martes, 26 de junio de 2018

Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Pactan transa nueve partidos


A través de red de empresas fantasma y prestanombres, legisladores de los 9 partidos del Congreso de SLP pactaron desvío de al menos 33 mdp. Foto: Archivo

Raúl Olmos / MCCI

Cd. de México 

Los partidos políticos representados en el Congreso de San Luis Potosí pactaron desviar al menos 33.6 millones de pesos con el uso de una red de 51 empresas fantasmas y prestanombres.

El desvío fue gestionado y avalado por los diputados de los 9 partidos políticos con presencia en el Congreso local, en sesiones de la Junta de Coordinación Política, según consta en actas obtenidas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Legisladores del PAN, del PRI, del PRD, del PT, PVEM, Nueva Alianza, MC, Morena y del partido local Conciencia Popular autorizaron, en distintas sesiones de la actual legislatura, el pago de falsos apoyos sociales a habitantes de colonias populares y comunidades rurales del estado.

A esto se añade el desvío de 9 millones 600 mil pesos de obras inexistentes gestionadas por los legisladores, con lo que el desfalco documentado hasta ahora supera los 43 millones de pesos.

A los supuestos beneficiarios les robaron la identidad y, con el apoyo de la red de proveedores fantasmas, se simuló la entrega de despensas y materiales para construcción y la impartición de talleres, entre otras ayudas.

Las gestiones para los falsos apoyos y para pagar las facturas a las empresas fantasmas eran realizadas por los propios diputados, según las actas consultadas.

Los legisladores llegaron al extremo de gestionar 400 despensas a nombre de una persona que tenía 45 días de haber fallecido.

En la documentación con la que justificó el pago de 86 mil 499 pesos a una empresa fantasma anexaron una carta de agradecimiento del difunto para lo cual falsificaron su firma.

Hasta el momento, 16 personas a las que les robaron la identidad han presentado denuncia penal contra los diputados locales.

"Prácticamente en San Luis Potosí tenemos un crimen muy bien organizado donde participan todos los partidos políticos", acusó el abogado Óscar David Reyes Medrano, quien ha asesorado a 13 víctimas de robo de identidad.

"Operan como si fuera un crimen organizado, todos los diputados de todos los partidos políticos, todos sin distingo, están metidos en la misma red, en el mismo abuso", coincidió José Guadalupe González Covarrubias, fundador de Ciudadanos Observando.


Cárceles lucran con migrantes; IP promueve detenciones

En promedio, prisiones privadas de Texas albergan a 15 mil ilegales al día para cobrar fondos federales

Niños migrantes en un Centro de Detención, en Tornillo, Texas. Foto: Notimex

CIUDAD DE MÉXICO.

Los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos se han convertido en un negocio lucrativo para las cárceles privadas que los albergan.

Corrections Corporation of America (CCA) y GEO Group son las dos mayores empresas de prisiones en EU. Ambas han sido contratadas por el gobierno para gestionar cárceles privadas y los pagos que recibieron de la oficina de migración en 2017 ascienden a casi 319 millones de dólares.

Sólo en Texas, entre las dos compañías, mantuvieron encarcelados a un promedio diario de 15 mil migrantes en 2017.

Según el centro de investigación In The Public Interest, este esquema genera que el encarcelamiento masivo por delitos menores (como el ingreso ilegal) sea promovido en la esfera privada.

Al negocio lucrativo, se agregan casas de préstamo, bufetes privados de abogados y una empresa filial de GEO Group que vende la tobillera para la libertad condicional.

Ayer se dio a conocer que ante la creciente captura de migrantes, bases militares serán usadas como prisiones.

-Con información de AFP y AP

Foto: Getty Images
Ilegales, una mina de oro

Cada migrante que ingresa ilegalmente a Estados Unidos y es detenido mueve a toda una industria multimillonaria.

Por ejemplo, tan sólo el año pasado, GEO Group y Corrections Corporation of America (CCA), dos compañías que operan 120 de las 200 cárceles privadas que existen en Estados Unidos, generaron ganancias por cuatro mil millones de dólares.

De esa cantidad, casi 319 millones de dólares fueron aportados sólo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), según informa la organización Freedom for Immigrants en su página en internet.

El ICE es sólo uno de sus clientes en el gobierno, pues a estas prisiones también son enviadas personas que cometen delitos menores,

En Texas, ambas empresas operan siete cárceles privadas y construyen una más ante la gran demanda de espacios surgida por la política de “cero tolerancia” del gobierno de Donald Trump, pues en ese estado fueron detenidos dos tercios de los 303 mil 916 migrantes que fueron capturados en la frontera sur en 2017.

Entre ambas compañías mantuvieron encarcelados a un promedio diario de 15 mil migrantes ilegales en 2017 tan sólo en Texas.

Según ICE, en 2017 el promedio de población diaria de inmigrantes a nivel nacional era de 30 mil 539 individuos. Este año fiscal, la cifra ya alcanza 50 mil 379.

Freedom for Immigrants calcula que el gobierno paga a esas empresas hasta 145.35 dólares al día por cada prisionero que se encuentra en esas prisiones privadas.

Como reportó Excélsior el lunes, estos centros de detención cobran por servicios adicionales a los prisioneros.

De acuerdo con testimonios de internos, les pagan un dólar por un día entero de trabajo y les cobran a 85 centavos de dólar cada minuto de llamada telefónica para buscar a sus hijos.

Para el centro de investigación In The Public Interest (INPI), este esquema provoca que el encarcelamiento masivo por delitos menores (como el ingreso ilegal a Estados Unidos) sea promovido en la esfera privada.

