Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

Comer y sobrevivir, el reto diario para los desplazados; 11 mil 491 personas huyeron de su hogar en 2018

CIUDAD DE MÉXICO.

Día a día, miles de desplazados enfrentan una lucha contra hambre, enfermedades, inseguridad, discriminación y, en muchos casos, hasta la muerte.

Viajan de estado a estado dentro del país huyendo del crimen organizado, saqueos, desalojos y pobreza.

De acuerdo con el reporte Desplazamiento Interno Forzado en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), hubo 27 episodios de desplazamiento interno forzado masivo en 2018 en el país, los cuales se calcula que afectaron a cerca de 11 mil 491 personas.

La violencia generada por grupos armados organizados fue la causa del desplazamiento en 80% de los casos.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, advierte que al huir de casa, las personas no cargan papeles, eso los coloca en una posición vulnerable porque nadie los censa y no pueden acceder a programas sociales.

El especialista enfatizó que cuando varias familias se desplazan juntas es más fácil sobrellevar la situación, pues juntas enfrentan el problema y las autoridades se ven obligadas a atenderlas.

Pero si salen en pocos grupos se complica que las autoridades les den atención”, explicó.

DESPLAZADOS SÓLO CARGAN HAMBRE E INCERTIDUMBRE

El viacrucis que tienen que enfrentar los miles de mexicanos que tienen que desplazarse forzosamente por el país recién inicia luego de huir de casa, pues cada día tienen que librar una interminable lucha contra el hambre, enfermedad, incertidumbre, inseguridad, discriminación y, en algunos casos, la muerte.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, explicó que cuando varias familias se desplazan en caravana es más fácil sobrellevar la situación, pues juntas enfrentan el problema y las autoridades se ven obligadas a atenderlas, pues el fenómeno mismo visibiliza la situación.

Al exigir sus derechos de manera colectiva los hace visibles ante las autoridades, pero si salen en pocos grupos, sin manera organizada y sin documentos se complica que éstas les den atención. Cuando llegan a algún lugar, generalmente reciben ayuda de los mismos habitantes, quienes les regalan ropa y víveres. Sin embargo, el problema viene cuando se alarga el tiempo de estancia”.

Resaltó que el problema del desplazamiento deja gran sufrimiento en mujeres, ancianos y, principalmente, en los niños, pues dejan de ir a la escuela, de recibir atención médica, su alimentación cambia radicalmente, además de que se vuelve muy limitada.

Olivares narró que la mayoría de los desplazados pasan hambre, hecho que él mismo constata porque acompaña a numerosos grupos, pues hay desplazados desde 2011 y 2012, y que a más de siete u ocho años no han sido reubicados, “entonces pierden el derecho al trabajo al no estar domiciliados, porque además la mayoría es campesino indígena que vive de lo que siembra, come de lo que siembra.

Ellos son los habitantes más pobres de Guerrero, los más vulnerables, sufren mucho, pues diariamente se enfrentan al hambre, a la incertidumbre y a la inseguridad”.

Detalló que, además como son personas desplazadas y muchas salieron huyendo con lo que traen puesto, “pues no cargan papeles y nadie las censa, por lo tanto, no pueden hacerse acreedores a algún programa social y desgraciadamente son miles quienes están en esta condición y nunca van a ser reconocidos como víctimas de desplazamiento por las autoridades”.

Señaló que la misma Ley 487 expone que para ser merecedor de los beneficios las familias tienen que mantenerse en los refugios que se habilitan, donde son censados y tomados en cuenta, reciben una, “por así decirlo, reparación del daño”, pero si son grupos escasos que generalmente desconocen de dichos albergues o nadie los canaliza, por ello, no reciben ningún beneficio.

IMPACTO EN LA SALUD

El activista lamentó que “gran parte de las personas en situación de desplazamiento enfrenta, en algún momento, episodios de depresión, lo que ha ocasionado algunos decesos, pues al dejar sus raíces, sus tierras, se vienen a agravar las enfermedades con las que ya venían o se les van generando. Si una persona con diabetes estaba estable en su comunidad, al desplazarse se agrava su enfermedad y al no tener ya atención médica, pues termina en situaciones graves o incluso llega a morir”, dijo.

Aunque la CMDPDH estimó en cinco mil 56 los desplazados entre enero y diciembre del año pasado en Guerrero, el activista aseveró que pese a que no existe un registro oficial de esta situación, por los casos que ellos conocen y acompañan calculan que entre seis mil y ocho mil personas “están en esta grave situación”.

De acuerdo con el registro de la CMDPDH, de enero a diciembre de 2018 se registraron 27 episodios de desplazamiento forzado masivo en México, los cuales se estima que han afectado a al menos a 11 mil 491 personas. Estos desplazamientos ocurrieron en 20 municipios y 52 localidades de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Brenda Pérez, directora del área de Desplazados de la CMDPDH, coincidió al señalar que el mayor impacto de desplazamiento lo reciben los niños, embarazadas y ancianos.

