Las bancadas del PAN, PRD y Morena-PT en el Senado formalizarán este martes sus solicitudes para objetar la destitución de Santiago Nieto como titular de Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
A través de dos documentos, los legisladores de Oposición pedirán que se inicie el procedimiento para revertir la remoción notificada por el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán.
En un primer recurso, presentado por las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), se advierte que el funcionario ha sido omiso en notificar al Senado sobre los fundamentos y motivos de la destitución.
De acuerdo con el documento entregado a la Cámara alta, la PGR sólo refiere la supuesta violación de Santiago Nieto a lo establecido en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a la secrecía en el manejo de la información de una indagatoria.
Sin embargo, no detalla los motivos de la supuesta falta cometida por el ahora ex Fiscal.
En el escrito, los legisladores aseguran que, de manera injustificada, se acusó a Nieto de haber transgredido el Código de Conducta de la PGR.
"El acto de autoridad no reúne los elementos bajo los cuales debe establecerse el nivel de sanción en razón de la gravedad de la conducta realizada por el servidor público", afirman.
Para las bancadas del PAN y PRD, la remoción debió estar sujeta a principios de legalidad y previa audiencia establecidos en la Ley Orgánica de la propia PGR.
En consecuencia, los senadores solicitan iniciar el procedimiento de objeción y notificar al encargado de despacho de la PGR para que rinda un informe justificando de la remoción del titular de FEPADE.
También proponen turnar el caso a la Comisión de Justicia y garantizarle al Nieto un proceso apegado a los principios de legalidad con derecho de audiencia.
De acuerdo con la ruta plasmada en el documento, se pide someter el dictamen del caso a votación nominal en el Pleno del Senado para poder ejercer el derecho de objeción.
En otro documento, los senadores de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT) formalizarán la solicitud para objetar la remoción del Fiscal.
En las consideraciones, advierten que la salida de Nieto se realiza en un contexto que genera serias dudas sobre los motivos que condujeron al encargado de despacho de la Procuraduría a tomar una "decisión extrema".
"Dicho contexto está determinado por la investigación criminal entorno al grave caso de corrupción internacional denominado Odebrecht, que alcanza al Gobierno mexicano, a altos funcionarios y ex funcionarios de Pemex y que involucra incluso la campaña presidencial de 2012", refieren.
De manera particular, los legisladores exponen que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido señalado como receptor de sobornos millonarios por parte de esa empresa brasileña.
También hacen referencia a la entrevista publicada por REFORMA en la que Nieto revela que recibió una carta del propio Lozoya sobre el caso.
Tras el análisis, los senadores consideran que la reacción del encargado de despacho de la Procuraduría es desproporcionada, mueve a dudas y motiva sospechas.
"El contexto político expuesto no permite dar crédito a los motivos de la remoción. Si fuera el caso, la polémica que despertó la declaración del fiscal especializado no es suficiente para solventar la aplicación de una medida extrema", afirman.
"La desproporción de la medida habla más de la anulación de la poca autonomía e independencia que las fiscalías poseen para combatir los delitos de su especialidad, que de la eficiente vigilancia de las actuaciones de los servidores públicos".
En el documento, los proponentes incluso aseguran que la carta revelada por Nieto no constituye un acto de investigación de la Fiscalía, ya que sólo contiene su currículum y algunas peticiones al titular.
"El umbral de protección de los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen es menor cuando se trata de personajes públicos como es el caso de Lozoya. La petición que hizo al titular de la Fiscalía era inaceptable, le solicitó que declarara a los medios de comunicación que se encontraba localizable en el territorio nacional, asunto que el fiscal no le constaba".
La bancada de Morena-PT considera que el encargado de despacho ni siquiera está facultado para llevar a cabo la remoción, ya que la Constitución establece que se trata de una atribución exclusiva del Procurador.
"La remoción violenta los principios de constitucionalidad, debido proceso y presunción de inocencia", agrega.
Claudia Guerrero/REFORMA
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