Con Rápido y furioso, EU violó la soberanía o Calderón la Constitución
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El gobierno de México solicitó al de Estados Unidos toda la información disponible sobre el operativo Rápido y furioso –que inició a finales de 2009–, pues si se ejecutó sin el conocimiento de las autoridades mexicanas del más alto nivel, la administración estadunidense habría incurrido en una violación a la soberanía. Y si la gestión de Felipe Calderón supo y lo autorizó, estaríamos ante graves violaciones a la Constitución, pues mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad.
Así lo expuso el canciller Marcelo Ebrard Casaubón en una nota diplomática sobre el tema que envió al titular de la embajada de Estados Unidos en México, Christopher Landau. En el documento, se remarcó que la información reque-rida es la relacionada con las más de 2 mil armas que entraron a territorio mexicano como parte de la operación y de las declaraciones hechas por los procesados del caso.
Ebrard dio a conocer ayer por la tarde el contenido de la nota diplomática, luego de que, por la mañana, en su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara de graves los alcances de dicha operación, no sólo por la cantidad de muertes asociadas a las armas internadas a México, sino por la violación flagrante a nues-tra soberanía.
El titular del Ejecutivo federal subrayó que aun cuando recientemente el ex presidente Calderón aseguró no haberse enterado durante su mandato de la realización de ese operativo, de acuerdo con documentos desclasificados del gobierno estadunidense, el entonces procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, conoció del mismo.
En la nota diplomática, el canciller Ebrard señaló que agencias estadunidenses indican que el operativo comenzó a implementarse a finales de 2009 (durante los gobiernos de Calderón y Barak Obama).
Esta operación involucró el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre, que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compraventa ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia. No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos, tanto en México como en Estados Unidos, e inclusive, en terceros países, dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadunidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo referido.
Contrario a ello, enfatizó, el tráfico ilícito de armas de aquel país al nuestro ha crecido en los últimos años y a la fecha, la comunicación y planeación de Rápido y furioso entre las entonces autoridades de ambas naciones no ha sido suficientemente aclarada.
Ebrard aseveró que, si bien ex funcionarios mexicanos negaron haber conocido de la operación, existen elementos que evidencian lo contrario, como las declaraciones del ex secretario de justicia estadunidense, Eric Holder, en el sentido de que las autoridades de justicia de México lo supieron y el hecho de que la identificación de las armas sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país.
Por ello, la Fiscalía General de la República solicitó en septiembre de 2019 a las autoridades de Estados Unidos la información referida, requerimiento ratificado en febrero.
“El gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información disponible respecto al operativo Rápido y furioso, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países”, finaliza la nota diplomática.
Aún se necesitan a las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia: Alfonso Durazo
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, admitió que se necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar la delincuencia, debido a que la Guardia Nacional aún se encuentra en proceso de consolidación. A través de su cuenta de Twitter, Durazo dijo requerir "que las Fuerzas Armadas brinden su apoyo para lograr hacer frente a la delincuencia; lo cual será hasta el 27 de marzo del 2024, día en que concluye la vigencia del acuerdo mencionando, dando cabal cumplimiento al plazo de cinco años establecido en la reforma publicada el 26 de marzo de 2019”.
"Específicamente, el artículo quinto transitorio establece que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente sólo en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", explicó la dependencia. Durazo señaló que si bien hay avances muy importantes en torno a la creación administrativa e implantación territorial de la Guardia Nacional, dicha institución aún se encuentra en proceso de consolidación, sobre todo en el despliegue que se necesita para cubrir todo el territorio nacional.
"El objetivo del Acuerdo publicado hoy es darle operatividad a dicho mandato legislativo. Forma parte del andamiaje legal de las reformas ya aprobadas hace más de un año a partir del consenso histórico y el apoyo de todas las fracciones parlamentarias representadas en los poderes legislativos federal y de los estados de la República", reiteró la Secretaría de Seguridad.