Ambas corporaciones “han gastado más de 10 millones de dólares en candidatos políticos y casi 25 millones en cabildeo desde 1989”, señaló en un reporte de junio
de INPI.

De hecho, el primer centro de detención privado de la historia moderna de Estados Unidos fue instalado por CCA en Houston, Texas, en 1983.

NEGOCIO REDONDO

Pero estas empresas privadas no son las únicas que lucran con el drama de los migrantes ilegales en Estados Unidos.

A ciudades como McAllen, Hidalgo, El Paso, Laredo y Tornillo se han mudado despachos de abogados migratorios y casas de préstamo.

Por ejemplo, las tiendas de préstamos dan dinero a los detenidos que no pueden pagar la fianza y les cobran el 10 por ciento sobre el valor del préstamo, además de 500 dólares para gastos de investigación.

Cuando los inmigrantes son liberados bajo fianza, deben llevar una tobillera que monitorea su ubicación.

Sin embargo, ellos deben pagarla y son vendidas precisamente por BI Incorporated, parte de la corporación GEO Group.

-Con información de AFP y AP

Esta imagen de noviembre de 2013 muestra a Dave Marin, director del Centro de Detención en Adelanto, California, entrando al edificio que recluía, en ese entonces, a mil 100 inmigrantes indocumentados, cuyo tiempo de estadía aproximado era de 29 días. Foto: Getty Images

Usa bases de albergue

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, anunció ayer que se usarán dos bases militares en Texas para albergar a los migrantes que cruzan la frontera sur.

Se trata de la base del Ejército Fort Bliss, ubicada en las afueras de El Paso, y de la base de la Fuerza Aérea Goodfellow, en el centro de Texas.

Proveeremos todo el apoyo que necesite el Departamento de Seguridad Nacional para alojar a las personas que están bajo su custodia”, dijo Mattis.

El ejército estadunidense ha proveído apoyo logístico para personas que “escapan de la tiranía” o que han sido afectadas por desastres naturales, dijo Mattis, y agregó que reconoce los “aspectos políticos” de la situación en la frontera.

El Pentágono dijo la semana pasada que pondría espacio disponible en algunas bases militares para unos 20 mil menores inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos y que fueron detenidos después de que cruzaron ilegalmente la frontera con México.

Un funcionario explicó que estos menores detenidos serán albergados en una de las bases, mientras que la otra sería utilizada para los familiares de los migrantes detenidos.

Bajo el acuerdo, el Departamento de Defensa facilita los terrenos, pero otras agencias se encargarán de la administración.

-AP y DPA
La base de Fort Bliss servirá como centro de refugio para los inmigrantes detenidos por la administración estadunidense. Foto: AFP/Archivo
Ve difícil ley de migración

El representante republicano conservador Mark Meadows dijo ayer que prevé que el proyecto de ley sobre inmigración que será presentado hoy en la Cámara baja de Estados Unidos no sea aprobado, pero indicó que posteriormente se podría debatir otra legislación que permita mantener juntas a las familias de inmigrantes.

Consultado en Fox News sobre la posibilidad de que un segundo proyecto de inmigración sea aprobado o rechazado el martes, Meadows dijo a Fox News: “No pensaría en un fracaso ahora”.

El representante dijo que mantuvo discusiones durante el fin de semana sobre posibles cambios a la ley.

El jueves pasado, la Cámara baja rechazó una medida (que apoyaban los conservadores), la cual habría detenido la práctica de separación de familias de indocumentados y que abordaba, al mismo tiempo, otros asuntos de la política migratoria de Estados Unidos.

Meadows dijo que incluso si la legislación consensuada no es aprobada, espera que se elabore un segundo proyecto de ley que esté básicamente orientado a evitar que los niños sean separados de sus padres en la frontera con México.

El gobierno del presidente Donald Trump ha encarado críticas en todo el mundo por las imágenes y los videos de niños llorando y sus padres desconsolados tras ser separados en la frontera entre México y Estados Unidos.

Críticos del mismo Partido Republicano, al que pertenece Trump, así como su esposa y su hija, lo han instado a abandonar esta política.



 El INE fiscalizará antes de validar los resultados


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Carolina Rivera

La fiscalización de las campañas electorales estará lista a mediados de agosto, justo para que se pueda realizar la calificación de lo comicios y confirmar el triunfo de quienes resulten electos el próximo domingo, garantizó el Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente de la comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, aseguró que para esa fecha la autoridad concluirá con todas las investigaciones que actualmente se tienen abiertas sobre el origen y destino de los recursos por parte de los candidatos.

“Nosotros vamos a cumplir en el tiempo establecido la fiscalización para que el Tribunal pueda hacer su trabajo. En agosto estará concluida la fiscalización, conforme a los plazos legales. De eso tengan toda la certeza”, aseguró.

Esta será la primera elección en la que el rebase de tope de gastos de campaña puede ser considerado como causal de nulidad, aunque esto dependerá de que se cumpla con otros elementos contemplados en la propia Constitución.

Los topes de campaña varían según cada una de las elecciones. En el caso de quienes aspiran a la Presidencia, el INE determinó que no podrán erogar más de 429.6 millones de pesos, mientras que para diputados se reduce hasta 1.4 millones de pesos y en el caso de senadores varía según la entidad por la que compiten, entre 2 y 12 millones de pesos.

Murayama estimó que al cierre de las campañas el volumen de reportes que se realizan por parte de los candidatos en el Sistema Integral de Fiscalización aumentará significativamente, ya que recordó que antes del 1 de julio debe estar todo debidamente reportado ante la autoridad.

