Exigen en estados respetar soberanía
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| Javier Corral y Jaime Rodríguez se oponen a la figura de delegados estatales de AMLO. Foto: Especial |
Claudia Guerrero y Daniel Reyes
Cd. de México
Por considerar que contraviene el pacto federal, Gobernadores y Mandatarios electos cuestionaron la estructura de 32 delegados estatales anunciada por el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
REFORMA publicó ayer que el tabasqueño ha girado instrucciones a los próximos delegados para alistar la supervisión de fondos federales en las entidades con la intención de que no haya intermediarios ni cobro de moches.
Enrique Alfaro, Gobernador electo de Jalisco, aseguró que su Administración no permitirá que ningún funcionario federal ejerza funciones que sólo le corresponden a la autoridad estatal.
"No es en un ánimo de pleito, pero no vamos, en ninguna circunstancia, a permitir que se quieran generar poderes por encima de los poderes públicos. Si ésa fue la intención de alguien, en Jalisco no va a suceder.
"Está perfectamente establecido que Jalisco es un Estado libre y soberano, que somos parte del pacto federal y que está establecido que en el Estado gobierna el Gobernador. No hay nada que interpretar", sostuvo.
El Mandatario de Chihuahua, el panista Javier Corral, opinó que los delegados podrían sustituir facultades que hoy corresponden a los estados.
"El riesgo es que se quiera suplantar la interlocución entre el Gobierno federal y los Gobernadores, que se quiera trastocar el federalismo. Hay un riesgo de que empecemos mal.
"No voy a aceptar que nadie sustituya la interlocución con el Presidente, y el riesgo de esta figura es que tengan más un rol de carácter político-electoral que como facilitadores entre los niveles de Gobierno", reprochó.
A su vez, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, cuestionó el esquema de delegados, pero dijo que estaría dispuesto a aceptarlo si representa más recursos para la entidad.
"Es como si yo le dijera a los Alcaldes: 'Oye, te voy a mandar a un delegado para que maneje los recursos del Estado'. Eso es ir contra todo el respeto a la soberanía de las autoridades establecidas".
Explicó que Nuevo León le aporta 10 por ciento del PIB a la Federación y que en esa proporción esperan los recursos para la entidad.
"Si no, estaremos pensando a convocar a salirnos del pacto fiscal. Es una facultad que tengo como Gobernador", amagó.
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobernación, aseguró que los delegados federales deberán actuar con respeto a los Mandatarios y conducirse con ética, además de que no actuarán por encima de los Gobernadores.
"Los delegados tienen que actuar con mucha responsabilidad y con respeto a la autonomía del Gobierno de los estados, que son libres y soberanos", resaltó.
Perfilan Fiscalía de transición, aplazan reforma al 102 constitucional
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| Perfilan Fiscalía de transición, aplazan reforma al 102 constitucional. Fotos: Eduardo Jiménez y tomadas de @rocionahle y @stevenmnuchin1 |
Leticia Robles de la Rosa
CIUDAD DE MÉXICO
Organizaciones sociales y el equipo de Andrés Manuel López Obrador acordaron priorizar el diseño de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y luego nombrar al fiscal.
De acuerdo con Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, se busca tener listo el marco legal antes del 1 de septiembre, para que la nueva Legislatura lo discuta y el próximo gobierno federal ya cuente con él desde su arranque.
La aprobación de la ley orgánica es el siguiente paso una vez que la Comisión Permanente declare la constitucionalidad de la eliminación del pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General.
López Ayllón recalcó que, de momento, no está previsto modificar el artículo 102 constitucional para darle mayor autonomía a la institución, como fue una de las principales demandas de las organizaciones civiles. En tanto, María Novoa aseguró que la ciudadanía seguirá exigiendo que la designación y elección del fiscal sea un proceso definido por la transparencia.
