Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

No tienen título y ganan como especialistas; asesores sin experiencia

CIUDAD DE MÉXICO.

Sin experiencia en derecho parlamentario o sin título profesional, seis colaboradores de la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa del Senado de la República obtienen sueldos brutos que van desde 49 mil 84 hasta 100 mil 448 pesos mensuales.

Dicha coordinación tiene el objetivo de “atender las consultas de carácter técnico-jurídico”, que contribuyan al ejercicio de los integrantes del Senado.

Sin embargo, cuatro consultores parlamentarios no tienen antecedentes en asuntos de derecho parlamentario.

Claudia Mendieta Camacho percibe un sueldo bruto mensual de 100 mil 448 pesos. Concluyó la carrera de derecho en 1998, pero no hay registro de su título profesional y no tiene antecedentes en derecho parlamentario.

Joel Aniceto García López es pasante de licenciatura en ciencia política y administración pública y gana 89 mil 717 pesos brutos al mes.

Consultores sin título orientan a senadores

Seis colaboradores de la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa no tienen experiencia en la materia.

Aunque carecen de la experiencia laboral y conocimientos sobre derecho parlamentario, incluso algunos todavía no se titulan, seis colaboradores de la Coordinación de Consultoría Jurídica Legislativa del Senado, cuatro de ellos con cargo de consultor parlamentario, obtienen salarios mensuales brutos que van desde 49 mil 84 pesos hasta 100 mil 448 pesos brutos mensuales.

De acuerdo con el propio Senado, la Coordinación de la Consultoría Jurídica Legislativa tiene el objetivo de “atender las consultas de carácter técnico-jurídico, que contribuyan al ejercicio de las atribuciones y responsabilidades de los integrantes del Senado de la República, los órganos de dirección, técnicos y administrativos”.

En el organigrama público de la coordinación se observa que entre el cuerpo de colaboradores que tienen el cargo de Consultor Parlamentario están cuatro personas que no tienen antecedentes de atender asuntos de derecho parlamentario.

Claudia Mendieta Camacho concluyó la carrera de derecho, pero, según la consulta en el portal Búho Legal, todavía no tiene el título. Incluso, su currículum público consigna que concluyó la carrera en 1998, sin dar cuenta del título. Ella gana 100 mil 448 pesos brutos, que menos impuestos se convierten en 72 mil 33 pesos.

En sus antecedentes profesionales reporta haber trabajado en la Coordinación Regional Jilotepec, de Semarnat, y fue asistente ejecutivo de la Dirección de Certificación y Concursos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.

Elisa Álvarez Hernández es licenciada en economía, gana 77 mil 936 pesos brutos mensuales, que menos impuestos resultan 56 mil 898 pesos mensuales netos. Fue especialista financiera en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y ejecutiva de proyectos en la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.

Frida Alejandra González Jordan reporta haber concluido la carrera de relaciones internacionales en diciembre pasado, pero todavía no existe registro de tu título profesional. Gana 55 mil 985 pesos brutos, que menos impuestos quedan en 42 mil 190 pesos. Fue asesora concejal en la alcaldía Benito Juárez y auxiliar en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Omar Monroy Rodríguez es licenciado en economía, incluso apenas en este 2019 ya aparece el registro de su título y es pasante de la maestría en Administración y Dirección Empresarial. En el Senado gana 49 mil 84 pesos brutos mensuales, que menos impuestos se convierten en 37 mil 359 pesos netos.

Pero, a pesar de su nivel escolar, no tiene antecedentes en el área del derecho parlamentario, pues fue director de la Red de Apoyo al Emprendedor del Instituto Nacional del Emprendedor, donde también fue director del Centro de Atención Ciudadana.

Hay otros dos casos de empleados de esta coordinación que perciben altos salarios, aparecen en la relación de empleados del Senado, pero no están en el organigrama público.

Uno es Joel Aniceto García López, quien es pasante de la licenciatura de ciencia política y administración pública y como antecedente laboral fue director de Bienes, Servicios y Archivo de Luz y Fuerza del Centro en liquidación SAE, donde también fue coordinador de Servicios Generales y Archivo. En el Senado gana 89 mil 717 pesos brutos mensuales, que se traducen en 64 mil 909 pesos netos.

