Abuelo de autor de tiroteo en Torreón guardaba dos armas de grueso calibre: fiscal
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Gerardo Márquez, fiscal general de Coahuila, aseguró que el abuelo del menor autor del tiroteo en el Colegio Cervantes, en Torreón, tenía guardadas dos armas de grueso calibre que eran de uso exclusivo de corporaciones policiacas y del Ejército. En entrevista con Azucena Uresti en Milenio Televisión, el fiscal explicó que las armas son de un calibre 25 y 40, esta última de uso exclusivo de la policía y que en caso de ser responsable podría alcanzar una pena de entre 18 y 35 años de prisión.
Agregó que en el domicilio donde vivía el menor se realizó un cateo, donde fueron encontradas varias réplicas de armas. "Hacemos inspecciones, los juegos de contenido violento que se aseguraron tienen que ver con una ausencia en cuidado del menor y se aseguraron replicas de armas y algunas (armas) de plástico y de aire comprimido. Él tuvo afición o adicción de estos juegos", detalló. El pasado viernes 10 de enero, un estudiante de 11 años del Colegio Cervantes, en Torreón, atacó una maestra y luego presuntamente se disparó. Por este tiroteo murieron dos personas: una maestra y un menor, además resultaron lesionadas seis más: cinco estudiantes y un profesor. Tras días de investigaciones, el titular de la Fiscalía de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó el abuelo del menor autor del tiroteo fue detenido por su presunta responsabilidad por el delito de homicidio por omisión.
Van por programa Mochila Segura, en el que papás hagan la revisión
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Con la reactivación del Operativo Mochila Segura en mil 300 escuelas de Coahuila, donde un alumno se suicidó tras asesinar a una maestra y herir a seis personas el viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) planteó ayer un nuevo esquema del programa, en el que participen padres de familia en la revisión, coordinados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Quienes revisaban las mochilas era personal de la escuela y hubo denuncias, amparos, porque se decía que esto iba en contra de los derechos de la intimidad de los niños y de las niñas. Lo que nosotros estamos recomendando y haciendo desde que iniciamos con la responsabilidad en la SEP es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela”, aseguró Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP.
Este programa, incorporado en 2007 en el proyecto de Escuelas Seguras, actualmente no se aplica en casi la mitad de las entidades; mientras que en las que sí se lleva a cabo su manejo es discrecional en periodicidad y geografía.
“Yo no voy a tomar una decisión que provoque un debate innecesario porque podrá a algunos padres gustarles la revisión de mochilas de sus hijos y otros no, entonces debe tomarse en conjunto”
Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla
Mediante un análisis de información, La Razón ubicó a 15 estados que no aplican este programa, en algunos casos desde 2017, amparados en la recomendación de la CNDH, que en 2019 acotó ese operativo como una violación a los derechos de la educación, a la intimidad y a la participación, así como al principio del interés superior de la niñez de los alumnos. Mientras que las otras 17 entidades de la República Mexicana quedan sujetas a la solicitud que realicen las instituciones o la supervisión aleatoria, con algunas zonas prioritarias delimitadas por los gobiernos.
Ante la tragedia en Torreón y con la intención de que no se repita la situación, que sólo tiene como antecedente el ataque del Colegio Americano de Monterrey, en 2017, la SEP perfiló trabajo con la CNDH.
“Mochila segura en otras latitudes ha probado que no es necesariamente la salida; puede ser parte de ello en el tema de prevención, pero que se tiene que ver acompañado”
Juan Alfonso Mejía
Secretario de Educación Pública de Sinaloa
“Tenemos una reunión con todas la autoridades educativas para revisar esto y poder hacer un programa coordinado con la CNDH para tener garantía de que esto procede”, adelantó Moctezuma Barragán.
El funcionario detalló que hay padres que no revisan, por lo que aunque algunos sí sepan lo que hay en la mochila de sus hijos, no pueden saber si la familia de los demás también.
