Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacionales

En México, freno industrial de 11 estados impacta al Pentágono

Contra una tradición de pacifismo, México es ya un engrane vital para la maquinaria militar más poderosa del planeta, la estadunidense. En unas horas, tras semanas de insistencia por parte de Washington, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que tomar una decisión difícil: ¿cómo? y si es que reactiva la producción de una centena de fábricas en 11 estados que elaboran sistemas y subsistemas bélicos para el Pentágono. Todo, sin poner en riesgo la salud de miles de empleados mexicanos debido a la crisis sanitaria. Hoy, numerosos sistemas producidos o integrados por manos mexicanas alimentan parte del complejo militar-industrial de Estados Unidos: el avión que vuela en Afganistán tiene partes mexicanas. 

El dron que patrulla Yemen, también. Lo mismo el sistema con el que se apunta a un misil sobre un enemigo, que cuenta con algún componente desarrollado o integrado en una fábrica al sur del Bravo. Miles de mexicanos trabajan día a día en la industria aeroespacial - no solo para alimentar líneas aéreas comerciales-, sino sostener los intereses estratégicos de Washington en sitios como el Medio Oriente, los Balcanes o Asia. Un listado elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2018, detalló que tras casi una década de crecimiento ininterrumpido ya tenían presencia en 11 estados del territorio nacional 300 corporativos aeroespaciales estadunidenses, algunos de ellos con una relación directa con el Pentágono como Boeing, Gulfstream, Northrop Grumman y la subsidiaria americana de la británica BAE Systems. Entre sus portafolios militares venden aviones con sistemas de ataque, misiles balísticos y drones artillados. Pero también hay empresas menos conocidas como las tijuanenses Esterline de México, que produce, entre otras cosas, explosivos de alto poder para misiles, Cobham SA de CV, que provee de aislamiento térmico al avión más moderno del mundo -el F-35- y, Hartwell-Mexicali, productora de las bisagras que sellan las cabinas de bombarderos y cazas supersónicos. 

En Baja California también tienen presencia otras compañías, como Souriau, que según su página web desarrolla "múltiples productos para aplicaciones específicas y entornos como conexiones de filtro para asegurar la transmisión de datos seguros y confiables en sistemas de disparo rápido para misiles". Te recomendamos: Aviación, un negocio que empeorará aún más: NYTOMT pide una reapertura responsable del turismo ante el coronavirus A la par, en Chihuahua se encuentra Textron, que produce en sus plantas el dron Nightwarden, utilizado por Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Suecia e Italia. O Kaman, que produce el dron K-Max, "que apoyará a los infantes de Marina estadunidenses en sus operaciones futuras" y que en configuraciones pasadas llevó carga a las fuerzas desplegadas en Afganistán. Y estos son solo algunos ejemplos de una relación militar previamente desconocida que ha llamado la atención en ambos lados de la frontera. "Estoy sorprendido de qué tan dependiente se ha vuelto Estados Unidos de la manufactura mexicana. 

Ya va más allá de autopartes y lavadoras: esa dependencia ya se extiende al sector de defensa estadounidense", señaló Adam Isaacson, especialista en seguridad nacional de Estados Unidos de la Oficina de América Latina para Washington (WOLA). William Hartung, director del programa de Armas del Centro de Política Internacional de Washington (CIP por sus siglas en inglés), consideró que la mano de obra barata terminó atrayendo también a los productores bélicos. "El Pentágono y productores estadunidenses de armas están cada vez más volteando a empresas no estadounidenses para que produzcan componentes para sistemas de armas. El papel de las empresas mexicanas había recibido poca atención hasta esta crisis", consideró "Una pregunta que queda abierta -agregó- es qué componentes están haciendo las firmas mexicanas y para qué sistemas de armamento. Si esos productos están siendo enviados a regímenes represores o en guerras en activo, el público mexicano seguramente debatirá sobre su hacer estos componentes en México es adecuado", dijo. 