El segundo es Juan Carlos Gómez Nájera, quien es pasante de la licenciatura de ciencia política y administración pública; ahora gana 61 mil 446 pesos brutos mensuales en el Senado, que menos impuestos se convierten en 45 mil 456 pesos netos al mes. Fue auxiliar administrativo y maestro en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.

Como en aeropuertos, filtros migratorios en centrales de autobús

El gobierno federal exigirá a los concesionarios de transporte público solicitar identificaciones y documentos de migración vigentes a sus pasajeros, con miras a reducir la capacidad de los indocumentados para trasladarse del sur de México a la frontera con Estados Unidos. A través de la Secretaría de Seguridad Pública, las autoridades ya arman un nuevo plan aplicable a las centrales de autobuses, en donde se busca reforzar las medidas de seguridad a fin de que existan filtros como en los aeropuertos y evitar que polleros contraten autobuses para mover a las personas sin papeles al interior del país con identificaciones falsas. 

Funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron a MILENIO que estas medidas surgen de la frecuencia con que han detectado autobuses —principalmente de la empresa ADO— que son rentados por los traficantes de personas para que transporten a centroamericanos o ellos mismos compran todos los espacios del autobús con el fin de que estos grupos puedan llegar a la frontera norte. 

Detallaron que debido a que no existe ninguna ley que por el momento obligue a las centrales de autobuses a solicitar identificaciones a los pasajeros, cualquiera puede llegar al norte del país sin ningún filtro adicional, por lo que deberá realizarse una serie de modificaciones a varias leyes que regulan las centrales de autobuses y el autotransporte de pasajeros y turistas. La idea es que los pasajeros que se trasladen al interior del país en autobuses presenten una identificación vigente que concuerde con el nombre con el que se compró el boleto, que sea la misma persona que viaja y que en caso de que su identificación no compruebe que es mexicano, complementen el trámite con documentos migratorios en regla. 

Solo cumpliendo estos requisitos podrán pasar los filtros de seguridad a los que se someterá el equipaje y así poder abordar el autobús que los lleve a su destino. Usan nombres de artistas En algunos de los operativos realizados en lo que va de esta administración en las diferentes vías de comunicación del país, en los casos en los que se han detectado camiones con migrantes, al revisar sus boletos encontraron que algunos de ellos ofrecen hasta nombres de artistas o personajes famosos sin que el vendedor corrija o les pida identificación alguna. Los concesionarios de transporte venden los boletos de viaje únicamente solicitando un nombre al comprador, sin que éste acredite ser esa persona, lo que deja el camino libre para que cualquier extranjero pueda trasladarse al interior del país sin ninguna exigencia migratoria. 

Con estas nuevas reglas, el gobierno federal no solo regulará el tráfico de migrantes, sino que ayudará a reducir el flujo de centroamericanos que entran por el sur de México y se trasladan de esta manera hasta la frontera con Estados Unidos. Advertencia El 16 de abril, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Dirección Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia enviaron un oficio conjunto a los propietarios, concesionarios y operadores de autotransporte de pasaje y turismo que prestan servicios en México, en el que se les advirtió que de transportar extranjeros sin permisos migratorios, podrían ser encarcelados por violentar las leyes mexicanas.

 En el escrito solicitan “su valiosa participación” para poder cumplir la ley de Migración, que “tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales”. Advierten que, de participar en actos que violenten esta ley, de acuerdo con el artículo 153, “las empresas dedicadas al transporte que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa de mil a 10 mil días de salario mínimo general vigentes en el Distrito Federal, sin perjuicio de que el extranjero de que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia”. 

Además, “se impondrá pena de ocho a 16 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien: con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa indirectamente un lucro; introduzca, sin documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro o, albergue o transporte por el tráfico nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria”. 