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Moctezuma Barragán expuso que también se establecerán protocolos para que profesores y alumnos sepan cómo actuar cuando se enfrenten a una situación de crisis, pues “pueden salvar vidas”, debido a que varios de los alumnos del Colegio Cervantes se asomaron al escuchar las detonaciones, lo que los puso en riesgo.
De manera aleatoria en Coahuila, inició este lunes en la Escuela España, de Torreón, a 200 metros del Colegio Cervantes, el operativo Mochila Segura; Adelaido Flores, coordinador de la Región Laguna de la Secretaría de Seguridad Pública y la Unidad Canina de la Policía Federal (binomios) participaron en este plantel.
“El hecho de revisar no es simple, no queremos vulnerar de ninguna manera los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, sino por eso, se va a (…) analizar este tema a conciencia”
Florentino Domínguez Ordóñez
Secretario de Educación Pública de Tlaxcala
Elementos de las corporaciones de Seguridad Pública Estatal de Coahuila y federales se apostaron en la entrada de escuelas en esa región para revisar a los alumnos que ingresaban a clases, acción que se proyecta para mil 300 planteles.
DIVIDE REVISIÓN. Luego del tiroteo en Coahuila, algunos estados consideraron volver a implementar el Operativo Mochila Segura.
El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, llamó a tomar medidas desde los hogares y opinó que la revisión de mochilas podía ser una medida precautoria, por lo que está en análisis de retomarlo.
Luis Miguel Barbosa, mandatario de Puebla, dijo que valoraría poner el programa en marcha en Puebla, donde fue suspendido en agosto de 2019, pero junto con directivos y padres de familia, quienes tendrán que avalar la decisión.
“Esperemos que esas cosas no sucedan en Tabasco, por eso (las revisiones) es el trabajo que tenemos que hacer, preventivamente, con las iglesias, con la escuela, con los padres de familias”
Adán Augusto López
Gobernador de Tabasco
Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dijo que en el estado no será obligatorio el programa, en tanto que su secretario de Educación, Juan Carlos Flores, afirmó que no se implementará, aunque dejó abierta la posibilidad si una escuela lo solicita.
En Durango, Estado de México, Baja California, Oaxaca y otros estados, se especificó que seguirá siendo permanente esta medida precautoria.
El dato: La Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum, informó que trabaja en una estrategia que podría llevar o no el nombre de mochila segura, para revisión en planteles públicos y privados.
El Insabi fractura a góbers con la 4T
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La puesta en marcha del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) confronta a los gobernadores panistas con la 4T.
El pleito puede dejar a 9.9 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, es decir, a casi 20 por ciento de los 50 millones de afiliados al otrora Seguro Popular.
Esos 9.9 millones son ciudadanos que eran beneficiarios del programa social creado en épocas del PAN y habitan en siete entidades gobernadas por ese partido, además de Jalisco, estado gobernado por Enrique Alfaro, de MC, quien se niega a aceptar el nuevo esquema.
Los mandatarios de Querétaro, Guanajuato y Baja California Sur, así como la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, aclararon que brindarán la atención en las unidades médicas estatales sin firmar convenio alguno con el gobierno federal, aunque reconocen afectaciones para los ciudadanos.
Yo dije que jamás iba a firmar, aunque me torcieran la mano. Estaríamos peor, porque (sería) entregarles el sistema de salud y, si de por sí ya nos están quitando dinero, imagínense de dónde sacaríamos 5 mil millones”, afirmó.
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Añadió que, a diferencia de lo que ocurría antes, ahora no ofrecerán atención a quienes sean derechohabientes del IMSS o del ISSSTE.
Francisco Domínguez, mandatario de Querétaro, aseguró que la negativa no obedece a un “capricho” y que, aunque su entidad cuenta con mil 200 millones de pesos para brindar servicios médicos de primero y segundo nivel, no podrá prestar los de tercer nivel.
“Tenemos toda la capacidad, el estado invierte mil 200 millones de pesos anuales al sector salud. Ya lo dijo el Presidente: Será responsabilidad de cada estado el sistema de salud”, explicó.
Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, aclaró que su administración está dispuesta a implementar el Insabi, siempre y cuando no se afecte lo conseguido con el Seguro Popular.
No se puede desmantelar una institución, y menos tratándose de un servicio tan sensible como la salud, si no se tiene definido con qué se va a sustituir” concluyó.
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La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina, puntualizó que en su entidad sí se cubrirán enfermedades como el VIH, cáncer, trasplantes de médula ósea, entre otros.
Más tarde, los gobernadores panistas acordaron elaborar, sin fecha de entrega, una contrapropuesta al gobierno federal para resolver los problemas de atención.
“La postura es garantizar la gratuidad en el otorgamiento de los servicios de salud públicos de todos los niveles y busquen la manera de que esto sea eficiente”, mencionó el senador Julen Rementería.
Los mandatarios presentes en dicha sesión fueron: Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; Martín Orozco, de Aguascalientes; Carlos Mendoza, de BCS; y Javier Corral, de Chihuahua.
La senadora panista, Alejandra Reynoso, denunció que ya no existe la plataforma con los datos del Seguro Popular. “Por eso a los usuarios les han pedido llevar su póliza, ya no están en la base de datos”, dijo.
Deben 697 mdp al Banco del Bienestar
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En septiembre de 2018, la cartera vencida era de 239 millones de pesos, pero al cierre del tercer trimestre del año pasado, el último dato disponible, el monto se había triplicado.
La entidad financiera dirigida por Rabindranath Salazar está en un proceso de saneamiento de su cartera vencida, respondió la institución a El Sol de México.
Al margen de esto, el banco está en un proceso de fortalecimiento de su infraestructura, lo que incluye la construcción de dos mil 700 sucursales en los dos años siguientes para hacerse cargo de la dispersión anual de al menos 300 mil millones de pesos en apoyos sociales del gobierno de la Cuarta Transformación.
En su respuesta, el banco atribuyó el incremento en la cartera vencida a la eliminación del programa Prospera, al inicio de la actual administración, pues los préstamos del banco, otorgados a través del Programa Integral de Inclusión Financiera, estaban respaldados por el dinero que recibían los usuarios mediante los apoyos gubernamentales.
Al dejar de recibir el beneficio se eliminaba la fuente de pago del crédito. Pero la cartera, dijo la institución, también fue resultado de créditos cuyo vencimiento era posterior al término de la administración pasada y, en consecuencia, posterior al término de la vigencia de los convenios interinstitucionales del banco con el entonces Prospera, respondió la Dirección General Adjunta de Crédito y Garantías de la institución.
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Fuente: Banco del Bienestar / Gráfico: Luis Calderón Guerra |
"Se han reconocido los créditos con incumplimiento de pago como vencidos de acuerdo a la normativa y se han constituido las reservas necesarias para su castigo", agregó el banco al señalar que estas incidencias no fueron reconocidas ni como cartera vencida ni como un riesgo para el banco, en la situación financiera en ejercicios fiscales anteriores.
El despacho Ernst & Young advirtió en un reporte auditado de 2018 que la caída en la dispersión de los apoyos del programa Prospera, que se usaban para pagar el financiamiento otorgado a través del Programa Integral de Inclusión Financiera y de la iniciativa Más con Ahorro, causó que el banco no pudiera obtener los recursos que le tocaban al cierre de enero del año pasado.
Sólo en ese mes, “la cartera de consumo presentó un aumento en los días de mora que originaron un incremento en la estimación preventiva de riesgos crediticios para esa cartera de 64 millones de pesos. De continuar esta situación, la totalidad de la cartera PROIIF se pudiera encontrar en cartera vencida para el mes de abril de 2019”, advirtió el despacho.
AMLO ordena al Insabi dar atención en tercer nivel de forma gratuita
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Aunque el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) fue diseñado para dar cobertura en el primer y segundo niveles de atención a la población no asegurada, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó ayer hacer los ajustes necesarios para que también se brinde atención médica gratuita y medicamentos sin costo para el tercer nivel de especialidades.