Adecuado o no, el negocio es multimillonario: la industria aeroespacial en México ha tenido un crecimiento de doble dígito en la última década y en 2019 exportó más de 8 mil millones de dólares de productos, principalmente a Estados Unidos. Es un caudal en que se incluyen productos civiles, como los desarrollados por Bombardier en Querétaro, pero también equipos cuyo fin último es militar. Justo esa poco explorada pero real dependencia es hoy uno de los temas centrales de la relación bilateral. Durante semanas, el gobierno de Donald Trump ha insistido en que la industria aeronáutica en México sea catalogada por el gobierno mexicano como un sector esencial, para permitir el regreso de los trabajadores a las líneas de producción. Es un tema que tiene ramificaciones a los más altos niveles políticos y empresariales de Washington.

 "He tenido discusiones con nuestro embajador en México (Christopher Landau), CEOs de corporativos estadounidenses, miembros del Senado y la Cámara de Representantes y otros oficiales del Departamento de Estado (...) para resaltar cuáles son las empresas claves que están constriñendo nuestra distribución de productos de defensa. Queremos impulsar su apertura en México", aseguró la semana pasada la subsecretaria de Defensa de Estados Unidos, Ellen Lord. Pero Hartung advirtió que la primera potencia del planeta no corre ningún riesgo real por esperar unas semanas más, hasta que la pandemia de covid-19 haya corrido su curso y sea seguro para los empleados mexicanos regresar a las fábricas. "La prisa del Pentágono por mantener la producción de armas es un error enorme que pone en peligro a los trabajadores. Un retraso de unos meses no impactará de ninguna forma la capacidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", sentenció. 

Inteligencia Financiera investiga a José Narro

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alista una denuncia en contra de la administración del exsecretario de Salud, José Narro Robles por posibles actos de corrupción luego de que desde hace más de un mes se iniciaron investigaciones sobre su actuación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó a El Sol de México que se avanzó en la investigación iniciada al concluir la administración de José Narro Robles al frente de la Secretaría de Salud, en el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto, y se están configurando denuncias por los presuntos actos de corrupción.

La semana pasada, Narro Robles retó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer cuántas denuncias se habían presentado en su contra, y aseguró que durante su gestión interpuso 70 denuncias en la entonces Procuraduría General de la República en las que responsabilizaba a 15 diferentes gobiernos estatales sobre presuntos desvíos de recursos públicos.

En la comparecencia de Narro ante la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del VI Informe de Gobierno, en octubre de 2018, dijo que durante su gestión se presentaron ante la PGR 70 denuncias por desvíos de recursos por más de mil 150 millones de pesos, entre otros, en los estados de Veracruz, Michoacán y Jalisco.

Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera realiza una investigación directa sobre la gestión del funcionario y de su equipo de trabajo.

El 6 de junio del año pasado, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer aseguró que en el país hay 306 obras, entre hospitales y centros de salud, que “quedaron inconclusas, con un promedio de abandono de 6.4 años”.

Las consecuencias de ello, dijo, se traducen en la saturación de los servicios, retraso en el otorgamiento de consultas a los pacientes y más gastos en la regulación de la atención.

Alcocer Varela detalló que las obras fueron suspendidas por diversos motivos, entre los que mencionó la carencia de financiamiento, de plantilla laboral y de certificación por incumplimiento de la normatividad en salud, así como de las empresas constructoras. Todo ello, afirmó, aunado a la nula transparencia y, en algunos casos, a la corrupción.

Al consultar con la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a las 70 denuncias penales que interpuso el exsecretario de Salud, José Narro contra funcionarios de 15 entidades, indicaron que buscarán en las delegaciones de los estados para ver el status de las denuncias penales interpuestas.

El procedimiento señala que cuando se levanta una denuncia penal en los estados, son las delegaciones metropolitanas de la FGR, ubicadas en cada entidad, las encargadas de iniciar las respectivas carpetas de investigación y llevar el seguimiento de las investigaciones.

De acuerdo con los últimos reportes de la Auditoría Superior de la Federación se realizaron revisiones a los montos asignados a obras de remodelación y construcción de unidades hospitalarias, por ejemplo, las acciones que se realizaron en el Hospital General de Matamoros, en el estado de Tamaulipas y el Hospital de Especialidades de Chetumal, en Quintana Roo, ahí la auditoría determinó en el año 2018 que quedaban 371 millones 433 mil 944.03 pesos pendientes por aclarar.

