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Pueblos y comunidades indígenas, así como organizaciones civiles de Oaxaca y de otros estados manifestaron su preocupación al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante los nuevos proyectos de inversión de grandes dimensiones que se contraponen con el derecho a la libre determinación.
En un pronunciamiento, expusieron que si bien el jefe del Ejecutivo promovió las consultas nacionales sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y sobre los Programas Prioritarios, no ha habido diálogo con los pueblos y comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos.
En ese sentido, cuestionaron que se discutan proyectos de enormes dimensiones sin cumplirse las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas.
Ante esto, subrayaron que existe una normatividad en materia de libre determinación, del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado para los pueblos y comunidades indígenas, contemplados en la Constitución Mexicana, en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaraciónde las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Destacaron que esta normatividad establece modalidades especiales en la garantía del acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, “lo que significa que el gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar esos derechos”, en las discusiones del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sinoque también comprometen la responsabilidad internacional del Estado Mexicano, señalaron.
Además, consideraron que el nuevo gobierno está obligado a proteger, respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, observando tanto la normatividad nacional ylos máximos estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el irrestricto derecho histórico de los pueblos a la libre determinación.
Ante esto, subrayaron que existe una normatividad en materia de libre determinación, del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado para los pueblos y comunidades indígenas, contemplados en la Constitución Mexicana, en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaraciónde las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Destacaron que esta normatividad establece modalidades especiales en la garantía del acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, “lo que significa que el gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar esos derechos”, en las discusiones del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.
De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sinoque también comprometen la responsabilidad internacional del Estado Mexicano, señalaron.
Además, consideraron que el nuevo gobierno está obligado a proteger, respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, observando tanto la normatividad nacional ylos máximos estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el irrestricto derecho histórico de los pueblos a la libre determinación.
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