Por la mañana, el Presidente confió en que pronto todos los gobernadores acepten sumarse al nuevo sistema, porque no se puede obligar a nadie. Más tarde, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, tras una reunión de representantes del sector con López Obrador, informó de la instrucción del mandatario para que antes de concluir 2020 se logre la meta de gratuidad en todos los niveles.
En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el inicio del registro de ingreso a la Universidad de la Salud, tanto para profesores como para alumnos. La nueva institución tendrá el objetivo de que todos los egresados trabajen principalmente en comunidades alejadas.
Incorporación
Tras el arranque de operaciones del Insabi, distintos gobernadores expresaron su rechazo a integrarse al nuevo sistema, lo cual ha generado ruido, señaló el jefe del Ejecutivo, pero estimó que la mayoría se incorpore pronto. A la vez, durante su conferencia de prensa, reconoció que en el norte del país hacen falta médicos y fármacos, pero aseguró que ya se atiende el rezago con un plan de atención permanente.
Por separado, y luego de la reunión entre directores y funcionarios del sector con el mandatario, López-Gatell Ramírez explicó que mientras el Insabi tiene una misión específica de coordinar la atención en el primer y segundo niveles en centros de salud y hospitales generales, el servicio en la siguiente escala para la población no asegurada corresponde a los institutos nacional de salud y hospitales de alta especialidad, mismos que tienen autorizado desde hace muchos años el cobro de cuotas de recuperación.
Aclaró que la modificación legislativa que estableció la creación del Insabi también definió un plazo de 180 días para hacer modificaciones administrativas en busca de llegar a la gratuidad, incluso del tercer nivel, lo cual se aplicará a lo largo del año.
Detalló que dentro del Seguro Popular se dejaron fuera servicios costosos y se limitó a cubrir 66 gastos catastróficos o padecimientos, por lo que muchos tratamientos no están contemplados.
Pero lo que nos ha pedido el Presidente es acelerar el paso, y el plazo máximo es durante 2020, para que al final del año, todos los servicios especializados que se dan en las unidades de salud, primer, segundo o tercer nivel, es decir todo para la población no asegurada, sean garantizados de manera gratuita, indicó López-Gatell Ramírez.
Algunos de los tratamientos que actualmente no se cubren de manera gratuita para la población no asegurada es la atención de caso de hemodiálisis de personas con insuficiencia renal o varios tipos de cáncer.
Por el momento se mantienen las cuotas de recuperación en servicios de especialidades, pero subrayó que el gobierno federal no aprobó ningún aumento, por lo que pidió a la población denunciar casos de incrementos.
Gobierno realiza segunda colocación del 2020 por 1,750 mde
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A casi una semana de que se realizara la primera colocación de deuda del 2020 en los mercados internacionales, el gobierno federal realizó su segunda colocación por 1,750 millones de euros, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De este monto, 1,250 millones de euros provinieron de la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en enero del 2030. La tasa de rendimiento al vencimiento es de 1.241% y una tasa cupón de 1.125%, la más baja que haya obtenido México en el mercado de euros.
La segunda colocación fue de un bono por 500 millones de euros que provinieron de la reapertura del bono con vencimiento en abril del 2039 y que fue emitido originalmente en abril del 2019.
Este bono logró una tasa de rendimiento de 2%, lo que implica una reducción de 96 puntos base respecto a la tasa de rendimiento al momento de su colocación original.
“Para continuar reduciendo el costo de la deuda, México realizó una segunda operación de refinanciamiento, pero ahora en el mercado de euros. Ésta es la primera transacción internacional realizada por un país latinoamericano en este mercado este año”, expuso Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de Twitter.
El funcionario destacó que la demanda por dichas transacciones fue 3.8 veces el monto colocado y contó con la participación de 352 inversionistas internacionales.
“La transacción reafirma la confianza del público inversionistas en nuestro país”, agregó Yorio en la red social.
