Ante la omisión del Congreso, la Suprema Corte Justicia debe aprobar el 15 de noviembre el proyecto de sentencia que ordena emitir la ley reglamentaria del gasto de comunicación social a nivel federal y estatal, demandaron las organizaciones Artículo 19 y Fundar.
Este miércoles que el Ministro Arturo Zaldívar propuso a sus colegas de la Primera Sala conceder el amparo por omisión legislativa promovido por Artículo 19, que busca forzar el cumplimiento del tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014.
También hoy se dio a conocer una investigación de Bloomberg que revela la influencia de la publicidad gubernamental en los contenidos de la prensa en México.
"Consideramos que lo ideal sería que se vote por unanimidad, con que se apruebe por mayoría estamos bastante satisfechos, pero sí hacemos un llamado, es un mensaje muy claro que tiene que mandar el máximo tribunal del País", demandó Leopoldo Maldonado, oficial de Artículo 19.
Maldonado recordó que el tercero transitorio de la reforma de febrero de 2014 daba un plazo hasta el 30 de abril de ese año para legislar en la materia, lo que el Congreso no ha hecho hasta la fecha.
"Es decir, no surge de la cabeza de Artículo 19 o del propio Ministro la obligación de que se tenga que legislar, la propia Constitución lo mandata expresamente, es un tipo de omisión muy particular", dijo.
En tanto, Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar, destacó que el aval a este amparo podría impactar también en otras omisiones legislativas que ha dejado pasar el Congreso.
"Esto de la publicidad tenían en 2014 los legisladores la oportunidad de regularla, y no lo hicieron, hubo una promesa en 2012 que no se cumplió por parte de Peña Nieto y ahora estamos esperando que esta votación sea a favor", comentó.
Fundar ha documentado la distribución discrecional de la publicidad oficial en medios de comunicación, en particular durante la actual Administración del Presidente Peña Nieto.
"En todo el sexenio dos medios se han beneficiado más de la publicidad: Televisa y TV Azteca, y no hay un motivo de por qué se le da tanto, se sabe que es así, pero no hay lineamientos claros", comentó.
"Nosotros vemos la publicidad oficial como la comida chatarra del Gobierno, que llena, pero no alimenta, nada más nos engorda con pura información que quizá no es la buena".
Aunque Castaño tiene claro que la publicidad oficial es necesaria y que hay medios de comunicación que la reciben y aun así son críticos, advirtió que muchos medios viven de ella y eso afecta la calidad de la información que recibe la sociedad.
Para Leopoldo Maldonado esta situación se convierte en un modo de censura indirecta.
"Sin restarle valor a otros tipos de violencia que vive la prensa en el País, la violencia física, simbólica, política, me parece que la violencia económica es uno de los nidos de la serpiente", dijo.
"Y eso condiciona, la sentencia lo desarrolla muy bien en el proyecto del Ministro Saldívar, condiciona la pluralidad informativa y finalmente redunda en una violación a derechos humanos de la sociedad".
Ambos investigadores coincidieron en que la eventual ley que regule la publicidad oficial debe basarse en los lineamientos planteado por la Relatoría sobre la Libertad de Expresión del sistema interamericano
"Los lineamientos abordan el contenido que debe tener la publicidad oficial, ya no basta con el Artículo 134 Constitucional, que dice no propaganda, porque la verdad es que a los funcionarios les importa un carajo la ley y la violan a cada rato", comentó Castaño.
Mientras que Maldonado también consideró importante definir qué es lo que se entiende por publicidad oficial.
"La definición aceptada a nivel interamericano es que tenga un beneficio social para gente, campañas educativas, de prevención, no campañas de promoción de instituciones o personas, como tradicionalmente se ha usado ese dinero".
César Martínez/REFORMA
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