Por lo que todo lo que fue informado por los partidos será contrastado con el trabajo de campo que desplegó el INE para identificar los espectaculares, bardas equipos de sonido, iluminación, gorras, camisetas, sillas, todo lo que hubo en estas campañas y que implicó un beneficio para algún candidato.

Recordó que al concluir el periodo de campañas, los partidos cuentan con tres días para reportar los últimos ingresos y gastos; mientras que la próxima semana se deberá reportar el gasto que realizaron para los representantes de casilla del 1 de julio.

Por lo que el próximo 10 de julio, al cierre del plazo para presentar su informe final, los partidos serán notificados sobre los problemas u omisiones que detectó la autoridad a fin de que tengan su derecho de audiencia antes de que se tome una decisión final.

“Estamos hablando de arriba de 17 mil candidatos sobre los que nos vamos a pronunciar, porque nos corresponde fiscalizar desde el municipio más pequeño hasta la Presidencia de la República. Después, ese dictamen va a la comisión de Fiscalización, una vez que ésta lo analiza y lo vota, va al Consejo General”, dijo.

Luego de atestiguar la firma de un convenio de colaboración entre el INE y la Auditoría Superior de la Federación, el consejero señaló que esta alianza permitirá fortalecer su trabajo para detectar el desvió de recursos públicos en las campañas.

El presidente de la comisión de Fiscalización señaló que hasta ahora estas prácticas no han sido constantes entre los abanderados sino que son “casos uno a uno y no se puede generalizar” en todas las campañas.

Durante la firma del convenio, Murayama señaló que la identificación de gasto no reportado es solo una parte de la trama que debe ser investigada y sancionada; por lo que anunció que el INE entregará a la ASF el hallazgo sobre la utilización de una empresa fantasma en el 2012 para el pago de representantes de casilla.

“Detrás de toda trama de financiamiento paralelo de la política, aparece el desvío de recursos de los contribuyentes. No basta con sancionar al partido beneficiario, hay que restituir el daño y sancionar a los servidores públicos que desviaron los recursos para las campañas o para algún instituto político”, dijo el consejero del INE.
 

 Verdades y mentiras en 90 días de campaña



Falso o verdad a medias, 40% de los dicho por los presidenciables; seguridad y economía, temas más abordados, muestra análisis

Los cuatro candidatos a la Presidencia de México lanzaron 108 dichos verificables durante sus eventos públicos en casi tres meses de campaña, de los cuales 62 resultaron verdaderos y 46 fueron calificados como falsos o verdades a medias, muestra la revisión realizada por la Unidad de Datos de EL UNIVERSAL, con el apoyo de los reporteros de la sección Política.

De los discursos de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se encontró que en todos hubo dichos engañosos o falsos, porque los datos que citaban no eran correctos, no especificaron los periodos a los que se referían o no decían cuál era la fuente original de la información.

Del total, 15 frases resultaron totalmente falsas.

Seguridad y economía fueron los temas más abordados por los presidenciables, pero también en donde se presentaron más inconsistencias. El número de pobres, estadísticas de feminicidios o niveles de violencia fueron citados erróneamente, al igual que el salario mínimo o cifra de nuevos empleos, lo que generó dudas sobre quién decía la verdad.


 “Veo una capital deteriorada, bajo una corrupción impresionante; no hay gobernabilidad”: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum. Candidata de la coalición juntos haremos historia. En entrevista con Crónica en su casa de campaña de la colonia Portales, dice que sus prioridades son transporte, seguridad e infraestructura; la movilidad, afirma, será el tema más complicado. Advierte que revisará el tema de los verificentros; “hay algo sucio, algo que no cuadra…pareciera que es negocio de un funcionario”
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Dice Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, que en un año aproximadamente será visible su mano en la Ciudad de México.

Sus prioridades son transporte, seguridad e infraestructura; y como el más relevante señala la movilidad.

“Yo espero que en el primer año se empiece a notar mi mano”, señala Claudia que recibe a Crónica en su casa de campaña de la colonia Portales. Al poner un pie en el lugar, se percibe la confianza que impera en que ganará las elecciones el primero de julio.

La morenista, dice, ya no está preocupada en eso, sus pensamientos ahora ya se están ocupando de la forma en que sacará del deterioro a la Ciudad de México, puesto que el gobierno perredista “se preocupó más por hacer negocios, que por el bienestar de la gente”.

La candidata está relajada, contenta y, pese a los cierres de campaña y celebraciones, se da tiempo para la entrevista. Se sienta en su escritorio, que no es más que una mesa de plástico de las que se utilizan para el día de campo y comienza la charla.

Admite que no se esperaba un apoyo abrumador de los capitalinos, y atribuye a su sencillez la clave: “la gente ya está cansada del típico político que llega con su camionetota y sus guaruras”… pero, dice, el cariño de la gente la compromete a hacer un gobierno responsable, de calidad.

La morenista explica que los temas torales serán transporte —Metrobús 7, ampliación de la Línea 5, que a su parecer fueron construidos al “ahí se va”—seguridad e infraestructura.

La exdelegada de Tlalpan advierte que revisará el tema de los verificentros porque “hay algo sucio, algo que no cuadra…pareciera que es negocio de un funcionario”.

—¿Habrá guerra sucia de aquí al 1 de julio?—se le pregunta.

—Pues de aquí al último día de campañas seguiremos trabajando, no vamos a utilizar ni la guerra sucia, inclusive en los debates fue hasta el último que quise contestar a los ataques y en todo caso la mayor preocupación es la compra del voto y la amenaza de los trabajadores del gobierno de la Ciudad.

—¿Qué les dice a los capitalinos?