Este sábado, al sur de Veracruz, personal del Instituto Nacional de Migración, en coordinación con la Policía Federal y la Guardia Nacional interceptaron cuatro tráileres de doble fondo en los que viajaban 782 migrantes de diferentes nacionalidades. Las ocho personas a cargo de los vehículos, fueron detenidas. Nuevo albergue en Tuxtla Gutiérrez En la capital de Chiapas se habilitó un nuevo albergue para atender a migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades. Se trata de la arena metropolitana Jorge Cuesy, la cual era usada para eventos deportivos y que a partir de ahora, será el lugar donde se atienden a los migrantes que ingresan al país.

Exigen INE para viajar en autobús

En las principales centrales de transporte terrestre del país se puso en marcha un dispositivo para el control de migrantes, que consiste en exigir la identificación oficial de quien usará el autobús.

En caso de que no se presente la documentación requerida se les niega el servicio.

“ATENCIÓN. Estimado cliente. Se comunica que por disposición del gobierno federal para poder adquirir tus boletos de viaje se solicitará alguno de los siguientes documentos de identificación: INE, cartilla militar, pasaporte o cédula profesional. Agradecemos su comprensión”, dice un letrero en mostrador del Grupo Flecha Amarilla, de la Central de Autobuses del Norte.

Cuando se agudizó el problema migratorio entre México y Estados Unidos, el gobierno mexicano, a través de una comisión intersecretarial integrada con funcionarios de Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Policía Federal y Seguridad Pública, dialogaron con representantes de las compañías terrestres para frenar el flujo de migrantes.

De acuerdo con información recabada en Palacio Nacional, el gobierno pidió a las empresas cooperar con este control, pues se están deteniendo autobuses llenos de migrantes, quienes de manera personal o mediante la contratación de polleros, se trasladan a la frontera con Estados Unidos.

Esta medida de identificación de pasajeros no fue recibida con agrado por parte de las empresas de transporte terrestre, ante la posibilidad de afectar sus ganancias, pero después decidieron tener mayor control.

Incluso, en estos diálogos se pusieron ejemplos de detenciones de autobuses, como los de ADO, en los que se trasladan migrantes que sin ninguna de medida de identificación usan esas líneas terrestres.

El gobierno también advirtió que de no prosperar una autorregulación de estas empresas, se promoverán iniciativas en el Congreso, a fin de endurecer las medidas de identificación.

En un recorrido por la Central de Norte se constató que las empresas de transporte terrestre están comenzando a solicitar al pasajero una identificación oficial, aunque después, al momento de abordar la unidad, los filtros se relajan, pues ya no se pide el documento oficial.

Hace un mes, el Instituto Nacional de Migración envió una carta a propietarios, concesionarios y operadores de autotransportes de pasaje y turismo donde se les pide colaborar.

“Como es de su conocimiento, México experimenta en la frontera sur un aumento significativo en el número de personas de origen extranjero que ingresan al país de manera irregular. Esta situación ha sido aprovechada por organizaciones de traficantes de personas, que incluso hacen uso ilegal de los servicios de transportación”, dice la carta.

Le atrasan el presupuesto a universidades del Bienestar

A seis meses de que se abriera la convocatoria y a casi tres de que arrancaran las clases, las Universidades del Bienestar del Gobierno federal todavía no cuentan con los mil millones de pesos que fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019.

Así lo confirmó a La Razón Raquel Sosa Elízaga, encargada del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez, quien admitió que “por ahora”, siete mil 500 alumnos reciben cátedra en instalaciones prestadas.

“Vamos a considerar esto como un trabajo preoperativo, porque todavía no tenemos el presupuesto, no hemos usado ningún recurso del presupuesto, pero espero que ya se resuelva en las próximas semanas”, indicó.

De acuerdo con el proyecto original, los mil millones de pesos serán utilizados para crear 100 planteles, cuyas instalaciones contarán con biblioteca, sala de cómputo, aulas, comedor, laboratorios, campos de cultivo y espacio para el conocimiento y producción de energías renovables.

Sin embargo, en varias entidades la cátedra se imparte en instalaciones prestadas.

En Querétaro, por ejemplo, los estudiantes de la licenciatura en Medicina Comunitaria toman clases en la Casa de Cultura de la capital; y en Hidalgo, lo hacen en aulas improvisadas de la Normal Superior El Mexe, donde se anunció este programa nacional.

