Permitirán espionaje fiscal y electoral; Ejecutivo plantea reformas al sistema judicial
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La propuesta de reforma al sistema judicial abre la puerta a que el gobierno intervenga teléfonos para combatir delitos fiscales y electorales.
“La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”, señalan los borradores.
El cambio consiste en que se quitan los conceptos “fiscal” y “electoral” del listado que detalla en qué no pueden autorizarse escuchas.
Los documentos, cuyas versiones definitivas el Ejecutivo enviará al Senado el 1 de febrero, plantean que las víctimas de un delito soliciten cateos, eliminar a los jueces de control, retomar la prisión obligatoria para todos los delitos bajo la figura del arraigo y que las pruebas consideradas ilícitas por la manera como fueron obtenidas, sean valoradas por el juzgador.
BUSCAN CREAR TRIBUNAL PARA JUECES CORRUPTOS
Las quejas por presuntas responsabilidades administrativas de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal se presentarán directamente ante la Cámara de Senadores, señala un proyecto de iniciativa legal.
Por primera vez en la historia, los jueces y magistrados de todo el país podrán ser acusados ante el Senado por incurrir en corrupción en los procesos judiciales penales que tienen en sus manos; serán investigados por los legisladores federales y juzgados por un tribunal especial, nombrado por el Presidente de la República y el propio Senado.
De acuerdo con el proyecto de iniciativa de reforma constitucional y de cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que el Ejecutivo federal plantea enviar al Senado el próximo 1 de febrero, las quejas por presuntas responsabilidades administrativas de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal se presentarán directamente ante la Cámara de Senadores.
El Senado, a través de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, actualmente encabezadas por Morena, substanciará el procedimiento, para lo cual tendrán una subcomisión especial de vigilancia y disciplina, que realizará las primeras investigaciones.
FACULTADES DEL SENADO
La propuesta de reforma constitucional plantea la facultad para que el Senado designe “a los jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de la República, para que conozcan de asuntos sobre hechos que presumiblemente sean constitutivos de delitos contemplados en los Títulos Décimo Primero y Décimo Segundo del Código Penal Nacional, cometidos por Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación”.
La propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa que “los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal del Poder Judicial de la Federación son la máxima autoridad jurisdiccional que conozcan de asuntos sobre hechos que presumiblemente sean constitutivos de delitos contemplados en los Títulos Décimo Primero y Décimo Segundo del Código Penal Nacional, cometidos por Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación, que se encuentren resolviendo o conociendo un proceso penal federal en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal se compondrán por un juez y un magistrado, respectivamente, y con el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto.
Podrán conocer de los asuntos en materia de responsabilidad penal que someta a su consideración la Contraloría del Poder Judicial de la Federación en términos de esta ley; de los asuntos en materia de responsabilidad administrativa que derive una responsabilidad penal que someta a su consideración la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial de la Federación en términos de esta ley.
Serán competentes para conocer de los recursos de apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los Juzgados especializados en materia de responsabilidad penal y de denegada apelación que se interpongan dentro de los procesos penales.
La administración de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la vigilancia y disciplina de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal estará a cargo del Senado.
REGRESA ARRAIGO DOMICILIARIO
Ahora las víctimas podrán solicitar un cateo domiciliario.
Las víctimas u ofendidos de un delito podrán solicitar la realización de un cateo domiciliario y no sólo el Ministerio Público, plantea el proyecto de reforma constitucional del Ejecutivo federal en materia judicial, que considera aplicar el arraigo a todo tipo de delincuentes, la intervención telefónica en materias fiscal y electoral y permitir pruebas obtenidas de forma ilícita.
Aunque oficialmente será hasta el 1 de febrero cuando el Ejecutivo federal entregue al Senado el paquete de reformas para transformar el sistema judicial, a partir de recuperar elementos del viejo sistema inquisitivo mixto y el sistema acusatorio, desde la noche del martes se conocieron públicamente los nueve proyectos de iniciativa que se trabajan en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
En el proyecto de reforma constitucional, el planteamiento oficial es que se retomen algunos elementos del sistema inquisitivo mixto, al eliminar los jueces de control y retomar la regla de la prisión obligatoria para todos los delitos, pero ahora con la figura del arraigo, que fue introducido en la Constitución en 2008, a petición del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y que ha sido criticado por diversos organismos internacionales de derechos humanos, a partir de los compromisos que tiene México y que lo ha llevado a ser parte de diversos acuerdos multinacionales.
Así, el proyecto elimina el concepto de “jueces de control”, indispensables en el sistema acusatorio y sólo habrá jueces en general.
Establece que “los elementos probatorios o las pruebas consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”.
