Titulares de los Principales Medios de Circulación Nacional.

Cerro de Paula, joya arqueológica; INAH documenta 33 sitios prehispánicos

SANTA ANA TLACHIAHUALPA.

En el Cerro de Paula, cercano a las pistas del aeropuerto de Santa Lucía, elInstituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha documentado 33 sitios de las culturas teotihuacana, tolteca y mexica.

Estos vestigios, asentados sobre 736 mil 714 metros cuadrados, obligarán a replantear el proyecto del aeropuerto General Felipe Ángeles.

736 mil 714 m2 es el área donde se ubican los vestigios prehispánicos que obligarán a replantear el proyecto del aeropuerto

En el oficio N° 401.3S.1-2017/1515, fechado el 28 de junio de 2017, consultado por Excélsior, se indica que los sitios más antiguos datan del año 200 a. de C.

No obstante, la identificación oficial de los lugares arqueológicos, a través de folios reales, del área aproximada, elementos que definen a cada sitio, cronología y asociación cultural, el INAH no ubica a estos sitios en ningún lugar específico ni da detalles.

Desde el punto más alto del Cerro de Paula se aprecia la Base Militar de Santa Lucía y el terreno plano donde se construirán las pistas.

También se ve la parte industrial de Tizayuca, Hidalgo, la Laguna de Zumpango, la Hacienda de San Francisco de Paula y un fraccionamiento.

Alejandro Romo Balderas, habitante de Santa Ana, mostró un sitio arqueológico en lo más alto del cerro, también dio cuenta de una serie de cuevas, que son minas teotihuacanas, saqueadas y no exploradas por el INAH.

El Cerro de Paula es tesoro arqueológico

En esta comunidad del municipio de Temascalapa se eleva hasta los 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar un cerro al que desde 1714, en tiempos de la Colonia, se le conoce como De Paula. Este macizo de piedra volcánica, que obligará a replantear el proyecto de diseño y construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles, en Santa Lucía, reprogramada para junio próximo, es un diamante arqueológico en bruto.

2 sitios que pertenecieron a la cultura teotihuacana son los más antiguos; datan del año 200 a. de C

Las piedras de lava negras, rojas y grises que hace milenios escupió el Cerro Gordo, cuando fue un volcán activo, se confunden con los basamentos de al menos 33 estructuras arqueológicas de las culturas teotihuacana, tolteca y mexica, aunque aún hay varias sin definición cultural, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene documentadas en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, consultado por Excélsior.

En el oficio N° 401.3S.1-2017/1515, fechado el 28 de junio de 2017, el Centro INAH Estado de México estableció que los 33 sitios arqueológicos registrados en el área del Cerro de Paula y sus alrededores, están considerados en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Temascalapa.

En el inventario que hace el INAH, menciona que el municipio de Temascalapa tiene 109 registros de inmuebles arqueológicos y 30 están registrados como “Cerro de Paula”; otros tres sólo se les ubicaron con numeración (11,12 y 13). Estos 33 vestigios ocupan una extensión de 748 mil 614 metros cuadrados, equivalente a 74 mil 86 hectáreas, o lo que es lo mismo a 104 veces el campo de futbol del Estadio Azteca.

Los sitios arqueológicos más antiguos encontrados en la región denominada por el INAH como “Cerro de Paula” datan del año 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo (aunque el INAH coloca la inscripción “a.n.e”-“d.n.e.”).

Se trata de dos sitios. Ambos corresponden a la cultura teotihuacana; el INAH infiere que el contexto de éstos fue habitacional y están sobre mil metros cuadrados, uno y el otro sobre 7 mil metros cuadrados, según documentos oficiales.

No obstante, la identificación oficial de los lugares arqueológicos, a través de folios reales, área aproximada, elementos que definen a cada sitio, inferencia del contexto de cada uno de éstos, cronología y asociación cultural, el INAH, no ubica a estos 33 sitios en ningún lugar específico ni da mayores detalles de lo que en realidad fueron en sus distintas épocas.

EL CERRO, IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN

Desde lo más alto del Cerro de Paula se aprecia con claridad la Base Militar de Santa Lucía y el terreno plano donde se construirán las pistas de despegue y aterrizaje del aeropuerto Felipe Ángeles. También se ve la parte industrial de Tizayuca, Hidalgo; incluso la Laguna de Zumpango. La Hacienda de San Francisco de Paula, que le da parte de su nombre al cerro y el fraccionamiento de casas habitacionales de interés social medio, con el mismo nombre, que se construyeron en medio de cierta polémica, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

En esa cima, Alejandro Romo Balderas, habitante de Santa Ana —comunidad dedicada a las labores del campo, en diminutas parcelas de temporal habilitadas entre el pedregal del cerro–, mostró a Excélsior uno de los sitios en donde desde mediados de la década de los sesenta se hicieron los hallazgos arqueológicos que siguen sepultados debajo de toneladas de piedras, tierra y enormes nopaleras que en esta época están secas.

Ese vestigio documentado por el INAH está en lo más alto del Cerro de Paula. Se cree que fue un centro ceremonial, por la gran cantidad de plantas medicinales que en el sitio crecen cíclicamente, como pirul, diente de león, espinosilla, pata de león, entre otras.

Romo Balderas, quien mostró en el Cerro de Paula la llamada peña Colgada, donde todos los visitantes se toman la foto del recuerdo, también dio cuenta de una serie de cuevas, que no son otra cosa que minas teotihuacanas, que en distintas épocas han sido saqueadas y tampoco han sido exploradas por personal del INAH.

Alejandro Romo dijo que la gente de la comunidad de Santa Ana, donde según el Inegi habitan 5 mil 815 personas, pero también la población del municipio, están preocupadas por el futuro que pueda tener el Cerro de Paula, ante la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Temen que pueda ser utilizado como mina de materiales, como grava, arena, hecho que ya ha ocurrido en el pasado, y con ello se pueda perder el cerro, que es parte de su identidad; pero también la riqueza arqueológica que saben todos en el lugar existe en ese cerro y sus alrededores.

Guadalupe Jiménez Madrid, cronista municipal de Temascalapa comentó que hay evidencias arqueológicas que sugieren que el territorio fue ocupado desde el 200 A.C., por la referencia oficial y documentada del INAH. Aunque se sabe que Teotihuacán, la población más cercana a este sitio, se desarrolló del 900 a.C.-700 d.C.

La información del INAH sugiere que antes de que se integrara Teotihuacán, en territorio de Temascalapa hubo familias de algún origen étnico que se integraron aquí y que con el paso del tiempo, a la zaga de la gran Ciudad de los Dioses, se convirtieron en tributarios o a manera de intercambio, aportaron tezontle y otros productos.

No obstante, los documentos oficiales del INAH, la falta de proyectos de investigación de parte de este Instituto hace imposible conocer más información al respecto. Esto mismo lo hicieron saber los arqueólogos William Sanders y Jeffrey Parsons, quienes realizaron recorridos de superficie entre los años de 1960, 1975 y 1995, según consta en la página 163 de su libro Arqueología regional en la Cuenca de México: Una estrategia para la investigación futura”, mencionó Jiménez Madrid.

