García Luna negocia para declararse culpable en EU
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Genaro García Luna está en negociaciones con los fiscales federales en Brooklyn para declararse culpable de las acusaciones en su contra de narcotráfico y de mentir para obtener un pasaporte estadunidense, de acuerdo con un documento judicial. En una audiencia previa, Genaro García Luna se declaró inocente ante la Corte Este de Nueva York. |Reuters Documentos liberados por la Fiscalía de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York sugieren un acuerdo de negociación entre el ex secretario de Seguridad mexicano y el gobierno estadunidense.
En dicho salvoconducto se lee que el gobierno de Estados Unidos y el demandado "están comprometidos en negociar una declaración de culpabilidad, y creen que probablemente resulte en una disposición de este caso sin juicio". Señala que ambas partes requieren una "exclusión de tiempo" para "concentrar los esfuerzos en negociaciones de declaración de culpabilidad" y tener un tiempo razonable para la preparación del juicio.
El documento señala que ambas partes "requieren una exclusión de tiempo para concentrar el esfuerzo en las negociaciones de declaración de culpabilidad sin el riesgo de que, a pesar de su diligencia, no hubieran tenido tiempo razonable para la preparación efectiva para el juicio". Ese periodo va del 3 al 21 de enero, fecha de la siguiente comparecencia del ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). En el mismo escrito consta que García Luna declara que "el consejo le ha informado completamente sobre sus derechos garantizados bajo la Sexta Enmienda a la Constitución" y que además entiende "que tiene derecho a ser juzgado ante un jurado dentro de un tiempo específico sin contar los periodos excluidos".
García Luna está en prisión preventiva, luego de que el 3 de enero se declaró no culpable en una audiencia en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en la que la jueza Peggy Kuo negó ponerlo en libertad bajo fianza. El próximo 21 de enero se llevará a cabo una nueva audiencia. Los fiscales han acusado que el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, sobornó a García Luna para asegurar el paso de drogas y obtener información sobre las actividades de cárteles rivales.
El auto de acusación sostiene, además, que entre 2001 y 2012 aceptó sobornos a cambio de brindar protección al cártel de Sinaloa para sus actividades de narcotráfico. García Luna, detenido el 9 de diciembre en Dallas, Texas, dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI) (creada en 2001 bajo la residencia de Vicente Fox que lo nombró al cargo) y de 2006 a 2012 fue el Secretario de Seguridad Pública, que controla la Policía Federal, bajo la presidencia de Felipe Calderón.
Huachicol blanqueó 2.5 millones de pesos al día
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La red criminal dedicada al huachicoleo en el país llegó a blanquear en el sistema financiero mexicano hasta 2 millones 516 mil pesos cada día en 2018 y 2019.
Para llevar a cabo estos movimientos, los grupos delincuenciales dedicados al robo de hidrocarburos, utilizaron 25 empresas para intentar engañar a la hacienda pública, a través de cuentas bancarias en diversas instituciones financieras, mediante las cuales triangulaban los recursos para realizar transacciones legales con dinero obtenido por la venta y distribución ilegal de combustibles.
De acuerdo con un informe interno de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, las operaciones se efectuaron a través de compañías que simulaban la compra–venta de gasolina con estaciones de servicio establecidas, y con el apoyo de empresas de transporte.
La UIF también detectó que blanqueaban el dinero mediante la compra-venta de inmuebles. Con estas acciones fueron detectadas las cuentas bancarias de los involucrados en el negocio ilícito.
La Unidad encabezada por Santiago Nieto logró así, bloquear las cuentas bancarias de 34 personas físicas y 24 morales, por un monto de 918 millones, 578 mil 652 pesos.
El informe de la UIF resalta a José Antonio Ortiz Yepez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, como uno de los principales delincuentes y orquestadores del robo de huachicol, quien operaba en el Bajío.
Esta organización contaba con una flota de camiones para abastecer combustible en una amplia zona geográfica del territorio nacional, lo cual le permitía llevar a cabo el lavado de dinero.