—Que voten en libertad, que no permitan ni la amenaza ni la compra del voto; están utilizando esta tarjeta de los supuestos 2 mil 500 pesos que van a depositar; es falso, nunca van a depositar nada, porque van a perder.

Además, jamás tendrían ese recurso para depositar el dinero; decirle a la gente que no permita que alguien los manipule, que voten libremente.

—¿Y a los militantes?

—Que no caigan en provocaciones, que cuidemos bien las casillas y que las vigilemos por dentro y por fuera y salir el domingo con mucha alegría, porque vamos a ganar.

—Cuando asuma el gobierno, ¿qué pasará con la gente que hizo malos manejos?

—Ya actuará la Procuraduría o en todo caso el fiscal anticorrupción, hay un nuevo sistema que tengo que modificar, porque es demasiado oneroso para la Ciudad de México, pero va a haber autonomía, tienen que actuar las instituciones que procuran justicia en la Ciudad.

Yo no voy a perder tiempo en eso, porque la ciudad está muy deteriorada, pero eso no quiere decir que las instituciones de justicia no vayan a actuar con todas las denuncias que ya tienen.

—¿Cómo se encuentra la Ciudad?

—En un deterioro tremendo, una corrupción impresionante y son funcionarios que están dedicados a promover a su partido, a generar negocios privados; no hay gobernabilidad.

La pérdida de la seguridad es que no está actuando el gobierno y que están dedicados al negocio, esa es la gravedad.

Por un lado es una tristeza muy grande que la ciudad esté bien deteriorada; pero, por otro lado, tengo confianza en que en el momento en que se recupere la gobernabilidad, con mi equipo de trabajo, que actúe sólidamente hacia la ciudadanía, se van a recuperar muchas cosas.

—¿Cuánto tiempo va a pasar?

—Yo espero que en el primer año se empiece a notar que llegamos al gobierno de la Ciudad. Queremos que sea una transición en donde el gobierno de la ciudad actúe favorablemente con nosotros.

Que el presupuesto de 2019 ya lo elaboremos nosotros, porque sería ridículo que lo elaborara un gobierno que ya se va.

Vamos a iniciar con un mantenimiento mayor a la ciudad —todo está lleno de baches, no sirven las luminarias, el tema del agua es grave, porque es un tema de falta de atención— y con la orientación de que los programas funcionen adecuadamente.

Vamos a colocar los recursos donde deben de estar para que se note el primer año la inversión que se va a hacer en la ciudad y también tomar las riendas en el tema de seguridad.

—No basta con elegir a Sheinbaum, ¿también hay que elegir a diputados y alcaldes para poder cambiar la Ciudad?

—Por eso estamos llamando al voto parejo desde el presidente de la Republica y las alcaldías y sus concejales.

—¿Se va a reunir con Andrés Manuel López Obrador?

—Ya que ganemos el 1 de julio, obviamente… Dependiendo de la agenda del próximo presidente tenemos que reunirnos con él para ver el tema sobre todo de los recursos, cuántos recursos de la Federación van a estar destinados a la Ciudad, tanto en programas sociales como lo que tiene que ver en infraestructura.

—¿Cree que la ciudad se encuentra lejos de catalogarse como de primer mundo?

—Yo creo que sí, mientras haya estas enormes desigualdades no puedes pensar en que la ciudad es una ciudad moderna de primer mundo. Hay una desigualdad muy grande geográfica, de ingreso, de acceso; desde acceso a salud, educación, espacios públicos y acceso al internet.

Por eso yo le estoy apostando mucho a la inversión; una inversión en transporte, agua potable saneamiento, educación, salud.

Yo quiero que ése sea el sello de mi gobierno, una inversión en infraestructura y en los grandes derechos sociales.

—¿Cuál será la reestructuración del Gobierno?

—Sobre todo el objetivo es que no haya duplicidad de funciones, que no solamente genera más recursos sino mucha inoperatividad.

En el gobierno de Mancera dividieron mucho por cuotas de poder entre los distintos grupos del PRD y a cada quien le daban su parte, eso generó mucho la duplicidad de funciones.

Que quede claro dónde están las responsabilidades, por ejemplo, entre la Agencia de Gestión Urbana y la Secretaría de Obras hay una duplicidad muy grande, no saben a quién le toca repavimentar o qué le toca a cada quien. Tenemos que dejar en claro que cada dependencia tiene responsabilidades, para que los recursos estén bien distribuidos y se ejerzan adecuadamente, ése es el objetivo principal, reducir el peso del gobierno a la ciudad.

—¿Con esta reducción, cuántas áreas piensa eliminar?

Todavía no tenemos claro todo el tema; por ejemplo, entre el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social, entre la Secretaría de Educación y la de Desarrollo Social hay duplicidad de funciones.

A lo mejor no es tanto que quitemos muchas secretarías sino más bien que queden muy claras las responsabilidades en cada cual y por lo tanto también hay muchas direcciones generales, subsecretarías que desaparecen.

—¿Cuáles van a ser las principales innovaciones tecnológicas de su gobierno?

—Primero, el gobierno tiene que ser un gobierno digital, ése es el objetivo, un gobierno electrónico, tanto hacia adentro en términos de disminuir al máximo el papeleo interno y que todo sea electrónico; además de que sea con seguimiento puntual, que cada peso que se gasta quede muy claro cómo se gastó, en qué condiciones se gastó. Y hacia afuera, que la mayor parte de los trámites sea electrónico, por ejemplo, está establecido en la ley que el adulto mayor tiene un descuento en el pago predial, para qué quieres a un adulto mayor en una fila.

Y el objetivo es que el primer año quede establecida la inversión en innovación tecnológica.