En el Cerro de Paula, que alguna vez fue propiedad de la hacienda de San Francisco de Paula, sin mucho trabajo, sobre las mismas rocas volcánicas se pueden ver y juntar fragmentos de tepalcates decorados, que formaron parte de alguna pieza indeterminada y ubicadas por el INAH como manifestaciones culturales del estilo coyotlatelco.

La Hacienda de Paula —a la que entró Excélsior—, es una construcción de mediados del siglo XVIII. Aunque está completamente en ruinas, todavía se aprecia la magnificencia que tuvo: enormes puertas y ventanales, techos altísimos, espacios espectaculares, con unos torreones con un toque arabesco de ladrillo rojo, ocupados para vigilancia. Es prácticamente imposible adivinar el uso que se le dio a cada uno de los espacios que aún se mantienen en pie, con paredes gruesas como bóvedas, construidas con toda suerte de piedras.

Lo que no tiene lugar a dudas de lo que fue, es una capilla. Hasta hace ocho años ahí estuvo una imagen de San Francisco de Paula.

Dentro de la capilla, que ahora es utilizada como bodega de trigo, hay dos placas que dan pistas cronológicas de quiénes fueron sus propietarios en la época de la Revolución. Una de ellas permanece encima del altar. Es un tributo a la señora Tomasa Urbina viuda de Fernández que “falleció el 28 de enero de 1918 a los 98 años de edad”.

La otra placa está empotrada en una pared y en ella se lee: “En mayo de 1919, puso la primera piedra de esta capilla el sr. Presbo. Luis Velázquez. La Proyectó y dirigió el sr. Ildefonso Fernández. Hoy 3 de abril de 1921 la bendijo su Ilsma. José María Mora y del Río, Arzobispo de México”.

La hacienda de San Francisco de Paula tuvo una vocación pulquera, como prácticamente todas de esta región. Pero después de la Revolución quedó reducida a 200 hectáreas y al edificio principal, que sigue en pie.

Otra prueba de que la Familia Fernández Urbina ocupaba la hacienda de San Francisco De paula en la época revolucionaria quedó impresa en la edición 148 del periódico Regeneración del 5 de julio de 1913.

Una parte de la nota principal de la página 2, titulada El gobernador de Campeche se levanta en armas contra el reinado de Huerta, se lee:

Los moradores de la población de Temascalapa, cercana al Distrito Federal, se muestran alarmados, porque en las inmediaciones de dicha población ha aparecido una partida de cien hombres que solamente se dedican a saquear e incendiar Pueblos.

Dos vecinos de dicha plaza llegaron a la capital a solicitar, aunque sea, una pequeña guarnición; pues que no cuentan con un solo soldado y los únicos defensores de la Plaza son ellos.

Una partida de rebeldes de infantería y caballería, la mayor parte, asaltaron la Hacienda de Paula, “propiedad” del “señor” lIdelonso Fernández, apoderándose de todos los caballos, armas y dinero.

De allí se dirigieron al rancho de “Chopo”, y asaltaron primeramente la casa del burgués Agapito Orozco para penetrar al interior rompieron las puertas y una vez dentro se apoderaron de varios caballos ensillados, así como de una gran cantidad de ropa. Después rompieron los muebles y pasaron a la casa de Máximo Sánchez, donde recogieron armas, caballos y dinero.

En seguida, asaltaron la casa de José Navarrete, donde se apoderaron de más caballos, más armas y más dinero.

De allí se dirigieron a Temascalapa, pero no entraron, solamente se concretaron en asaltar la estación del ferrocarril, llevándose unos antojos de larga vista. Después destruyeron los aparatos telegráficos y se dirigieron al rancho de Mogotz, situado a un kilómetro de Temascalapa, donde saquearon hasta donde se les hizo malo. De la población se les unieron algunos obreros que conocen perfectamente la región, quienes les indican donde puede tener mejores resultados el saqueo.

Las investigaciones de la cronista municipal aún no permiten saber el nombre de los primeros propietarios y la fecha en qué comenzó a operar la hacienda. Jiménez Madrid dijo que solamente se conocen datos aislados, por ejemplo, el acta de cabildo del 6 de febrero de 1868, que menciona:

La jefatura comunica lo que dice el srio. de Relaciones del Gobierno del Estado y por el C. gobernador, quien ordena y autoriza al ayuntamiento que suscribe para que en arreglo de la ley 25 de Junio de 1856, otorgue sin perjuicio de tercero la escritura de adjudicación del terreno conocido con el nombre de Paula a los hijos menores de Cayetano Gómez lo que en el acto se dio el debido cumplimiento pasara en dicho terreno a ratificar la parcela como es debido en consecuencia se asentó la presente acta”.

Comentó que al señalar la Ley del 25 de junio de 1856, se refiere a la Ley Lerdo sobre la Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, donde se establecía la prohibición de que cualquier corporación civil o eclesiástica tuviera capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por si bienes raíces.

En otra acta de cabildo, ésta del 3 de marzo de 1868, se refiere a que ya entregaron las escrituras al C. Manuel Fortunato y María Canuta, vecinos de Temascalapa e hijos de Cayetano Gómez, solicitando a su vez, una verificación de la adjudicación del Cerro de Paula que posee las siguientes dimensiones: Al norte 345 varas, por el Sur 431 varas, por el poniente 1050 varas, por el oriente 792 varas.

Estos propietarios de 1868 estuvieron obligados a contribuir a los fondos municipales, pagando tres pesos cada año por el redito del capital.

Jiménez Madrid dijo que considerando la importancia de la Ley Lerdo es probable que en ese momento fue cuando el Cerro de Paula dejó de pertenecer a la hacienda, aunque no por ello dejó de funcionar.

Dato no menos importante en la reconstrucción de esta zona en donde estará el aeropuerto General Felipe Ángeles, es la relación que tenía el Cerro de Paula, durante el Virreinato y hasta el siglo XX, como referencia para reconocer o ubicar el Camino Real entre México y Pachuca, el cual pasaba a las faldas del mismo cerro.

PRODUCCIÓN ÁVICOLA

Desde hace años, una familia cuida la Hacienda de Paula. La señora que está al frente y su nieto se reservan el nombre de los actuales propietarios. Y cuidan con celo las ruinas de lo que queda de la vieja hacienda.

Lo que sí está plenamente documentado es que en los años treinta, el propietario del lugar fue Walter Oskar Luyken, un ciudadano alemán que llegó a México buscando una mejor forma de vida después de las experiencias que tuvo él y su país debido a la recesión, producto de la Gran Guerra, conocida posteriormente como la Primera Guerra Mundial.

A la par que siguieron con la vocación original de la hacienda, que era la producción de pulque, Walter Luyken y su esposa Elisabeth Katharina Hülsmann encontraron una línea de producción para la hacienda, que fue crianza de pollos y huevo. De hecho, aún permanecen tres naves con lo que fueron los gallineros.

De acuerdo a la biografía de Walter Luyken hijo, en 1955, después de haber estudiado de forma trunca ingeniería mecánica en Alemania, regresó a México y se instaló en la hacienda de San Francisco de Paula.