A finales de 2018, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inició el combate al robo de combustible. Denunció que por esta actividad se robaban 60 mil millones de pesos a año, pero sobretodo, aseguró, que el hurto se permitía desde el propio gobierno federal, desde donde se manejaba el sistema de conducción de Petróleos Mexicanos.
La Estrategia que implementaron las autoridades para disminuir el robo de los energéticos, cuya principal acción constó de cerrar ductos y distribuir la materia prima a través de pipas, trajo como consecuencia, el desabasto en distintos estados.
Los rumores de escasez alarmaron a la gente, lo que provocó que, durante varios días, se registraran largas filas e incontables horas de espera para poder surtirse de magna, premium y diésel en entidades como Guanajuato, Queretaro, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.
Como lo denunció el jefe del Ejecutivo, en este proceso de combate al huachicol resultaron involucrados varios militares, policías y funcionarios de Petróleos Mexicanos.
Uno de ellos fue el subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, el general, Eduardo León Trauwitz, quien era el responsable de vigilar la red de ductos y coincidentemente de combatir el huachicoleo.
El militar, quien fungió como jefe de escoltas del ex presidente Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, orquestaba desde su puesto toda la red de robo a interior de la empresa con el apoyo de otros militares y servidores públicos.
Además de las cuentas bancarias bloqueadas, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza informó que de 81 mil barriles diarios que se robaban en noviembre de 2018, del 21 al 31 de diciembre, ya con la intervención y el cuidado de los ductos, la cifra disminuyó a 23 mil; en enero, a 18 mil; en febrero, fueron nueve mil; en marzo, ocho mil y en abril cayó el hurto a cuatro mil barriles robados al día.
Por adjudicación, ganan 8 de cada 10 proveedores
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La Ley de Adquisiciones estipula que la licitación, es decir la competencia entre empresas para hacerse de un contrato con el gobierno federal, es el camino que debe seguirse como norma para garantizar que las dependencias públicas reciban el mejor precio/calidad en servicios o adquisiciones. Pero esto no es lo que está imperando entre quienes tienen contratos federales, sólo 2 de cada 10 proveedores de la Federación están ganando contratos (y pagos con recursos públicos) a través de licitaciones.
En 2019, un total de 45 mil 5 empresas de todo tipo vendió algo o prestó servicios al gobierno federal y, de entre ellas, 36 mil 893 lograron todos sus contratos a través de procedimientos que eludieron la licitación. Como se decía en la primera entrega de Crónica sobre este tema, lo que debería ser la norma se ha convertido en excepción y son los funcionarios federales, no la competencia, quienes están eligiendo a su libre albedrío a quién entregan los contratos.
Una forma en la que se elude la competencia abierta y pública, es el llamado método de “invitación a cuando menos tres personas”, es decir, restringir la competencia a sólo unas pocas empresas seleccionadas. Este procedimiento, que en ocasiones es presentado como si fuese mejor que la adjudicación directa, es también una excepción a la regla establecida por la Ley, tan es así que la norma es clara en señalar que las consecuencias quedan bajo responsabilidad de los funcionarios que deciden no licitar.
A mitad de año, cuando el bajo porcentaje de licitaciones se hacía evidente, el presidente AMLO fue cuestionado al respecto e indicó que “uno de los problemas comunes en las pasadas administraciones, es que se abría la licitación en apariencia, se descalificaba con argucias a los que no convenían y se le daba al que quería el gobierno”. La Función Pública, bajo la 4T, está a cargo del tema y ha indicado que la licitación será privilegiada.
Pero esta tarea está resultando difícil; por ahora, sólo 5 mil 218 proveedores de los 45 mil registrados en 2019 tuvieron un mayor número de contratos vía licitación, que adjudicaciones directas. Esas 5 mil 218 empresas son las únicas que están viviendo el espíritu de la Ley de Adquisiciones.