El otro tema por ejemplo, la semaforización en la Ciudad de México, si lo haces bien y lo tienes claro en el primer año pueden quedar los semáforos, sobre todo en vialidades primarias. El tema de la micromedición del Sistema de Aguas también en un año puede quedar listo; no es tan oneroso sino que realmente sepas lo que tienes qué hacer.

—¿Cuál son sus metas a corto, mediano y largo plazo?

—Lo más importante en el corto plazo es recuperar la seguridad, acabar con la corrupción, contar con un Gobierno transparente y acabar con los abusos, eso dará tranquilidad y es lo más importante en el primer año.

A mediano plazo, estoy hablando de los primeros tres años, que ya esté establecida la inversión social, la inversión en ciberescuelas, preparatorias, escuelas universitarias y también que se note una mejor distribución de agua potable.

Y la inversión en transporte público, en los primeros tres años tienen que estar los autobuses de RTP, los cablebuses y el Metro debe de estar operando adecuadamente. En los siguientes tres años, pues será más bien la modernización general de la Ciudad, del espacio Público, etcétera, etcétera.

—¿El narco existe o no en la Ciudad de México?

—Existe, lo hemos dicho. Desde mi perspectiva siempre ha existido. El asunto es que antes se tenía controlado y ahora se descontroló. En la Ciudad no hay producción, hay comercialización, por eso se le llama narcomenudeo, pero el tema es que se están debatiendo el territorio.

El tema central de por qué se ha incrementado la violencia es porque el Gobierno no ha puesto un hasta aquí. ¿Dónde está el hasta aquí que el Gobierno ha puesto cuando aparecen cuerpos descuartizados en la Ciudad? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está la carpeta de investigación? El Gobierno no ha puesto límites, cuando hasta el 2012 había límites y funcionaba la Procuraduría y funcionaba la Policía, con sus problemas, pero operaba. Hoy el problema es que ha crecido el delito violento y no hay límites.

Ni la Policía está actuando bien, ni la Procuraduría está actuando bien ni el Gobierno está poniendo un hasta aquí. No hay gobernabilidad, están dedicados a otra cosa. No están poniendo atención, hay mucha corrupción.

—¿Cómo solucionarlo?

—Con el nuevo fiscal vamos a actuar coordinadamente, por lo menos ésa es mi apuesta, para que realmente haya carpetas de investigación y se detenga a los delincuentes. El estado de derecho y la procuración de justicia son fundamentales para controlar la inseguridad. La Policía preventiva tienen que actuar teniendo presencia en toda la Ciudad y cómo actuar, pues teniendo una buena carpeta de investigación.

Me parece increíble que los últimos crímenes más fuertes con mayor violencia en la ciudad no había video, no servían las cámaras y a mí la verdad me parece muy extraño eso y no quiero calificarlo más porque no tengo más información, pero me parece que es muy extraño, es un elemento fundamental, más de 10 mil cámaras y está la evidencia y no funciona.

—¿Marina y Ejército?

—También hay que colaborar con ellos pero no en términos de que ocupen las calles de la ciudad sino de la inteligencia, hay que colaborar con el gobierno federal, que será la próxima Secretaría de Gobernación la que va a tener la coordinación general de seguridad, lo que va a ser la nueva Secretaría de Seguridad Pública y claro que tiene que haber coordinación de información, de bases de datos.

—¿Cuál es el proyecto de Metrobús elevado?

El Metro es un modo de transporte más eficiente, cuando se mueven más de 400 mil pasajeros, pero es muy caro, cuesta 85 millones de dólares el kilómetro y ha habido otras opciones como el Metrobús que sustituyen al Metro.

El problema del Metrobús de Insurgentes, por ejemplo, es que te vas parando en cada semáforo y pierdes eficiencia; una combinación entre ambos que estamos analizando es en Ermita, entre Santa Martha y Constitución de 1817, que son dos líneas que pueden conectarse e indispensables para Iztapalapa. Lo ideal sería un Metro pero si no tienes los recursos indispensables, pues hay que hacer un puente elevado.

No ocupa tanto espacio y en lugar de que sea un Metro con un gran costo, tienes un Metrobús que cumple con la misma función, no tienes semáforos y cumple con el traslado.

—¿Se le dará continuidad a la L7?

Hay que revisar todo, porque es muy difícil, se puede dar marcha atrás siempre y cuando encuentres una opción distinta que sea más eficiente y utilizar los camiones de doble piso en otro, pero no se puede tirar a la basura la inversión, aunque la línea 7 es ineficiente. Hay que darle continuidad y hablar con los vecinos porque hay mucha oposición.

En cuanto a la ampliación de la Línea 5 del Metrobús, ya está muy avanzada creo que se cometió el error de hacer metro y Metrobús en una buena parte del Eje 3 Oriente y parte de la Línea va paralela al Metro, pero ya está listo y hay que darle continuidad y hay que darle seguimiento.

—¿Qué pasa con el tema de los verificentros?

También hay que revisarlo, la sustitución de concesión de verificentros huele muy mal.

Una supuesta nueva tecnología que nadie conoce, concesiones a valet parking sin ninguna historia que ahora van a ser operadores, cuando los anteriores ya tenían una experiencia.

Menos verificentros que los que había y de por sí hay colas, va a provocar más colas, hay que revisarlo todo. Huele muy mal, huele a un negocio de algún funcionario público, cuando lleguemos vamos a revisarlo.

—¿Sirven los verificentros?

—Cuando estuvimos en la Secretaría se renovó la tecnología se trabajó con los concesionarios para bajar la corrupción, se separó el programa de verificación para que los vehículos tuvieran una placa verificada en cada estado y había coordinación y ya se perdió eso.