De acuerdo con esa biografía, que se puede consultar en internet, los familiares de Walter narraron que este hombre vivía solo en el enorme edificio, donde había electricidad, pero no teléfono y la ciudad más cercana estaba a 7 kilómetros por camino de tierra, por lo tanto, no había mucha comunicación con sus parientes.

Hay fotos que lo muestran tocando el acordeón, especialmente cuando sus sobrinos Hermann y Walter Luyken lo visitaban, principalmente, durante las vacaciones escolares.

La hacienda seguía dedicándose a la producción de huevos y al pulque, producción que su madre Elisabeth trasladaba, dos veces a la semana, a la Ciudad de México, para que fueran vendidos en la “Bavaria”, una tienda que la familia tenía y donde vendía algunos productos de Alemania. El 24 de junio de 1969, Walter Luyken, de 33 años, decidió quitarse la vida. Sus familiares atribuyeron el hecho a la soledad en que vivía en la Hacienda de Paula.

LOS DATOS

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el INAH debió organizar o autorizar asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para preservar el patrimonio cultural en el Cerro de Paula, así como establecer algún museo de sitio para preservar.

Según dicha ley, en su artículo 28, la preservación de hallazgos arqueológicos se debería considerar no sólo en relación con las piezas, los sitios y las estructuras, sino en “su contexto arqueológico y natural”, lo que implicaría su investigación y preservación in situ.

No ha manifestado si, debido al volumen de sitios teotihuacanos, toltecas y mexicas, se declarará este espacio como una zona de monumentos, tal como lo contempla el capítulo IV de dicha ley.

El INAH aún no ha especificado qué tipo de estudios arqueológicos ha realizado en esta zona y con qué tipo de informes técnicos cuenta.

Frenan 60 mil recetas falsas para ‘huachicolear’ fármacos en IMSS

La falsificación de recetas médicas para ordeñar a diario desde medicinas generales hasta fármacos para el tratamiento de personas con enfermedades como diabetes, cáncer o VIH es una de las técnicas usadas por las diversas redes de corrupción que operan en el sistema de salud oficial de México. Al igual que el robo de gasolina en Pemex, los medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convirtieron durante los últimos años en un boyante negocio ilegal, que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de huachicoleo, el cual ha generado perdidas millonarias y ha afectado la salud de miles de pacientes. 

Un reporte interno del IMSS revela uno de los modus operandi de estas bandas, a partir de una investigación concretada apenas el pasado 25 de abril en Torreón, Coahuila, donde el organismo encontró en el Hospital General de Zona 16 cuarenta cajas con 60 mil recetas presuntamente apócrifas, las cuales ya fueron aseguradas por el instituto. Modus operandi De acuerdo con datos de la investigación No. COA237/2019, los recetarios son elaborados por la empresa Formularios de México SA de CV para luego ser entregados en Ciudad de México a la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, la cual a su vez distribuye las impresiones oficiales a las distintas delegaciones estatales del país, donde son recibidas por una figura oficial llamada Controlador Delegacional de Recetarios e Incapacidades, la cual tiene la función de distribuir en los diversos hospitales de su delegación los blocs de los recetarios.

 Los blocs de recetas médicas son recibidos finalmente por los departamentos de Abastecimiento y Almacén de cada hospital del IMSS, los cuales, a su vez, surten de las mismas a los médicos que laboran en la institución para que puedan atender a los pacientes beneficiarios de la seguridad social y garantizar su derecho a recibir medicinas de manera gratuita para aliviar sus padecimientos. 

Sin embargo, la investigación de Torreón detectó que antes de ser enviados a los médicos, los recetarios son reemplazados por otros apócrifos que mantienen un amplio parecido en lo general e incluso tienen el mismo número de folio, pero tras un análisis hecho por peritos especializados en documentoscopía se establecieron alteraciones en tipografía, color, diseño y tintas. Tras esta suplantación de los documentos oficiales, de la que no necesariamente se enteran los médicos que dan consulta, los recetarios originales son usados para robar los medicamentos, entre los que destacan los necesarios para atender la diabetes, así como el material oncológico de quimioterapias de las personas que padecen cáncer o los antirretrovirales de pacientes con VIH. Mientras tanto, los médicos generales expiden —la mayoría de las veces sin saberlo— los recetarios apócrifos suplantados de manera previa por las redes de corrupción, de tal forma que cuando los pacientes llegan a las farmacias a solicitar sus medicamentos, estos ya no se encuentran disponibles a causa del huachicoleo. 

Problema sistemático De acuerdo con un análisis nacional hecho por Nosotrxs, un movimiento civil contra la corrupción, 22.9 por ciento de personas que recibieron recetas médicas de sus médicos en el servicio público no obtuvo los medicamentos requeridos. Mauricio Merino, coordinador general de esta organización que impulsa en redes sociales la campaña #MedicinasParaTodxs, envió hace poco al presidente López Obrador una carta en la que le pide atender esta problemática. “Entre 2001 y 2015 —dice la misiva pública— la Auditoría Superior de la Federación realizó 272 observaciones al sector salud. Y la CNDH ha extendido varias recomendaciones generales por desabastecimiento de medicamentos; incluso en las encuestas de satisfacción del IMSS 2015, 2016 y 2017 se visibiliza este problema sistemático”. 

A su vez, el presidente López Obrador, durante su cruzada contra el robo de combustible, dijo el pasado 1 de febrero que el gobierno gasta alrededor de 80 mil millones de pesos en medicinas, “pero hay huachicoleo también en la compra de medicinas. Se llegó al extremo de robarse dinero de las medicinas. Todo eso lo vamos a corregir”. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, confirmó que está investigando también esta problemática pero mediante el seguimiento de facturación fraudulenta en la compra y venta de medicamentos públicos por parte de proveedores oficiales del gobierno.

 Hasta el momento, la investigación del IMSS en el Hospital General de Zona 16 de Torreón es el primer golpe que se conoce del actual gobierno federal contra las redes de corrupción dedicadas al robo de medicamentos públicos: El pasado 26 de abril, Jorge Marrón, apoderado legal del IMSS, acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar la elaboración y uso de “recetas apócrifas para surtir de manera indebida medicamento en perjuicio de los servicios de salud y patrimonio de este instituto”. Punta de la madeja La dimensión del problema es nacional, reconoce Adalberto Méndez López, actual director de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS, quien confirmó la investigación realizada en Torreón y aseguró que en estos momentos se encuentran otras en marcha en distintos lugares del país: 

“No podemos dar detalles para no comprometer las investigaciones, pero ya tenemos otras investigaciones abiertas en diferentes partes del país”. Méndez consideró equiparable el uso del término huachicoleo para este fenómeno criminal: “Si hacemos una equiparación con el huachicoleo del combustible, este huachicoleo de medicamentos es evidente. Se están sustrayendo estas medicinas que son para diabetes, para tratamientos oncológicos, es decir, son medicamentos verdaderamente delicados que no están llegando a quien verdaderamente lo necesita. Se está abriendo un canal alterno de distribución no oficial de producto que representa un daño patrimonial, no solo para el Instituto, sino para todos los mexicanos”. 