Plantea también que “únicamente la autoridad judicial, por sí o a petición del Ministerio Público, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”.
Aquí, el cambio consiste en que se elimina el concepto de arraigo sólo para integrantes de la delincuencia organizada, que se refiere a narcotraficantes, secuestradores y otros delitos de alto impacto.
Respecto a las intervenciones telefónicas, la ley actual dice que “la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”; el cambio consiste en que quita los conceptos fiscal y electoral del listado.
La difusión de los proyectos de iniciativa generaron desde ayer una cascada de críticas por partes de especialistas y expertos internacionales, por lo que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aclaró que los textos definitivos se conocerán hasta el 1 de febrero.
PLANTEAN CÁRCELES ABIERTAS
El Poder Ejecutivo federal trabaja en una propuesta para que existan las llamadas cárceles abiertas, para los reclusos que no representen un peligro grave para la sociedad.
Como parte del paquete de iniciativas en materia penal, está una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la cual reclasifica los niveles de seguridad para los centros de reclusión.
El Nivel I se refiere a la “Prisión de máxima seguridad. Cuenta con la instalación de mayores dispositivos de seguridad, por lo menos tienen torres de vigilancia, rondín interior y exterior, controles de acceso y perímetro de seguridad”,
La definición del Nivel II, denominado Prisión de mediana seguridad, es la que “tienen vallas perimetrales que impiden que las personas privadas de su libertad alcancen el muro perimetral; zonas con el propósito de controlar los movimientos y dificultar la huida”.
El Nivel III, denominado Prisión de mínima seguridad, es aquel que “otorga a las personas privadas de la libertad un mayor grado de confianza en condiciones de seguridad adecuadas con la instalación de un muro perimetral y con cercado de zonas sensibles del centro penitenciario”,
Y el Nivel IV es el denominado como “Prisiones de régimen abierto, cuentan con habitaciones o pequeños dormitorios que se cierran con llave durante la noche. El vallado perimetral tiene el propósito de delimitar la propiedad penitenciaria y se ubican en zonas que disponen de una amplia extensión de terrenos adyacentes”.
La Ley de Ejecución Penal es un instrumento jurídico creado hace cuatro años, pero que no ha podido ser aplicado plenamente por las limitaciones presupuestales.
NIÑOS PODRÁN SER SANCIONADOS
La reforma busca incluir la figura de la comisión de delitos por adolescentes que participen en pandillas
El gobierno federal está decidido a impedir que los llamados factureros, creadores de empresas fantasmas y todo tipo de evasores fiscales encuentren recovecos para continuar con sus actividades y ahora busca que no puedan utilizar a los menores de edad como prestanombres para evadir la acción de la justicia.
De acuerdo con el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, una persona menor a los 18 años de edad será enviada a un centro de reclusión cuando haya incurrido en defraudación fiscal y equiparable, así como en el delito de facturas falsas y empresas fantasmas.
“La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen tres veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación”, dice.
También se considera incluir la figura de la comisión de delitos por adolescentes que participen en pandillas y asociación delictuosa; mantiene el principio de que la reclusión de los menores será sólo en caso extremo; refrenda el respeto al debido proceso en todo lo relacionado con delitos en los que se vea involucrado un adolescente.
Entre las novedades de la propuesta, que todavía se trabaja en la versión final, está la prohibición a los adolescentes para que residen en ciertos lugares, hablen con algunas personas, se relacionen con otras, si se considera que son perjudiciales para su rehabilitación e incluso la posibilidad de que se le prohíba consumir alcohol y drogas.
En otro proyecto de iniciativa, referente a la creación de la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica, que está dirigida a dirimir los delitos relacionadas con la llamada justicia cotidiana, el Ejecutivo propone que los adolescentes, de entre 12 y 18 años, sí serán considerados responsables cívicamente, para lo cual serán sancionados de la misma forma que un adulto, con amonestaciones y servicios a la comunidad; en algunos casos, con multas, que deberán pagar sus padres o tutores.
La propuesta atiende denuncias relacionadas con cierre de calles o conducir bajo los influjos del alcohol y las drogas, sin que los castigos lleguen al encarcelamiento.
Por ‘falta de consenso’, Senado frena proyecto de superfiscalía
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Desencuentros entre el gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República trabaron ayer la presentación del paquete de reforma en materia de administración y procuración de justicia, por lo que el Senado se negó a recibir el proyecto destinado a crear una superfiscalía. Te recomendamos: Perfilan superfiscalía con dientes de SSPC y UIF En una decisión de última hora que causó sorpresa, el fiscal Alejandro Gertz Manero desglosó el contenido de las nueve iniciativas y anunció que hasta el 1 de febrero intentará someter de nuevo el plan al Poder Legislativo, donde ya hay voces que advierten que viola la presunción de inocencia.