Huachicoleros también roban gas en 7 estados
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No conformes con la gasolina y el diésel que le sustraen a Petróleos Mexicanos (Pemex), los huachicoleros hicieron del robo de gas licuado de petróleo (LP) —el que se vende en cilindros metálicos o que se entrega para tanques estacionarios— otra fuente de ingresos que está creciendo de manera acelerada.
A través de perforaciones ilegales en la red de ductos de la empresa petrolera, el crimen organizado está intensificando este delito y domina siete estados de país que se han convertido en su centro de operaciones, fundamentalmente Estado de México y Puebla.
Además de esos estados, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala padecen este flagelo, de acuerdo con información de la Dirección Jurídica y la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex.
La información proporcionada a través de la Plataforma de Transparencia con fecha del 1 de agosto de este año, indica que entre 2012 y 2017 el crimen organizado aumentó el número de tomas clandestinas para extraer este carburante en 133%.
En 2012, cuando hizo su aparición este delito, el crimen organizado inmediatamente extendió sus tentáculos en ocho entidades del país realizando 71 tomas clandestinas para extraer gas LP: 38 fueron ejecutadas en el Estado de México; 11 en Hidalgo; ocho en Jalisco; cuatro en Querétaro; cuatro más en Veracruz; tres en Puebla; dos en Guanajuato, y una más en Tabasco.
Para 2017, de acuerdo con la documentación oficial, el número de tomas clandestinas de gas LP aumentó a 166, concentrándose en: Puebla, con 61, que pasó a ocupar el primer lugar como entidad afectada; le sigue el Estado de México, con 44; Querétaro, con 42; Tlaxcala, con siete; Guanajuato, con siete; Veracruz, con cuatro, e Hidalgo, una.
El delito no cesa. Al primer semestre de 2018 suman 119 tomas clandestinas, lo que equivale a 72% de lo registrado en los 12 meses de 2017.
Pemex argumentó sobre la imposibilidad de dar a conocer detalles más específicos de robo de gas LP, como el costo del cierre de las tomas clandestinas, los municipios más afectados, así como el volumen y valor de lo robado.
En el oficio CT-0894/2018, Pemex clasificó como reservados los datos, porque “dicha información guarda relación con las estrategias implementadas para combatir el robo de hidrocarburos, el cual se ha convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales en el país”.
La ordeña clandestina de ductos de Pemex, agrega, “ha generado pérdidas económicas a este empresa productiva del Estado y subsidiarias, lo que significa una merma de recursos de tal magnitud, sobre todo en tiempo de escasez de ingresos fiscales: por tal motivo se requiere el desarrollo de una serie de estrategias que nos ayuden a reducir al mínimo el robo de combustibles, para que estos recursos no terminen en las arcas de las organizaciones criminales y se puedan utilizar en beneficio de los ciudadanos”.
La empresa productiva del Estado añade que: “Dada la participación de organizaciones criminales en hechos relacionados con delitos en materia de hidrocarburos, en las acciones tomadas para reducir el robo se pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud del personal que participa en las mismas, así como la de los habitantes donde se realizan las actividades ilícitas”.
Por esta razón, la petrolera considera que divulgar la información de tomas clandestinas por municipio afectaría directamente la estrategia de combate de estos delitos, así como la comercial de Pemex, pues incide de forma importante en las pérdidas de sus productos.
AMLO pone lupa a programas sociales
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El plan de austeridad busca reducir el dispendio general y reorientar esos recursos hacia programas prioritarios, dijo Gerardo Esquivel, próximo subsecreario de Egresos de Hacienda.
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| Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México.Fuente: Cuartoscuro |
Para lograr los alcances esperados en materia de austeridad gubernamental, la nueva administración impulsará una reforma legal a la estructura del gasto público, de acuerdo con Gerardo Esquivel, quien ocuparía la subsecretaría de Egresos de Hacienda.