Cada día, a escala nacional, los médicos del IMSS expiden alrededor de 650 mil recetas para que los pacientes beneficiarios de la seguridad social reciban medicamentos de manera gratuita. Solo en el Hospital General de Zona 16 se atiende a medio millón de personas de Torreón y municipios vecinos. Tres mil recetas se expiden diariamente. “Todavía no podemos estimar exactamente el tamaño del quebranto detectado en Torreón, pero sin duda es un fraude millonario”, explicó el funcionario federal. Negligencia y encubrimiento Aunque algunas denuncias por este tipo de robo de medicamentos ya habían sido realizadas en gobiernos anteriores, éstas eran minimizadas para no ser atendidas por las autoridades del instituto, comentó Méndez López: 

“No podría decirte si fue por negligencia o por encubrimiento, eso lo determinarán las investigaciones de la fiscalía, pero lo que sí te puedo decir es que la orden del director general, Germán Martínez Cázares, fue la de que nosotros investigáramos cada denuncia y eso es lo que se está haciendo”. Al arranque del actual gobierno federal fueron sustituidos 23 de los 32 delegados estatales del IMSS. “Nunca había existido un cambio tan grande y esto ha funcionado porque los nuevos delegados están rompiendo con las inercias que había anteriormente”, consideró el funcionario. De acuerdo con el reporte de la investigación, funcionarios actuales y ex funcionarios forman parte de estas redes de corrupción. 

Y no solamente aquellos encargados de administrar y distribuir los recetarios, sino también algunos de los responsables de las farmacias del Seguro Social, lo cual explicaría por qué buena parte de las denuncias eran desatendidas anteriormente, aseguró el director de Vinculación. “¿Que es lo que puede hacer el que dispensa la medicina si está coludido con este tema? Le dice al paciente: ‘No hay medicinas, vente la siguiente semana’. 

Y entonces lo que dice es que hay desabastecimiento o que ya sacaron medicamento y a la siguiente semana llega el nuevo cargamento . Entonces no nada más es el que la distribuye, también puede haber colusión con el que está otorgando o retirando este folio de los recetarios”, detalló Méndez. “Pronto daremos a conocer el resultado de las otras investigaciones en marcha. Esto es apenas la punta de la madeja”, advirtió el funcionario, quien prevé que en las próximas semanas se den “resistencias” por parte de las redes de corrupción, pero también consideró factible que aumenten las denuncias ciudadanas. “Sin duda que habrá reacciones a esto que estamos haciendo, pero el director general ha sido enfático: ninguna reacción por parte de los grupos criminales que estén tratando de sangrar el patrimonio del IMSS tendrá que ser suficiente como para intimidarnos al frente de estas acciones que estamos realizando”, expresó el funcionario del IMSS.

Sin licitación, Bansefi adjudica 146 mdp a empresa de outsourcing

Bansefi, el mismo que habrá de convertirse en el Banco del Bienestar de AMLO, contrató este año a una empresa de outsourcing poco conocida, Sarenggo, a la que adjudicó sin licitación un contrato por 146 millones de pesos para manejar, sólo por tres meses, de febrero a abril, “servicios técnicos y administrativos de apoyo” bajo régimen de subcontratación.

Los recursos para hacer esta adjudicación directa quedaron liberados a partir de la cancelación de la verificación biométrica que, hasta el 31 de marzo, fue requisito para que los beneficiarios de programas sociales recibieran los recursos dispersados por este organismo bancario en el territorio nacional (y evitar que sean recibidos por alguien a quien no le corresponden). La empresa que facilitaba las herramientas de verificación biométrica a los programas sociales del Gobierno Federal confirmó a Crónica que quedaron suspendidas estas acciones y que Bansefi devolvió ya los equipos con los que se validaba la huella dactilar antes de pagar a beneficiario.

No se ha aclarado ni el número ni detalles del personal contratado por outsourcing con los recursos que se liberaron al dejar de realizar las verificaciones de huella, algo que al menos en teoría, debió ser transparentado por Bansefi vía el sistema Compranet de Función Pública al realizar el gasto. La unidad de transparencia de Bansefi, después de muchas peripecias, prometió tramitar el tema como uno más de Acceso a la Información.

Crónica contactó a Sarenggo para solicitar referencia de las nóminas que actualmente administra bajo el régimen de outsourcing y efectivamente la referencia fue que Bansefi es su principal cliente.

El contrato adjudicado sin licitación es un gran despegue para la empresa Sarenggo que en los dos años previos obtuvo tres contratos federales, también como outsourcing, pero que se limitaba a personal de limpieza de instalaciones para la delegación Querétaro del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y para el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (OPIT). Su pago bruto más grande en esos años fue por algo más de un millón de pesos y 11 meses de prestación del servicio.

Por tanto, con el contrato pagado por Bansefi este año, el salto de Sarenggo es cuantitativo y cualitativo pues equivale a manejar tres meses al personal de servicio técnico y administrativo de una instancia del sistema financiero nacional en lugar de personal de limpieza. Cada uno de estos tres meses (febrero, marzo y abril de 2019) la nómina implicada tiene un valor de 49.9 millones de pesos. De acuerdo con la tasa habitual manejada por los outsourcing nacionales, 3.7 millones de pesos son las ganancias mensuales brutas para Sarenggo.

En la información que se hizo pública sobre el contrato, tampoco hay referencias de otros procesos administrativos que esta empresa, cuya especialidad es la contratación subrogada, aunque se trata de un outsourcing poco identificado por quienes trabajan en el sector. Hay evidencia de que ha participado en diversos procesos de licitación gubernamental en los que no resultó seleccionada, además de los contratos sin licitación en INEA y OPIT.

Los teléfonos de la empresa están en funcionamiento, aunque es un tanto curioso que no hay protocolos para responder las llamadas:

—Bueno –dice una voz femenina sin más…

—¿Es Sarenggo?

—Sí, buenas tardes, a sus órdenes…

—Quisiera conocer sus servicios…

—¿De dónde llama?

—Quiero conocer sus servicios, me los recomendaron, pero quisiera saber con quiénes han trabajado, más datos de ustedes. Le llamo para eso…

—¿Quién nos recomendó?

—Uno de mis socios que ha estado buscando outsourcing…

—Estamos trabajando con Bansefi, es nuestro cliente principal.

La mujer no se identifica ni pide que su interlocutor lo haga, termina por pedir un teléfono y prometer que se remitirá la petición a otra de las empresas “del grupo”. Pide un teléfono y ya.

La empresa no aparece entre las que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó con datos actualizados y con inscripción ante el IMSS como intermediarios en contrataciones de personal y el manejo de prestaciones sociales.

No hay una justificación detallada de Bansefi a Compranet para no licitar el servicio y entregar los 146 millones de pesos directamente a Sarenggo; no hay referencia a porqué esa y no otra empresa; lo que reportó a Función Pública en ese sistema es la transcripción de los párrafos de la Ley de Adquisiciones: “Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.

Y desde allí el contrato se vuelve de una opacidad completa. Durante la pasada semana, Crónica contacta a los responsables de vinculación de Bansefi que, muy amables, remiten a otras áreas debido a que no pueden contestar una respuesta sencilla: ¿A qué personal contrataron vía outsourcing con esos 146 millones de pesos o bien qué se adquirió al erogar esos recursos?