Legisladores y expertos celebran freno a ‘Ley Bonilla’
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Dirigentes de partidos, legisladores, titulares de organismos autónomos y políticos en general celebraron el freno y rechazo que hizo la Suprema Corte de Justicia a la llamada ‘Ley Bonilla’, con la que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pretendía ampliar de dos a cinco años su mandato.
Desde octubre de 2019 el PAN, PRD y MC promovieron por separado acciones de inconstitucionalidad a la ampliación del morenista, luego de que el Congreso de Baja California reformara la Constitución local para extender su periodo en el cargo.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de Morena, dijo: “saludo la sentencia de la Corte. No podía permitirse una reforma ilegal”.
Marko Cortés, del PAN, calificó de histórica la decisión y dijo que se fortalecen la democracia y el Estado de derecho.
El lunes, el pleno de ministros de la Suprema Corte declaró por unanimidad de 11 votos la inconstitucionalidad de la llamada ‘Ley Bonilla’.
El ministro presidente Arturo Zaldívar acusó que la reforma legislativa que dio origen a dicha ley resulta un “gran fraude” postelectoral y a la Constitución, además de que representa un “ilícito constitucional atípico”, fraguado y maquinado desde el Congreso de Baja California mediante un “efecto corruptor” que manipuló la Constitución federal y los principios de la democracia.
El ministro José Luis González apuntó que la reforma, impulsada por Morena en el Congreso de Baja California, resultó en un “atropello” a derecho al voto libre, secreto y directo.
Los ministros resolvieron que esa reforma violó el periodo de veda legislativa; los derechos a votar y ser votado; los principios de certeza jurídica, certeza electoral, elecciones periódicas y no reelección, así como la prohibición de retroactividad en la aplicación de la ley.
“Todas estas consideraciones son muy graves y cada una de ellas por sí misma sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada” dijo el ministro Zaldívar.
Agregó que todas esas consideraciones inter-relacionadas ponen de manifiesto el fraude a la Constitución y el efecto corruptor que pretendió burlar la voluntad popular, pues el Congreso de Baja California alternó los resultados de un proceso electoral concluido al decretar por ley que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco.
Los ministros estimaron que ni una supuesta consulta popular (como la que se hizo en octubre pasado para validar la reforma) ni la pandemia por el COVID-19, pueden ser usados para convalidar la violación a la voluntad popular con pretextos o excusas metaconstitucionales.
La resolución de la SCJN se dio en el marco del análisis de la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/019, 114/2019 y 115/2019, promovidas por el PAN, PRI, PRD y MC, así como la CNDH.
En ellas se impugnó la reforma al artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019 y vigente a partir del 17 de octubre de 2019, cuando se publicó en el Periódico Oficial del estado, mediante decreto 351.
Los ministros estimaron que dicha reforma violó el artículo 105 constitucional, que obliga a que toda reforma en materia electoral debe ser legislada y aprobada al menos 90 días antes del proceso electoral.
Detallaron que el proceso por el que Jaime Bonilla fue electo como gobernador de Baja California se inició, desarrolló y concluyó bajo la vigencia plena del artículo octavo transitorio original que establecía una duración de la gubernatura por dos años, y fue hasta 36 días después de la elección cuando dicho artículo se reformó para ampliar el periodo de gobierno a cinco años.
Los ministros Norma Piña y Alfredo Gutiérrez señalaron que la reforma, defendida en más de una ocasión por el propio Jaime Bonilla, “traicionó” el espíritu de la Constitución y “atacó el corazón del sistema democrático”.
En tanto la ministra Yasmín Esquivel aseguró que la decisión de la SCJN sienta un precedente para evitar que autoridad federal, estatal o municipal cambie las reglas electorales para perpetuarse en el cargo.
'Sigo pensando que tengo la razón': Bonilla
El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, informó que acepta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida la llamada ‘Ley Bonilla’, con la que se pretendía ampliar de dos a cinco años su gobierno.
Pero señaló: “Sigo pensando que tengo la razón, pero acepto la decisión y se acabó, esto sigue”.