“Es lo que se anunció de alguna manera, que sea una política de Estado, y eso lo preparará (Andrés Manuel López Obrador) junto con su asesor jurídico Julio Scherer, para que de alguna manera quede estipulado en la ley la magnitud de alcance de la austeridad que está planteando y que involucre a otras entidades y no solo al gobierno central”, dijo Esquivel en entrevista con El Financiero Bloomberg.
El economista enfatizó que habrá una austeridad muy importante en distintos ámbitos del gobierno y puso como ejemplo la eliminación de los seguros de separación individualizada para los funcionarios, que era un beneficio para los medios y altos mandos.
“No será una austeridad como lo definen algunos organismos, de reducir el gasto público y la presencia del Estado, sino una austeridad que busca reducir el dispendio general y reorientar esos recursos hacia programas prioritarios. Habrá una serie de políticas que revisarán el presupuesto a profundidad, algo que hace mucho tiempo no se hace, y que permitirá liberar recursos”, agregó.
Esquivel explicó cómo se van a lograr los objetivos de los programas sociales y de infraestructura, pues señaló que el grupo de transición está revisando los 150 programas sociales que existen actualmente en el presupuesto, ya que muchos de ellos, de acuerdo con evaluaciones externas, no cumplen con lo que estipulan, ni con los objetivos y no tienen definida la población a la que deben atender.
“Algunos programas están duplicados con otros programas estatales o municipales, a veces a nivel federal están duplicados, algunos son regresivos (no van dirigidos a las personas más necesitadas, sino a grupos de personas con altos ingresos)”, destacó.
Detalló que todo esto se va revisar, por lo que algunos programas se van a eliminar y otros se van a fusionar, y de esa manera se podrán liberar recursos hacia otros proyectos.
REVISIÓN AL RAMO 23
Sobre el Ramo 23, llamado ‘Provisiones salariales y económicas’, del Presupuesto de Egresos de la Federación, Esquivel indicó que no van a permitir que se exceda el gasto en el Ramo, pues cada año supera el monto aprobado por el Congreso.
En este sentido, aseguró que la nueva administración no permitirá que eso ocurra, porque esos excesos muchas veces son opacos, sujetos a acuerdos particulares del gobierno federal con los gobernadores y eso es justo lo que alimenta una relación que no es sana.
AUMENTARÁN SALARIO MÍNIMO
Esquivel destacó que ya se está discutiendo la posibilidad, muy real, de subir el salario mínimo a 101 pesos diarios desde el primer día de 2019, con lo que por primera vez en mucho tiempo se ubicaría por encima del umbral de la línea de bienestar mínimo.
“Va a ser de lo primero que se va a anunciar, posiblemente, desde el primer día de diciembre y va a entrar en vigor el primer día de 2019”, dijo, y descartó que esto genere presiones inflacionarias.
 Con información de Javier Risco*
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Tres años para que se sienta mejoría en seguridad: Durazo
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El senador electo y próximo secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, afirmó en Morelia, Michoacán, que “en los primeros tres años de la próxima administración federal los ciudadanos empezarán a sentir la mejoría en la seguridad y entregaremos, sin duda, el 2024 un país de paz y tranquilidad para los mexicanos”.
Durante el tercer foro de la Ruta para la Pacificación y la Reconciliación Nacional de México que se lleva a cabo en la Universidad Michoacana en esta capital, advirtió que el próximo gobierno federal recibirá un país con graves problemas de inseguridad, “y eso habla de la dimensión del reto que tendremos que enfrentar”. Alfonso Durazo hizo notar que la inseguridad que priva en el país no se resolverá de un día para otro.
En ese sentido, dejó claro que “no les vamos a prometer el paraíso, sería irresponsable, la situación de violencia que vive el país no se generó de un día para otro y no la vamos a resolver de un día para otro”. Aunque subrayó: “Pero sí les puedo decir que, de un día para otro, este gobierno se va a comprometer a regresarles la paz y la tranquilidad, de tal manera que en los primeros tres años la gente empezará a sentir la mejoría en la seguridad y entregaremos, sin duda, el 2024, un país de paz y tranquilidad para los mexicanos”.