En el Estado de México, la delegada federal, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que las universidades que fueron anunciadas para construirse en Villa de Allende y Villa del Carbón “aún no cuentan con presupuesto ni con proyecto para la edificación”.

Mientras que, en Zacatecas, 47 alumnos de la licenciatura en Ingeniería Agroalimentaria toman clases en la Casa de Cultura del municipio de Pánfilo Natera.

“Sí, lo confirmo, las clases se están impartiendo en locales alternos de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) que nos han prestado en los municipios, pero seguimos avanzando; esperamos contar con el presupuesto ya en los siguientes días”, afirmó la funcionaria.

Sosa Elízaga descartó que pueda existir algún recorte presupuestal vinculado a los gastos que generará la nueva estrategia migratoria que aplica México.

—¿Considera que puede haber algún recorte ligado al dinero que tendrá que invertir la federación para la implementación de la nueva estrategia migratoria?—, se le cuestionó.

—No tiene por qué haberlo, no es la intención, no creo que pase, pero es una pregunta que debe responder el Presidente—, explicó.

De acuerdo con la doctora en Historia, maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay 24 mil alumnos registrados en el Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez, como parte de la primera convocatoria, de los cuales “más de siete mil 500 ya están estudiando”.

“Vamos a considerar esto como un trabajo preoperativo, porque todavía no tenemos el presupuesto, no hemos usado ningún recurso del presupuesto, pero espero que ya se resuelva en las próximas semanas”

Raquel Sosa Elízaga

Encargada del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez

“Esperamos que en las próximas semanas y con la siguiente convocatoria, que ya se abre la otra semana, pues ya se confirme el ingreso de los 24 mil y, por lo menos, (de) otros tantos”, agregó.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el momento están abiertas 83 Universidades del Bienestar y 18 sedes más se encuentran pendientes.

Además, hay 459 profesores que imparten clases a los siete mil 575 estudiantes que cursan alguna licenciatura.

Adjudicación directa, tres de cada cuatro contratos otorgados por el gobierno federal

 

Alejandro Suárez | El Sol de México

Tres de cada cuatro contratos otorgados por el gobierno federal, en lo que va del año, han sido por adjudicación directa. Desde el 1 de enero pasado y hasta el 15 de junio, la administración de Andrés Manuel López Obrador firmó 71 mil 538 contratos para obras, adquisiciones o servicios, de los cuales 54 mil 957 fueron por adjudicación directa con un valor de 26 mil millones de pesos.

Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria otorgó por adjudicación directa a un contrato de 426.8 millones de pesos para el Servicio de Centro de Datos 4 a Triara Com SA de CV, o para el Servicio de Mantenimiento de los Modelos de Riesgo III paga 422 millones de pesos sin que hubiera un concurso.

Otro caso de adjudicación directa es el del Instituto Mexicano del Seguro Social que por hemodiálisis subrogada pagó en enero 37 millones de pesos al Centro Asistencial Renal. Otro contrato de este tipo del IMSS es que el que dio a Ralca SA por 115 millones de pesos para la compra de medicamentos.

En el tema de medicamentos, el IMSS también otorgó por adjudicación directa a Grupo Fármacos Especializados un contrato de 714 millones por medicamentos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores también ha otorgado contratos por adjudicación directa, como por ejemplo a la empresa Veridos México SA de CV le pagó 27 millones de dólares (unos 517 millones de pesos) por el servicio de producción de pasaportes.

Especialistas coincidieron en que esta práctica viene arrastrándose desde administraciones pasadas, donde la regla es entregar contratos por adjudicaciones directas en lugar de concursarlas trae dos consecuencias: eleva la posibilidad de corrupción y distorsiona el mercado.

La Prensa en Línea | Genoveva Ortiz

“En promedio, de cada cuatro compras del gobierno, tres se hacen mediante adjudicaciones directas… Esto tiene graves efectos para la calidad de compras que tenemos. La evidencia apunta a que 74 por ciento de las compras de gobierno se hacen mediante adjudicación directa, es decir, la adjudicación directa es la norma”, explicó Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad.

Por su parte, la organización México Evalúa, en su estudio “Métrica de Transparencia de la Obra Pública: antídoto vs corrupción”, advierte que otro de los problemas que se padeció en el sexenio pasado fue la falta de transparencia respecto a información de este tipo de contratos.