“Será el 1 de febrero cuando yo pueda, si ustedes me lo permiten, ya tener una visión completa para someterla a la soberanía de ustedes, a su conocimiento y, si ustedes lo ven así, ya lo hagamos en un debate público”, expresó. Antes de la presentación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, recibió en privado al consejero Jurídico del Ejecutivo, Julio Scherer; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al fiscal para informarles que el Senado no se puede hacer cargo de una iniciativa sin consenso ni de los desencuentros en el gabinete.
“Me acaba de hablar el presidente de la Corte para reclamarme que no se le tomó en cuenta y no vino el secretario de Seguridad Pública, que estaba invitado. Mejor pónganse de acuerdo primero…”, les planteó. De acuerdo con los narrado por testigos de la reunión, Monreal advirtió que estaba enterado de que no había acuerdo sobre las iniciativas, que en este caso “mejor no las presenten”. “No les voy a aceptar nada, estoy enterado de que no están de acuerdo en el Poder Judicial Federal, que no lo han consultado ni con Alfonso Durazo, que está invitado a la reunión. “No se las voy a recibir, yo quiero que este proceso concluya bien y tienen que respetar al Poder Judicial Federal y tienen que hablar con Durazo, llegar a un consenso”, subrayó. El zacatecano hizo notar que ni la secretaria Sánchez Cordero conocía el contenido de las propuestas, por lo que insistió a Gertz Manero y Scherer ponerse de acuerdo “y entonces platicamos”.
INICIATIVAS INTRANSITABLES Sobre el contenido del proyecto, senadores de Morena coincidieron en que son intransitables las propuestas de arraigo de 40 días para todos los delitos, las detenciones en caliente o el uso de pruebas de origen ilegal, por lo que se deben ajustar. En público, Monreal resaltó ante los representantes del Ejecutivo y coordinadores que “no impondremos normas que afecten derechos fundamentales” y que en la discusión se escuchará a todos a través de parlamento abierto en busca de consenso. Pidió a los funcionarios federales no incluir al Poder Judicial en estas reformas hasta que no haya un acuerdo con la Suprema Corte, para que sea un proyecto consensuado; insistió en que el Senado no se va a apresurar en la discusión, porque se trata de una reforma de gran calado. Sánchez Cordero solo comentó que acudieron al Senado a la entrega del paquete de reformas y Scherer expresó que las nueve iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia.
El morenista responsable de coordinar la reforma al Poder Judicial, Germán Martínez, sostuvo que la Cámara no hará ninguna modificación sin los jueces ni la opinión del ministro presidente, Arturo Zaldívar. “En la reforma de ese poder, seremos aliados de los jueces. No haremos nada sin ellos, señaló tras conocerse que entre las reformas está la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que crea los juzgados y tribunales especializados para combatir la corrupción, con jueces designados por el Senado y no por el Consejo de la Judicatura. Y ADEMÁS ONG VEN FALLAS Y EXIGEN PARTICIPAR El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez rechazó que el sistema penal acusatorio sea una puerta giratoria, pero advirtió la falta de profesionalización de las policías que investigan, de los ministerios públicos que integran carpetas y el reiterado uso de la tortura, lo que desacredita casos como el de Ayotzinapa. En tanto, Humberto Guerrero, de Fundar, lamentó que no se tome en cuenta a las ONG en esta reforma. “El sistema lleva un año y es muy precipitado (cambiarlo); la invitación al Senado es a establecer un diálogo amplio”
Frenan iniciativa que avala obtención de pruebas vía tortura
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“Las pruebas no necesariamente deben declararse ilícitas y excluirse, pues toda prueba que se hubiese producido sin necesidad de recurrir a la prueba determinada como ilícita será válida en virtud de que las circunstancias hubieren llevado necesariamente a su descubrimiento, desvirtuando así el nexo jurídico que ésta presupone”, establece el proyecto de iniciativa de reforma constitucional al Sistema de Justicia que plantea el Ejecutivo.
La iniciativa explica que este tipo de elementos probatorios, es decir, las pruebas consideradas ilícitas por obtenerse de manera ilegal, “representan una de las problemáticas más complejas en la materia, pues lleva consigo por un lado el interés público de la persecución del delito y por el otro, la protección de los derechos individuales”.
Por ello se plantea la posibilidad de que el Juez de la causa o el tribunal de apelación, lleve a cabo la valoración respecto de la exclusión de la prueba ilícita, tutelando los derechos de debido proceso, la adecuada defensa, la presunción de inocencia y el principio de contradicción.