Durazo Montaño refirió que resolver de fondo el problema de la inseguridad no será posible si el gobierno avanza solo, por lo que es fundamental la participación de la ciudadanía, principalmente las víctimas y precisó que éste no es un foro más, y que lo que aquí se recoja, servirá realmente para crear políticas y acciones de pacificación y reconciliación en el país.
En el evento participaron también el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González; el cardenal Alberto Suárez Inda y representantes de empresarios, así como una víctima de la violencia.
Manuel Mireles e Hipólito Mora, líderes de las denominadas autodefensas michoacanas (grupos de civiles armados que se enfrentaron a los grupos delictivos La Familia y Caballeros Templarios), estuvieron presentes. Particularmente, Mireles expuso sus dudas sobre la validez del encuentro, toda vez que quienes “habían dado su sangre por el pueblo” no estaban en el presidium. Mora comentó que no habría de perdonar a quienes asesinaron a su hijo. Ambos líderes de autodefensas fueron procesados en su momento por delitos que se sumaron a la cadena de eventos violentos iniciados por el narcotráfico en Michoacán, una entidad en la que ese tipo de actividades se centra en el trasiego y fabricación de metanfetaminas.
Los diálogos por la paz en Morelia son los que más convocatoria han tenido, registrándose hasta mil participantes (sin contar público)
Alimenta México a 160 países
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| “Los productores están convirtiendo al sector agroalimentario en una industria estratégica de nuestra economía”, dijo Baltazar Hinojosa; el país se posicionó en el lugar 11 en la producción agroalimentariaLa exposición contó con la participación de Rosario Marín (centro), inmigrante mexicana extesorera del gobierno de Estados Unidos, junto al secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa. FOTO: ESPECIAL |
ENDER MARCANO
México es líder agroalimentario y ocupa el lugar 11, a escala mundial, en producción agropecuaria, lo que ha permitido que en los últimos cinco años el valor de las exportaciones del sector aumentaran 43 por ciento, hasta 32 mil 500 millones de dólares, incluso se espera que en este año el valor de los productos que se venden en el exterior sumen 35 mil mdd.
El crecimiento del sector no solo se ve en volumen, sino en las nuevas fronteras que van cruzando los productos mexicanos que ya llegan a 160 países.
En los últimos meses, dijo Hinojosa, ha sido manifiesto el interés de mercados como el chino y europeo por importar más productos mexicanos. En el caso de Europa la estimación es que se dupliquen las exportaciones y alcancen dos mil millones de dólares para 2020.
“Los productores están convirtiendo al sector agroalimentario en una industria estratégica de nuestra economía”, declaró el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Baltazar Hinojosa, durante el inicio de la exposición México Alimentaria Food Show 2018.
Al inicio del sexenio 95 por ciento de las exportaciones agroalimentarias iba a EU, hoy esa proporción bajó a 73 por ciento, toda vez que el Medio Oriente, Asia y Oceanía son otros de los nuevos mercados que se abren a México.
Uno de los objetivos es seguir diversificando las exportaciones mexicanas. De hecho, la Sagarpa dijo que se registraron 180 compradores internacionales en la Alimentaria Food Show.
El titular de la Sagarpa agregó que uno de los rubros que crece con mayor vigor es la exportación de carne, aunque también se mantiene la importación.
En el caso del cerdo explicó que se importa más en volumen que lo que se exporta, pero el valor de las exportaciones es superior por el tipo de corte que se envía al extranjero.
Asimismo, sostuvo que con Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o sin él, “México seguirá produciendo fuerte en el campo, y seguirá exportando”.
Encinas anuncia Comisión de la Verdad por caso Iguala… con líneas del GIEI
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| Alejandro Encinas, próximo subsecretario, en reunión con legisladores electos, ayer. Foto: Cuartoscuro |
Antonio López Cruz
Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, anunció que pretende invitar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que regresen a México y retomen la investigación para esclarecer el destino de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre de 2014.