Una odisea más resulta la visita a la unidad de transparencia de Bansefi. Dos horas sin que nadie sepa cómo opera aquello. En realidad, la institución debió transparentar su gasto desde que lo informó a Función Pública vía Compranet, pero la documentación disponible sólo refiere que se gastaron 146 millones 614 mil 793 pesos con 17 centavos.

SIN BIOMETRÍAS Y SIN TRANSPARENCIA. La traza de los recursos que dejaron de gastarse en la identificación biométrica de beneficiarios de programas sociales lleva justamente al contrato con Sarenggo porque son los únicos recursos que empatan, en montos y tiempos, en el presupuesto de Bansefi.

Los contratos de biometrías (que estaban por cumplir 10 años) tuvieron su último día de vigencia en marzo, en tanto el contrato Sarenggo se arreglaba un mes antes para echarlo a andar.

Hasta 2017 los recursos de Progresa eran entregados a los beneficiarios previa identificación con la huella dactilar. Se logró que todos los beneficiarios, incluso en regiones remotas, estuvieran registrados en una base de datos que incluía las huellas dactilares. Con terminales que podían trabajar sin internet, previa carga de las huellas de los beneficiarios, en lugares sin servicios bancarios y sin internet, se lograba la identificación del beneficiario.

La administración federal de López Obrador ha señalado que se estará recurriendo a servicios financieros como Banco Azteca para la dispersión de los recursos de los nuevos programas sociales como los destinados para jóvenes. En este caso, la dispersión se hará por tarjetas, sin verificar biometrías. La contribución de Sarenggo en todo esto sigue siendo una incógnita.

Migración de niños a México crece 570% en dos últimos años

Entre enero y marzo de 2019, siete mil 285 niños y adolescentes migrantes han interpuesto solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Esta cifra, dividida entre los tres meses reportados, representa un promedio de dos mil 428 trámites mensuales, el cual es 316 por ciento mayor respecto al registrado en 2018, cuando hubo 583 solicitudes por mes, y 572 por ciento superior a los 361 casos mensuales de 2017, según las cifras públicas disponibles. 

Las siete mil 285 peticiones de asilo de niños y adolescentes en el primer trimestre de este año representan 57 por ciento de las 12 mil 716 recibidas en total entre los distintos grupos de edad. En 2017 se recibieron 14 mil 619; mientras que en 2018 fueron 29 mil 600. 

Este año, la mayor parte de los trámites para el grupo de cero a 19 años de edad se concentran en Chiapas, con cuatro mil 762; le siguen la Ciudad de México, con mil 326; Tabasco, 640 y Veracruz, 557.

Honduras, El Salvador y Guatemala son las principales naciones de origen de este sector vulnerable, el cual, según expertos, está expuesto a la xenofobia y racismo en nuestro país.

Según datos del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a nivel mundial viajan 98 mil 400 menores solos; más de la mitad son desplazados.

Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), alertó acerca del aumento de niños migrantes en las caravanas cque llegan al país debido a las situaciones de violencia y pobreza que imperan en sus naciones; por ello pidió a las autoridades velar por las garantías de los menores durante su trayecto.

“Nosotros hemos advertido el aumento en la presencia de menores de edad en un número considerable. El Sipinna debe estar presente en todo momento”, explicó a La Razón.

El dato: lA MESA de Seguimiento del paso de Personas Migrantes por Chiapas sesionó ayer, informó PC.

A decir de Corzo, los menores no deben pisar las estaciones migratorias, las cuales no tienen la capacidad para atenderlos, sino que deben ser remitidos a centros de asistencia social donde se les brinde atención psicológica y de salud.

Tania Ramírez Hernández, directora adjunta de Vinculación Cultural y Educación del Conapred, dijo que es necesario comprender y analizar los contextos de donde vienen los niños, antes de criminalizarlos.

“Nos enfrentamos a una serie de prejuicios y estigmas en torno a las personas. Es muy importante hacer conciencia de esta problemática. Es importante mencionar que (en) los niños debe haber un especial cuidado, porque es necesario comprender las situaciones por las que dejan su país —como violencia, pobreza y violaciones a los derechos humanos— antes de criminalizarlos con actos de xenofobia”, destacó.

Entre 2012 y 2016, señaló, se incrementó el número de menores presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM), pues el último dato refiere que hay alrededor de 40 mil niños en esta situación; la mayoría tiene de seis a 11 años de edad.

“En los controles migratorios siempre se deben cuidar y respetar los derechos humanos de los niños; no se les debe discriminar, estigmatizarlos ni tratarlos con prejuicios. Hay expresiones de racismo, xenofobia y aporofobia; pero también hay solidaridad al darles comida, agua y albergue; eso también es una capacidad de las personas”, expuso Ramírez Hernandez.

Asimismo, sostuvo que es necesario hacer un análisis de las acciones que realizan los gobiernos de Centroamérica para proteger a los infantes y evitar que salgan de sus países, pues para eso se brindan recursos internos e internacionales.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), comentó que migrar es un derecho humano; por ello, México, en su política migratoria, debe cuidar y proteger las garantías de los infantes durante su estancia en el país y evitar “que pisen cualquier estación migratoria, ya que eso sí es una violación a sus derechos humanos”.

Según cifras de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, en marzo de 2019 aumentaron 66 por ciento las detenciones de niños extranjeros no acompañados en su frontera sur, al registrarse 35 mil 898 detenciones, respecto a las 21 mil 641 del mes pasado.

En EU toman datos biométricos de menores

La Patrulla Fronteriza en Texas y Arizona comenzó a tomar a niños migrantes menores de 14 años de edad datos biométricos, que incluyen huellas dactilares y fotografías, así como la identificación del iris ocular cuando es posible.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el objetivo de dichas medidas es detectar casos de trata, cerciorarse de que el menor va acompañado de sus verdaderos padres o tutores y establecer la identidad del infante.

Asimismo, refirió que entre octubre de 2018 y marzo pasado se detectaron dos mil 700 casos de personas en la frontera con México que afirmaban ser parte de una unidad familiar, lo cual era falso; por ello se optó por reforzar los controles, toda vez que sólo se tomaba una fotografía al menor, según informó la agencia EFE.

Zona franca, Corredor del Istmo

En el proyecto del Tren Transístmico, que conectará mediante el Istmo, al Pacífico y al golfo de México, se creará una zona franca que beneficie a empresas y a la ciudadanía, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y de integrantes de su gabinete, también informó que el tren de contenedores contará con vagones de pasajeros.

“Vamos a crear también una zona especial en el Istmo, una zona franca. Los que vengan a invertir en el Istmo van a tener como facilidades impuestos bajos”, anunció.

Y agregó que en el Istmo va a bajar el ISR a la mitad, así como el IVA. “Y vamos a bajar el precio del gas, de la luz, de las gasolinas y del diésel”, reiteró.

En el Corredor del Istmo está diseñado un plan que comprende 76 municipios de Oaxaca y de Veracruz, con la idea de crear una cortina de desarrollo a lo largo de la vía férrrea, para que haya trabajo y bienestar en esta región del país.

El Presidente enfatizó que en el proyecto no tendrá cabida la inversión extranjera y se hará con capital nacional y eventualmente participará la Iniciativa Privada (IP) mexicana.