Una política ambiental en estos seis años desastrosa.

—¿Las fotomultas?

—Ya, vamos a hacer una evaluación completa, no es que la tecnología se tenga que desechar pero sí la manera en que se está multando.

Yo creo más en la educación vial, por ejemplo, un sistema en donde se tome una foto por infracción con un primer aviso; el segundo aviso para que tomes un curso y el tercer aviso se baja tres puntos de la licencia y ya después llegar a que se quite la licencia.

Pero este tema de que son 2 mil pesos por cada multa es muy desigual para quien tiene dinero y quien no lo tiene; pero quitas la multa, todos violan el reglamento de tránsito y no estás apostando a una educación vial y prefiero apostarle a eso.

—¿Qué va a ser lo más difícil?

—Yo creo que el tema más complicado es el tema de la movilidad porque depende de muchos factores y depende de que el vehículo privado se concientice que si se desarrolla un vehículo más eficiente de transporte público pueda sustituir el auto.

Yo creo que en la movilidad será más complicado, incluso más que la seguridad.

—¿En la Ciudad también habrá amnistía?

—Estaría pensando en un una persona que conduce un mototaxi que no está regulado; formalmente está violando la ley, entonces ¿lo vas a meter a la cárcel porque está violando la ley? Más bien hay que ver cómo los mototaxis pueden ser un vehículo de transporte para ciertas zonas donde no hay transporte, regulados, más seguros, con vigilancia de la Procuraduría para que no se vinculen con el crimen; prefiero apostar a una regulación y a una nueva visión del transporte a que a, bueno, todos los que eran mototaxistas… ya los criminalizaron, en ese sentido podemos plantear una amnistía, que es un poco de lo que está pensando Andrés Manuel, un campesino que siembra amapola, no en los grandes capos…

—¿El comercio ambulante, ustedes ya lo habían limpiado?, ahora ¿qué pasará?

—Gobernar es un tema de generar consensos, es ejercer la autoridad, pero en este tema es de generar consensos porque vender en vía pública tiene que ver con el tema de que no hay opciones económicas en la ciudad; entonces no es que ahora levantas todo ¿y a qué se va a dedicar la gente que vive de eso?

Más bien es generar opciones mediante el consenso de regulación y reordenamiento, yo le apuesto más a eso, que fue lo que se hizo en el Centro Histórico. Orientarlos a que estén en plazas, en ciertos lugares, que haya beneficios para todos.

El tema de la informalidad, creo que si se acuerda entre todos puede ser beneficioso para todos, se liberan banquetas y hay opciones para los propios comerciantes.


Banxico ve riesgos en sistema de pagos



Fernando Franco

El Banco de México (Banxico) reportó al Senado de la República que existen indicios de que el nivel de cumplimiento de los estándares que exige el SPEI en materia de seguridad cibernética es heterogéneo entre las instituciones financieras y, en algunos casos, deficiente.

En un documento dirigido a la Comisión Permanente del Senado, luego del hackeo a la banca, refirió que las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) se publicaron el 4 de julio de 2017, y destacó que las obligaciones particulares de gestión de riesgo operacional entraron en vigor el 31 de enero de 2018.

Según la reglamentación, las instituciones debían entregar el primero de los reportes el 28 de febrero. Pero, de los 100 participantes del sistema, 47 presentaron su reporte en tiempo, y 50 solicitaron una prórroga para su envío con límite el 18 de mayo.

Para verificar el cumplimiento de las reglas del SPEI, Banxico realizará visitas ordinarias y extraordinarias.

“Con el fin de atender la contingencia de los ataques informáticos a los participantes, se dio inicio a visitas extraordinarias para obtener la evidencia de los probables incumplimientos a la norma”, informó Banxico.

Con las investigaciones hechas hasta el momento, “se tienen indicios que pueden llevar a presumir que existe un nivel de cumplimiento heterogéneo y, en algunos casos, deficiente en los requerimientos de seguridad informática y continuidad operativa”, concluyó.

¿Y EL DINERO?

Banxico recordó que se registraron cinco ataques cibernéticos a igual número de instituciones: el 17 de abril fue el primero, dos más el 24, otro el 26 del mismo mes y el último el 8 de mayo.

El banco central no detalla nombres, pero hoy se sabe que fueron Banorte (el único en reconocerlo), Banjercito, Inbursa, casa de bolsa Kuspit y la caja de ahorro Las Huastecas, las cuales sufrieron un impacto de 300 millones de pesos, según cifras preliminares.

En seguimiento al caso, la autoridad monetaria solicitó a las cinco entidades financieras que entregaran información respecto de las operaciones no reconocidas.

“Conforme a dicha información, estas operaciones no reconocidas se enviaron a 836 diferentes cuentas en 10 instituciones de crédito. Las cuales se abrieron en 97 plazas de la República, y 80 por ciento del monto total de las transferencias no reconocidas se envió a 23 plazas”, detalló.


Advierten INE y ASF: fiscalización de campañas va reforzada 


De izq. a der.: David Colmenares, titular de la ASF; Lorenzo Córdova, presidente del INE, y Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, ayer. Foto: Cuartoscuro

Laura Arana

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) trabajarán de manera coordinada para detectar posibles prácticas evasivas, fraudulentas o engañosas, así como mal uso de recursos públicos a favor de campañas electorales y partidos políticos.

Durante la firma de convenio de colaboración entre ambas instancias, el consejero presidente de la INE, Lorenzo Córdova, advirtió que esta mancuerna llegó para quedarse y fortalecer el sistema de fiscalización y el combate a la corrupción, además de que, a seis días de la elección más grande de la historia democrática del país, el instituto trabaja también para que sea la más fiscalizada que haya existido.