Recriminó la falta de protocolos por parte de las autoridades para combatir este problema y las causas que impiden a la población desplazada retornar a sus hogares.

También coincidió en la atención diferenciada que reciben los desplazados cuando se mueven de manera colectiva que cuando es hormiga o gota a gota, pues cuando es en núcleos pequeños se convierte en desplazamiento silencioso, por tanto, enfrentan otro tipo de situaciones.

Cuando llegan a algún lugar de forma masiva reciben un apoyo más institucional, pues las autoridades municipales les dan ayuda de forma inmediata, de tipo paliativa, pero que no están pensadas a mediano o largo plazo y se vuelven insuficientes.

Muchas de las víctimas suelen ser discriminadas por las autoridades, pues no les brindan la ayuda a la que deberían tener acceso, lo que los lleva a enfrentar hambre en la mayoría de los casos.

Dos de los casos más emblemáticos fueron los ocurridos en Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, en 2017, cuando sumaron más de cinco mil indígenas desplazados. Algunos fueron instalados en campamentos; sin embargo, el año pasado, estás víctimas tuvieron que volver a desplazarse luego de que sus campamentos fueron destruidos por el panista Hermelindo García Núñez, síndico municipal de Chalchihuitán, quien los amenazó con amarrar y quemar a los representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes intentaran ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos”.

Recordó que en el caso de Chalchihuitán hubo fallecimientos por las condiciones inadecuadas. “Hubo decesos de menores y de personas adultas que no pudieron enfrentar el desplazamiento o las condiciones en las que vivían, pues morían de hambre, de frío o por enfermedad, así lo registramos el año pasado”.

“UNA DE LAS NIÑAS SE QUEDÓ CALVA Y A LA OTRA LE DIO VITILIGO”

El activismo que Germán y su esposa, Norma, miembros del Movimiento por la Paz, de la plataforma de Pueblos Originarios —quienes dan seguimiento a casos de violaciones de derechos humanos de comunidades indígenas— realizaron contra la minería ha dejado graves impactos en la salud de sus seis hijas y la pérdida de todo su patrimonio, pues tuvieron que huir de Morelos, luego de que ella y sus hijas fueron secuestradas y su casa allanada en mayo de 2013.

En dicho año, integrantes de varias comunidades del sur del estado se acercaron a los activistas, debido a que una minera pretendía instalarse, lo que, acusaron, ocasionaría graves daños a sus tierras. Por tal motivo, Norma y Germán se unieron al movimiento antiminero en Morelos. Sin embargo, en mayo de ese año, como consecuencia del apoyo brindado a los pobladores, “mi familia, mis hijas y mi esposa fueron secuestradas... afortunadamente pudimos rescatarlas 24 horas después”.

Sin embargo, diez días después del secuestro su casa fue allanada.

Con recursos propios huimos de Morelos y nos asentamos en el Estado de México. Salimos sólo con lo que traíamos puesto.

Pero ahí no acaba todo, debido a todo el estrés acumulado desde el secuestro tuvo un impacto negativo en la salud de nuestras hijas.

Una de mis hijas pequeñas cuando fue secuestrada tenía ocho años, el impacto fue mayor, porque de un día para otro todo su entorno cambio. Estuvo casi seis meses sin poder dormir. Cuando apenas lo lograba despertaba gritando, se le cayó el cabello, se quedó completamente calva, perdió peso, se hacía pipí en la cama. Y bueno, eso sólo fue en ella, tenemos seis hijos. Otra de nuestras hijas tuvo sobrepeso y se le desarrollo el vitiligo y apenas en 2018 empezó a recuperarse”, narró el matrimonio.

Norma, Germán y sus hijas regresaron a Morelos en 2017, pero aún siguen escondidos por temor a que algo pudiera pasarles.

Sheinbaum se disculpa y 'perdona' los actos vandálicos en protestas

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió “perdón” por calificar las movilizaciones contra la violencia de género como una “provocación” y aseguró que la Procuraduría de Justicia capitalina no abrirá ni tiene una sola carpeta de investigación contra las mujeres que participaron o vandalizaron diversos puntos de la Ciudad de México durante las protestas de la semana pasada. Te recomendamos... 

Insuficientes, políticas contra violencia a mujeres en CdMx: Sheinbaum Sheinbaum se reunirá con colectivos de mujeres Dana Corres, activista y defensora de derechos humanos, informó que durante una reunión con 40 mujeres de distintos colectivos, la mandataria aceptó que estuvo equivocada al utilizar la palabra “provocación”, ya que eso solo generó un malentendido, ya que supuestamente su gobierno estaba criminalizando a las mujeres. Las activistas reclamaron que “a partir de las marchas y la narrativa equivocada que el gobierno le ha dado a la misma” han sido violentadas y amenazadas a través de sus redes sociales. 

 “Nos dijo que esta misma semana hará un llamado para que se detengan esas amenazas y agresiones. También se comprometió a sentarse con otros sectores de mujeres afectadas, así como con familiares de víctimas.” Además, la mandataria capitalina reculó en su decisión, pese a que el viernes pasado su gobierno había informado, a través de un boletín, que investigaría las agresiones y las afectaciones a los edificios públicos de la ciudad. 