De esta manera, con la colocación de bonos en euros, el gobierno federal podrá disminuir en alrededor de 470 millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa programadas para el 2021.
Además, se cubre aproximadamente 80% de las necesidades totales de financiamiento externo programadas para este año y mejora el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa de mercado.
Primero en dólares
El pasado 7 de enero, el gobierno federal realizó la primera colocación de bonos y su primer ejercicio de manejo de pasivos del 2020 en los mercados internacionales por un monto de 2,300 millones de dólares.
Dicha transacción consistió en la colocación de dos bonos. El primero fue por un monto de 1,500 millones de dólares en un nuevo bono de referencia a 10 años. El segundo fue por 800 millones de dólares procedentes de la reapertura del bono con vencimiento en enero del 2050 y que fue emitido originalmente en julio del 2019.
Al respecto, Yorio comentó que esta emisión fue neutral y no incrementa la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), ya que servirá para pagar los vencimientos de deuda pasada.
“En el 2019, la deuda/PIB se redujo aproximadamente a 44.7 de 44.9%, con la que cerró en el 2018 (...) La transacción tuvo una fuerte demanda de inversionistas extranjeros, lo cual refleja la confianza de los mercados internacionales en las finanzas públicas de México”, expresó el día de la colocación.
Lo que se logra
El gobierno realizó su segunda colocación del 2020 en bonos por 1,750 mde.
• Cubrirá aproximadamente 80% de financiamiento externo para el 2020.
• Reducirá el costo financiero del portafolio de bonos denominados en euros.
• Suaviza el perfil de vencimientos del portafolio de deuda externa.
• Se mantiene una curva de rendimientos en euros líquida que facilite el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
En un año, Insabi ya no cobrará cuotas: Salud
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, sostuvo que con el inicio de operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, el objetivo fundamental es buscar la gratuidad en los servicios de salud para el primer y segundo nivel que coordina directamente el Insabi, así como para el tercer nivel de atención, que son los servicios de alta especialidad.
“A lo largo del año (este 2020), se tienen que alinear varios de los elementos reglamentarios, que son diversos, pero ya se tienen todos identificados”, a fin de respetar ciertos tiempos establecidos con la reforma a la Ley General de Salud, la cual estableció la desaparición del Seguro Popular y la operación del Insabi. “La meta es gratuidad en los servicios de salud para la población no asegurada, que no le cueste a las personas los medicamentos, incluyendo la atención en el tercer nivel”.
Entrevistado a las afueras de Palacio Nacional, el funcionario aseveró que está garantizada la atención de salud en todos los niveles de complejidad de los servicios de salud, y para ello, la indicación Presidencial es la de que trabajen de manera coordinada todas las instancias de salud, como ocurre cuando pacientes tienen necesidades de servicios especializados y son referidos a los institutos y hospitales federales.
En este momento la Ley de los Institutos Nacionales de Salud rigen a estos institutos, la cual contempla el cobro de cuotas de recuperación, lo cual no es nuevo “ha sido siempre así, aunque no está autorizado aumento alguno para este 2020, con lo que el monto de las cuotas de recuperación cobradas en estas instituciones de alta especialidad deben ser el mismo que en 2019 y que todos los años previos (porque) tiene más de 12 o 15 años que se cobran cuotas de recuperación”.
A mediano plazo lo que nos interesa es que toda la atención de salud sea sin costo para el paciente, para la familia que solicita los servicios de salud y la manera de lograrlo es: que exista una modificación de la Ley de los institutos nacionales de salud, así como un proceso que se planeó desde 2019, el cual ya está en curso en sus distintas fases, y es una transferencia de financiamiento para que estos institutos puedan tener solvencia en el día a día y así cubrir las necesidades.
Al respecto, indicó que la confusión que ha habido ha sido en oficinas administrativas en hospitales de alta especialidad e institutos “que están acostumbrados al modelo del seguro popular y algunos han tardado en percatarse de que el modelo ha cambiado y es el de salud para el bienestar”.
