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En los últimos nueve años, funcionarios estatales no han explicado el uso de más de 8 mil 71 millones de pesos.
En este año, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) detectó irregularidades en el uso de 499 millones 182 mil pesos, que corresponden a recursos federales de 2018.
Reportó que entre enero y septiembre de este año inició 55 auditorías por monto total de 8 mil millones de pesos, de las cuales 48 corresponden a recursos federales y siete a recursos estatales, de estos últimos solo se revisaron 291.7 millones de pesos.
"Al mes de septiembre se han concluido 46 auditorías de recursos federales y dos continúan en proceso, que derivaron en 119 observaciones por un importe de 499,182,000 pesos, las cuales se encuentran en trámite de atención por parte de las dependencias y entidades responsables del ejercicio del recurso", expuso, esta dependencia en un reporte interno.
La Contraloría reveló que, de las observaciones que ha realizada por órganos de fiscalización federales, aún no han sido solventados más de 7 mil millones de pesos.
Aseguró que el 76 por ciento de estas irregularidades corresponden a administraciones anteriores.
"A 348 observaciones pendientes de solventar por un monto de 7 mil 572 millones 700 mil pesos ante la Secretaría de la Función Pública, correspondientes a auditorías realizadas a los recursos públicos federales en los ejercicios 2009-2017", expuso.
En cuanto al gasto irregular de 633.7 millones de pesos, durante 2017, detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la Contraloría aseguró que ya atendió las observaciones a 633.4 millones, pero aún está en análisis de este órgano fiscalizador federal.
Sancionan poco
De acuerdo con este informe de la Secretaría de la Contraloría, de mil 520 denuncias contra funcionarios estatales por la comisión de actos irregulares, solo 31 han sido castigados con la inhabilitación.
Esta dependencia estatal detalló que el Gobierno estatal anterior dejó 238 expedientes de responsabilidad administrativa en trámite por actos u omisiones de servidores públicos, a los cuales se sumaron 770 que inició esta administración en 2017.
De este universo, aclaró, ingresó 430 casos al registro de servidores sancionados.
La Contraloría expuso que entre enero y septiembre de 2018, abrió 512 expedientes de responsabilidad contra servidores públicos, de los cuales solo 31 corresponden a inhabilitaciones.
A pesar de ello, presumió que en los últimos dos años, ha resuelto el 66 por ciento de los casos, con 881 sanciones; que comprenden, en la mayoría de los expedientes, a amonestaciones públicas y privadas.
Noticias NVI
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