“En el caso de las agresiones directas a periodistas, personas y las graves afectaciones a los edificios públicos, se han iniciado por parte de la Procuraduría General de Justicia, las carpetas de investigación correspondientes y no habrá impunidad.” A decir de la activista Dana Corres, el compromiso de la mandataria capitalina, de no criminalizar a las mujeres que se manifestaron los días 13 y 16 de agosto pasado, se dio a conocer este domingo durante una reunión a puerta cerrada con 40 activistas feministas de diversas organizaciones que prefirieron guardar su identidad. La fundadora de Futura aseguró que Sheinbaum puntualizó que tampoco existen carpetas de investigación abiertas por los daños causados al patrimonio público e histórico capitalino, como lo habían informado tanto el secretario de Seguridad Publica, Jesús Orta, y la procuradora de Justicia, Ernestina Godoy. 

Sin embargo, aseguró que se sigue la investigación de quienes agredieron a periodistas. Faltan políticas públicas Por separado y entrevista con MILENIO, la jefa de Gobierno aceptó que no hay suficientes políticas públicas y acciones que lleven a una Ciudad de México segura, por lo que invitó a la sociedad a construirlas entre todos. Advirtió que si los cuerpos policíacos hubieran intervenido en la manifestación de grupos de mujeres el pasado viernes se abonaba a que la violencia se acrecentara. “Debe haber un diálogo donde todas las mujeres, todas, sientan que jefa de Gobierno está preocupada y ocupada por hace acciones efectivas que avancen a la erradicación de la violencia en nuestra administración”, dijo. En entrevista, señaló que su posición es ir hacia una ciudad en paz, “y que tenemos que generar todas las condiciones para que las mujeres se sientan seguras, y que las manifestaciones sean pacíficas, lo que se muestra a partir de un diálogo para avanzar en la justicia hacia las ellas”. 

También la mandataria indicó: “No vamos a criminalizar la protesta social, todos tenemos distintas posiciones, pero todos estamos de acuerdo en esta ciudad debe ir a la erradicación de la violencia para conseguir la paz y en particular, repito, en acciones efectivas que erradiquen la violencia de género donde las mujeres se sienten seguras caminando por la calle, en su trabajo, escuela, en todas partes, por ello con el paso a la Fiscalía General de Justicia tenemos la oportunidad de ir entre todos a una concepción colectiva. “La única puerta que está abierta es la del gobierno de la ciudadanía para el diálogo, y siempre lo estará. Por ello digo que se trata de una demanda que tiene que ser atendida y faltan policías públicas para ello”, dijo.  

Claudia Sheinbaum: “No vamos a criminalizar la manifestación social”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración no va a criminalizar la manifestación social —incluida la de las protestas de mujeres.

Asimismo comentó que las demandas planteadas por las mujeres deben ser atendidas, pues admitió que “no hay suficientes políticas, acciones que nos lleven a una Ciudad Segura y una ciudad en donde las mujeres se sientan seguras caminando por la calle, en su trabajo, en la escuela, en el transporte público”.

Y sentenció: “En todos los otros casos no vamos a criminalizar la manifestación social. Nos interesa avanzar en un clima de paz, de justicia y en el que las mujeres se sientan seguras en nuestra ciudad”.

La semana pasada se realizaron dos protestas de denuncia sobre la presunta responsabilidad de policías capitalinos en casos de violación de mujeres. En la del viernes pasado algunas manifestantes provocaron destrozos al mobiliario urbano.

Ante esto Sheinbaum informó que por los actos vandálicos que se registraron no hay ni habrá investigaciones, ni responsables.

Adelantó que priorizarán el diálogo para que la violencia que se registró no se combata con más violencia y que no criminalizará a quienes destruyeron bienes públicos.

Por los destrozos, aseguró, no habrá responsables y se pagarán con recursos públicos a través de seguros contratados o presupuesto de las mismas dependencias encargadas.

Adelantó que el día de hoy se emitirá un comunicado oficial con información por parte de la Procuraduría General de Justicia.

Por lo pronto ayer Sheinbaum se reunió con un grupo de 40 feministas para dialogar sobre lo ocurrido el pasado viernes.

“Debe haber un dialogo en que todas las mujeres sientan que la Jefa de Gobierno está ocupada y preocupada por hacer acciones efectivas que avancen en la erradicación de la violencia de género”, explicó Sheinbaum Pardo.

No obstante la mandataria indicó que donde sí se abrirán las carpetas de investigación ­correspondientes será en los casos en los que agredieron a al menos 11 periodistas.

Precisó que aún no se tienen identificados a los responsables.