“Hay retrocesos, muchas figuras se van a quitar y otras de sistema inquisitorio se van a agregar, por ejemplo, volver al arraigo, es una figura caduca porque viola la presunción de inocencia; se vuelven a aprobar los cateos sin un procedimiento, se vuelve a aprobar la intervención de comunicaciones que estaba prohibida por la Constitución, se vuelve a permitir que las autoridades violen nuestra comunicación, nuestra correspondencia, celulares, whatsapp, y eso es inaceptable”.
“Con ello permiten que pruebas obtenidas de manera ilícita, sí puedan ser utilizadas en un juicio, esas medidas que habíamos avanzado, las están implementando en estas iniciativas, no podemos aceptar, cateos, arraigos ni pruebas ilegales, mucho menos intervención de la comunicación”, advierte el senador Samuel García. Integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara alta.
De acuerdo al senador de Movimiento Ciudadano, también se establece en la iniciativa de reforma a la Constitución como parte del Nuevo Sistema de Procuración y Justicia en México, la posibilidad de que se haga una excepción para que algunos juicios no sean públicos.
“No me quiero imaginar que si agarran a Eduardo Medina Mora (exministro de la Corte) que todo México quiere saber porqué renunció, el fiscal diga que este juicio es privado, no será público y se nos prive de la verdad”, alertó.
¡Aguas! Establece la posibilidad de excepción para que algunos juicios no sean públicos
Igualan outsourcing a crimen organizado
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El gobierno federal, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, irá tras el “outsourcing ilegal” y los delitos por evasión fiscal serán equiparables a delincuencia organizada y de seguridad nacional.
El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que las personas que presten ese servicio ilegal pueden ser sancionados con prisión preventiva y oficiosa, con lo cual pueden llegar a recibir hasta 20 años de cárcel.
Además, advirtió, quienes contraten el servicio de outsourcing ilegal pueden correr el riesgo de que se les inicie una investigación, se presente una querella, gire una orden de aprehensión y ser sancionado con 14 años de cárcel.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estimó que hay cerca de seis mil empresas de subcontratación abusiva que pudieran estar afectando los derechos de los trabajadores y evadiendo un monto aproximado de 21 mil millones de pesos anuales.
Agregó que estas prácticas de subcontratación precarizan el mercado laboral y la mano de obra, lo que afecta a los trabajadores.
“(Afecta de) entrada, la estabilidad en el empleo. El pago de reparto de utilidades, la antigüedad de los trabajadores, ingresos por primas, aguinaldo, liquidaciones.
El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que de septiembre a diciembre de 2019, detectaron mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a cerca de 860 mil trabajadores con probable afectación en sus derechos laborales y de seguridad social.
Explicó que hay siete operativos a grandes empresas con esquemas de subcontratación en hotelería, servicios informáticos, call center, farmacéutica, minería y producción de alimentos.
“En estos operativos se han detectado a 10 mil trabajadores subcontratados ilegalmente y a cerca de 36 empresas subcontratistas involucradas”, dijo.
Alfonso Bouzas, investigador en materia laboral de la UNAM, explicó que este esquema de outsourcing ha afectado las condiciones laborales de las personas, pues se ha utilizado para precarizar la situación de los trabajadores.
“Es una estrategia perversa, porque en muchos casos dan de alta a los trabajadores con el salario mínimo, a pesar de que ganen más; además las compañías evitan responder ante los empleados por conflictos laborales porque la que los contrata es la terciarizadora”.
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró que el outsourcing ilegal ya está penalizado en la ley, y se debe aplicar para sancionar a empresas que utilizan este mecanismo, con la finalidad de no pagar cuotas patronales, impuestos, o hasta el empleo de facturas falsas.
Jorge Sales Boyoli, socio fundador del Bufete Sales Boyoli, dijo que es necesario evitar caer en excesos a la hora de castigar el outsourcing.
“Preocupa que un país, para que pueda erradicar una conducta, la penalice y entonces puede pasar fácilmente de ser un Estado represor a uno dictador y que pueda haber excesos en el camino… no basta con solo criminalizar”
Investigan UIF y FGR firmas de outsourcing
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda presentó ante la Fiscalía General de la República 51 denuncias en contra de empresas de outsourcing, presuntamente por simular operaciones y defraudación fiscal.
De esos caso, 31 están ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con casos de outsourcing ilegal, precisó Santiago Nieto, el titular de esa unidad.
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto explicó que entre las primeras acciones del Grupo de Trabajo Contra la Subcontratación Ilegal, conformado por la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal, se hicieron siete operativos especiales de inspección a grandes empresas relacionadas con los rubros de hotelería, servicios informáticos, farmacéutico, call center, minería y producción de alimentos.