El mandatario cuestionó también a los ministros: “Yo todavía les pregunto, si es inconstitucional, que nos digan cuál es el artículo de la Constitución que se violó”, y añadió que ese “es el punto de vista de ellos, no estoy de acuerdo con ellos, ni mis abogados, pero les dije desde un principio que se iba a respetar el fallo. Lo estamos respetando”.
Bonilla subrayó que no se trató de obtener el poder por el poder, sino de ayudar a que no haya otro gobierno panista en la entidad.
Más tarde, acusó a la Coparmex de influir en la decisión de los ministros de la Corte, y aseguró que la Confederación Patronal “operó” para ello, pues “son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano”.
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Jaime Bonilla, gobernador de Baja CaliforniaFuente: Cuartoscuro
Partidos, legisladores, INE, expresidentes y hasta Segob celebran el fallo
Dirigentes nacionales, legisladores federales de los partidos de oposición, titulares de organismos autónomos y el expresidente Felipe Calderón celebraron el freno de la llamada “Ley Bonilla”.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de Morena, expresó: “No podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo de Baja California. Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas”.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo que “triunfó el orden constitucional sobre la marrullería, sobre la compra de voluntades y la ambición desmedida de poder de Bonilla y de Morena”.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que “con el fallo histórico de la Suprema Corte se evita que en México regresen las reelecciones disfrazadas”.
El dirigente del PRD, Ángel Ávila, sostuvo que “con la resolución ganamos todos, se sienta un precedente para que nadie pueda alterar los periodos de gobierno y menos si no se ganó en las urnas”.
El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que “esta decisión preserva la democracia y la división de Poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”.
Incluso Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, externó que celebra “la decisión de la Corte…personalmente sostengo que la ley es inconstitucional y mi postura siempre ha sido en ese sentido”.
En el Senado, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena, indicó que “el principio de legalidad y la división de Poderes garantizan vivir en un pleno estado de Derecho. Saludamos y respetamos la decisión histórica de la Suprema Corte”.
El priista Miguel Ángel Osorio Chong celebró el fallo y apuntó que “la ‘Ley Bonilla’ era inadmisible, agredía a nuestra Carta Magna y a nuestros principios democráticos”.
En tanto, el expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter: “Felicidades a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Su resolución es una bocanada de aire fresco en un ambiente enrarecido por constantes desplantes de autoritarismo y quebranto de la ley”.
Con información de Susana Guzmán, Víctor Chávez y Eduardo Ortega
IMSS cancela contrato a empresa ligada con Rocío Nahle
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Después de que El Sol de México informó a la opinión pública que el IMSS en la Ciudad de México había asignado el segundo contrato más valioso para la compra de ventiladores a Bidcom Energy, una empresa vinculada al compadre de Rocío Nahle, el instituto inició este lunes el proceso de rescisión administrativa.
De acuerdo con una respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la empresa creada apenas en agosto de 2019 incumplió con la presentación de la fianza y la entrega de los bienes.
Tal como publicó este diario, la fecha límite de entrega era el 8 de mayo.
Sin embargo, el IMSS ya no le comprará ningún ventilador “debido a que (la empresa) incumplió con el proceso de compra-venta”.
El Sol de México dio a conocer este lunes que el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Distrito Federal Sur del IMSS publicó el 21 de abril el fallo de adjudicación directa a la empresa que presentó una cotización por 114 millones 91 mil 800 pesos para la venta de 100 ventiladores para la atención de pacientes graves infectados con el coronavirus Covid-19.
“La compra de los ventiladores al proveedor se realizó en términos de garantía oportuna; los productos se encontraban al costo promedio del mercado, con base en criterios donde la disponibilidad es un factor fundamental, además de las características técnicas y de mantenimiento”, respondió el IMSS.
El contrato adjudicado ese día era el primero que recibía Bidcom Energy S A de CV del gobierno federal. La empresa fue constituida en agosto de 2019 en Coatzacoalcos, Veracruz, con un capital social de 50 mil pesos y es parte de una red de empresas propiedad de la familia Quintanilla.
Según el acta de constitución disponible en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía (SE) establece que como presidente del Consejo de Administración de Bidcom Energy quedó registrado Josué Quintanilla Ayache y como secretario Jaime Quintanilla Ayache.