En las revisiones también se incluyen temas como la revisión al programa de Vacunación Universal en el año 2017, en donde se verificó el presupuesto asignado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, y la auditoría determinó iniciar 12 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en contra de funcionarios de esa gestión debido a las diversas irregularidades.

El CENSIA no aplicó una deducción al pago del proveedor por 340 dosis no entregadas; asimismo, no acreditó el reintegro a la Tesorería de la Federación en virtud de la aplicación de penas convencionales debido a que el proveedor suministró las dosis de vacunas con fecha posterior a la estipulada en el contrato.

Al respecto, los senadores Alejandra Reynoso Sánchez y Miguel Ángel Mancera, exigieron una investigación a fondo también de las 70 denuncias por desvíos de recursos –alrededor de mil 150 millones de pesos- que en su momento presentó la Secretaría de Salud, encabezada por José Narro, ante la PGR.

“El primero de los que tenían pendientes era Chiapas”, dijo la panista, por tanto, que haya un seguimiento a los expedientes, a las carpetas abiertas, enfatizó.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera, explicó que ante denuncias del entonces secretario Narro, todas y cada una de ellas deben tener un trámite y un número de carpeta de investigación, “seguramente están en curso de integración, en virtud de la secrecía, puede ser que la FGR esté integrando algunas de ellas o que haya resuelto”, planteó.

Automotriz, minería y construcción ya son actividades esenciales

Las industrias automotriz, minera y de la construcción se encuentran listas para la reapertura de actividades a partir de hoy (miércoles) y sólo espera la publicación oficial para arrancar, luego de que el Consejo de Salubridad General (CSG) aprobara su retorno como actividad esencial dentro de la economía mexicana, al contribuir con más de 10% al PIB nacional.

Durante su tercera reunión de la sesión permanente, el CSG aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención frente al Covid-19, entre ellas la demanda del sector industrial para homologar actividades con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con lo cual se da el retorno a la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte (se considera a la industria automotriz, aeroespacial, ferroviaria y naviera) como actividades esenciales dentro de la economía mexicana, luego de estar paralizadas durante la cuarentena para evitar contagios del Covid-19.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que encabeza Francisco Cervantes, aplaudió la medida de reincorporar a las industrias como esenciales.

La cadena automotriz en México (autopartes, vehículos ligeros y pesados) informó que sólo se espera la publicación del acuerdo, a través del Diario Oficial de la Federación, para definir sus alcances.

“Agradecemos el reconocimiento que la autoridad está haciendo a la industria productora de vehículos para el autotransporte. Hay que enfatizar que nuestros vehículos son un bien productivo, no un bien de lujo que atienden a todas las actividades económicas”, sostuvo Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y analista de la Concamin, comentó que el arranque de actividades como la automotriz, minera y construcción conlleva a beneficiar a la economía mexicana, por el aporte de más de 10% al PIB, al atender al mercado interno y el exportador.

“Estos tres sectores son parte del corazón de la industria que está en recesión y cuenta con el potencial de impulsar otras 100 ramas industriales”, destacó.

La industria automotriz informó que el sector de autopartes entraría de inmediato a operar para abastecer a sus socios comerciales, pues sus matrices reabren el siguiente lunes.

El CSG destacó como segundo punto de su acuerdo, el hecho de que se liberan restricciones para actividades escolares y laborales en 300 municipios sin contagio que tengan vecindad con demarcaciones también libres de contagio.

El tercer acuerdo es que todas las empresas y establecimientos aplicarán medidas sanitarias de manera obligatoria en el entorno laboral, las cuales serán emitidas por la Secretaría de Salud, el IMSS y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Constructores, listos

Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Ramírez, afirmó que sus afiliados están listos para reanudar actividades en el momento que se les indique y que en una primera etapa lo adecuado sería en obras a cielo abierto (carreteras, aeropuertos, hoteles, desarrollos industriales o comerciales, por ejemplo), cumpliendo con estrictos controles sanitarios, que incluyen un supervisor Covid.

