Presentarán campesinos amparos por agua.

La Central Campesina Cardenista (CCC) anunció que presentará 35 amparos en 14 estados del País contra los 10 decretos que sustituyen las zonas de veda por reservas de agua. Foto: Isabella González

Isabella González

Cd. de México 

La Central Campesina Cardenista (CCC) anunció que presentará 35 amparos en 14 estados del País contra los 10 decretos que sustituyen las zonas de veda por reservas de agua.

En conferencia de prensa, el secretario general de la organización criticó que los decretos establezcan que un porcentaje de 295 cuencas hidrológicas pueda ser concesionado "al primero que lo solicite".

"Con ello, desde nuestro punto de vista, se abre la posibilidad de iniciar un proceso de privatización de los recursos hídricos de las aguas dotadas en su momento a ejidos, comunidades y a pueblos originarios", expuso.

El pasado 6 de junio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 10 decretos por los que se suprimen Zonas de Veda y se establecen Zonas de Reserva de agua de casi 300 cuencas del País, además de que fija un porcentaje para su uso.

Correa detalló que hay 160 municipios que son afectados por los 10 decretos y que pueden también presentar amparos contra éstos, para lo que la Central Campesina Cardenista puso a disposición un formato de demanda de amparo en tinyurl.com/amparoagua.

Miguel Cano, abogado de litigio estratégico, señaló que -además de los 35 amparos- la organización presentó una suspensión de los efectos de los decretos.

Cano explicó que los decretos violan el tercer artículo constitucional que establece que el uso de los recursos hídricos del País debe ser equitativo y sustentable.

"¿Cómo puede ser equitativo y concesionar a la primera persona que lo solicite?", manifestó durante su intervención.

"Los decretos siguen la lógica de que el agua será concesionada a quien primero la pida y esto es inconstitucional", agregó.

Los líderes campesinos cuestionaron que los decretos se hayan elaborado a partir de información y estudios técnicos de 2016 y, en algunos casos, de 2011.

"Cualquiera puede plantear que los datos empleados por el Gobierno son obsoletos, que la metodología es incorrecta, que la norma oficial con la cual se considera que hay disponibilidad de agua es criticable, y al fin y al cabo todo este cuestionamiento técnico pondría en tela de juicio si son sustentables los decretos", consideró el abogado.

También reprobaron que para hacer los decretos no se consultó a las comunidades originarias previamente.

Finalmente, criticaron que los decretos señalen que sólo las concesiones vigentes dentro de las zonas de reserva de agua serán respetadas, pues destacaron que hay alrededor de 50 mil concesiones de agua vencidas, hecho que afecta a ejidos y comunidades originarias.

Reforma.