Ambos son sobrinos de Arturo Quintanilla Hayek, el prominente empresario de la región sur de Veracruz compadre de Rocío Nahle, la secretaria de Energía.
En enero de 2018, todavía como diputada federal y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Nahle reconoció públicamente el parentesco religioso con Quintanilla Hayek.
"Efectivamente él (Arturo Quintanilla) es mi compadre, pero no tengo ninguna injerencia en el asunto", respondió a la prensa local cuando fue cuestionada por la adjudicación a Quintanilla Hayek por parte del Ayuntamiento de Coatzacoalcos de un megaproyecto para construir un relleno sanitario, pero que al final fue cancelado por protestas de los habitantes de la zona.
Arturo Quintanilla Hayek junto con su hermano Jaime Rafael, son reconocidos en la zona sur del estado de Veracruz por haber construido al menos 20 empresas con las que abarcan rubros como bienes raíces, construcción, herramientas especializadas, equipos hidráulicos en renta, minería, fondos de inversión, seguros, asesoría especializada y esparcimiento.
Bidcom Energy es parte de esta red que se había estrenado con el IMSS.
Jaime Bonilla: Respetamos decisión de la Suprema Corte, pero no estamos de acuerdo
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Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inválida la ley que permite a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, alargar su mandato de dos a cinco años
El gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez dijo que a pesar de estar en desacuerdo respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que este lunes declaró inconstitucional la reforma de ley que amplió su gobierno de dos a cinco años.
“Siempre dijimos que vamos a respetar la decisión. Votaron como en una democracia, y en una democracia se gana o se pierde. Aquí yo creo que quien pierde es el Estado”, declaró a unos minutos de que por decisión unánime redujeran su mandato a dos años.
Bonilla Valdez dijo que a pesar de no estar de acuerdo con los magistrados y la reducción de su periodo, continuará con su plan de gobierno en el cual propuso alrededor de 100 promesas de campaña de las cuales, aseguró, ya ha cumplido por lo menos 59.
En julio de 2019, el Congreso de Baja California voto a favor de reformar el artículo Octavo del decreto 112 que amplió el periodo gubernamental de Bonilla Valdez, cuando ya había ganado las elecciones. La medida causó polémica por lo que fue realizada una consulta ciudadana con la que se respaldaron los congresistas locales.
La 4T regresa al Ejército a la calle
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Aunque la actual administración creó a la Guardia Nacional para prescindir del apoyo del ejercito en labores de seguridad, el sexenio va a finalizar con las Fuerzas Armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública.
A través de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación, se mandata que Ejército y Marina Armada funcionen como auxiliar de la Guardia Nacional.
“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”, dice el documento.
La participación del Ejército se fundamenta en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional mediante la cual se posibilitó la creación de la Guardia Nacional, y que permite al Presidente disponer de los militares en este tipo de tareas, en tanto la Guardia Nacional fortalece su estructura.
De 45 funciones que tiene la Guarda Nacional, a las Fuerzas Armadas les corresponde participar en 12 de las señaladas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.
Las actividades en las que participan militares y marinos van desde prevención del delito, restablecimiento del orden y detención de personas, hasta preservación de escenas del crimen, operativos conjuntos, y apoyo en desastres naturales, entre otras actividades.
Quedaron fuera de sus facultades la conducción de investigaciones, operaciones encubiertas, actividades de inteligencia, la recepción de denuncias.
La publicación del decreto, vigente desde hoy y hasta el 27 de marzo de 2024, llega cuando el país atraviesa un pico de violencia; mientras que en 2018, el promedio de homicidios diarios era de 94.9, en 2019 cerró con 97.5 registros al día.
VEN DECRETO CON SOSPECHA
Organizaciones civiles y académicos desconfían del decreto que incluye a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad durante los próximos cuatro años.
“Es un retroceso, porque se dijo que la solución al tema de la seguridad pública era la Guardia Nacional, y si un año y dos meses después usas a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo de sus tareas pues eso demuestra su fracaso”, explicó Martín Barrón, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
De acuerdo con Barrón, uno de los principales problemas es que el decreto convierte a los militares en primeros respondientes y, en la gran mayoría de los casos, carecen de la preparación para ello.