“Se puede empezar en sitios donde haya menos personal y luego nos tomaríamos unos cuatro días para capacitar a los involucrados en los trabajos que se realizan en espacios confinados. Será un proceso gradual, pero este mes podemos empezar a retomar el ritmo”, comentó.

Entre las medidas que estableció la cámara están: medir temperatura al inicio de los trabajos al personal y durante las jornadas, tener espacios para el lavado de manos varias veces al día, dotar de equipo de protección sanitario y en los casos que sea posible, movilizar en transporte de la empresa a los colaboradores.

Proveeduría automotriz reiniciará sin premura

Guadalajara, Jal. Pese al reinicio de la actividad en las plantas automotrices y la cadena de suministros en México, el sector debe ser cauteloso y reactivar las empresas poco a poco, para garantizar la seguridad de los trabajadores aseveró el presidente del Clúster Automotriz del Estado de Jalisco, Rubén Reséndiz Pérez.

Advirtió que “apurar la reactivación podría traer consecuencias en contagios de coronavirus”.

Afirmó que la industria automotriz enfrenta dos crisis, la económica y la sanitaria, por lo que se pronunció por que el reinicio de la actividad se realice sin premura, garantizando la salud de los trabajadores.

El presidente del clúster anticipó que las empresas que laboraban con tres turnos reiniciarán actividades con uno solo para mantener la sana distancia. “Si tenían 100 trabajadores en un turno, creo que van a empezar con 50 o 60, aunque va a depender de las órdenes de compra que van a mandar las armadoras”.

Pese a que los proveedores de autopartes no comiencen la producción a 100% de su capacidad, una vez que la fabricación de equipo de transporte ha sido incorporada a la lista de actividades esenciales en el marco de la contingencia en México, Rubén Reséndiz descartó riesgos de perder el mercado norteamericano.

Explicó que el proceso para seleccionar un proveedor puede tardar meses debido a que deben verificarse un sinnúmero de factores, principalmente relacionados con sistemas de calidad y certificaciones debido a que las autopartes, dijo, inciden en la seguridad de personas.

Indicó que en Jalisco hay alrededor de 120 empresas dedicadas a la proveeduría automotriz que generan 8,000 empleos directos. De ellas, las proveedoras Tier 1, es decir, las que fabrican equipos originales de un automóvil, se encuentran instaladas en Lagos de Moreno, por su vecindad con el Bajío donde se ubican las principales armadoras en México.

Las empresas Tier 2 y Tier 3, proveedores de proveedores, se encuentran principalmente en El Salto, Tlajomulco, Zapopan y la zona industrial de Guadalajara. (Con información de Patricia Romo)

En suspenso, regreso a clases

Los gobiernos de al menos 12 entidades se negaron a reanudar sus actividades académicas el 1 junio, como lo planteó la Secretaría de Educación Pública (SEP), luego de considerar que no existen las condiciones óptimas para evitar un aumento en contagios de COVID–19.

De acuerdo con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a partir del 17 de mayo se permiten las actividades educativas, sin embargo, para la Federación no está considerado como prioridad.

Aún así, Baja California fue el primer estado en exponer su propio calendario escolar, al anunciar un fin de ciclo adelantado, por lo cual ya trabaja en un plan de regularización a distancia.

Similares medidas adoptaron Tamaulipas, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Coahuila, donde anunciaron que el ciclo escolar concluirá a través de clases virtuales o en línea.

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El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, destacó que los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria son prioridad para que puedan realizar los trámites para su siguiente etapa escolar, y si las condiciones lo permiten, el 24 de agosto las escuelas de educación básica vuelvan a abrir sus puertas.

En Nuevo León, la secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, afirmó que no se van a reanudar las clases hasta que inicie el próximo ciclo escolar.

Sin embargo , Marco Fernández, investigador de México Evalúa, considera que las clases en línea han provocado rezagos educativos, principalmente en los estudiantes que no tienen acceso a internet.