“No anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro”, dijo.

Al encabezar en este municipio la presentación del Programa Nacional de Reconstrucción, el Presidente explicó que también se van a ampliar los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y de Coatzacoalcos, en Veracruz.

Al hacer el compromiso de que no se afectará al medio ambiente, el Presidente insistió en que las comunidades indígenas ya dieron su aval a este proyecto y aseguró que a nadie de los involucrados se les despojará de sus bienes.

“Vamos a consultar siempre a las comunidades, a los pueblos y, además, van a participar; nada de que ‘te compro la tierra y tú ya ve qué haces, te vas a ilusionar, porque vas a recibir tu dinero’, millones de pesos y te acabas ese dinero rápido, porque compras camionetas, las trocas, te mareas y te echas a perder. No, así no”, dijo.

Después, entre los asistentes, sometió a una “consulta” rápida el plan de desarrollo, y a mano alzada dijeron que sí avalan el plan de la vía férrea.

“Es un plan de desarrollo en el Istmo, como no se ha visto en mucho tiempo”, reiteró.

Al acabar el acto, hizo un recorrido privado para supervisar los trabajos de construcción del muelle de usos múltiples en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca y el proyecto del nuevo puerto industrial.

Las actividades concluyeron con una inspección -también privada- de la refinería de Salina Cruz, donde fue recibido por los trabajadores de Pemex.

Mapaches de Morena eligen a beneficiarios de Bienestar

Alejandro Suárez | El Sol de México

Militantes de Morena manejan puestos clave de los Servidores de la Nación, grupo encargado de levantar el Censo del Bienestar que concentrará los datos de 24 millones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal.

El Sol de México revisó la información del Portal Nómina Transparente y del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde detectó que de los coordinadores regionales, al menos en 25 casos fueron candidatos, legisladores o militantes de Morena.

La estructura de morenistas se extiende a los mandos superiores. Para empezar, están los encargados de los programas desde las mismas Secretarías. La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, exdiputada federal por Morena, tiene a su cargo el Programa de Adultos Mayores.

También está Horacio Duarte, quien en su calidad de subsecretario de Empleo, es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el futuro. Duarte fue el representante de Morena ante el INE en el pasado proceso electoral.

Debajo de ellos están los llamados superdelegados, uno por cada entidad federativa. En este grupo de hombres y mujeres hay perfiles de excandidatos morenistas. Delfina Gómez, quien compitió hace dos años en el Estado de México por la gubernatura y Carlos Lomelí Bolaños, que hizo lo propio en Jalisco.

Además de eso, está Jaime Bonilla Valdez, quien sólo fue superdelegado en Baja California un par de meses antes de convertirse en candidato de Morena por esa entidad.

Por ejemplo, Modesta Fuentes Alonso, quien fue diputada federal morenista durante la Legislatura pasada, hoy es coordinadora regional.

Más de 17 mil personas están recorriendo calles y poblados y por medio de una app obtienen la información de credenciales del INE

Otro caso es el de Mitsuo Janathan Ixcoatl Hernández Delgado, que compitió por una diputación federal por el estado de Jalisco durante las elecciones de 2018 y Martha Elizabeth Luna Crespo, también excandidata en Guanajuato.

María García Monjaras, quien fue coordinadora de Morena en la zona norte de Guanajuato, o Armando García Méndez, quien fue enlace del partido en el Estado de México con el CEN nacional, hoy son coordinadores regionales.

El partido de Morena acaba de ser multado por falta de transparencia. Esta sanción fue ordenada porque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales acreditó que el partido no cumplió con publicar toda su documentación en su página de internet.

Posteriormente, el Instituto Nacional Electoral lo sancionó con 80 mil pesos por esta falta, la cual fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para José Antonio Crespo, académico del CIDE y analista político, que existan personajes relacionados con Morena en el levantamiento del Censo del Bienestar es una señal de que se puede partirizar la entrega de programas sociales.

“Se está partirizando un programa de gobierno, en la medida que no es una instancia que nace del gobierno, sino que hay gente vinculada al partido (Morena) o mezclando del partido con el gobierno, se puede ver la intencionalidad partidista de los programas sociales”, dijo el especialista. Crespo comentó que este panorama le recuerda mucho los tiempos del PRI cuando desde el gobierno se apropiaban de los programas sociales con fines electorales.

Por eso, instancias como el INE deben poner atención sobre el uso del Censo, y también lo tendría que hacer la Fepade, pero tiene un problema esta instancia. “El INE sí podría hacerlo (vigilar el uso del Censo) porque los consejeros no son de Morena, por eso a López Obrador no le gusta el INE, porque son gente que fueron puestos por otros partidos y no están vinculados con Morena. De la Fepade lo dudo, porque el fiscal (José Agustín Ortiz Pinchetti) es gente de Morena, él mismo es militante”, dijo.

A principios de abril, El Sol de México entrevistó a Ariadna Montiel, y en la charla, la funcionaria federal admitió que sí es una operadora política, pero negó que el gobierno vaya a utilizar los programas sociales con fines electorales.

“Tenemos una visión distinta de cómo obtener el poder. Nosotros no vamos a replicar lo que criticamos. Nosotros fuimos víctimas del uso político de los programas sociales. Hemos aprendido a estar en la calle, que es lo que el gobierno quiere. Y lo que se necesita en el gobierno son operadores, no burócratas. Y sí me considero una operadora política”, dijo en esa ocasión la subsecretaria.

Incluso, garantizó que aunque la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnski, le pida los datos, se los negará porque se debe actuar conforme a la ley.

Estos morenistas son los responsables del levantamiento de este Censo que servirá de base para que el Gobierno federal conforme los padrones de beneficiarios de programas como Pensión de Adultos Mayores, Apoyos a Personas con Discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Crédito a la Palabra para productores del campo, Tandas del Bienestar, entre otros.

Para lograrlo, estas más de 17 mil personas están recorriendo calles y poblados y por medio de una app obtienen la información de la credencial del INE de las personas, es decir, nombre y dirección de más de 24 millones de mexicanos en edad de votar.

Foto: Cortesía

De acuerdo a la nómina de los Servidores de la Nación, este grupo está conformado por 17 mil 68 personas, de las cuales 259 son coordinadores regionales y tienen un sueldo neto mensual de 51 mil 087 pesos; hay otras ocho personas que ganan entre 23 mil 014 pesos y 29 mil 207 pesos al mes; los restantes 16 mil 801 servidores perciben un salario neto de ocho mil 173 pesos mensuales.

En total será una nómina anual de mil 901 millones de pesos que se tendrán que ir a la nómina de los Servidores de la Nación, todo este dinero por honorarios.

Desde el mismo anuncio del censo se generó polémica al respecto. Para empezar, su levantamiento comenzó antes incluso de que López Obrador asumiera la Presidencia de la República, esto bajo el argumento de que no se podía perder tiempo. La crítica principal es porque, en lugar de utilizar una institución del Estado mexicano, como podría ser el INEGI, el entonces gobierno en transición optó por utilizar la estructura de su partido, Morena. El censo aún no se concluye. Hasta mediados de mes había un registro de poco más de 20 millones de personas, lo que si se compara con las expectativas del gobierno, aun quedaban al menos cuatro millones de posibles beneficiarios.