Ante ello, el subsecretario López-Gatell Ramírez aseveró que “no existe indicación alguna para que los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales de alta especialidad incrementen sus cuotas de recuperación”.
Entrevistado a las afueras de Palacio Nacional, el funcionario rechazó que haya habido complicaciones con la puesta en marcha del Insabi, “lo que existe es una enorme resistencia de grupos de interés”, en el campo de la salud, dijo, en “donde existen muchos grupos de interés económico y de control político sobre los distintos recursos del sector”, debido a que se han encontrado contratos de obra, de adquisiciones de insumos o de equipamiento, incluso hasta dos o tres veces más caros.
Puntualizó que ha habido una enorme confusión respecto a la operación del Insabi, el cual tiene como misión específica la de coordinar la atención de la salud en particular en el primer nivel de atención, los cuales son los consultorios comunitarios llamados centros de salud y en el segundo nivel, es decir, hospitales generales.
Acerca de eliminar las cuotas de recuperación, el subsecretario López-Gatell afirmó que “por supuesto que es viable darle gratuidad en el servicio a todos los millones de personas”, y para ello, advirtió, se trabajó arduamente todo 2019 por eliminar la corrupción en el sector salud, “lo hemos hecho de manera dirigida para el tema de compras consolidadas, de los medicamentos; también se analizan las inversiones fallidas en sexenios anteriores en construcción y equipamiento de hospitales”.
Se han encontrado “ejemplos emblemáticos” de sobreprecios en algunos casos mayores al 100 por ciento, dijo, es decir duplicaciones, triplicaciones de costos que no tienen razón de ser excepto por esquemas de corrupción. En la medida en que tengamos esta eliminación de la corrupción vamos a tener ahorros que en su momento equivaldrán precisamente ese porcentaje de ganancia o de beneficio (con el) que se beneficiará de manera eficiente y transparente para la atención de la población”.
En este mismo sentido, denunció que la falta de medicamentos en el caso de los oncológicos es debido a que una compañía tiene un monopolio, “tiene la hegemonía prácticamente absoluta a pesar de que hay otras cinco o seis con registro sanitario (pero) sólo una fabrica los medicamentos contra el cáncer”, lo cual ha resultado en una total desviación de prácticas que en sexenios anteriores se solapaban.
EL PAN DENUNCIA QUE SE BORRARON LOS DATOS DE 60 MILLONES DE BENEFICIARIOS DEL SEGURO POPULAR. Senadores del PAN denunciaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, borró los datos de más de 60 millones de mexicanos que se beneficiaban del seguro popular, lo que ha contribuido a la confusión y desorden que prevalece en la operación del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) que se puso en marcha a partir del 1 de enero de este año.
“A partir del primero de enero hicieron borrón y cuenta nueva. Borraron de la base de datos de la Plataforma del Seguro Popular a más de 60 millones de mexicanas y mexicanos, que contenían información sobre su estatus socioeconómico, de quiénes eran integrantes de familia, información (sobre) desde cuándo estaban afiliados y con esta Plataforma se administraba la información de los beneficiarios”, reveló el PAN a través de la secretaria de la comisión de salud del Senado, Alejandra Reynoso.
En ese sentido, los panistas anunciaron que su bancada solicitará la inmediata comparecencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para que explique cómo se realiza la transferencia de recursos del Seguro Popular al Insabi.
Los panistas acusaron que los hospitales ya no tienen acceso a esa plataforma, de ahí que pidan a los beneficiarios su póliza para tener sus datos.
Asimismo calificaron como una mentira del presidente Andrés Manuel López Obrador que haya 22 convenios firmados entre el Insabi y los estados, pues explicaron que casi ninguno de ellos puede transitar a este nuevo programa de salud pues mantienen adeudos en esa materia que no han logrado liquidar.
Reynoso aseguró que de las 32 entidades, al menos 27 adeudan recursos a la federación y no pueden migrar hasta que no paguen.
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