Javier Coello Zuarth, abogado del ex director de Pemex Emilio Lozoya, consideró que Santiago Nieto tendría que ser sancionado porque, en su opinión, el ex titular de la FEPADE infringió disposiciones legales, desacató una orden judicial y violó los derechos humanos de su cliente.
"De conformidad con la norma, siendo muy apegados al Código Nacional de Procedimientos que rige el actuar del ex titular de la unidad (FEPADE), es clara la forma en cómo él violó disposiciones, y en nuestro punto de vista jurídico, tendría que ser sancionado.
"Una sanción administrativa, e incluso pudo haber cometido alguna conducta ilícita, ya será la propia Procuraduría General de la República la que determine si efectivamente cometió un delito o no", señaló en entrevista con REFORMA.
El 20 de octubre, Nieto fue separado de la titularidad de la Fepade por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por "faltar al código de conducta de la dependencia" al supuestamente hacer públicos datos de investigaciones en curso.
La PGR cesó a Nieto luego de que revelara a REFORMA que Lozoya le envió una carta para que declarara públicamente su inocencia en el presunto desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012.
Tras subrayar que las declaraciones del ex fiscal son falsas, el abogado sostuvo que Nieto violó principios rectores del sistema penal, como la presunción de inocencia y derecho a la intimidad y privacidad.
"Se le invita a que acepte los errores cometidos en su afán protagónico de querer atraer reflectores. Es de hombres y de humanos que reconozca el error que cometió y que pida una disculpa, no a mi cliente, que pida una disculpa a la ciudadanía.
"El señor es doctor en Derecho y sabe perfectamente que violó diversas disposiciones, que lo reconozca", dijo.
Coello informó que el 17 de agosto de 2017, tras conocer por los medios que la Fepade había abierto una carpeta de investigación por el caso Odebrecht, Lozoya presentó un escrito dirigido a Nieto en el que solicitó le hicieran de conocimiento si existía una investigación en su contra en la Fiscalía.
Antonio Baranda/REFORMA
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