La orden del Ejecutivo era tener listos los padrones a principios de marzo para que fuera en ese mes que los recursos de estos programas sociales ya estuvieran dispersándose.

“A los que trabajan en el gobierno, mis compañeros les digo apúrense, hay que trabajar 16 horas diarias...”, les dijo a principios de marzo López Obrador a sus colaboradores por el retraso en el censo.

Al cierre de esta edición, El Sol de México buscó a la líder nacional del partido Morena, Yeidckol Polevnsky, para pedirle su opinión sobre esta información, pero rechazó la comunicación.

Van por candados para los fideicomisos públicos

El dictamen de la ley de austeridad republicana del Estado propone redirigir los recursos de los fideicomisos que tiene el gobierno federal para obtener mayores ingresos.

La propuesta de Morena busca limitar el uso discrecional de los recursos que se concentran en los fideicomisos, los cuales acumulan alrededor de 800,000 millones de pesos, de acuerdo con la propuesta de dictamen.

Además, plantea establecer un monto máximo de dinero público permitido en los fideicomisos públicos constituidos para que ya no haya más abusos de los mismos.

“El monto no podrá ser mayor a 0.5% del presupuesto total asignado a cada uno de los entes públicos, en caso de que dicho porcentaje crezca por las actividades financieras propias de la operación del fideicomiso, el excedente deberá enterarse y entregarse a la Federación”, se expone en el dictamen.

Asimismo, se propone que los entes públicos de la Administración Pública Federal no constituirán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni podrán hacer aportaciones, transferencias o pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto.

Todos los fideicomisos existentes deberán ser constituidos desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha dependencia llevará un registro público de cada fideicomiso.

Perfilan recortes y ajustes a todo el erario público

El gobierno federal estará obligado a ajustar más el gasto para la contratación de personal, la operación de sus dependencias y las prestaciones de servidores públicos.

De acuerdo con el proyecto de dictamen de ley de austeridad republicana que, se prevé, discutirán hoy los diputados, la contratación de asistentes personales, asesores y trabajadores por honorarios quedaría reducida a niveles mínimos, se eliminaría la asignación de chofer para todos los servidores públicos y se limitaría la contratación de servicios de consultoría de despachos externos.

Se elevaría a rango de ley la prohibición de contratar seguros de retiro, de gastos médicos y caja de ahorro con cargo al erario público, y de otorgar pensiones especiales de retiro para expresidentes de la República.

De acuerdo con el proyecto, la austeridad republicana “implica reducir los gastos onerosos e innecesarios”.

Flexibilizan normas de conducta; quitan sábados laborales

La ley de austeridad republicana contempla también un código de ética para los funcionarios públicos.

Sin embargo, se flexibilizaron las medidas contempladas en el proyecto original y se eliminó del documento la obligación de los funcionarios para trabajar de lunes a sábado y la prohibición de convivir en fiestas o comidas con contratistas, proveedores o inversionistas del gobierno.

Adicionalmente a estas disposiciones, el dictamen contempla ajustes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de conflicto de interés. Se introduce un candado para evitar el nepotismo y se prohíbe que los servidores públicos influyan para la contratación en el gobierno federal de parientes hasta en un cuarto grado.

Respecto de los salarios de los funcionarios públicos, el proyecto original también fue modificado y se eliminó la especificación para que ninguno pudiera tener percepciones más altas que el presidente de la República y solamente se establece que las remuneraciones serán “adecuadas y proporcionales” a sus responsabilidades.

Asimismo, se detalla que “por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado” a la burocracia.

La ley sobre austeridad republicana sólo aplicaría a funcionarios del Poder Ejecutivo, con lo que se dejarán intactas otras prerrogativas que tienen servidores públicos de otros poderes como los diputados, algunos de los cuales cuentan con choferes particulares con cargo al erario público.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas (PAN), reiteró que el proyecto de ley es de observancia sólo para los funcionarios del Ejecutivo federal, a los cuales se les aplica excepciones.

En entrevista la legisladora del albiazul reconoció, a su vez, que muchas disposiciones que integran la ley de austeridad ya están vigentes en otras leyes.

Ante la pregunta sobre cuál es el estimado de lo que se podría ahorrar con la implementación de la ley, la legisladora del PAN aseveró que más que el ahorro, se pondrá énfasis en que se eficiente el gasto público y no haya sobreprecios.

Las medidas de austeridad

Las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados tienen listo el proyecto de ley de austeridad republicana que impulsaron los legisladores de Morena. Éstas son las nuevas reglas para el uso del gasto público:

Prestaciones. Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de retiro o de ahorro para los funcionarios públicos.

Burocracia. Elimina cargos duplicados e impide que se creen plazas adicionales a las ya contempladas en el presupuesto. Se reduce el número de asesores, consultores y personal por honorarios.

Bienes muebles e inmuebles. Limita el uso de las propiedades del gobierno y prohíbe la posibilidad de remodelación de oficinas sólo por cuestiones de estética.

Obras públicas. Establece límites en la adquisición y arrendamiento de bienes, muebles e inmuebles, así como para la contratación de servicios y obra pública bajo principios de economía, eficiencia y funcionalidad.

Oficinas en el extranjero. Se eliminan todas las oficinas de las dependencias federales en otros países y mantienen sólo las que tengan que ver con seguridad y justicia. El resto de las funciones lo asumirán embajadas y consulados.

Expresidentes. Prohíbe otorgar pensiones de retiro a expresidentes, salvo las contempladas por el ISSSTE, y la asignación de cualquier oficina y personal administrativo y de seguridad con cargo al erario.

Fideicomisos. Regula la creación de fideicomisos por parte de las dependencias federales. Todos estos fondos tendrán que tener la autorización de la Secretaría de Hacienda.

Medios de transporte. Permite la compra y renta de vehículos sólo con un valor inferior a 367,000 pesos. En el caso de aviones y helicópteros, éstos podrán ser utilizados sólo para funciones de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea y protección civil.

Remuneraciones. Los funcionarios públicos no podrán recibir bonos, estímulos, comisiones económicas, compensaciones o percepciones extraordinarias a su salario.

Conflicto de interés. Incluye candados para que los burócratas se separen de intereses económicos que afecten su función y para que no beneficien a parientes con contratos públicos.

Gana el PSOE en España; el PP se derrumba

Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su líder, Pedro Sánchez, cosecharon este domingo una victoria sin paliativos en las elecciones generales, al obtener 123 diputados, con un respaldo de casi 7 millones 500 mil ciudadanos. Además, el llamado bloque de izquierdas venció holgadamente al bloque de la derecha, con lo que se abren varias posibilidades para tejer alianzas de gobierno y buscar la relección de Sánchez como presidente del gobierno.

Hemos demostrado a Europa y al mundo que se puede ganar a la reacción y al totalitarismo, dijo un eufórico líder socialista, quien se comprometió a luchar contra la desigualdad y la injusticia.