Al cuestionarla sobre su reunión con grupos feministas, la mandataria comentó que “la puerta de gobierno siempre va a estar abierta al diálogo, hay una demanda que me parece que tiene que ser atendida, y es que no hay suficientes políticas, acciones que generen una ciudad segura, una ciudad donde las mujeres se sientan seguras de caminar en la calle, en su trabajo, en la escuela…y hacia allá tenemos que ir ante todo”.

También dijo que no habrá revictimización de mujeres que vayan al Ministerio Público a denunciar actos de violencia de género, además de que se están realizando acciones para mejorar los servicios en la PGJ.

“Ése es uno de los objetivos, lo importante es la transformación de la procuraduría, tenemos una gran oportunidad en la construcción de la nueva fiscalía, para que podamos avanzar en el acceso a la justicia de todos y de todas, pero en particular el acceso de las mujeres a la justicia, porque hoy aun con las acciones que hemos hecho, no… Son apenas el inicio”, agregó la Jefa de Gobierno.

AMLO pide evitar la tentación del dinero

MIAHUATLÁN. Andrés Manuel López Obrador aseguró que las “grandes transas” que se registraron en los últimos años en México contaron con el visto bueno de los presidentes en turno.

En el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Miahuatlán, el presidente López Obradorafirmó que los titulares del ejecutivo federal cuentan con toda la información de las dependenciasy es difícil que no se enteren de los abusos y la malversación de los recursos públicos.ATENTOS. HABITANTES DE MIAHUATLÁN ASISTIERON AL EVENTO DEL PRESIDENTE EN SU MUNICIPIO. FOTO: ESPECIAL

“Los grandes negocios, las grandes transas que se llevan a cabo en México, en el país, siempre llevan el visto bueno del Presidente de la República, nada que él no se entere, el presidente sabe todo lo que está sucediendo, tiene toda la información”, señaló,

La declaración se da cuando ex funcionarios de Pemex, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno de Enrique Peña Nietoenfrentan acusaciones penales por presunta corrupción.

Acompañado del gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, el mandatario dijo que el presidentetiene que ser honesto para que los servidores públicos actúen con responsabilidad.

“No permitir la corrupción y dar el ejemplo arriba, porque también ese es otro asunto, la corrupción se da de arriba para abajo, nos manipularon mucho haciéndonos creer que la corrupción se da de abajo hacia arriba. No, puede ser que aquí abajo sean mordidas, allá son tarascadas”, expuso.

Hizo un llamado a las mujeres y hombres que están en el servicio público a resistir las tentaciones del dinero y el poder cuando se llega a un cargo de autoridad o de responsabilidad.

“Se tienen que enfrentar a tentaciones y se tienen que resistir a todas, sobre todo a las tentaciones del dinero y del poder, porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, explicó López Obrador.

Indicó que uno de los planes de su gobierno es acabar con la corrupción, ya que “eso es lo que más ha dañado a nuestro país, la deshonestidad de los gobernantes, por eso tenemos que acabar con la corrupción y con la impunidad. Nada de que el que llega a un cargo y roba es muy vivo, muy inteligente, nada de eso, es un ladrón, un vil ladrón.

“Se tiene que tomar en cuenta que el juicio histórico de un dirigente, de un político, concluye hasta que se deja de existir”, puntualizó.

En el Hospital Rural de Tlacolula, el Presidente dijo que durante su sexenio se basificará a 80 mil trabajadores de la salud que hoy son eventuales, y que el criterio será el de antigüedad, no las recomendaciones de los líderes sindicales.

“Le hago un llamado respetuoso a los dirigentes sindicales, nada de recomendados, porque miren, me repiten y me repiten, yo siempre recojo los sentimientos del pueblo, por eso ando a ras de tierra, me repiten que sólo entran a trabajar familiares y que sólo entran a trabajar recomendados. ¡Eso se va a ir al carajo ya!”, exclamó.

Se comprometió a establecer “un nuevo tabulador” y pagarle más dinero a médicos especialistas en los centros de salud de las comunidades más alejadas.

Precisó que no se obligará a los médicos especialistas a trasladarse a zonas retiradas, pero se buscará “establecer un mecanismo para tratar mejor a los que trabajan en hospitales rurales”.

POR PARIS ALEJANDRO SALAZAR

PAIS@HERALDODEMEXICO.COM.MX 

CNTE toma batuta en leyes secundarias de la Educativa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) cedió a la exigencia de legisladores de Morena afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para acotar las funciones de un Comité consultivo y deliberativo que encabezaría un secretario Ejecutivo; ambas figuras propuestas por la autoridad federal en las leyes secundarias, las cuales no están previstas en la Reforma Educativa.

En una reunión realizada el martes pasado, los diputados Irán Santiago, Lorena Jiménez Andrade, María Pérez Chávez y Azael Santiago Chepi expresaron su inconformidad en torno a la creación del comité, porque “se está conformando una burocracia excesiva en la que pueden desviarse recursos; además, la figura del secretario ejecutivo no está en la Constitución”.