Entre las empresas que se han llevado contratos adjudicados directamente que equivalen a más de 2 millones pesos, destacan los grupos farmacéuticos con los que la 4T aún intenta llegar a convenios más favorables. En este caso, los derechos de las patentes imponen restricciones a la competencia entre empresas. Grupo Fármacos Especializados, Farmacéuticos Maypo, Distribuidora de Equipo Médico e industrial, Sanofi y Laboratorios de Biológicos y Reactivos, Gilead Sciences y Glaxosmithkline están a la cabeza de los ingresos vía adjudicación directa. Pero debajo de ellos va la distribuidora de autos a las que Sedena compró pick ups para la Guardia Nacional. El Ejército tiene derecho a evitar los concursos si encuentra motivos de seguridad para hacerlo. Y después viene la empresa Toka, ya comentada en estas páginas ayer lunes, que proporciona tarjetas para distribución de prestaciones entre los trabajadores de una dependencia. Ése también fue motivo de adjudicaciones directas para Efectivales.
Después aparecen empresas beneficiadas con adjudicaciones directas de temas no sustantivos como agencias de viajes, proveedoras de agua y renta de instalaciones para Nacional Financiera (ahora Banco del Bienestar).
Una revisión a los contratos de las empresas que logran ser adjudicadas directamente por alguna dependencia, demuestra que esos mismos servicios son licitados en otros organismos federales.
Búsqueda en fosas avanza, pero hay 65% de cuerpos sin identificar
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Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, precisó que en Sinaloa se localizaron 144 fosas clandestinas, en Colima, 115; en Veracruz, 108; en Sonora, 90, y en Jalisco, 75; es decir que entre esas cinco entidades concentran 60.92 por ciento del total.
A excepción de Veracruz, esos estados son también los que más cuerpos exhumados reportaron del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019; en ese rubro, la lista la encabeza también Sinaloa, con 252 cadáveres; le siguen Jalisco, con 213; Colima, con 146; Sonora, con 143, y Chihuahua, con 71. Éstos son 73.37 por ciento de los restos localizados en todo el país.
Encinas Rodríguez informó que el hallazgo de las fosas ocurrió en 519 puntos diferentes; sin embargo, señaló que 16 estados son focos rojos a nivel nacional.
“Se está concentrando el tema en 16 entidades federativas. De los mil 124 cuerpos, el 35 por ciento han sido identificados y el 21.6 por ciento de los cuerpos exhumados e identificados han sido devueltos a sus familiares”, destacó.
Asimismo, detalló que aún falta precisar información de algunas Fiscalías locales, lo que implicará ajustes a los números dados a conocer ayer.
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NO LOCALIZADOS. Respecto a los reportes de personas desaparecidas, Encinas Rodríguez detalló que son nueve mil 164 en el mismo periodo, de las cuales cinco mil 184 todavía no son halladas, mientras que de las tres mil 980 ubicadas, 91 por ciento (tres mil 638) se encontraron sin vida.
“Hay un número significativo de mujeres. En general, tenemos dentro de las personas desaparecidas en este periodo tres mil 93 mujeres, de las cuales han sido localizadas cerca de 59 por ciento (es decir, mil 816) y se mantienen como desaparecidas o no localizadas, mil 277 (correspondiente a 41.3 por ciento del total)”, detalló.
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Jalisco encabeza la lista de entidades con mayor cantidad de reportes de personas desaparecidas, con dos mil 100 casos, lo que representa 40 por ciento del total nacional. Las entidades que le siguen son Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Puebla y Guanajuato.
Por el contrario, las entidades que reportan menos problemas por este ilícito son Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Durango, Nayarit e Hidalgo.
Encinas Rodríguez subrayó que, así como Jalisco encabeza la lista de estados con desaparecidos, también lo hace en la de personas localizadas por entidad, lo que podría ser un indicio de “subregistros” en otras entidades.
“Hay que señalar que dentro del proceso de información que nos han entregado, las Fiscalías de Jalisco y Estado de México han sido exitosas”, reconoció.
En lo que respecta a niñas, niños y jóvenes desaparecidos, señaló que se registran dos mil 720 denuncias y han sido localizados mil 713 (62.9 por ciento). Las entidades que concentran el mayor número de casos son Jalisco, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
En su oportunidad, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la política pública y las actividades que lleva a cabo todos los días la dependencia están encaminadas a la justicia transicional, pues “los cuatro pilares fundamentales de la justicia transicional son la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y mecanismos para garantizar la no repetición”, destacó.