Sólo de septiembre a diciembre este grupo identificó a mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en las cuales estarían contratados 860 mil trabajadores, agregó el director del IMSS, Zoé Robledo.
En total, se calcula que son casi seis mil las empresas de subcontratación ilegal que evaden 21 mil millones de pesos en impuestos. Estimamos que cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran en este esquema afectados en el pago de aguinaldo, liquidaciones, pago de prima de antigüedad, vacaciones, su registro en el IMSS y acceso a crédito de vivienda, dijo Luisa María Alcalde.
El procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, Carlos Romero Aranda, señaló que estos delitos son considerados graves, pueden sancionarse hasta con 14 años de cárcel sin derecho a fianza y además esta práctica será considerada como delincuencia organizada.
Sin embargo, aclaró que sólo serán aplicadas las normas de delincuencia organizada a los grupos de tres o más personas, dedicados de manera permanente o reiterada a defraudar al fisco.
Explicó que con la entrada en vigor de la reforma fiscal este año, la procuraduría fiscal ya puede iniciar procesos de investigación y sus respectivas querellas por acciones como la evasión de impuestos, facturación falsa y el adeudo de cuotas al IMSS.
Las empresas de subcontratación no serán las únicas perseguidas, pues los patrones que contraten la tercerización de servicios, serán acusados por delitos contra la seguridad nacional, también sujetos a prisión preventiva oficiosa y pago por encima de 7.5 millones de pesos.
Héctor Márquez Pitol, director de Relaciones Institucionales de Manpower- Group, dijo a este diario que esa empresa celebra las acciones del gobierno en contra del outsourcing ilegal. Han sido muchos años de competencia desleal, donde ha habido organizaciones, personas físicas y compañías que han abusado de la poca inspección de ese negocio.
“Esperemos que rápido se conozcan nombres. Se mencionaron cantidades importantes de empresas que han detectado, y esperamos que haya castigos ejemplares”, señalo Márquez Pitol.
T-MEC traerá ola de reformas en el primer semestre
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Además de fortalecer el encadenamiento industrial automotriz y plantear una nueva agenda de política laboral, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) también le traerá a México una ola de reformas legislativas que fortalecerán el estado de derecho y mejorará el clima para hacer negocios en el país, afirmó Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
Ante la inminente ratificación estadounidense del T-MEC, la dependencia trabaja contra reloj en la implementación mexicana del nuevo acuerdo comercial. La primera fecha fatal es el 30 de abril, pues antes de ese día —cuando termina el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso— deben quedar aprobados los ajustes a las leyes mexicanas, pensando en que la vigencia del tratado iniciará en el segundo semestre del año.
“Somos responsables (la Secretaría de Economía) de asegurarnos de que todos los compromisos que México asumió en el T-MEC estén reflejados en la legislación nacional. Estamos trabajando desde hace meses en el paquete legislativo del T-MEC con la Cámara de Diputados, el Senado y diferentes dependencias para hacer los ajustes respectivos”, dice a El Economista Luis María de la Mora, a unas horas de la inminente ratificación del T-MEC en el Senado estadounidense.
Entre las leyes que serán ajustadas, enlista: la ley de normalización, la de propiedad industrial, el Código Penal para endurecer las penas en materia de piratería, e inclusive refiere cambios que permitirán fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, pues este tema fue uno de los ejes transversales del tratado.
Comentó también que habrá anexos sectoriales que van a tener que implementarse y recordó que habrá cambios significativos en temas como la emisión de certificados de origen, pues antes los otorgaba la Secretaría de Economía, pero ahora se implementará un sistema de autocertificación.
“Necesitamos tener los cambios legislativos en la siguiente sesión ordinaria del Congreso, antes del 30 de abril. Ya hemos hecho mucho. Las propuestas las tienen ya los senadores y las tramitarán en el próximo periodo legislativo”, menciona.
Reglamentaciones uniformes
Otro aspecto que ocupa a la Secretaría de Economía y que será crucial para la aplicación del acuerdo es el diseño de reglamentaciones uniformes, que permitirán tener interpretaciones comunes sobre lo negociado en el T-MEC, como las reglas de origen. “Desde el principio del 2019 hemos estado en contacto con Estados Unidos y Canadá sobre este tema. Hay algunas reglas de origen que son más precisas y que requieren más detalle como las del sector automotor, textil o confección”, expresa.
En el sector automotriz esto resulta fundamental, pues se trata del sector que más transformaciones sufrirá, pues se endurecerá su regla de origen de 62.5 a 75 por ciento. En este tema, la dependencia trabaja con las instancias homólogas de Estados Unidos y Canadá, además, se coordina con la industria mexicana, representada en este caso por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Industria Nacional de Autopartes.
