El Instituto Electoral de la Ciudad (IECM) avaló ayer el registro de siete aspirantes sin partido a la Jefatura de Gobierno, con lo que sumaron 11 personas quienes podrán contender por esa vía en los comicios de 2018.
En sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el proyecto en el que, asimismo, se rechazaron tres solicitudes, por incumplimiento de requisitos.
Los aspirantes son cuatro mujeres y siete hombres, que deberán obtener poco más de 74 mil 500 firmas de apoyo antes del 12 de febrero.
En los palomeados se encuentra Ana Lucía Riojas Martínez, baterista de 29 años, así como el ex Director Jurídico y de Gobierno de la Cuauhtémoc, Pedro Pablo De Antuñano.
Este último fue investigado y sancionado por la Contraloría capitalina luego de ser detenido con 600 mil pesos en efectivo en septiembre de 2016; el Tribunal de la Contencioso Administrativo declaró nula la inhabilitación que se le fincó, sin embargo, la Contraloría busca que se cumpla el castigo.
Entre las solicitudes que fueron rechazadas está la del ex panista José Luis Luege, quien incumplió con el requisito de haber dimitido de su partido un año antes, lo que establece la Constitución capitalina y el Artículo 310 del Código de Procedimientos Electorales.
Durante la sesión, los representantes de los partidos políticos criticaron el intento de Luege Tamargo de buscar una candidatura independiente días después de haber dejado el PAN, en rechazo al Frente Ciudadano por México.
"No se puede estar alentando al oportunismo político, porque justamente éste es uno de los grandes vicios que tiene nuestra calidad política", señaló José Agustín Ortiz Pinchetti, representante de Morena.
En entrevista telefónica, Luege anticipó que impugnará el acuerdo del IECM el martes y opinó que el candidato sin partido es aquel que logra conseguir las firmas de apoyo ciudadano, sin importar del lapso que lleve separado de la vida partidista.
"El hecho de que yo renuncié unos días antes es algo evidente... la condición para ser candidato sin partido es obtener el apoyo de un determinado número de ciudadanos, esa desde mi punto de vista es la condición que marca la Ley.
"El que las leyes secundarias estatales pongan condiciones que no tiene el Código General y que no tiene tampoco la Constitución General de la República está violando un derecho constitucional", enfatizó.
Israel Ortega/REFORMA
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