La Reforma Educativa, aprobada en mayo pasado, establece la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (el cual sustituye al Instituto Nacional para la Evauación de la Educación, INEE), organismo descentralizado que contará con una Junta Directiva, consejos Técnico y Ciudadano; además, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha insistido ante legisladores en crear un comité, cuyo secretario sería propuesto por él. 

El Sistema, que originalmente se llamaría Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, con base en el último documento de trabajo enviado por la autoridad federal cambia ahora a Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, luego del encuentro que encabezó la coordinadora de Enlace de la SEP con el Congreso de la Unión, Maricela Contreras Julián, con siete diputados de Morena, quienes se reunirán hoy.

El anteproyecto establece que dicha comisión está integrada por la Junta Directiva, el Consejo Técnico de Educación y el Consejo Ciudadano, que para el desempeño de sus labores se auxiliará de la Secretaría Ejecutiva y las Unidades Administrativas, y contará con un Órgano Interno de Control (OIC); mientras que el centro estaba integrado por la Junta Directiva, la presidencia de la misma, el Consejo Técnico de Educación, el Consejo Ciudadano, la Secretaría Ejecutiva, las Unidades Administrativas y el Órgano Interno de Control (OIC). 

En entrevista con La Razón, Azael Santiago Chepi explicó que el interés de los legisladores es que “los recursos se asignen como debe ser, sin organismos que lucren o desvíen para otros fines; estamos planteando que no se generen muchos entes burocráticos. 

“(La figura del secretario ejccutivo) no está en la Constitución, hay que delimitar con mucha claridad las facultades de la Secretaría Técnica y de la Ejecutiva, para que no trastoquen las facultades de los otros órganos ya creados, que vienen estipulados en el artículo constitucional y no excederse en sus facultades”, explicó.

Luego de la reunión del martes pasado, el legislador morenista confirmó que “se está conformando una burocracia excesiva, en la que pueden desviarse recursos”, por lo que el miércoles pasado autoridades de la dependencia enviaron un nuevo documento a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con varias modificaciones.

De acuerdo al anteproyecto de la Ley Reglamentaria de la fracción IX del artículo tercero constitucional en materia de mejora continua de la educación, quedarán excluidos del Comité un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y otro de la Secretaría de la Función Pública (SFP), además de cinco titulares educativos locales con representación regional. 

El último documento de trabajo establece que la presidencia del comité podrá invitar de manera permanente a autoridades de ambas dependencias, además de otras instituciones públicas, así como organismos públicos autónomos, docentes y especialistas, aunque sólo con voz, pero sin voto. 

En cambio, las presidencias de las Comisiones de Educación del Congreso de la Unión serán parte del Comité y un representante del Consejo Técnico, “diferente a la persona que presida la Junta Directiva”. 

Con los nuevos planteamientos, no sólo a propuesta de la presidencia del Comité, se nombrará al titular de la Secretaría Técnica, ya que también la Junta Directiva podrá presentar perfiles para el cargo. 

El Comité Consultivo, conformado por integrantes del Sistema Educativo Nacional, tendrá la función principal de articular las acciones del Sistema con el fin de contribuir a la mejora continua en la materia de manera integral. 

El documento anterior indicaba que “el patrimonio del Centro se integra con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público, así como de los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos”.

Ahora se deermina que el patrimonio de la Comisión se conforma con los recursos que se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal correspondiente, así como los demás ingresos que perciba en los términos de las disposiciones aplicables, que podrán consistir en donaciones, legados, derechos y otras que reciba de personas físicas y morales.

En cuanto a la Secretaría Ejecutiva, ésta deberá presentar la planeación estratégica de los trabajos a la Junta para su aprobación, con el agregado que será “a partir de la información generada por las Unidades Administrativas”. 

Otro artículo rechazado por los legisladores era el de la designación y remoción de “los directores generales y demás personal que integre el Centro, salvo los recursos humanos con que cuente directamente la Presidencia y miembros de la Junta Directiva”.

Ahora, se especificó que dicho funcionario podrá emitir los nombramientos y remociones determinadas por acuerdo de la Junta, de las personas titulares de las Direcciones Generales y demás personal que integren la Comisión, “salvo los recursos humanos con que cuente”. 

El legislador de Morena por Oaxaca aclaró que sus propuestas “no sólo han sido un pronunciamiento opositor, porque aún faltan varias discusiones, y si bien hay mayoría en la fracción de Morena, lo ideal sería tener el mayor de los consensos con el resto de los grupos parlamentarios”.

La sagrada familia de la 4T: De siervos de Dios a servidores de la nación

Gabriela Jiménez | El Sol de México

La primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pastor Arturo Farela y su hijo Josué Farela Pacheco posaron juntos para una fotografía, formaron un triángulo semejante al de la Santísima Trinidad. El presidente quedó en medio del padre y el hijo, como si fuese el espíritu santo que los une.

Aquel 21 de febrero del 2019, Farela Gutiérrez llevó a “su amado hijo”, como él mismo lo define, con el presidente López Obrador en lo que fue uno de los primeros acercamientos sobre dos temas fundacionales para el actual gobierno: la distribución de la Cartilla Moral y cómo llevar todos los programas del bienestar a los lugares más inaccesibles del país con la ayuda de toda la estructura de las iglesias evangélicas. Ahí nació la idea de consolidar un grupo de 20 pastores que Arturo Farela bautizó como Los Siervos de Dios.