De la Mora aclaró que las reglas de origen “ya están previstas en el T-MEC y está definido cómo se va a promediar el contenido regional para definirlo (por coche, planta, etcétera). Pero sí hay precisiones que hacer, por ejemplo, en el valor de contenido laboral, que va a ser de 40 por ciento”.
Presupuesto, un reto
La subsecretaria de la Mora admitió que uno de los retos en la ejecución de sus tareas de implementación del T-MEC es el presupuesto, pues la administración del tratado será más compleja en aspectos como la solución de controversias, lo que demanda más recursos humanos para responder de manera expedita.
“Cuando estamos hablando del secretariado del T-MEC, vamos a necesitar recursos para implementarlo y para cumplir con las disposiciones en solución de controversias. Necesitamos un personal para ello. Necesitamos recursos para atender las dinámicas que se deriven de nuevas disposiciones laborales, ambientales y del capítulo de solución de controversias”, explica.
El secretariado es una figura que depende de la Secretaría de Economía y su labor es meramente administrativa, pero crucial, pues se encarga de toda la burocracia técnica del tratado. Actualmente, dice con sorpresa, el secretariado del TLCAN se compone de una sola persona. “El secretariado del T-MEC debe ser de una dimensión diferente, porque con estos mecanismos expeditos laboral y ambiental necesitamos mucha rapidez para contestar y coordinarnos”, afirma.
Luz María de la Mora destaca las virtudes del T-MEC: un botón de muestra, indica, es la inyección de certidumbre a la inversión que aporta el acuerdo en un contexto de debilitamiento de las reglas comerciales globales y los mecanismos de solución de controversias, como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
“Todo lo que hay en el tratado es vinculante y si no lo cumplimos están los mecanismos de solución de controversias. Hoy por hoy es más vigente este tema, porque en la OMC hay una crisis. El hecho de saber que en América del Norte sí hay un mecanismo vinculante y que sí dará una resolución en un plazo definido puede ser un atractivo para los inversionistas, pues no hay en otros países”, expresa.
Esta semana, Luz María de la Mora viajará a Estados Unidos para reunirse con autoridades y actores del sector privado de ese país, con el propósito de trabajar en la agenda de trabajo conjunta para la implementación del T-MEC.
Necesario, impulso del Estado
Mantener atractivo automotor de México, un desafío
México tiene todo para mantenerse vigente y proyectarse en el mapa de inversiones automotrices en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero el gobierno debe tener un papel activo para hacer que se den las condiciones necesarias, afirma Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
Las políticas públicas serán cruciales, además, por el momento de cambio que vive el sector, en medio de la transición hacia una nueva era de movilidad, caracterizada por el uso de fuentes motrices más limpias y por la tendencia hacia la conducción autónoma.
En principio, De la Mora dice que, con sus reglas de origen más duras, el T-MEC abre la oportunidad para atraer más inversiones, pues se requerirá de un mayor contenido regional en los automóviles comerciados dentro de América del Norte.
“Si bien estas reglas automotrices están orientadas a una mayor integración en América del Norte y a impedir la importación de insumos de terceras regiones, una ventaja es que para poder atender el mercado de Estados Unidos, se requerirá mayor inversión productiva que genere esas cadenas de valor”, dice la subsecretaria.
Pero, admitió, existe el riesgo de que esa inversión opte por irse directamente a Estados Unidos o Canadá o, peor aún, que las empresas de países como Japón o bloques como la Unión Europea, que pagan un bajo arancel para entrar al mercado estadounidense, decidan abastecer desde fuera de la región al mercado estadounidense. “Nos tenemos que asegurar que esas inversiones sigan viendo a México”, indica.
Además, para seguir vigentes con la nueva generación de manufactura de vehículos eléctricos y autónomos, la subsecretaria dijo que México, a través de la acción del Estado, debe asegurarse de cumplir con algunas condiciones, principalmente en los ámbitos energético, de capital humano e infraestructura.
“Tenemos que asegurarnos de que el sector energético sea un sector que puede ofrecer las condiciones de competitividad que requiere la electromovilidad. Necesitamos asegurarnos de que vamos a tener los recursos humanos para poder dar el salto cualitativo y, finalmente, garantizar infraestructura para el transporte”, detalla.
China será una prioridad: Economía
Diversificación de mercados no es incompatible con el T-MEC
Debido a su regla de origen más alta en el sector automotriz, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fortalecerá la integración de México con sus socios de América del Norte, pero ello no impide que el país diversifique su comercio, asevera Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.