“Puede ser que los mandos del Ejército tengan alguna preparación en derechos humanos, pero tradicionalmente al que tú te vas a topar va a ser un soldado (raso) y no tiene esa preparación”, señaló.
El colectivo #SeguridadSinGuerra señaló que el decreto pone en evidencia un camino hacia la militarización de la seguridad pública.
“Normaliza la práctica establecida desde el gobierno de Felipe Calderón: la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional”, explicaron en un posicionamiento.
El Centro Pro, señaló que el decreto evidencia que la Guardia Nacional se va a concretar hasta 2024.
Ven retorno de sólo 13% de municipios; marcha atrás si hay problemas: AMLO
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El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una reunión con su gabinete en la que comenzaron a definir el plan de reapertura económica en el país después de la contingencia sanitaria por Covid-19.
Entre las primeras acciones se reafirmó que serán los municipios que no tienen contagios ni en sus localidades ni en las localidades vecinas los que volverán a la normalidad.
De acuerdo con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, son 999 los que no tiene contagios, pero sólo una tercera parte cumple con el segundo criterio.
“Son prácticamente mil, pero no son los que se van a abrir si no son los que se están estudiando y que progresivamente podrán retomar actividades (…) tentativamente sería 30 por ciento”, expuso a los medios de comunicación a su salida de Palacio Nacional.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en México existen dos mil 458 municipios y 16 alcaldías. La tercera parte de los municipios susceptibles de regresar a la normalidad (333), equivale a 13.54 por ciento de las localidades del país.
Alcocer fue enfático en que, de acuerdo a las evaluaciones, “es muy posible que a partir del 17 reinicie la actividad”; sin embargo, “va a seguir habiendo virus, seguirá habiendo epidemia, pero sí vamos a contener de la mejor manera que podamos”.
Por ese motivo, insistió, la fecha es tentativa, pues “seguimos evaluando de forma periódica para tener una guía de lo que podemos predecir”.
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Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que en su entidad, 203 de los 570 municipios, están en condiciones de retomar actividades a partir del próximo 17 de mayo.
Aunque sostuvo que “vamos a esperar que sea el consejo de salubridad el que tome las decisiones”, explicó que “en Oaxaca se ha podido mantener estable esta curva”, y agregó que “hay 203 municipios que no tienen casos activos y tampoco tienen a su alrededor municipios vecinos con casos activos”.
En tanto, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, adelantó que ya está en pláticas con el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, para revisar las actividades productivas esenciales que involucra a las industrias de ambos países.
“Hemos estado analizando y sobre todo enfatizando, Estados Unidos llegó primero a la pandemia, nosotros estamos unas semanas atrás y como ha enfatizado el Presidente López Obrador tenemos que hacer un balance entre la salud, la parte social, la parte educativa la parte económica”, indicó.
Expuso que, adicionalmente, a nivel nacional se analiza a detalle la reapertura de las industrias: “Vamos a trabajar en esta semana vamos a tener avances importantes en el plan de reapertura”.
Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, celebró que, derivado de todas las medidas que se han tomado, “y sobre todo el cumplimiento de la gente que sé que ha sido ejemplar, pues ya permite que en algunas zonas del país donde el contagias más bajo, podemos reiniciar con esas actividades”.
Hasta la noche de ayer, se contabilizaron 36 mil 327 casos confirmados de Coronavirus y tres mil 573 decesos. Pese a dichas cifras, por la mañana, el Presidente sostuvo que estamos en condiciones de retomar actividades, y adelantó que el plan de reapertura será presentado el próximo miércoles o jueves.
El dato: La Organización Mundial de la Salud advirtió de un “riesgo muy real” de volver al aislamiento social si los países no manejan la transición con mucho cuidado y con un enfoque gradual.