En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo Media Group, el especialista señaló que parte del aprendizaje es la interacción con los compañeros y maestros, y con la contingencia sanitaria no se tiene un intercambio de ideas adecuado, lo que puede generar que, al no contar con dicho estímulo, algunos alumnos desistan de continuar con sus estudios al reanudar las clases.

Otros estados que se unieron a la negativa de reactivar clases, ante el aumento de casos de COVID–19, son Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala y Puebla.

Pese a que la falta de internet en al menos 43 por ciento de los hogares en Puebla dificulta el aprendizaje, el gobernador Miguel Barbosa vio más probable que las clases se renueven a finales de junio.

Plan de regreso: 11 entidades con semáforo en verde; 13 en alerta máxima

Con 11 de las 32 entidades del país con ninguno o pocos contagios registrados por Covid-19, cuatro estados con un porcentaje aceptable, cuatro con un registro alto y 13 en alerta máxima, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy la “nueva normalidad” en la que comenzará a vivir nuestro país a partir del próximo lunes 18 de mayo.

De acuerdo con el mapa “Covid-19: Nivel de Tendencia y alerta” que presentaron ayer autoridades federales de salud a gobernadores y a la Jefa de Gobierno, las decisiones de movilidad se tomarán con base en el color que tengan en el semáforo de alerta, que consta de cuatro colores que se acordó ayer durante la reunión virtual privada que encabezó la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

Se definió que el verde representa un nivel de alerta bajo, es decir, de ninguno o pocos contagios; el amarillo, de media o algunos; naranja es alta, con cifras relevantes, y rojo, de alerta máxima, con altos números reportados.

“El principio de máxima precaución siempre aplica y si en un momento dado se libera una zona particular (…) vamos a monitorearlo todos los días con múltiples parámetros que tiene que ver con la curva epidémica”

Hugo López-Gatell

Subsecretario de Salud

Además, de acuerdo con su movilidad y disminución de contagios, cada entidad cuenta con tres niveles de contagios: un triángulo hacia arriba significa que sube la posibilidad; un cuadrado, que hay estabilidad, y un triángulo invertido, que la tendencia va a la baja. De esta forma, las entidades en verde con tendencia al alza son Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí y Chiapas; los estables son Colima, Durango y Zacatecas, mientras que Chihuahua es el único en ese tono a la baja.

En color naranja están Nayarit y Veracruz, ambos al alza , en posibilidad de contagios, mientras que Puebla y Michoacán están estables debido a sus controles de movilidad. En amarillo se encuentran cuatro entidades: Aguascalientes y Oaxaca, estables; Sonora al alza, en tanto que Tamaulipas, a la baja.

Entono rojo, es decir, en alerta máxima, están Yucatán, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Tabasco, entidades que además tienen una tendencia al alza de contagios; el Estado de México, la Ciudad de México, Baja California, Sinaloa y Quintana Roo se mantienen a la baja, mientras que Baja California Sur y Tlaxcala están estables.

Más tarde, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell adelantó que esto se tiene que hacer de manera organizada y cuidada, “lo que quiere decir es que el principio de máxima precaución siempre aplica y si en un momento dado se libera una zona particular del país o un conjunto de municipios o una zona urbana o un sector económico vamos a monitorearlo todos los días con múltiples parámetros que tiene que ver con la curva epidémica”.

El dato: El Gobierno de México anunció el 16 de abril que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extendería hasta el 30 de mayo, con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

“(Esto) va a permitir es de manera muy temprana si estuviéramos viendo una progresión o un retorno de la epidemia, desde luego regresar y contenerla”.

Acoche, el Consejo de Salubridad General (CSG) aprobó cuatro acuerdos sobre el levantamiento de medidas de seguridad sanitaria tras el término de la Jornada Nacional de Sana Distancia, uno de ellos es la definición de un semáforo semanal para cada entidad federativa. Los otros acuerdos son: incorporar a la lista de actividades esenciales la construcción, minería y fabricación de equipo de transporte; liberar restricciones para actividades escolares y laborales en municipios y medidas sanitarias obligatorias en comercios.

