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| Imagen tomada de la Gaceta Parlamentaria |
Roberto Garduño y Enrique Méndez
Ciudad de México. La Cámara de Diputados dará hoy declaratoria de publicidad a la minuta del Senado, congelada desde 2011, con la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos, para que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente, y que adiciona el Código Penal Federal con objeto de tipificas los excesos salariales como "remuneración ilícita".
La minuta fue publicada esta mañana en la Gaceta Parlamentaria, con objeto de que sea discutida en los próximos días, para rescatar el proyecto que ya existía desde ese año.
El documento que votaron los senadores y que detuvo su curso parlamentario en la Cámara de Diputados, prevé la condición de servidor público a toda persona que desempeñe un cargo o comisión en los poderes Legislativo, Judicial, los entes autónomos, los tribunales administrativos de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Presidencia de la República, las dependencias federales y los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal.
El objeto de la ley es que todo servidor público reciba una remuneración adecuada e irrenunciable, proporcional a sus responsabilidades, pero sin que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se consideren partidas extraordinarias para cubrir montos adicionales.
La ley pretende que ningún servidor público reciba un sueldo mayor que el Presidente o que tenga un salario igual o mayor que su superior jerárquico.
La minuta considera que los salarios de los altos funcionarios públicos se determinen por tabuladores públicos, que exista la mayor transparencia y los montos sean difundidos en Internet, al considerarse que no forman parte de la información considerada como reservada.
De esta manera, se busca que estén sujetos a la ley y se conocerán los tabuladores de percepciones ordinarias de los servidores públicos, además de los del gobierno central, en:
Las cámaras de Senadores y Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Banco de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos descentralizados de la Federación, las instituciones de educación superior de carácter autónomo, y cualquier otro ente público de carácter federal, descentralizado, autónomo o independiente de los poderes de la Unión.
La Jornada
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