Sánchez Cordero detalló que 29 comisiones estatales de Búsqueda ya están instaladas y se espera que a la brevedad se tenga la totalidad para mitigar el problema.
“Ha estado también en general, todo el Sistema Interamericano y todas las agencias de Naciones Unidas; absolutamente todas las políticas públicas que se han instaurado en esta subsecretaría y en la Segob han sido con la participación de víctimas y sus familias”, aseveró.
El dato: México aceptará la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, con el que incluso ya se tiene comunicación, aseguró Encinas Rodríguez.
Alista Gobierno federal reunión con colectivos
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se reunirá a partir del 17 de enero con 73 colectivos de víctimas para conocer sus preocupaciones y demandas, en aras de mejorar los procesos y tiempos de respuesta en la atención y seguimiento de los casos.
“Por primera vez, la CEAV realiza un esfuerzo de esta naturaleza para escuchar las inquietudes de las víctimas que están en todo el territorio nacional, identificar necesidades y, junto con los integrantes de los diferentes colectivos, elaborar rutas de atención en materia de orientación jurídica”, expuso el organismo en un comunicado.
Además de representación legal, atención médica, psicológica y trabajo social así como asuntos relacionados con el acceso a los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de las víctimas, añadió.
“Hemos dado el primer paso en el acercamiento con los colectivos, porque las víctimas y sus familiares serán el centro en la transformación de la CEAV y resulta indispensable trabajar juntos”, planteó la comisionada Mara Gómez Pérez en las invitaciones giradas a los colectivos de víctimas existentes en el país.
Las reuniones con los colectivos también se realizarán mediante videollamadas para eficientar el uso de recursos públicos, evitar los inconvenientes que el traslado pueda significar para las víctimas y fortalecer las capacidades de los Centros de Atención a Víctimas que la CEAV tiene en el país.
Recortan meta de nuevas sucursales de Bienestar
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El Banco del Bienestar tendrá dos mil 700 nuevas sucursales, y no las 13 mil anunciadas a finales de noviembre.
Las primeras mil 350 se construirán este año con cinco mil millones que se obtuvieron de “ahorros de fin de año”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que El Sol de México publicó este lunes que ni el Banco ni Hacienda pudieron precisar el origen de los recursos necesarios para el proyecto.
“Ya tenemos el dinero y está por firmarse el convenio con la Secretaría de la Defensa para la construcción de las más de mil 300 sucursales del Banco del Bienestar (en este año y una cantidad similar en 2021)”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.
De acuerdo con el plan anunciado, el costo promedio de cada sucursal será de 3.7 millones de pesos.
El monto que se destinará para las sucursales no incluye el valor del terreno porque éste será donado por la Federación o los gobiernos locales, pero deberá incluir los materiales, acabados, mano de obra, conectividad y herramientas como cajeros automáticos.
Estos dispositivos, cuando son de importación, tienen un costo promedio de siete mil dólares por unidad, de acuerdo con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de Economía.
Para definir la hoja de ruta de este proyecto, el Presidente estableció una comisión de trabajo compuesta por el titular del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar; los secretarios del Bienestar, María Luisa Albores; de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval; de Hacienda, Arturo Herrera, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo del gobierno, Gabriel García Hernández.
López Obrador agregó que el Ejército, además de construir estos bancos, será el responsable del traslado de valores a las comunidades más alejadas.
Para el resto del proyecto se adecuarán los centros integradores de la Secretaría del Bienestar, anunciados por el mandatario en julio pasado, de los cuales la mayoría no tendrá cajeros automáticos, según reveló a El Sol de México una fuente allegada al proceso.
López Obrador informó en julio sobre la instalación de 10 mil centros integradores en todo el país para que los habitantes de zonas rurales alejadas accedan a servicios de salud y educación, además de cobrar los apoyos de programas de la Secretaría del Bienestar.
Retraso de juicio político a Trump abre ventana para ratificar el T-MEC
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Es muy probable que el Senado de Estados Unidos vote a más tardar la siguiente semana las leyes secundarias que dan paso a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en ese país, gracias a la ventana de oportunidad que ha abierto el retraso en el trámite del juicio político del presidente estadounidense Donald Trump, de acuerdo con un documento de la oficina en Washington del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
De hecho, se prevé que hoy mismo se vote la ley de implementación del tratado comercial en el Comité de Finanzas del Senado, que preside Chuck Grassley, y se espera que la iniciativa pase de inmediato al pleno de dicha Cámara —de mayoría republicana—, dando paso al debate sobre el voto mañana miércoles.