Para la funcionaria, si bien es cierto que el grueso del comercio del país se concentra en el subcontinente, el margen que queda es lo suficientemente atractivo como para seguir buscando nuevos mercados.
“El margen hace mucho. Si vemos los datos de comercio hoy, el comercio de México es más o menos de 930,000 millones de dólares, de esa cantidad 600,000 son intercambios con Estados Unidos. Es decir, tenemos una tercera parte de comercio que no es con Estados Unidos, es cierto que mucho es importación, pero fundamentalmente de insumos y bienes de capital, porque México es parte de la fábrica global”, menciona De la Mora.
Refiere que ese margen de diversificación se ha dado gracias a la apertura comercial del país, que le ha permitido aprender a hacer negocios en otras latitudes. “Hemos aprendido a exportar y a invertir en el exterior. Eso nos tiene que ayudar a diversificar”, afirma.
En este ánimo, reconoció que México no puede darse el lujo de ignorar grandes mercados como los asiáticos, principalmente China e India, y en el primer caso indica que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continuará buscando acercamientos para estrechar la relación comercial.
“Nosotros vemos a China como un mercado al que hay que ir. Trabajamos mucho con Comce y los gobiernos estatales para impulsar el conocimiento de ese mercado. Trabajar con China es un trabajo conjunto, sector público y privado. Los empresarios no pueden ir solos”, detalla.
Este mes, De la Mora acompañará a la secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, al Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, donde se reunirán, entre otros actores, con funcionarios y empresarios japoneses, a quienes buscarán convencer sobre el atractivo de México para estrechar vínculos comerciales y establecer inversiones en sectores como el siderúrgico.
Falla de Sader con fertilizante tira 50% producción de maíz en Guerrero
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Por fallas en la entrega de fertilizantes, escasez de lluvia o sequía, politización y falta de expertiz del Gobierno federal en el ciclo primavera-verano 2019, la producción de maíz en Guerrero cayó, señalaron el Centro Tlachinollan, la alcaldesa de Tlapehuala, Anabel Balbuena, y la Confederación Nacional de Productores de Maíz.
Esta última organización aseguró que hubo una reducción de cosecha de 50 por ciento, lo que representa pérdidas económicas por más de tres mil millones de pesos y una afectación para 100 mil productores, pues no pudieron sembrar alrededor de 70 mil de las 350 mil hectáreas que anualmente se trabajan, lo que impacta a siete regiones.
Abel Barrera, director de la asociación de Derechos Humanos Tlachinollan, dijo que el Gobierno federal mostró su novatez desde el año pasado en la entidad.
“Ahí creo que le faltó más tener el pulso de cómo estaba el problema; que no era fácil, sino complejo, sobre todo en los padrones, porque luego hay muchos que manejan éstos y no todos son apegados a la realidad”, sostuvo.
En entrevista con La Razón, opinó que la politización, la mala operación del programa de fertilizantes en los cálculos del padrón, querer entregar sólo para una hectárea, el alto costo del traslado y la demora de los tráileres, evitó que muchos productores, principalmente de La Montaña, se quedaran esperando los insumos.
“Lamentablemente eso hizo que algunos no sembraran, que otros se fueran a trabajar de jornaleros agrícolas a los campos del norte del país y que la siembra no diera como acostumbra. Desafortunadamente con esos primeros paquetes sólo alcanzó para la primera aplicación, cuando la planta apenas nace”.
Barrera Hernández advirtió que si no hay un cambio en la manera de entregar el abono desde la Federación y se mantiene la ineficacia en la programación y distribución, se corre el riesgo de que la gente vuelva a interceptar y saquear los vehículos en los que se transporta el apoyo, por desesperación e incertidumbre.
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En el primer año del programa de fertilizantes, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y ante el retraso en la entrega, los llamados Servidores de la Nación realizaron labores de apoyo para verificar que los beneficiarios cumplieran ciertas condiciones para recibir el insumo —vía vales—, como contar con determinadas hectáreas y acreditar la zona de residencia.
Hernández pidió actualizar el registro de todos los beneficiarios, cruzar información entre las autoridades federales, estatales y municipales junto con los líderes comunales y ejidales, así como eliminar tantos trámites burocráticos; “hay una serie de nudos que se deben desatar”, añadió.
Por separado, la alcaldesa perredista Anabel Balbuena Lara criticó que las autoridades federales hicieran a un lado a los ediles en la entrega del insumo a los productores guerrerenses, incluso en la información sobre los padrones que se tenían de años anteriores y que no se tomaron en cuenta.
“Hay que mencionar que a los presidentes municipales no se nos consideró respecto a la información de cuántos paquetes llegaron, a quiénes se dieron, qué paquete se entregó. Fue un tema muy complicado en cuanto a la relación con los que operaron el programa”.
