Fepade plantea más dientes para lograr fiscalización electoral.

Financiamiento irregular y uso de recursos públicos serán ilícitos graves, dice FOTO: Bernardo Coronel

Diana Martínez

Un tribunal penal electoral, prisión preventiva para algunos ilícitos en la materia, penas más severas y tipificar como delito conductas cibernéticas como campañas de desprestigio en redes sociales contra candidatos, son cambios que analiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Héctor Díaz Santana, titular de esta fiscalía, adelantó que en los próximos días presentará al Senado una propuesta para modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de acuerdo con el borrador, deben ser reformados por lo menos 10 artículos de esta ley.

Una de las propuestas es crear un tribunal penal, ya que actualmente son los juzgados de distrito son los que conocen de estos casos y no están especializados en la materia electoral, ya que resuelven todo tipo de ilícitos.

Díaz Santana explicó que se analiza si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacióndebe crear una sala en materia penal o si el Consejo de la Judicatura Federal debe tener una sala especializada, y esto agilizaría los procedimientos, pues hay juicios que tardan entre tres y cuatro años en concluir.

El fiscal señaló que no todos los delitos electorales deben ser considerados graves, sólo los relacionados con financiamiento irregular, con el uso de recurso público y corrupción.

“Hay una demanda en el que los tipos penales tienen que aumentar las penas, creo que esto es necesario discutirlo.

“Hay otros que no podemos criminalizar sobre todo los referidos a personas en situación de marginalidad como coacción del voto o las personas que se cambian de manera irregular de domicilio”, explicó.

Aseguró que se debe hacer más eficiente la investigación en delitos electorales porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece atribuciones sólo en delitos de alto impacto y la Fepade ha enfrentado problemas en los casos de financiamiento indebido, pues al llegar a un lugar donde hay flagrancia y encuentran computadoras o memorias USB no pueden accesar a estas porque no hay orden judicial, tampoco pueden hacer intervenciones telefónicas ni cateos.

“La experiencia nos dijo que es necesario incorporar otros tipos penales, por ejemplo, los que tengan que ver con candidaturas independientes… no hay tipos penales relacionados con el proceso antes de ser candidatos, hay una demanda social en el tema de violencia política de género”, señaló.

El Heraldo de México