La contraparte de la noche electoral fue el derechista Partido Popular (PP), que obtuvo el peor resultado de su historia, al sumar únicamente 66 diputados –71 menos que en 2016–, con lo que su líder, Pablo Casado, se convirtió en el gran derrotado de los comicios. Los números reflejan el revés del PP: en sólo tres años perdió más de 3 millones 600 mil votantes y pasó de representar 33 por ciento del electorado a únicamente 16.7 por ciento.

Las elecciones generales españolas confirmaron que el Congreso de los Diputados estará fragmentado en cinco grandes partidos los próximos cuatro años y el bloque de la izquierda o progresista arrolló al conservador. Una de las claves fue la alta participación, que superó 75.75 por ciento, es decir, que de los 36 millones 800 mil ciudadanos convocados a las urnas acudieron a votar unos 28 millones.

Con 99.63 por ciento de los votos escrutados, el PSOE obtiene 123 diputados; el PP, 66; la formación Ciudadanos (Cs), 57; Unidos Podemos (UP), 42; y la emergente de extrema derecha Vox, 24. Para completar las 350 curules del Congreso están las formaciones autonómicas o nacionalistas: 15 de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); siete de Junts per Catalunya (JxCat); seis del Partido Nacionalista Vasco (PNV); EH-Bildu, cuatro; Coalición Canaria (CC), dos; Navarra Suma, dos, y Compromís, uno; y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), uno.

La otra gran victoria del PSOE fue que recuperó el control del Senado, que en las legislaturas recientes había estado dominado con mayoría absoluta por el PP. En esta ocasión el PSOE será el grupo mayoritario, con 123 senadores; le seguirá el PP, con 55 (en 2016 obtuvo 130); ERC (10); PNV (nueve); Cs (tres); Navarra Suma (tres); JxCat (dos); CC (uno); EH-Bildu (uno) y Agrupación Socialista Gomera (uno).

Esta cita electoral se presentó como la pugna entre los dos grandes bloques, en el que la izquierda ganó con creces, al sumar en conjunto entre los socialistas y UP 165 diputados, lo que representa el apoyo de más de 11 millones 100 mil personas. Mientras el bloque conservador o trifachita, como se le denominó peyorativamente, sumó entre los tres partidos 147 escaños, pero que supone en realidad una cifra similar de 11 millones 100 mil personas.

Con estos resultados, el único que podría buscar la formación de un nuevo gobierno sería el socialista Pedro Sánchez, que ya tiene el compromiso de UP de apoyar un futuro gobierno de coalición, y aunque no alcanzan la mayoría absoluta, que está en 176 diputados, sí superarían una eventual investidura en segunda votación por mayoría simple.

El líder socialista salió al balcón de la sede su partido, donde lo esperaban miles que coreaban su nombre y recuperaban el grito de la resistencia antifascista del ¡No pasarán! para recordar que le cerraron el paso a la extrema derecha.

Sánchez afirmó eufórico: El PSOE ha ganado las elecciones generales. Y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Hay que reivindicar la democracia y la defensa que ha hecho el conjunto del país en defensa de los derechos y las libertades que hemos conseguido juntos estos años. No queremos la involución, la reacción, el retroceso, queremos un país que avance y mire al futuro. También hemos mandado un mensaje nítido a Europa y al mundo, de que se puede ganar a la reacción y al autoritarismo. Hemos ganado las elecciones y vamos a ganar España.

Cuando la multitud le gritaba que Con Rivera no, en alusión a que no se plantee hacer un pacto de gobierno con el líder de Cs, el mandatario español respondió con un enigmático: Nosotros no vamos a imponer cordones sanitarios a nadie mientras respete la Constitución.

La imagen de la derrota y la desolación estaba en la sede central del PP, donde no había ningún seguidor, el escenario montado para celebrar estaba vacío. Ahí compareció Pablo Casado, el joven nuevo líder del PP que sustituyó hace menos de un año al ex presidente Mariano Rajoy, quien fue a su vez defenestrado por el socialista Sánchez tras una histórica moción de censura impulsada por los numerosos y graves casos de corrupción en la derecha.

Casado felicitó a su rival y reconoció que el resultado ha sido muy malo. Al PP le gusta ganar y ganar siempre. Llevamos varias elecciones que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral y nos vamos a poner a trabajar desde ahora para recuperar ese apoyo y el espacio del centro-derecha, que al fragmentarse difícilmente se convierte en una opción ganadora.

Insistió en que la clave fue la división en el seno del voto de la derecha e insistió en que trabajará en el futuro por una eventual coalición o alianza, se supone que con Vox y Cs.

En la sede de Ciudadanos se celebró la jornada electoral como una victoria parcial, una vez que la formación incrementó 80 por ciento sus apoyos, al pasar de 32 a 57 diputados y convertirse en la tercera fuerza, superando a UP.

Su líder, Albert Rivera, se mostró eufórico, aunque reconoció que hay una mala noticia y es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas. Pero la buena noticia es que hay un proyecto ganador, que sí que cree en España y sí tiene futuro. Ciudadanos se erige en la esperanza y el futuro de España. Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución, a la economía de mercado, a la Unión Europea. Les prometo que más pronto que tarde vamos a gobernar España.

En la sede de UP había caras largas. Perdió más de un millón 400 mil votantes y pasó de tener 75 diputados a sólo 42. La lectura de su dirigente, Pablo Iglesias, fue que el peso parlamentario del bloque progresista supera al bloque de las tres derechas. Nos hubiera gustado un mejor resultado, pero es un resultado suficiente para cumplir los dos objetivos: frenar a la derecha y construir un gobierno de coalición de izquierdas. Ahora toca desempeñarnos con mucha discreción y cumpliremos el mandato de trabajar para que haya un gobierno de coalición de izquierda.

El líder de Vox, Santiago Abascal, compareció triunfalista, al recordar que su formación pasó en sólo tres años de 40 mil a más de 2 millones 600 mil votantes. Y afirmó: Esto es sólo el principio. A partir de ahora nos va a tocar luchar para iniciar una reconquista. Y le podemos decir a toda España que Vox ha venido para quedarse. Hoy es un momento también de preocupación, porque no ha sido posible expulsar al frente popular. España hoy está peor que ayer, pero eso significa que Vox es más necesaria y ya está dentro del Congreso.

En la sede de Barcelona de ERC hubo celebración por todo lo alto el triunfo electoral de la formación soberanista de izquierda, al convertirse por primera vez en el más votado en Cataluña en unas elecciones generales.

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, advirtió que Euskadi es nacionalista y ha votado nacionalista en un tono propositivo y constructivo. Aquí una vez más se ha visto de manera latente que la ciudadanía vasca no votó a la ultraderecha reaccionaria, que ha tenido un respaldo nulo y eso nos satisface y nos lo tomamos como una victoria.

En EH-Bildu, su líder, Arnaldo Otegi, celebró la noche electoral como una gran victoria, ya que pasó de tener dos a cuatro diputados y se convirtió en la formación política que más creció en el País Vasco. Aseveró: estamos aquí para decir adiós a Pablito Casado y adiós al trifachito. No han podido y jamás podrán con nosotros. En el Estado español siempre hay una deriva autoritaria que intenta imponerse y hoy no ha podido. Pero no ha desaparecido y nosotros le seguiremos haciendo frente en el futuro.