sindicato de trabajadores petroleros, posee dos departamentos de lujo en Miami.
El ex diputado de Nueva Alianza, José Bernardo Quezada Salas y su esposa Jesica Peredo Rincón, directora general Corporación Peredo, constituyeron al menos 16 empresas en Florida para hacer negocios y compraron condominios.
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La escritura del 2006 por la que Collins tomó el depa / Foto: Florida Departament of State
El hijo de Andrés Granier, ex gobernador de Tabasco, es dueño de un departamento de lujo; Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, tiene un inmueble en Miami. Lo mismo Angélica Rivera, ex primera dama de México
Marcelo Ebrard Casaubon, actual secretario de Relaciones Exteriores (SRE), nombró en diciembre de 2012 a Raymundo Collins como director general del Fideicomiso de la Central de Abasto.
El primer comandante de la Policía Judicial Federal permaneció durante seis años al frente de la administración y operación del mercado de alimentos, que mueve en operaciones más de 9 mil millones de dólares anuales.
En diciembre de 2012, Miguel Ángel Mancera, actual senador del PRD, designó a Collins Flores como director del INVI, una área estratégica del desarrollo urbano de la Ciudad de México y clave en el ordenamiento territorial.
Hay una orden de aprehensión en contra de Raymundo Collins por el desvío millonario de recursos, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
“En este caso fue un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito, sino sencillamente se otorgó el recurso directamente para la construcción de vivienda”, manifestó la ex jefa delegacional de Tlalpan a principios de mes.
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| Nevarez es su socia en Florida / Foto: Florida Departament of State |
Collins, también ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, interpuso un amparo el 23 de diciembre de 2019 para evitar sea detenido por las autoridades capitales.
El documento jurídico fue presentado ante el Juez Sexto de Distrito de Amparo Penal, Juan Mateo Brieba, luego de que empresarios inmobiliarios presentaran una denuncia en su contra por presuntos actos de corrupción en el periodo en que fue titular del Instituto de Vivienda (INVI).
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la emisión de una alerta migratoria y una ficha roja a Interpol para encontrar al exfuncionario.
La alerta migratoria es para evitar que Collins Flores salga del país, porque cuando supo que estaba ubicado por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se escondió y desapareció.
A través de las diversas plataformas del gobierno de la Ciudad de México se buscó la declaración patrimonial de Raymundo Collins, pero no se encontró registro ni en el INVI ni en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tampoco aparecieron datos sobre su fortuna en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El ex secretario de Seguridad Pública creó a la empresa Coco Sandwich Shops, INC en 2012, la cual estuvo activa solo por unos meses. Nunca se puso más de la firma.
Llaman a señalados de acoso a pedir licencia para facilitar fin de paros en UNAM
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Para abonar al diálogo y destrabar el conflicto que mantiene al menos tres planteles de la UNAM, el presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt, exhortó a los académicos que son señalados por presuntos abusos a darse de baja temporalmente mientras se realiza una investigación para esclarecer las acusaciones.
En entrevista con La Razón el jurista consideró que esta acción tiene que ser voluntaria, además de garantizar el principio de presunción de inocencia en cada uno los casos que, mencionó, deben ser indagados por autoridades universitarias.
“Aplaudo el llamado al diálogo del rector Enrique Graue y exhorto a los jóvenes que mantienen las escuelas en paro a sentarse con las autoridades universitarias.
“También creo que esos maestros, autoridades y académicos que pudieran ser señalados, deberían asumir una actitud responsable en favor del diálogo y retirarse de manera provisional de sus cargos mientras se hace una investigación apegada a las leyes universitarias”, precisó el funcionario.
López Betancourt, quien criticó en el pasado la falta de compromiso de autoridades para atender el problema de acoso en la UNAM, aseveró que el llamado al diálogo del rector es una buena señal, por lo que exhortó a cerrar filas.
El doctor en Derecho explicó que una eventual separación de sus labores docentes tiene que ir acompañada de acciones por parte de la academia y del sindicato, para que se les garantice su goce de sueldo.
“Es una actitud respetuosa de las formas y que llevan, precisamente, a un acto de cooperación en un momento crítico. Intentamos bien, hay circunstancias que así lo ameritan, como es el paro que afecta a miles de alumnos, y sin duda también a los docentes.