“Las adjudicaciones directas tienen un mayor potencial de ser discrecionales y, por lo tanto, preocupa que sus documentos sean menos transparentes que los de los procedimientos más competitivos”, dice el documento publicado el sexenio pasado. En estos contratos de adjudicación directa hay diversos servicios, obras o adquisiciones que las dependencias del gobierno federal adquirieron por esta variante de compras. Entre los organismos de gobierno que han utilizado por este tipo de modalidad encontramos a dependencias relacionados con las comunicaciones del país como los servicios de administración portuaria, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto y Servicios Auxiliares y Caminos y Puentes Federales.

Otras dependencias con este tipo de contratos son las de salud. Hospitales federales y el ISSSTE han hecho contratos con adjudicación directa de servicios subrogados, o el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA ha subcontratado servicios con terceros.

De secretarías de Estado, existen contratos para rehabilitación, reparación y construcción de puentes y carreteras otorgados pro la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que otorgó contratos para gasolina y de servicios informáticos por dicha modalidad.

Alvarado explicó que uno de los riesgos de la adjudicación directa, en un entorno como el mexicano, es que se abre la puerta a la corrupción mediante la posible entrega de contratos a empresas fantasma que lo único que hacen es venderte la factura, no el servicio o bien requerido.

El especialista reconoció que este problema no es de esta administración, sino que vienen de sexenios pasados. “Este tipo de cosas son como inerciales, son fuerzas muy poderosas, con prácticas dentro de las organizaciones gubernamentales demasiado entrañadas o normalizadas, y se vuelven muy difícil de combatirlas".

Alvarado comentó que otra cuestión negativa del abuso de la adjudicación directa es la alteración del mercado.

La razón es porque, a pesar de que se pueda argumentar que con este tipo de contratación se logró el precio más bajo, no necesariamente es el mejor costo beneficio.

Alistan comité que evaluaría rumbo de la economía

Un Grupo técnico de expertos convocado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) evaluará la pertinencia de que México cuente con un Comité para el Fechado de los Ciclos de la Economía, como los que existen en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón o Brasil.

Este tipo de comités como el que se plantea para México identifica los puntos de giro, auge y depresiones de la actividad económica y del ciclo de negocios, explican el economista en jefe de American Chambers de México, Luis Foncerrada Pascal y el Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Carlos Moreno Brid.

“El tema que resulta más atractivo para la opinión pública es cuando una economía entra en recesión. Pero hay matices en el ciclo económico que vale la pena destacar y que funcionarán bien para la toma de decisiones de las empresas, el consumidor y el gobierno, como es el tiempo que se ha mantenido el auge de la economía, o cuándo ha comenzado a perder fuerza”, explicó Moreno Brid.

Al respecto, Foncerrada Pascal argumentó que este tipo de comités como el que podría surgir identifica la profundidad de la fase en la que se encuentra el ciclo económico, lo que ayuda a los tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas para desarrollar estrategias de largo plazo.

Será en enero del año próximo cuando los ocho mexicanos expertos que integran el Grupo Técnico entregarán un informe final con las recomendaciones para la creación, organización y elaboración de reglas de operación que deberán regir al Comité para el Fechado de los Ciclos de la Economía de México.

Este Grupo Técnico quedó instalado este viernes y sesionará dos veces al mes, hasta diciembre, y está integrado por los propios Foncerrada y Moreno Brid y otros tres expertos: Pablo Mejía Reyes, coordinador del Centro de Investigación de Ciencias Económicas (CICE); Víctor Manuel Guerrero Guzmán, director de la Maestría en Administración de Riesgos en el ITAM; Arturo Antón Sarabia, profesor e investigador en el CIDE, y por Jonathan Heath Constable, subgobernador del Banco de México.

También participan Ernesto Sepúlveda Villarreal, responsable de la Especialidad de Divulgación de la Economía en el Museo Interactivo de Economía, y Gerardo Leyva Parra, director general adjunto de investigación del Inegi. La coordinación del grupo estará a cargo del CIDE.

