En México el uso excesivo de la prisión preventiva constituye una forma de detención arbitraria, además de que contribuye a la violencia dentro de los penales, denunciaron especialistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la primera audiencia sobre México del 165 periodo de la CIDH, que se realiza en Montevideo, Uruguay, Ana Aguilar García, del Instituto de Justicia Procesal Penal, acusó que la prisión preventiva oficiosa es contraria al sistema interamericano de derechos humanos.
En tanto, José Luis Gutiérrez Román, director de Asilegal A.C., sostuvo que en agosto pasado el 38.1 por ciento de los internos en los penales del País estaban por prisión preventiva, es decir que no habían recibido una sentencia, aunque en algunos estados, como Durango, la cifra supera el 70 por ciento.
"Una de las consecuencias del abuso de la aplicación de esta medida cautelar, es el alto nivel de violencia que existe dentro de los centros de reinserción social", advirtió.
"De enero a agosto de 2017 se tienen registrados mil 422 incidentes de violencia en los centros de reinserción social, en estos incidentes estuvieron involucradas 4 mil 902 personas privadas de la libertad, de las cuales mil 601, es decir, el 32.7 por ciento, estaban en prisión preventiva".
Gutiérrez Román agregó que las riñas y agresiones a terceros son los incidentes más recurrentes dentro de los penales, principalmente en Puebla, Baja California y Chihuahua, mientras que en lo que va del año se han reportado 9 amotinamientos, 3 en Nuevo León, 2 en Tamaulipas, 2 en Quintana Roo, uno en Baja California Sur y uno más en Guerrero.
Javier Carrasco, en representación de la Red Regional de Justicia Previa al Juicio, lamentó que actores como el Secretario de Gobernación, los comisionados Nacional de Seguridad y de la Policía Federal, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como Gobernadores liderados por Miguel Ángel Mancera, hayan criticado el sistema de justicia penal.
"Garantizar la revisión periódica de la medida cautelar de manera general y de la prisión preventiva de forma específica es una obligación de la autoridad judicial, la prisión preventiva oficiosa no permite revisión periódica", dijo.
"Por lo tanto, la prolongación indebida y la falta de revisión de la medida subvierten la legitimidad de su imposición hasta convertirla en una detención arbitraria".
En respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que a pesar de las diversas iniciativas para aumentar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva el Gobierno federal no tiene la intención de avanzar en ese sentido.
"Me permito señalar categóricamente que el Ejecutivo federal ha resuelto que antes de impulsar cualquier modificación a la ley se debe permitir el funcionamiento pleno del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, esperando que este por sí mismo otorgue mejores resultados", aseveró.
Al respecto, las organizaciones sociales pidieron que si en verdad esa es la voluntad del Gobierno federal, entonces también se abstengan de comentar las iniciativas presentadas, además de que en los discursos electorales no se aborde el tema para ganar votos.
Por parte de la CIDH, la comisionada para México, Esmeralda de Troitiño, advirtió que el reto es hacerle saber a la sociedad que la justicia no implica necesariamente que una persona sea encarcelada, mientras que el comisionado James Cavallaro también se dijo preocupado por las críticas al nuevo sistema de justicia penal.
César Martínez/REFORMA
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