De conformidad con el mecanismo de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés) —bajo el cual la Casa Blanca negoció el T-MEC—, una vez que el Comité de Finanzas dictamine la iniciativa, el pleno senatorial tiene 15 días para votarla.
De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el CCE, el voto del pleno del Senado podría darse tan pronto como el jueves 9 de enero o, a más tardar, a principios de la semana que inicia el 13 de enero.
Esa misma semana el presidente Trump firmaría la legislación justo antes del 15 de enero, cuando se prevé que Estados Unidos signe con China el llamado acuerdo de Fase 1, que bajará la intensidad de la guerra comercial que libran ambos países, al dar pie a la eliminación parcial de los aranceles recíprocos que se han aplicado las dos naciones.
Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara de Representantes y promotora del juicio político contra Donald Trump, aún no ha enviado al Senado los cargos a debatir, al argumentar que no cuenta con garantías de que el juicio se conducirá de manera imparcial en la Cámara Alta.
Pelosi estaría buscando ganar tiempo para tratar de influir en la mayoría republicana del Senado para que acepte que se llamen testigos que declaren en el juicio político, tal como sucedió en la Cámara de Representantes —de mayoría demócrata—, donde el mes pasado se acordó fijar los cargos contra Trump.
Lo anterior terminaría acelerando la ratificación y firma del T-MEC, en un giro luego de que el pasado 19 de diciembre, cuando recién se aprobó el acuerdo en la Cámara de Representantes, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, enfriara los ánimos sobre la ratificación del acuerdo al afirmar que dicha Cámara no consideraría votar el tratado comercial sino hasta después del juicio político.
Entre los senadores que buscan la nominación demócrata para contender por la Presidencia de Estados Unidos este año, tres han expresado que votarán a favor del T-MEC (Elizabeth Warren, Amy Klobuchar y Michael Bennet), uno se ha mostrado abiertamente en contra (Bernie Sanders) y uno más no se ha pronunciado en ningún sentido (Cory Booker).
Una vez que el presidente Donald Trump firme la legislación para implementar el T-MEC sólo faltaría la aprobación por parte del Parlamento canadiense, que se espera que suceda durante el primer trimestre del año.
El T-MEC entrará en vigor tres meses después de que el último socio comercial notifique que ha concluido sus procedimientos internos de aprobación, de modo que el acuerdo podría estar vigente al inicios del segundo semestre del 2020.
De acuerdo con el CCE, paralelamente se requiere concluir dos negociaciones muy importantes para México: las regulaciones uniformes sobre la aplicación de las reglas de origen del sector automotriz, y, la lista de los panelistas que intervendrían en el mecanismo de solución de controversias Estado-Estado (contemplado en el artículo 31 del T-MEC).
Ratificación del T-MEC
México, Estados Unidos y Canadá tienen procesos legales diferentes para la ratificación de un tratado internacional como el T-MEC.
En México, cuando el Senado aprueba el paquete y entra en vigor, éste es ley. Se hacen después otros cambios legales para evitar contradicción o para aprovechar mejor el tratado, por ejemplo, por política industrial, pero en sí el tratado es en automático ley.
En Canadá, el primer ministro presenta a la Cámara de los Comunes la Ley de Implementación del tratado, la aprueba (en su caso) y se somete a votación por su Senado, después la reina firma su promulgación.
Estados Unidos tiene el proceso más complejo: hace una lista de los cambios requeridos; la Comisión de Comercio Internacional elabora y difunde un reporte de impacto económico; el Comité de Medios y Arbitrios (mayoría demócrata) inicia la discusión, y el Ejecutivo envía leyes de implementación que votan la Cámara de Representantes y el Senado.