“Son expertos mexicanos en economía cuyo desempeño y trabajo es complementario uno con otro. Todos tienen experiencia en identificación de los ciclos económicos y en los criterios estadísticos que se usan para este tipo de análisis y con su participación enriquecen el diálogo para formar un comité a la medida de México”, afirma el responsable en el Inegi del Grupo Técnico.

Tomar el pulso a la economía

Por ahora, no hay quien precise en México la fase del ciclo económico. Diversas instituciones han desarrollado indicadores que permiten ubicar la posición del ciclo. El Banco de México cuenta con un indicador mensual de holgura que estima las condiciones de la brecha del producto. El Inegi cuenta con su Sistema de Indicadores Cíclicos: Coincidente y Adelantado, para calcular la tendencia de largo plazo en una serie de indicadores de la economía de frecuencia oportuna; y el indicador IMEF cuantifica el entorno económico con base en una encuesta, que ayuda a anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no manufacturera.

Pero aún contando con los indicadores oportunos, no hay un cuerpo colegiado responsable de darles lectura, determinar la fase del ciclo e identificar el origen del auge, valle o punto de giro.

Foncerrada explicó que esta lectura es un proceso relevante y delicado que requiere gran precisión científica.

Moreno Brid utiliza la imagen de un grupo de médicos internistas que dan un diagnóstico tras medir el pulso de un paciente, en esta caso de la economía, para explicar que ésa será la función que se buscaría en el Comité de Fechado.

Para algunos países, el empleo y el PIB son los determinantes para identificar la salud de su economía. Pero en otros, como China, podría ser la dinámica del PIB el indicador más relevante, donde el comité estaría encaminado a identificar qué está haciendo que ya no crezca más allá del 6 por ciento. “Y el Grupo Técnico de expertos, buscaremos el perfil adecuado para el comité”, consignó.

El responsable del Grupo Técnico, Leyva Parra aclara que los notables expertos convocados no necesariamente formarán parte del Comité para el Fechado de los Ciclos de la Economía.

“Estamos trabajando en los criterios del comité de fechado y estableceremos una propuesta para que se integre, otra para la metodología pertinente y participaremos en la elaboración de reglas de operación a partir del análisis de las mejores prácticas internacionales”, finalizó.

PIB pierde dinamismo; pronto para anticipar recesión

Inversión y el consumo desaceleraron, aún no marcan tendencia

La economía mexicana muestra signos de pérdida de dinamismo desde fines del año pasado, que se acentuaron en el primer trimestre por eventos de carácter transitorio, coinciden Luis Foncerrada Pascal, economista en jefe de American Chambers de México, y Juan Carlos Moreno Brid, profesor de la Facultad de Economía en la UNAM.

Actualmente la economía está perdiendo dinamismo. Es evidente. Pero no hay elementos para aseverar que nos encaminamos a una caída, ni se puede anticipar si ésta, de presentarse, sería generalizada, advierte Moreno Brid.

Para Luis Foncerrada, tampoco es claro aún si el ciclo se encamina a un proceso recesivo.

La inversión y el consumo desaceleraron recientemente, pero no se puede concluir que marcarán una tendencia.

Estos dos indicadores vienen perdiendo dinamismo desde enero. Pero no ha sido suficientemente consistente ni en profundidad ni en tiempo para hacer un diagnóstico concluyente, dice.

El director de Investigación Económica del Banco de México, Daniel Chiquiar, precisó el jueves pasado, que la actividad económica en México presentó una contracción en el primer trimestre, acentuando la debilidad observada desde fines del 2018, comportamiento atribuible a la moderación del PIB mundial con impacto en el desempeño de las exportaciones no petroleras mexicanas, así como a la mayor debilidad de la demanda interna.

Este escenario, precisó Chiquiar, se vio amplificado en “algunos momentos del primer trimestre por el desabasto de gasolina, obstrucciones a vías de transporte y más recientemente con la interrupción en el tránsito de bienes en la frontera norte”.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, ha explicado que las caídas de los últimos dos trimestres, que han mostrado los indicadores del sector industrial, señalan una desaceleración. Sostuvo que si las caídas se presentan en más sectores, como el de comercio y servicios, “efectivamente señalarían el riesgo de una posible contracción”.