“Ya hemos platicado con las madres y los padres de los muchachos de la escuela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Tenemos que reconstruir una relación de confianza con ellos. Lo que piden es que vuelva el GIEI y atenderemos su petición”, dijo ayer, durante una entrevista en la Cámara de Diputados, luego de asistir a una reunión que realizaron los legisladores electos de Morena para el Congreso de la Ciudad de México.
El legislador informó que se deberá crear la Comisión de la Verdad para retomar la búsqueda de los 43 normalistas, a partir del 1 de diciembre.
“Queremos una Comisión de la Verdad, que efectivamente ejerza el derecho a la verdad; que ejerza el derecho a la memoria y al mismo tiempo, conozcamos el paradero de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa”, agregó.
Alejandro Encinas explicó que para retomar la búsqueda de los 43, la siguiente administración no comenzará de cero, pues retomarán los avances que ya se tienen del informe del GIEI, entre ellos, las líneas de investigación en torno a la participación de policías y elementos de las Fuerzas Armadas, así como la alteración de la escena del crimen, entre otras.
IP: sí a Tren Maya... sin quitar dinero a promoción turística
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La nueva ruta ferroviaria permitirá conectar al turismo de playa con el cultural y arqueológico, además de ampliar la derrama turística a más estados de la República, celebran.
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El proyecto del Tren Maya ampliado que anunció esta semana el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es una excelente noticia para el sector turístico de México, pero es imperativo que su financiamiento sea principalmente privado y que los recursos públicos que en él se empleen no distraigan otras prioridades como la promoción turística del país, coincidieron empresarios del sector.
La obra, de vocación netamente turística, se planteó en el Proyecto de Nación 2018-2024 presentado por AMLO en noviembre del 2017 y contemplaba un trazo de 900 kilómetros, pero el lunes el presidente electo anunció que se ampliaría a 1,500 kilómetros para abarcar paradas en los estados de Campeche y Yucatán, en adición a las de Quintana Roo, Chiapas y Tabasco planteadas originalmente.
“Yo creo que va a ser un éxito. Lo veo como un detonador muy bueno para el sureste del país”, dijo Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM).
El primer trazo ferroviario del Tren Maya va de Cancún a Tulum, de ahí más hacia el sur hacia Bacalar (pasando por Felipe Carrillo Puerto y Mahahual), para girar después hacia el oeste con dirección hacia Calakmul, para llegar a Escárcega, Campeche y de ahí hacia el suroeste para terminar en Palenque, Chiapas.
Esos tramos suman una longitud de alrededor de 900 kilómetros, pero AMLO informó el lunes que la obra incluiría ahora una conexión de Escárcega hacia la ciudad de Campeche, para llegar después a Mérida, Yucatán y de ésta a Cancún, pasando por la ciudad de Valladolid, Yucatán, lo que añade cerca de 600 kilómetros al proyecto.
Lo anterior permite incluir en la ruta las ruinas arqueológicas de Chichén Itzá, uno de los baluartes arqueológicos de la península de Yucatán.
“Desde el punto de vista turístico es excelente, pero también desde el punto de vista de negocios para que haya mayor conectividad en esa zona, que es la más requerida para turismo nacional”, añadió García González.
Para Jorge Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), la ruta es ideal para detonar el turismo cultural y arqueológico, aprovechando la cercanía con el principal foco de turistas internacionales del país, Cancún. Este beneficio, en su opinión, justifica la inversión de la obra, que se tasa en 150,000 millones de pesos.
“Sí se justifica porque le traería muchos turistas a México. Lo de la ruta maya que es un producto de un turismo cultural, arqueológico, que hace falta que se explote más porque a la fecha dependemos de sol y playa”, dijo el también presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV).
En ello coincidió Rafael García, al afirmar que el proyecto “conectaría playa con cultura y eso es importante porque se vuelve un circuito de más días de estancia para todos los extranjeros que no conocen la cultura maya, que podrían internarse en los cinco estados de la República que tienen esta oferta cultural”.