Argumentó que, para la llegada a buen puerto de los procesos electorales, es necesario, además de una amplia deliberación pública sobre las propuestas de los contendientes, que los partidos, las coaliciones y los candidatos respeten las reglas de la competencia electoral, incluidas las de equidad y, en particular, las de financiamiento.

“(Esta acción conjunta) nos permitirá establecer un frente para generar inteligencia institucional y fusionar el ámbito electoral con el de la fiscalización superior” 

David Colmenares
Titular de la ASF

Puntualizó que la colaboración entre el INE y la ASF permitirá intercambiar información en caso de detectar irregularidades que no sean de su competencia, por lo cual remitirán los expedientes respectivos para perseguir y sancionar estas conductas.

En presencia del titular de la Auditoría, David Rogelio Colmenares, Córdova indicó que el acuerdo buscará “generar sinergias en materia de fiscalización, para que los límites competenciales de ambas instituciones no sean pretextos para favorecer conductas fraudulentas de evasión, corrupción o triangulación de recursos”.

En su oportunidad, el auditor señaló que, con la celebración del convenio, el INE y la ASF tienen la enorme oportunidad para fortalecer sus capacidades de fiscalización.

Añadió que el instituto debe ser un invitado recurrente al Sistema Nacional Anticorrupción, ya que los procesos electorales tienen amplias posibilidades de generar condiciones propicias a la corrupción.

“El convenio contribuirá a la rendición de cuentas de quienes compiten y ayudará a inhibir conductas ilícitas de quienes quieran ejercer recursos públicos” 

Lorenzo Córdova
Presidente del INE

A su vez, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, apuntó: “Revisaremos las cuentas públicas y las cuentas de las campañas, cruzaremos información y cerraremos el espacio al uso de dinero público para influir en la contienda política”.

Añadió que en sus indagaciones el INE ha detectado y sancionado gastos no reportados que implican, siempre, ingresos que se ocultan y esconden, porque con alta frecuencia están prohibidos por la ley.

Indicó que no hay financiamiento irregular que tenga justificación alguna con tal de llegar al gobierno: “El único dinero público válido que reciben candidatos y partidos es el que da, por disposición constitucional y a través de una fórmula precisa, la autoridad electoral”. 

El Dato: El INE recordó que la fecha límite para comprobar los gastos de campaña es el 30 de junio.


Con dedicatoria a China, EU alista candados a la inversión


busca proteger sector tecnológico

Las medidas complementan los aranceles contra las importaciones estadounidenses de productos chinos por 50,000 millones de dólares en represalia a las prácticas sobre propiedad intelectual del país asiático.


Roberto Morales

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará esta semana el establecimiento de nuevas restricciones a la inversión, lo que incluiría a sus mayores socios comerciales, entre ellos China, y podría exacerbar la latente guerra comercial.

Tales restricciones formarían parte de las acciones de Trump tras la investigación de la Sección 301 sobre transferencia de tecnología china y políticas de propiedad intelectual.

“Una declaración se divulgará, no específicamente para China, sino para todos los países que intentan robarnos tecnología”, afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de Twitter, en contrapunto con un pronunciamiento de la Casa Blanca del 29 de mayo.

Ese día la Casa Blanca anunció que implementará restricciones de inversión y controles de exportación para ciertas personas y entidades chinas después de que se anuncien el 30 de junio.

Cuestionó en el mismo comunicado que las políticas industriales de China, como su plan Hecho en China 2025, dañan a las empresas en Estados Unidos y en todo el mundo.

“Para proteger nuestra seguridad nacional, Estados Unidos implementará restricciones de inversión específicas y controles de exportación mejorados para personas y entidades chinas relacionados con la adquisición de tecnología industrialmente significativa”, dijo entonces la Casa Blanca.

De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está elaborando reglas que impedirían que las firmas que tengan cuando menos 25% accionario de propiedad china compren compañías estadounidenses involucradas en “tecnología industrialmente significativa”.

Citando a personas familiarizadas con el asunto, el diario dijo que los planes no han sido fijados y que la industria tendrá la oportunidad de hacer comentarios antes de que entren en vigencia.

Después de los hallazgos de una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1974, los dos países han estado conversando por algún tiempo para abordar las preocupaciones estadounidenses sobre las prácticas comerciales chinas relacionadas con la tecnología. Sin embargo, el 15 de junio, el presidente Trump cumplió con las amenazas anteriores e impuso aranceles de hasta 50,000 millones de dólares en importaciones chinas que comenzarán el 6 de julio, a lo que China respondió que aprobaría en consecuencia medidas espejo.

El presidente Trump ha amenazado con fijar aranceles por hasta 400,000 millones de dólares adicionales en importaciones chinas, si China toma represalias, lo que podría resultar en una fuerte respuesta del país asiático.

Según Bloomberg, la legislación de carácter urgente sería presentada el viernes en un informe de Mnuchin que aconsejará su implementación por un pánel intergubernamental dividido en dos comités sobre las inversiones extranjeras en Estados Unidos. Uno de ellos estaría dedicado únicamente a las inversiones chinas.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 otorga a Estados Unidos la autoridad para hacer cumplir los acuerdos comerciales, resolver disputas comerciales y abrir mercados extranjeros a bienes y servicios estadounidenses.

El 18 de agosto del 2017, la Representación Comercial de Estados Unidos comenzó una investigación de la Sección 301 contra China, el primer uso de ese recurso desde el 2010. Es el caso de comercio más significativo lanzado por el gobierno estadounidense, dada la magnitud de pérdidas comerciales derivadas del robo de derechos de propiedad intelectual en China.