“Todo esto crea un ambiente de tensión en la Universidad, conformada por 40 mil profesores, de los cuales no todos, definitivamente, están ubicados en este conflicto. Y no por unos pocos la situación se vuelve dramática.Y ellos, los señalados, tal vez injustamente, no podemos adelantar un juicio, deben cooperar. No se trata aquí de una manera de obligarlos, de crear un ambiente de persecución ni mucho menos, que implique atentados a sus derechos laborales y a su dignidad y a su prestigio, que son aspectos que a veces son más importantes que las cuestiones económicas; pero sí que cooperen, que ayuden en ese sentido”, aseveró.
Asimismo, López Betancourt llamó a seguir el ejemplo del secretario general de Filosofía y Letras, quien renunció a su cargo para buscar una salida al conflicto en ese plantel.
“Creo que será muy útil. Ya el secretario general de la Facultad de Filosofía renunció a su cargo, no a su actividad docente, ésa evidentemente se conserva; pero es para facilitar todos los procesos de investigación. Y ha sido un ejemplo que deben continuar otros colegas que están en este momento señalados por los alumnos”, recordó.
El dato: En redes sociales grupos feministas evidenciaron los nombres y fotografías de algunos de los docentes implicados en acoso y extorsión.
“Insisto, no se les puede juzgar de antemano, a priori. Están siendo señalados, hay en ese momento una situación que evidentemente causa problemas, paros, situaciones difíciles. Y ellos voluntariamente, sin necesidad de crear una situación de carácter legal, es bueno que cooperen y eso sería muy sano, que por el momento se retiraran mediante un procedimiento muy simple de tomar una licencia que la Universidad les puede conceder. Y en ese momento se termina la investigación y se toman las medidas para los casos que sean debidamente probados y comprobados, y para otros tantos que buscan las soluciones alternativas”.
El presidente del Tribunal Universitario estimó que si los académicos señalados (por acoso o abuso de autoridad) adoptaran una postura de este tipo sus casos se podrían resolver en breve.
De igual manera, consideró que a los alumnos paristas se les deben otorgar garantías para evitar que el regreso a clases genere rispidez.
Colocaciones de bonos ayudan a disminuir pago de intereses
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Las recientes colocaciones de bonos que hizo el gobierno federal en los mercados internacionales son positivas, en el sentido de que se aprovecharon las bajas tasas de intereses que hay en el mundo y con ello se puede financiar parte del presupuesto de este año, indicaron expertos.
“El gobierno está buscando aprovechar la situación del mercado financiero para pagar deuda con deuda, pero con intereses más baratos”, expuso José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
Explicó que las colocaciones de bonos en dólares y euros forman parte de los ingresos que tiene el gobierno para financiar el gasto de un año fiscal, es decir, el financiamiento externo que se ha buscado en las últimas dos semanas forma parte de los ingresos aprobados en el Paquete Económico 2020.
“Parte de este financiamiento es para acabar de pagar deuda pasada. Esto no debería representar un gran problema o un incremento significativo, son montos manejables y significarían poco sobre el saldo total de la deuda”, dijo De la Cruz.
James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, comentó que uno de los beneficios de las colocaciones que se han hecho en este año es que el costo financiero de la deuda se podría disminuir.
“En los últimos años, el costo financiero de la deuda se ha incrementado de manera significativa, con lo que estas colocaciones permitirán reducir este pago de intereses y permitirán, de alguna forma, que el gobierno disponga de ingresos para destinarlos a otros proyectos”.
Empresas se benefician
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, comentó que uno de los objetivos de que el gobierno emita bonos en los mercados internacionales es abrir el mercado para que empresas privadas y públicas tengan acceso a financiamiento en los mercados de dólares, euros y yenes.
“Después de la emisión en dólares y euros realizada por México en las últimas dos semanas, dos corporativos privados mexicanos (KOF y FEMSA) emitieron deuda en dólares usando como referencia las bajas tasas logradas por el gobierno federal”, dijo en su cuenta de twitter.
Yorio agregó que es muy probable que, en los siguientes meses, más corporativos privados mexicanos acudan a los mercados a tomar ventaja de las bajas tasas de interés logradas por las emisiones del gobierno mexicano.
En este sentido, De la Cruz mencionó que, a pesar de que la economía mexicana no creció como se esperaba y que para el 2020 se tienen bajas expectativas del PIB, México sigue siento un país atractivo para los inversionistas.