Hay en México 61,637 personas desaparecidas
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En el país hay 61 mil 637 personas desaparecidas, 97 por ciento de las cuales son de 2006 a la fecha y el resto entre ese año y 1964. Por otra parte, en el periodo global fueron denunciadas 147 mil personas como no localizadas, de las cuales 5 mil 103 fueron halladas muertas y 80 mil 293 vivas.
Se trata de cifras del horror que tienen detrás historias de mucho dolor de familias mexicanas y de migrantes, sostuvo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Los tres últimos años del sexenio pasado concentraron el mayor número de personas no localizadas: 19 mil 13.
Durante los primeros 13 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (del 1º de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019) hubo 5 mil 184 personas desaparecidas, aunque las denuncias fueron 9 mil 164. Se encontraron 342 personas sin vida, mientras 3 mil 638 estaban vivas.
Se detectaron 873 fosas clandestinas; se exhumaron mil 124 cuerpos. Se han identificado 395 y se entregaron 243 a sus familiares. Las entidades donde se encontraron más fosas, con 61 por ciento del total, fueron en Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco. Donde se encontró 73 por ciento de los cuerpos (825) fue en Sinaloa, Jalisco, Colima, Sonora y Chihuahua.
En estos 13 meses, de las personas no localizadas hay mil 816 mujeres. Por estados Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua concentran la mayor cantidad de casos. En relación con los niños, hay 2 mil 720 denuncias de desaparecidos, de los cuales mil 713 han aparecido, pero no se han hallado mil 7.
En la presentación del Registro histórico de fosas clandestinas y personas desaparecidos o no localizadas, Encinas y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, expusieron por primera vez los datos a partir de 1964, periodo para el cual se denunciaron 147 mil personas no localizadas; siguen sin ubicarse 61 mil. El reporte de desaparición más viejo es de 1975. En el acto estuvo también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Explicaron que apenas mil 584 casos son previos a 2006, el resto se dio desde ese año –los sexenios completos del ex panista Felipe Calderón y el priísta Enrique Peña Nieto– hasta 2019 y hay 8 mil casos sin fecha. En estos 56 años se detectaron 3 mil 631 fosas clandestinas. Los años con más desaparecidos fueron 2017 (7 mil 595), 2018 (5 mil 976) y 2016 (5 mil 537). Las entidades donde más casos se reportaron son Tamaulipas (10 mil 32), Jalisco (9 mil 286) y estado de México (6 mil 887).
Encinas destacó que otros gobiernos buscaron minimizar e invisibilizar el problema, por lo que no todos los casos se adjudican como desaparición forzada, sino como secuestro o privación ilegal de la libertad, por lo que se deben revisar expedientes.
Karla Quintana expuso que en los datos históricos 26 por ciento de las personas no localizadas son mujeres, 15 mil 835, y 11 mil niños. La mayor parte de los hombres desaparecidos son de entre 15 y 24 años, mientras que las mujeres son de entre 15 y 24 años.
Encinas precisó que se tienen los reportes de 21 fiscalías estatales, el resto está en el proceso de sistematizar la información por lo que las cifras pueden cambiar. De acuerdo con el documento que se entregó a los medios, entre las que faltan están la Fiscalía General de la República, la Ciudad de México, Guanajuato y Morelos.
Sánchez Cordero resaltó como parte de las acciones encaminadas a la justicia transicional, las realizadas por la Comisión Nacional de Búsqueda y recordó que los pilares de la justicia transicional son la verdad, el acceso a la justicia, la reparación del daño y mecanismos para garantizar la no repetición.
Hay 61 mil 637 desaparecidos; suman 5 mil 184 casos en lo que va del sexenio
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La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación actualizó ayer la cifra de desaparecidos en México. Reportó que, hasta el 31 de diciembre de 2019, había 61 mil 637 personas no localizadas en el país.
Del total de desapariciones, cinco mil 184 se registraron durante en los primeros 13 meses de la actual administración federal.
El reporte, que incluyó todos los registros de desaparecidos en el país, de 1964 a la fecha, arroja que en 55 años se reportó la desaparición de 147 mil 33 personas, de las cuales 85 mil 396 (58%) han sido localizadas.
En el periodo de 2006 a 2019 se registró la mayor parte de los casos, 60 mil 53, lo que representa 97.43% del total.
Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León lideran la lista de desapariciones.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, garantizó que, a fin de evitar más desapariciones en México, el gobierno federal seguirá enfocado en acabar con la impunidad, así como con las causas que originan la violencia.
Reconoció que un porcentaje significativo del listado son casos de personas desaparecidas por instituciones o agencias del Estado.
Le faltan más de 61 mil a México
Según la Segob, de 2014 a 2019 hubo 32 mil 322 desaparecidos; Tamaulipas, Jalisco y Edomex concentran el mayor número.
Hasta el último día de 2019 fueron reportadas 61 mil 637 personas no localizadas en México, de las cuales cinco mil 184 se registraron durante los primeros 13 meses de la presente administración federal, informó ayer Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La cifra suma todos los registros de desaparecidos en el país, desde el más antiguo, de 1964, a la fecha. La mayoría de casos se presentaron entre 2006 y 2019, registrando 60 mil 53 que significan el 97.43% del total.
“Hablamos de un total de 147 mil 33 personas que han sido reportadas desaparecidas, de las cuales 85 mil 396, es decir, 58%, han sido localizadas. Al día de hoy, el dato oficial del Estado mexicano es que aún se encuentran desaparecidas 61 mil 637 personas”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa en Bucareli.
Los datos fueron presentados ayer en el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, donde estuvo presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.
Se apuntó que falta por localizar a 54 mil 869 personas desaparecidas entre los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; mientras, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador suman ya más de cinco mil.
“De manera muy puntual, los datos que tenemos al cierre de 2019 de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, suman nueve mil 164 casos de denuncias por desaparecidos; de esos, cinco mil 184, es decir, 57%, se refiere a no localizadas y tres mil 980, 43% de esas personas, han sido localizadas”, dijo el subsecretario Alejandro Encinas.
La lista de entidades con más desaparecidos la encabezan Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León.
“Si bien hemos señalado que la mayor parte de las desapariciones están asociadas a desapariciones por particulares, o sea gente vinculada a actividades delictivas, por supuesto que hay un porcentaje muy significativo de personas que han sido desaparecidas por instituciones o agencias del Estado”, reconoció el funcionario.
También se dio a conocer la lista de estados con más fosas clandestinas encontradas en lo que va de este gobierno, empezando por Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco.
“Se han identificado 873 fosas clandestinas donde se han exhumado mil 124 cuerpos, de los cuales, ese es el dato más importante: han sido identificados 395, de los 1 mil 124 cuerpos exhumados, y han sido entregados a sus familiares 243”, apuntó.
Alejandro Encinas garantizó que, a fin de evitar más desapariciones en México, el gobierno de López Obrador seguirá enfocado en acabar con las causas que originan la violencia y también con la impunidad.
Además, aprovechó para informar que México aceptará la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, misma que estaba pendiente desde 2010.
“Estamos ya en el proceso de preparar las instituciones para citarlo, es más, hemos tenido ya comunicación con Naciones Unidas, se va a hacer la invitación para que nos visite este mismo año el Comité y estamos afinando los últimos detalles para que se haga el anuncio oficial”.
Migrantes y niños, entre las cifras
En 2019, el gobierno contabilizó unos 40 mil desaparecidos, la gran mayoría desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón envió al Ejército a las calles para luchar contra los narcotraficantes, pero las muertes se dispararon y los cárteles de la droga se fragmentaron, haciendo más difícil su combate.
“El dato oficial de personas desaparecidos es de 61 mil 637(...) 25.7% corresponde a mujeres”, dijo Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), en rueda de prensa.
La funcionaria agregó que de la cifra, que incluye a migrantes que pasaron por México, 97.4% del total de desaparecidos corresponde a casos reportados entre 2006 y el 31 de diciembre de 2019. El resto es de años previos.
Quintana aclaró que los casos podrían crecer, ya que para elaborar el informe las fiscalías utilizaron una nueva metodología.
De la cifra total de desaparecidos, 11 mil 72 corresponde a niños.
Organismos internacionales de derechos humanos han cuestionado la labor que han realizado por años autoridades mexicanas para contener el creciente número de desaparecidos.
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