“Además de elaborar el listado de 20 Siervos de Dios, en esta tercera ocasión, nos estaremos reuniendo con el Presidente de México, sería aproximadamente en 30 días la tercera reunión de líderes y miembros de Confraternice. ¡A Dios sea la gloria por los éxitos alcanzados!”, publicó Arturo Farela en su cuenta de Facebook el 30 de abril. Sin embargo, llegó mayo, junio, julio, agosto… y el encuentro sigue sin concretarse. Los Siervos de Dios sería un grupo conformado por representantes de iglesias evangélicas, con la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) a la cabeza.

Pero mientras la estrategia se consolida, al menos tres miembros de Confranternice forman parte ya de las nóminas del Gobierno Federal.

Josué Farela Pacheco, hijo del presidente de la confraternidad, y dos pastores operan y cobran a través de la Secretaría del Bienestar, como coordinador y miembros del ejército denominado Servidores de la Nación. De acuerdo con la información que se puede consultar en la Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Farela Pacheco gana 51 mil pesos netos como trabajador honorario en la Secretaría del Bienestar. Su sueldo bruto es de alrededor de 73 mil pesos.

Además de Farela Pacheco, en ésas mismas nóminas aparecen los nombres de los pastores Rafael Moreno Hurtado y Roberto Vital Pineda. De igual manera se encuentran Josué Israel Serrano Rendón y Enrique Arnol Valadez Linares, estos dos últimos, el mismo Arturo Farela los incluye en una lista como parte de los miembros de la Confraternice.

Los cuatro (Moreno, Vital, Serrano y Arnol) ganan ocho mil 173 pesos netos (bruto de 10 mil 217), como el resto de los casi 18 mil Servidores de la Nación, de acuerdo con el último registro consultado, el viernes 9 de agosto. Todos, a través de la nómina de la Secretaría del Bienestar.

El origen de los Servidores de la Nación se consolida hacia septiembre-octubre del año pasado, con tareas en ese momento muy específicas, como levantar encuestas para alimentar el Censo del Bienestar, información que serviría al Gobierno Federal para identificar a las personas que se beneficiarán con los programas sociales, las cuales en su mayoría recaen en dos secretarías, la de Trabajo y la del Bienestar.

Salvo esta información que se publicó en los medios durante su arranque, no existe en ninguno de los sitios oficiales información específica sobre cuál es la labor que desarrollan y cuál es el perfil de los puestos, como es el caso de los coordinadores. ¿Cómo se seleccionaron a éstos? ¿Cuáles son las características profesionales que debían cubrir para acceder a esos puestos? Entre otras.

Gráfico: Luis Calderón Guerra

Fuente: Elaboración propia / 

La inmensa estructura de los Servidores de la Nación oficialmente está bajo la dirección de Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, quien despacha directamente desde la Presidencia de la República. Aunque, y de acuerdo con la ley que da origen a Servidores de la Nación, la coordinación es concurrente con la Secretaría del Bienestar.

García Hernández fue designado por López Obrador como coordinador General de Programas para el Desarrollo, al mando de los Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo (DEPD).

Durante la campaña, fue secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En su papel actual, Gabriel García es también contacto directo entre los Servidores de la Nación y la congregación de Arturo Farela.

“Tuvo un papel relevante en la nominación de candidaturas locales y federales y se encargó de coordinar a los enlaces estatales que operaron las brigadas de promoción y defensa del voto de la campaña de ese partido… y a partir de diciembre, siguió a la cabeza de los enlaces estatales de Morena que cambiaron su nombre por el de los DEPD”, según la denuncia contra los Servidores de la Nación, presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) el pasado 8 de agosto.

El PRD acusa que toda esta estructura (incluidos los Servidores de la Nación) es violatoria de la normatividad electoral federal, pues a través de ellos se realizan actos de promoción personalizada en favor del Presidente López Obrador, lo que supuestamente viola el principio de imparcialidad.

En síntesis, se lee en el documento de 73 cuartillas, los Servidores de la Nación son una estructura vertical y paralela al Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados y municipios, formada y dirigida por la Presidencia de la República, para llevar a cabo una estrategia electoral que recurre al clientelismo para formar una base de millones de electores fieles al liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador, con vistas a las elecciones locales y federales de los años siguientes.

De acuerdo con el documento de la demanda de representantes del PRD ante el instituto Nacional Electoral (INE), a partir del 1 de diciembre del 2018 miles de personas fueron contratadas por la Secretaría del Bienestar con un salario bruto de 10 mil 217 pesos. En la nómina correspondiente a la primera quincena de julio, ésta alcanzó la cifra de 18 mil 299 contratados.