Los disidentes Jalisco y Nuevo León, entre los menos afectados por el COVID-19

Ayer Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Salud y cara visible del gobierno morenista ante la crisis del COVID, indicó que cuando la CDMX haya superado lo peor de la pandemia, podrá ayudar a Jalisco y Nuevo León con sus ventiladores. Sólo que hay un detalle, en esas ciudades el contagio está frenado y es muy probable que no requieran la ayuda de la Federación. Abiertamente las dos entidades comandadas por Enrique Alfaro y Jaime Rodríguez El Bronco, respectivamente, no compartieron nunca la estrategia de la Federación, puesto que consideraron que el gobierno de López Obrador perdió un tiempo valioso al no adelantar el distanciaiento social. Ambos gobernadores debían enfrentar el hecho de que tenían una concentración urbana importante, con zonas conurbadas, como capital estatal.

Tanto Alfaro como El Bronco recurrieron al cierre de actividades educativas y económicas desde antes y, además, mostrándose mucho más dispuestos a tomar acciones para evitar que los ciudadanos liberados de la escuela o el trabajo pudieran moverse libremente por las calles. 

Los resultados son espectaculares, ya que en las gráficas de las que gusta tanto López-Gatell, las tendencias de contagios y decesos por COVID-19 en ambas entidades se mantienen como una línea plana en la parte más baja, mientras que los datos nacionales y los de la Ciudad de México se disparan hacia arriba.

Es cada vez menos factible que las tendencias COVID en Jalisco y Nuevo León sufran cambios bruscos y esto será aún más probable conforme el tiempo pase; los disidentes han dado muestras de que no atenderán las fechas de regreso a clases o al trabajo que la Federación está planteando con evidente urgencia por recuperar la normalidad.

Con Rápido y furioso, EU violó la soberanía o Calderón la Constitución

El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos toda la información disponible sobre el operativo Rápido y furioso –que inició a finales de 2009–, pues si se ejecutó sin el conocimiento de las autoridades mexicanas del más alto nivel, la administración estadunidense habría incurrido en una violación a la soberanía. Y si la gestión de Felipe Calderón supo y lo autorizó, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución, pues mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad.

Así lo expuso el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en una nota diplomática sobre el tema que envió al titular de la embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau. En el documento, se remarcó que la información reque-rida es la relacionada con las más de 2 mil armas que entraron a territorio mexicano como parte de la operación y de las declaraciones hechas por los procesados del caso.

Ebrard dio a conocer ayer por la tarde el contenido de la nota diplomática, luego de que, por la mañana, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara de graves los alcances de dicha operación, no sólo por la cantidad de muertes asociadas a las armas internadas a México, sino por la violación flagrante a nues-tra soberanía.

El titular del Ejecutivo federal subrayó que aun cuando recientemente el ex presidente Calderón aseguró no haberse enterado durante su mandato de la realización de ese operativo, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno estadunidense, el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, conoció del mismo.

En la nota diplomática, el canciller Ebrard señaló que agencias estadunidenses indican que el operativo comenzó a implementarse a finales de 2009 (durante los gobiernos de Calderón y Barak Obama).

Esta operación involucró el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre, que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos, e inclusive, en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadunidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido.

Contrario a ello, enfatizó, el tráfico ilícito de armas de aquel país al nuestro ha crecido en los últimos años y a la fecha, la comunicación y planeación de Rápido y furioso entre las entonces autoridades de ambas naciones no ha sido suficientemente aclarada.

Ebrard aseveró que, si bien ex funcionarios mexicanos negaron haber conocido de la operación, existen elementos que evidencian lo contrario, como las declaraciones del ex secretario de justicia estadunidense, Eric Holder, en el sentido de que las autoridades de justicia de México lo supieron y el hecho de que la identificación de las armas sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país.

Por ello, la Fiscalía General de la República solicitó en septiembre de 2019 a las autoridades de Estados Unidos la información referida, requerimiento ratificado en febrero.

“El gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información disponible respecto al operativo Rápido y furioso, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países”, finaliza la nota diplomática.