No obstante, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, explicó que ni siquiera esta caída en el sector secundario es determinante de una recesión, pues al revisar sus componentes, se observa que las manufacturas, por ejemplo, presentaron un crecimiento.

Esta percepción no es compartida por el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz, quien considera que los sectores estratégicos como construcción, extracción de petróleo gas, siderurgia, química, fabricación de automóviles, maquinaria y equipo están en contracción, propiciando una sexta caída consecutiva en la actividad industrial. Lo que, dice, sienta las bases para advertir que hay un proceso recesivo.

Foncerrada destaca que en caso del sector minero la contracción es explicada de manera fundamental por la caída de la extracción del petróleo, y ahí parece que no hay nada que hacer por ahora.

Foncerrada y Moreno Brid ponen de relieve que la definición generalizada a nivel internacional de recesión, de dos trimestres consecutivos de caídas en el PIB, es objeto de análisis entre economistas y autoridades internacionales.

Emigración, empujada por debacle de modelos económicos

La alta densidad poblacional en los países de Centroamérica, con 136 habitantes por kilómetro cuadrado –el doble que en México o el quíntuple que en Perú–, ha generado una explosión en los centros urbanos de la región, exenta de industrialización y paralela al debilitamiento de la economía rural, con un mercado laboral que sólo ofrece empleos formales a cuatro de cada 10 trabajadores y salarios que representan la décima parte de lo que se paga en Estados Unidos, detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre las causas del fenómeno migratorio.

Los migrantes de El Salvador ya representan 22 por ciento del total de la población de su país, los de México 8.9, los de Honduras 6.9 y los de Guatemala 5.8, dice el organismo en su Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones del Plan Nacional de Desarrollo Integral que elaboró para las cuatro naciones.

Encuestas recientes sobre migrantes y remesas mostraron que cerca de 40 por ciento de esas personas de Guatemala, Honduras y El Salvador tenían empleo cuando decidieron salir de sus países. Su interés no era la búsqueda de empleo, sino de una ocupación con mayor productividad laboral que les permitiera generar ingresos más altos, aunado a la demanda de mano de obra en Estados Unidos, indica la comisión al sostener que el desempleo no debe considerarse el factor fundamental de las migraciones.

Además, señala que una tercera parte de los sin papeles originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras deportados por Estados Unidos vía área son mayoritariamente varones, casi una cuarta parte habla inglés, tiene en promedio 28 años y 70 por ciento cuenta con estudios de bachillerato, técnicos o incluso de universidad.

Poca inversión física se realiza en la zona, ya que apenas representa 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) de los tres países y la población carece de seguridad social.

La Cepal agrega que dichos problemas están vinculados con las secuelas de guerras, violencia e inseguridad con altas tasas de homicidios y feminicidios, así como con las sequías cada vez más prolongadas y lluvias intensas por los efectos del cambio climático que ocasionan la pérdida o abandono de tierras por campesinos que padecen hambre y desnutrición, entre ellos los caficultores, para quienes ya no es rentable cultivar el aromático por el desplome de su precio internacional.

La composición de las recientes caravanas de migrantes indica que una parte eran campesinos e indígenas cultivadores de café en sus regiones de origen (aproximadamente 30 por ciento de la caravana que cruzó México en noviembre de 2018), afectados por la crisis del producto en 2018, en la que se combinaron los impactos del cambio climático y la caída del precio internacional del grano por la concentración de la industria, indica.

Desde 2014, precisa, han aumentado la pobreza y el daño ecológico en la región a consecuencia del fenómeno El Niño, ya que las familias campesinas han perdidos sus cosechas, se han endeudado e incluso han tenido que vender sus tierras y viviendas, por lo que su única opción para sobrevivir ha sido emigrar a los centros urbanos de sus países o al extranjero.

El modelo económico actual, sentencia la Cepal, está agotado y así lo demuestran el crecimiento económico insuficiente, la falta de empleos y su precarización; la prevalencia de bajos ingresos; las malas condiciones de trabajo; las crecientes brechas salariales con Estados Unidos y la divergencia en Centroamérica; la alta propensión al consumo, y el sesgo importador del modelo.