Del estudio que realizan construyen la siguiente estructura. Primer nivel. La coordinación general de programas para el desarrollo de la que es titular Gabriel García Hernández, aunque de acuerdo con la ley que legitima a este grupo, la coordinación es también concurrente con la secretaría de Bienestar. Segundo nivel: Los Delegados Estatales. Todas las oficinas estatales de representación de las secretarías y dependencias federales están obligadas a informarles de la ejecución de los programas que entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades.

Tercer nivel: Los coordinadores regionales de programas para el desarrollo quienes son nombrados por los titulares de las DEPD.

Al menos hay 266 coordinadores. Uno de ellos, es precisamente Josúe Farela Pacheco. Cada coordinador regional tiene bajo su mando unos 65 brigadistas que son los responsables, entre otras cosas, de coordinar el ejército de cuando menos 17 mil 500 personas.

Los Servidores de la Nación, denuncian los legisladores, tiene como función visitar los domicilios del país para levantar el llamado Censo del Bienestar, detectando a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal y entregar las tarjetas bancarias correspondientes. “Su consigna es entregar los programas sociales sin intermediarios”.

ENCUENTROS EN PALACIO

Durante la reunión del 13 de marzo en el comedor de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador y el equipo conformado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Gabriel García Hernández, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, y el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se comprometieron a tener un siguiente acercamiento con Confraternice y trabajar en paralelo en cada dependencia sobre cómo podían los evangélicos colaborar con el gobierno federal.

Ese mismo día, López Obrador dio el sí para que el hijo de su amigo Arturo Farela comenzara a colaborar como el coordinador con los Servidores de la Nación, y más en específico, como promotor del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

“Todo nació por la invitación que hizo el presidente el 21 de febrero y el 13 de marzo. Ahí el presidente, en presencia de varios secretarios de Estado, Confraternice fue invitado a colaborar en todos los programas sociales; pero fue una invitación del Presidente, y es así, como laicos, no ministros de culto, que en este caso mi hijo, se incorporó a colaborar con los Jóvenes Construyendo el Futuro”, confirmó en entrevista con El Sol de México el presidente de la Confraternice.

Apenas el 11 de julio pasado, Josué Farela Pacheco y el pastor Oscar Rodrigo Porras López firmaron con la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, un convenio para ayudar al Gobierno Federal en labores de asilo de migrantes centroamericanos en los templos de Confraternice que entra en operaciones en estos días.

Por hoy, Josué Farela va en busca de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Pesca a los interesados, les habla de los beneficios de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, les habla de esa nueva oportunidad en la que ganarán una beca de 3 mil 600 pesos mensuales.

Mientras que en los comentarios de su página de Facebook, algunos de sus amigos ya lo candidatean como el próximo presidente de la República...

El pago de pensiones será mayor a 1 billón de pesos a partir del 2021

Para el 2021, el gobierno federal deberá presupuestar más de 1 billón de pesos para el pago de pensiones y jubilaciones del sector público, lo que representa una presión fuerte para las finanzas públicas del país, pues los ingresos son cada vez más limitados.

De acuerdo con un ejercicio realizado por El Economista, en los últimos 10 años el presupuesto para el pago de pensiones se ha incrementado en promedio 7.6 por ciento. Con dicho crecimiento, se calculó el presupuesto que se destinará para 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Para el siguiente año, se estima que se destinen recursos a este rubro por un total de 946,019.8 millones de pesos, lo que representaría 14.5% del gasto neto, que ascendería a 6.5 billones de pesos.

A partir del 2021, y mantendiendo un crecimiento promedio de 7.6%, se contempla que el gasto en pensiones y jubilaciones sea de 1 billón 18,325.9 millones de pesos. Dicho monto iría ascendiendo de manera significativa con lo que en el 2024 podría llegar a 1 billón 270,124.6 millones de pesos.

Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE)2019 indican que el pago de pensiones para este año aumentaría en 6.4% real, respecto a los recursos aprobados para el ciclo 2018, por un total de 877,500 millones de pesos.

De este monto, 75.1%, equivalente a 659,100 millones de pesos, se concentra en el IMSS e ISSSTE; 13%, 114,200 millones de pesos, se asocia al gasto del gobierno federal, y 11.9%, que son 104,200 millones de pesos, corresponde a las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE).

Pago de altas pensiones podría reducirse en el 2050

Expertos en pensiones comentaron que el crecimiento en el pago de pensiones se podría empezar a reducir hasta el 2050, pues todavía hay muchas personas que se jubilarán bajo el régimen de 1973, en el cual se les garantiza una pensión de alrededor de 80% de su último salario, y que es financiado con recursos del erario.

“Lamentablemente, aún estamos conviviendo con el sistema anterior y nos faltan muchos años más para poder terminar de pagar esas pensiones, porque las personas que reciben esas pensiones están todavía muy jóvenes. Entonces, ese pago va a empezar a reducirse dentro de 30 o más años”, expuso Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana.

Detalló que las personas que logren pensionarse bajo el régimen de 1973 serán aquellas que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, cuando entró en vigor el nuevo sistema de cuentas individuales, es decir, el ahorro pensionario que es administrado por las afores.