El lado malo de posponer deuda
Para Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey, si bien se está aprovechando la situación de los mercados internacionales para el financiamiento del gobierno, el problema es que, si la economía no crece, tampoco reducirán los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), es decir, el gobierno tendrá que buscar mayor financiamiento.
“Ante una menor actividad económica que genera una menor captación de recursos, el valor de los RFSP no va a bajar como proporción del PIB, porque el valor del PIB no aumentó en el 2019. Entonces, si tu economía es cero, el valor absoluto de los RFSP como proporción del PIB aumentaría”.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2020, los RFSP alcanzarán 2.6% del PIB en el 2020, nivel inferior a 2.7% del PIB que se estimó para el 2019, pero mayor a lo que se aprobó en el Paquete Económico del 2019, de 2.5% del PIB.
“El incremento de los RFSP se explica por la reducción de activos financieros del gobierno federal como resultado del uso del FEIP para compensar la disminución de los ingresos públicos”.
Aprovechan el momento
El 7 de enero, el gobierno federal realizó su primera colocación en los mercados internacionales por 2,300 mdd.
La segunda colocación fue el 13 de enero por 1,750 mde.
Expertos consideran que se aprovecharon las bajas tasas de interés a nivel mundial.
Advierten que, si la economía no crece más de lo es
Opacidad y desvío de recursos, lastres del Seguro Popular
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El uso discrecional y el desvío de recursos en el Seguro Popular prevaleció durante la mayor parte de los 16 años que estuvo vigente. No había mecanismos de control, por lo que en estados como Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chihuahua se denunciaron irregularidades que, de acuerdo con información oficial, llevaron a la Secretaría de Salud (Ssa) a presentar 70 denuncias ante la antigua Procuraduría General de la República (PGR).
Al cierre de la pasada administración se informó de más de 7 mil millones de pesos cuyo destino se desconocía. El monto correspondía a recursos sin comprobar hasta el 15 de octubre de 2018; aunque hace unos días, Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que remplazó al Seguro Popular, sostuvo que los estados tienen deudas que superan 54 mil millones de pesos.
Señaló que se trata de dinero que deben a proveedores de medicamentos, prestadores de servicios diversos e impuestos, entre otros. El funcionario no abundó, pero aclaró que corresponde a la Secretaría de la Función Pública la investigación y determinar las acciones a seguir. En todos los casos, puntualizó, los estados responderán por dichas deudas.
Respecto de los 7 mil millones de pesos no aclarados que señalaron las autoridades anteriores, destacaban los recursos sin comprobar de Michoacán, 3 mil 474 millones 527 mil pesos; Veracruz, 2 mil 222 millones 832 mil 332; Guerrero, mil 238 millones 228 mil 266; Tabasco, 190 millones 428 mil 332; Morelos, 81 millones 94 mil 740, y Nayarit, 59 millones 995 mil pesos.
De los desvíos registrados durante la vigencia del Seguro Popular, el efecto era evidente en la deficiente calidad de los servicios de salud que recibían los afiliados, así como en el desabasto de medicinas, que llegó a ser de 70 por ciento en Veracruz.
El estudio de satisfacción de usuarios del Sistema de Protección Social en Salud de 2013 reportó estos datos, según los cuales en Quintana Roo 48 por ciento de los usuarios había logrado surtir sus recetas. El promedio nacional ese año fue de 64 por ciento, a pesar de que sólo se consideraron los medicamentos incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes), de los cuales se suponía estaba garantizado el abasto.
No había justificación para que existieran estos problemas, porque la ley garantizaba la entrega de recursos económicos para la prestación de los servicios y la entrega de fármacos. Lo que no había, hasta 2014, eran mecanismos que aseguraran el uso eficiente del dinero.
Por eso se dieron casos como el de Veracruz, donde además del desabasto se encontraron almacenes con medicinas caducas y adquisiciones de productos irregulares o de procedencia sospechosa.
En 2015 entró en vigor la reforma legal que estableció mecanismos para asegurar que 30 por ciento del dinero –como ordenaba la ley– se usara en la compra de medicinas. El dinero se depositaba en cuentas de la Tesorería de la Federación, de donde salía para el pago a proveedores, previa presentación de las facturas de compra.
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