Financiamiento público, la duda
Al anunciar AMLO el proyecto el pasado lunes, afirmó que una parte de su financiamiento correría a cargo del Estado, “con el dinero que se recaudará de los fondos de impuestos al turismo, que alcanzan 7,000 millones de pesos por año”. Considerando un periodo de construcción de cuatro años, esos recursos significarían 28,000 millones de pesos, dejando el resto del financiamiento del tren (122,000 millones de pesos) en manos de financiamiento privado.
El empresariado turístico manifestó su preocupación por el origen de los recursos fiscales para esta obra pues, aunque no AMLO no lo dijo claramente, este dinero apunta a ser el recaudado por concepto del Derecho de No Residente (DNR), que es la cuota que pagan los extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas cuando entran a México y que mayormente sirve para financiar la promoción turística del país a través del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, la recaudación por concepto de DNR en el 2017 fue de alrededor de 6,700 millones de pesos, de los cuales 80% se destina al turismo (70% al CPTM y 10% al Fondo Nacional del Turismo).
“Lo que nos preocupa es que quisiéramos que hubiera más claridad sobre el origen de los recursos de financiamiento público. Hasta ahora lo que se anunció es que se va a tomar de los recursos de promoción, y sí estamos preocupados porque si no se promociona México no van a llegar los turistas”, alertó Jorge Hernández.
En lo anterior coincidió Rafael García, de la AMHM, aunque también manifestó optimismo, pues refirió que AMLO “nunca habló claramente del DNR. Quizás se refería a un nuevo presupuesto que le va a dar una partida especial al turismo, que es lo que estamos esperando: que aumente el presupuesto turístico, no que lo recorte”.
“Desde nuestro punto de vista, los recursos de la promoción son intocables. Nos quedaríamos sin esa actividad y de nada serviría tener una infraestructura turística más completa si no se promueve”, remató Hernández Delgado, de la Fematur.
En su anuncio, AMLO afirmó que en el tiempo que resta del periodo de transición —de aquí al 1 de diciembre próximo— su equipo trabajará en la licitación de la obra para buscar el complemento de la inversión privada; “de esta forma vamos a estar en condiciones de lanzar la convocatoria, iniciar la licitación desde el 1 de diciembre, para tener terminada la obra, a más tardar en cuatro años”.
Obra puede ser rentable: Imexdi
La construcción y operación del Tren Maya propuestas por Andrés Manuel López Obrador es una oportunidad inmejorable para demostrar que en México se puede hacer una Asociación Público Privada (APP) sólida en un proyecto ferroviario de gran envergadura, destacó Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura (Imexdi).
La obra, que atravesará cinco estados del sureste mexicano, tiene un costo proyectado de entre 120,000 y 150,000 millones de pesos, monto que “para ponerlo en proporción, es la mitad de lo que está pronosticado para ser el costo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que sí es una cifra muy fuerte”, aseveró Gamas.
No obstante, la naturaleza y sentido del proyecto invitan a pensar que la financiación privada puede ser rentable, pues “este tren está enfocado al turista que va a esa zona, ya sea nacional o internacional, que es una persona de altos recursos, por lo que la idea que el tren se pague a través de los cobros al usuario no es descabellada”.
Para el Imexdi, el proyecto debería apegarse a tres lineamientos básicos para un correcto despliegue: que sus estaciones cumplan con los requisitos de lógica topográfica, que el trazo minimice las curvas y los cambios de nivel (altura) y que los derechos de vía estén liberados.
Igualmente, para tener una APP exitosa, Gamas opinó que un buen balance de recursos públicos y privados sería aquel en el que el Estado se ocupe del tendido de la vía, y lo relativo al material rodante y la operación del tren recaiga en privados a través del negocio que representa el cobro de pasajes.