“Vemos ese gasto como una presión muy fuerte para el Estado. Sin duda va a ser necesario revisar los sistemas anteriores para ver qué va a pasar con las pensiones que vengan hacia adelante. De lo contrario, las pensiones se van a comer el presupuesto”, dijo López.

Pensiones representarán 5.3% del PIB

Alejandra Macías, experta del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), mencionó que los recursos que se destinaron al pago de pensiones del sistema de reparto, de las aportaciones que da el gobierno para el régimen de cuentas individuales, y el dinero que se utiliza para el programa de 68 y más representaron 4% del Producto Interno Bruto (PIB) y para el 2030 podría ascender a 5.8% del PIB.

Criticó que los recursos que se destinan al pago de pensiones no sean justos, pues una gran parte del presupuesto se concentra en pocos trabajadores: “Un trabajador de la extinta Luz y Fuerza del Centro recibe una pensión 11.3 veces más alta que un pensionado del IMSS; mientras que de CFE o Pemex la pensión es 8.8 y 6.7 veces mayor a la de un pensionado del IMSS.

“Es importante que el gasto en pensiones sea justo, dado que el presupuesto debería servir como un instrumento de redistribución, y si no a quienes más se afecta es a las personas de bajos recursos (...) La redistribución no es justa porque 20% del gasto en pensiones se va sólo a 3% de la población de pensionados, y son Pemex, CFE, y LyFC”.

De acuerdo con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF), los recursos del IMSS para este año sumanrían 746,738.9 millones de pesos, de los cuales 57.9% se destinará al pago de pensiones y jubilaciones, un total de 432,941.1 millones de pesos.

En el caso del ISSSTE, su presupuesto es por 323,322 millones de pesos, de los cuales 70% se destinará al pago de pensiones y jubilaciones, con un total de 226,143 millones de pesos, lo que significa 5.1% más que lo presupuestado el año pasado.

Ingresos de migrantes en EU duplican los de empleados mexicanos

Dora Villanueva

Las remuneraciones de los mexicanos con empleo en Estados Unidos casi duplicaron en 2018 el monto de los ingresos de los trabajadores formales en México y representaron una quinta parte del producto interno bruto (PIB) de este país, según un reporte del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

De acuerdo con cifras de la Oficina de Censos de Estados Unidos, en 2018 había 7 millones 518 mil 857 trabajadores de origen mexicano en ese país, quienes recibieron en conjunto 262 mil 973 millones de dólares por su trabajo (alrededor de 5 billones 259 mil 560 millones de pesos).

En tanto, en el mismo año, 19 millones 982 mil 627 trabajadores formales en México recibieron en conjunto 133 mil 526 millones de dólares, según el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que alcanza un estimado de 2 billones 670 mil 520 millones de pesos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó hace dos días en Oaxaca que en México no tenemos problemas financieros y tampoco de inflación, gracias a las remesas. Las cifras expuestas por el Cemla así lo asientan, al dar cuenta de que el año pasado esos flujos representaron una cuarta parte de la masa salarial formal en México.

En México las remesas han incrementado su tamaño en relación con varios indicadores de la economía, tales como el PIB o el consumo privado, sostiene la asociación de bancos centrales. Incluso, lo recibido en Michoacán, Jalisco y Guanajuato (por separado) es comparable con lo que llegó también en un año a Brasil, Jamaica, Ecuador, Perú y Haití.

En el detalle, los mexicanos que laboran en Estados Unidos representan 37.6 por ciento de la población trabajadora que se reconoce como formal en México. Aun con ello, para recibir el mismo salario de alguien que emigró a ese país se deben reunir las remuneraciones de al menos seis trabajadores registrados ante el IMSS.

Un mexicano que trabajó en 2018 en Estados Unidos tuvo en promedio una remuneración anual de 34 mil 975 dólares (699 mil 500 pesos), mientras en el país fue de 6 mil 662 (133 mil 240 pesos). En ambos lados de la frontera, los hombres ganan más que las mujeres.

El Cemla recalca que el crecimiento sostenido de las remesas en los últimos cinco años no es por mayor migración (de 2007 a 2017 la población mexicana migrante en ese país se redujo en casi 469 mil personas), sino por una mejora en los ingresos de los connacionales que trabajaron en ese país a partir de la segunda mitad de 2013.

Así, en 2018, las remesas sumaron 33 mil 470 millones de dólares y su crecimiento anual fue de 10.5 por ciento. El aumento de manera sostenida ha hecho de México el tercer país receptor de divisas extranjeras a escala mundial (atrás de India y China) y principal de remesas de Estados Unidos.

Con ello, el año pasado la remesas representaron 25.1 por ciento de la masa salarial –el global de remuneraciones– que recibieron los trabajadores registrados ante el IMSS, es decir, en ese año las remesas fueron equivalentes a una cuarta parte de la masa salarial en el sector formal de la economía mexicana, sostiene la asociación.