Sin embargo, Mnuchin cuestionó este lunes las noticias difundidas por varios medios sobre que Estados Unidos impondrá esta semana restricciones a las inversiones chinas por razones de seguridad nacional, lo que propició ventas en las bolsas, donde los inversores temen afectaciones por la creciente tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo. En su cuenta de Twitter, califico de “falsas” esas informaciones.

Por su parte, China afirmó que “vigila” las informaciones de prensa y pidió el lunes a Washington “dar una mirada objetiva a las actividades comerciales de empresas chinas” y que les “procuren un entorno equitativo, favorable y previsible para sus inversiones”.

“Alentamos a las empresas chinas a seguir las máximas del mercado y las reglas internacionales y que respeten las leyes y reglamentos locales” en sus actividades en el extranjero, dijo Geng Shuang, portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino. (con información de Reuters)


 Suspende EU la entrega de familias migrantes a los fiscales


Los Padres hondureños separados de sus hijos tras cruzar la frontera estadunidense, expresaron ayer en una rueda de prensa que se llevó a cabo en El Paso, Texas, la incertidumbre que enfrentan porque no han podido reunirse con sus pequeños Foto Ap

Ap y Reuters

Nueva York

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos frenó ayer temporalmente la entrega a fiscales de los inmigrantes adultos que cruzan la frontera sur con niños, a pesar de las afirmaciones del gobierno del presidente Donald Trump de que se mantiene la política de tolerancia cero hacia los indocumentados, informó el diario The New York Times.

El inspector jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin K. Mc Aleenan, instruyó a sus agentes a no enviar a las familias migrantes al Departamento de Justicia hasta que se pueda acordar una política que permita a los padres ser procesados sin separarlos de sus hijos.

Debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no tiene suficiente espacio para tantas detenciones, el impacto inmediato de la medida será la liberación de muchas familias con la promesa de regresar a una audiencia en la corte en el futuro, reportó el rotativo en una nota fechada en McAllen, Texas.

Según el portal de The New York Times, la decisión revivirá el enfoque de detener y liberar utilizado con las familias que cruzaban la frontera de manera ilegal durante la administración de Barack Obama (2009-2017). Dicho enfoque ha sido rechazado repetidamente por Trump ya que, según él, provoca oleadas de crimen y violencia hacia Estados Unidos.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, señaló que no ha habido ningún cambio oficial respecto de la política de inmigración de tolerancia cero. Pero el Times señaló que la realidad es que el régimen no tiene la capacidad para detener a todas las familias de migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal. No hemos modificado la política de inmigración. Simplemente no tenemos suficientes recursos, reconoció Sanders.

En este contexto, Jim Mattis, secretario de Defensa, informó que el régimen escogió las bases del ejército Fort Bliss, y de la fuerza aérea Goodfellow, ambas en Texas, para albergar a los migrantes detenidos.

Proveeremos todo el apoyo que necesite el Departamento de Seguridad Nacional para alojar a las personas que están bajo custodia, afirmó Mattis.

El Pentágono dijo la semana pasada que pondría espacio disponible en bases militares para unos 20 mil menores inmigrantes que llegaron solos a Estados Unidos y que fueron detenidos tras cruzar sin papeles la frontera con México.

Un funcionario agregó que estos menores serán albergados en una de las bases, mientras la otra será utilizada para los familiares de los migrantes detenidos. Según el acuerdo, el Departamento de Defensa facilita los terrenos, pero otras agencias se encargarán de la administración.

Desde Reno, Nevada, Jeff Se­ssions, secretario de Justicia, prometió seguir reforzando la política de tolerancia cero propuesta por Trump, y pidió al Congreso actuar, durante una conferencia sobre seguridad escolar.

Afuera del hotel casino donde Sessions daba su conferencia, más de 200 manifestantes opuestos a las políticas de migración bloquearon una avenida mientras portaban pancartas en que se leía: los niños no son un asunto político y juicio político al rey chiflado.

Desde la Casa Blanca, Trump –quien la semana pasada dispuso cesar la separación de familias migrantes– reiteró su frustración con las leyes que garantizan procesos judiciales a los inmigrantes indocumentados y dijo que éstos deberían ser rechazados en la frontera, mientras disminuían las expectativas de que el Congreso pueda resolver rápido la crisis.

Contratar a miles de jueces y pasar por un largo y complicado proceso legal no es la forma de resolver esto. Siempre será disfuncional, tuiteó el gobernante.

La gente simplemente debe ser detenida en la frontera y se les debe decir que no pueden ingresar ilegalmente a Estados Unidos. A los niños se les debe enviar de vuelta a su país, sostuvo.

Queremos un sistema en el cual la gente que entra ilegalmente tenga que marcharse; un amable y simple sistema que funcione. Queremos fronteras fuertes, no queremos crimen, sentenció el mandatario estadunidense.

Mientras, en El Paso, Texas, cinco padres de nacionalidad hondureña, separados de sus hijos al cruzar sin documentos la frontera con México, ofrecieron una conferencia de prensa en la que refirieron la incertidumbre que enfrentan ante la imposibilidad de reunirse con sus pequeños, informó el diario Daily News.

Los padres pertenecen a un grupo de 32 liberados de la custodia federal y que se encuentran ahora al amparo de The Annunciation House, organización caritativa en esta ciudad fronteriza.

Durante la conferencia, algunos rompieron en llanto al recordar cómo fueron separados de los menores y dijeron a la prensa que no saben hasta cuándo volverán a ver a sus hijos.

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