“Ojalá que se lleve a cabo el proyecto con buena planeación, ejecución, con transparencia porque si se puede hacer bien, abre la puerta a otros proyectos futuros del mismo tipo que también le hacen falta al país”, finalizó el experto.
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Aumento constante en el presupuesto de los poderes Legislativo y Judicial en este gobierno
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Fernando Camacho Servín
Los poderes Legislativo y Judicial del país registraron aumentos constantes en su presupuesto de cada año durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tendencia que contrastaría con la política de austeridad de Estado que propondrá el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en una iniciativa de ley.
Al revisar los anexos de los presupuestos de egresos de la Federación en los seis años del gobierno que está por terminar, el Poder Judicial tuvo un alza de 53.5 por ciento en sus recursos de 2013 a 2018, mientras el Legislativo registró un aumento de 30.3 por ciento en ese periodo.
El presupuesto del Poder Judicial en 2013 fue de 46 mil 479 millones 491 mil 963 pesos, y dicha cantidad aumentó a 50 mil 241 millones 566 mil 172 en 2014, 51 mil 769 millones 68 mil 710 en 2015, 63 mil 616 millones 316 mil 565 en 2016, 69 mil 477 millones 231 mil 563 en 2017, y 71 mil 366 millones 389 mil 337 pesos en 2018.
Lo anterior significó un incremento total de 53.5 por ciento entre el inicio y el final del sexenio peñista. Tan sólo de 2015 a 2016 se registró un alza significativa de 22 por ciento.
Dentro del presupuesto del Poder Judicial, todos los rubros aumentaron a su vez prácticamente cada año –salvo ciertas excepciones–, incluidos algunos que podrían considerarse como no prioritarios para realizar las labores sustantivas de las diversas instituciones que lo integran.
Un ejemplo de ello es el concepto relacionado con Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, que en 2018 contó con 14 millones 939 mil 98 pesos. En 2017, ese fondo alcanzó 13 millones 464 mil 580, una cifra menor a los 17 millones 176 mil 974 de 2016, pero más alta que los 14 millones 238 mil 674 de 2015. En 2014 fue de 14 millones 238 mil 674 y en 2013, de 14 millones 353 mil 29 pesos.
En el caso del Poder Legislativo, el presupuesto fue al alza de manera constante. En 2013 fue de 11 mil 948 millones 11 mil 682 pesos; en 2014, de 12 mil 381 millones 688 mil 301; en 2015, de 13 mil 398 millones 337 mil 841; en 2016, de 14 mil 101 millones 599 mil 51; en 2017, de 14 mil 447 millones 171 mil 472, y en 2018 de 15 mil 574 millones 572 mil 274. El aumento en términos reales del inicio al fin del actual sexenio fue de 30.3 por ciento.
También en el Legislativo se registraron aumentos en prácticamente todos los rubros. El de Alimentos y utensilios para ambas cámaras del Congreso de la Unión, por ejemplo, fue de 38.5 por ciento a lo largo del sexenio, al pasar de 68 millones 759 mil 305 pesos a 95 millones 287 mil 294 pesos. Tan sólo de 2015 a 2016, el alza del gasto en comida fue de 11.5 por ciento.
En lo que se refiere al caso de las Remuneraciones al personal de carácter transitorio –es decir, a los sueldos de los trabajadores eventuales del Poder Legislativo–, también se observó aumento. En 2013, se erogaron mil 325 millones 547 mil 660 pesos en esta materia, y para 2018 se autorizaron 2 mil 159 millones 917 mil 855, lo que equivale a un alza significativa de 62.9 por ciento.
Sin embargo, el rubro en el que existen cantidades más altas de dinero y donde se incluyen actividades de muy diversos tipos es el catalogado como Otras prestaciones sociales y económicas, donde el Legislativo tuvo un aumento de 64.6 por ciento, al pasar de mil 939 millones 287 mil pesos en 2013 a 3 mil 193 millones 767 mil en el cierre del sexenio.
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