Juan Pablo Rojas, dirigente de la Confederación Nacional de Productores de Maíz, declaró que “poco más de tres mil millones de pesos estamos perdiendo en Guerrero por no contar con infraestructura de acopio, de almacenamiento y distribución de agua, y por no tener el fertilizante a tiempo, por la cerrazón de los nuevos funcionarios”.
Alertó que en la entidad habrá una carencia de alimentos, al menos durante seis meses este año, desde marzo o abril en adelante, por la disminución de al menos 50 por ciento de la producción de este grano.
“La gente que está en la parte rural produciendo para subsistir y el autoconsumo va a tener carencia de esos productos, de esos alimentos, tanto para la alimentación humana como para alimentar al ganado, a los animales con los que se ayudan para el trabajo”, dijo.
A su vez, José Juan Bautista, líder de Antorcha Campesina en Guerrero, aseguró que estos errores en la distribución del fertilizante en Guerrero, obligará a las autoridades locales a comprar maíz de otros estados para hacer frente a esta crisis alimentaria que se avecina, pues los productores locales no tendrán producto.
Indicó que entre abril y mayo de 2020 comenzará a resentirse la caída en la cosecha del grano, por lo cual llamó al Gobierno federal a apoyar a los guerrerenses, sobre todo a las familias que siembran para el autoconsumo, que están en condiciones muy humildes.
“Es probable que esta situación (baja en la producción de maíz) incremente esa migración. Realmente van a tener que buscar una forma de allegarse de los recursos que van a necesitar para poder adquirir estos insumos para su alimentación”, destacó
Se juzgará la subcontratación como delincuencia organizada
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El gobierno federal estableció una coordinación institucional con el fin de acabar con la subcontratación laboral ilegal en el país. Aunque el también llamado outsourcing tiene opciones legales, quienes recurran a dicha práctica con el propósito de evadir pagos a trabajadores o al Servicio de Administración Tributaria zSAT) podrían ser juzgados como delincuencia organizada o por defraudación fiscal, con penas hasta de 20 años de prisión.
Al hacer el anuncio del grupo de trabajo contra este delito –en el que participan las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores– el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que más de 14 mil empresas despidieron a toda su nómina en diciembre, lo que representa 60 mil trabajadores, aunque en total fueron cesadas 380 mil personas ese mes.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que las irregularidades en contrataciones laborales tienen que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, e hizo un llamado a los empresarios a tener dimensión social, con la finalidad de cumplir con los derechos de los asalariados.
Tras informar acerca de la creación del grupo de trabajo contra la subcontratación ilegal, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, estimó que hay 5 millones de personas bajo ese esquema.
Sin precisar cuántos trabajadores de esos 5 millones se estima que están contratados en el marco de la ley, la secretaria afirmó que se calcula que 6 mil empresas incurren en subcontratación abusiva, lo que provoca una evasión de 21 mil millones de pesos anuales.
La diferencia radica en que mientras la ley permite que una empresa subcontrate a personal para un servicio especializado con el propósito de no distraerse de su actividad principal, la subcontratación ilegal se genera cuando traslada la plantilla laboral completa a un intermediario con el único fin de encubrir la relación laboral e incumplir obligaciones, explicó la funcionaria.
Zoé Robledo, director general del IMSS, explicó que ya fueron detectadas mediante operativos, entre septiembre y diciembre, mil 200 empresas con prácticas de subcontratación ilegal, que agrupan a 862 mil 489 trabajadores.
La Procuraduría Fiscal de la SHCP investigará los casos de este tipo con el fin de determinar si existe defraudación fiscal o delincuencia organizada.
La reforma penal fiscal más reciente –entró en vigor el primero de enero–, “precisamente va encaminada a castigar y perseguir como delincuencia organizada a todas esas empresas que dan el servicio de outsourcing ilegal; es decir, tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, como en este caso es la defraudación fiscal”, indicó el titular de la dependencia, Carlos Romero.
Quien contrate servicios ilegales de este tipo podría ser sancionado hasta con 14 años de prisión; en tanto, quien preste el servicio ilegal, es decir, los outsourcing, podrían ser condenados hasta con 20 años.
Gobernadores deberán explicar rechazo al Insabi
Al ser interrogado acerca de la negativa de varios gobernadores del PAN a sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente López Obrador indicó que los mandatarios que no se incorporen deberán explicar en sus estados por qué seguirán cobrando cuotas de recuperación a la población no asegurada. Durante la comida que ofreció a los mandatarios estatales esta semana, aclaró, no se tocó el tema, ni hablaron de cuestiones presupuestales
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