“Ya para ver cómo se va a llevar a cabo la apertura, cómo vamos a regresar a la normalidad, tanto en lo territorial como en lo sectorial, para que se puedan abrir por regiones sectores como el educativo, el automotriz, la industria de la construcción, las empresas relacionadas con el tratado para producir y exportar, abrir la actividad turística, el regreso a clases”, aseveró.
El mandatario federal sostuvo que “fue buena estrategia la de aplanar la curva”, y afirmó que “está dando resultados”.
“Vamos avanzando y si se nos presentan problemas damos marcha atrás, pero ya tenemos condiciones para hacer eso”, dijo.
Pandemia dejaría 9.8 millones de pobres más, prevé Coneval
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), reportó que el número de pobres por ingreso podría aumentar debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa nuestro país, situación por la que se vislumbran dos posibles escenarios de lo que podría pasar por la emergencia sanitaria que prácticamente paralizó la vida económica y social de millones de empresas y personas: uno, es que se registre una caída generalizada del ingreso, la cual podría ser del 5 por ciento, y otro es que se registre una reducción del ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana.
En el documento La política social en el contexto de la pandemia por el Covid-19 en México, señaló que el aumento en la tasa de desempleo se estimó entre 3.3 y 5.3 por ciento en 2020, así como un incremento de entre 37.3 y 45.8 por ciento en la pobreza laboral en los primeros dos trimestres del año, lo que representará la cifra más alta de ese indicador desde 2005.
“La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleve a encontrarse en alguna de estas condiciones”.
Al respecto, precisó que la crisis económica derivada de la contingencia de COVID-19 revertirá los avances en desarrollo social alcanzados durante la última década y la pobreza por ingresos se podría incrementar entre 6.1 y 10.7 millones de personas este año, que se sumarían a los 60 millones reportados al cierre del año pasado, ante lo cual, para la pobreza laboral se estima un incremento del 37.3 por ciento a 45.8 por ciento en el segundo trimestre del 2020.
El organismo encargado de la medición de la pobreza y evaluación de programas sociales refiere que los más afectados serán los grupos de población más vulnerables así como los residentes de las ciudades.
En los dos escenarios que se plantean en el documento, se advierte que el total de personas en situación de pobreza por ingreso, es decir, aquellas a las que no les alcanza para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos, se incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, lo que equivale a entre 8.9 y 9.8 millones de personas, lo cual significaría que el porcentaje de pobres por ingreso en México podría pasar de 48.8 por ciento en 2018, a 56 por ciento este año en el mejor de los escenarios, y a 56.7 por ciento en el peor de ellos.
Ante ello, en el documento se sugiere ampliar y fortalecer las medidas de respuesta a partir de los programas prioritarios, mejorar su capacidad operativa, asegurar que beneficien a la población en pobreza y vulnerabilidad y considerar medidas adicionales de atención a quienes pierden su fuente de ingreso.
Asimismo, el Coneval subrayó que nuestro país enfrenta esta contingencia en condiciones de vulnerabilidad por las altas prevalencias de diabetes y enfermedades cardiovasculares, además de que hay precariedad laboral y estancamiento económico; carencias en el acceso al agua y hacinamiento. Resume que hay brechas en el cumplimiento de los derechos sociales en general, en materia de salud, alimentación, educación, seguridad social y vivienda, por lo cual, los efectos de la crisis sanitaria podrían revertir los avances alcanzados en la última década en los indicadores de desarrollo social.
Además, hay sectores que enfrentan la pandemia con mayores desventajas. Es el caso de las mujeres, los trabajadores tanto del sector formal como del informal, las personas desempleadas y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), los jornaleros agrícolas, y niños, cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías.
La pérdida de empleos, no sólo traerá como consecuencia la disminución en los ingresos de los hogares, sino la pérdida de las prestaciones laborales que el empleo formal brinda; además, sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso podría aumentar.
Ante ello, además de los apoyos implementados por el gobierno federal para microempresas del sector formal e informal, “son necesarios apoyos a la pequeña y mediana empresa, a través de créditos para proteger el empleo y de subsidios al empleo parcial o total de las cuotas obrero-patronales que los empleados deben asumir durante los meses de confinamiento”, señala el documento.
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