Lo barato sale caro: políticas de transparencia y anticorrupción

Leonor Ortíz Monasterio 

Entre 2000 y 2004 se adoptaron en Rumania diversas políticas de transparencia y anticorrupción. Una década después, en 2012, el primer ministro que promovió esas políticas fue sentenciado a cárcel por delitos de corrupción. Pareciera que le salió el tiro por la culata. ¿Porque decidió entonces aprobar dichas políticas? ¿Que lleva a los políticos y tomadores de decisiones de países corruptos a adoptar políticas de transparencia y rendición de cuentas si éstas terminan por ponerlos en riesgo en el futuro?

Ilustración: Víctor Solís

Sabina Schnell en Cheap talk or incredible commitment? (Mis)calculating transparency and anti-corruption explora este fenómeno. De acuerdo con la autora, la adopción de políticas anticorrupción responde a tres posibles explicaciones, todas percibidas como baratas y positivas para el gobierno. La primera explicación es que estas medidas responden a la señalización y los beneficios reputacionales que conlleva promover una agenda anticorrupción. En este caso, el gobierno adopta medidas anticorrupción por la presión que ejercen otros países o actores externos a cambio de ayuda o apoyo, como es el caso de Ucrania, o bien para tratar de ganar la confianza de la ciudadanía, por ejemplo en una transición política. Es muy probable que los políticos quieran ser percibidos como combatientes de la corrupción más que realmente llevar a cabo acciones concretas. Cuando la señalización es externa es más sencillo, pero cuando se trata de hacer un cambio reputacional con los votantes se vuelve necesario proponer e implementar las políticas de anticorrupción tangibles para que la opinión de la ciudadanía cambie; en estos casos, puede ser muy costosa. 

La segunda y tercera explicación hacen referencia a la posibilidad de monitoreo que tienen estas medidas. Al implementar políticas anticorrupción y en específico políticas de transparencia y acceso a la información, los tomadores de decisiones pueden beneficiarse de dos formas. Primero, al proporcionar herramientas a los ciudadanos de monitoreo se ahorran costos de vigilancia dentro del gobierno, ya que los mismos ciudadanos lo hacen a través de las solicitudes de transparencia y demás herramientas. Así, también mandan la señal de que los delitos por corrupción son perseguidos y castigados ya que la caja está abierta y no se oculta información. 

Además, la transparencia también funciona como un seguro ante la inestabilidad política. Si los tomadores de decisiones llegaran a quedar fuera del gobierno, ya están institucionalizadas las herramientas que se van a necesitar para atacar al oponente y en caso de necesitarlo para defenderse. En estos casos es importante mencionar que la implementación sí tiene que tener lugar. Aún así, es prudente pensar que los tomadores de decisiones aplican selectivamente estas políticas para prevenir que nada demasiado comprometedor salga a la luz. 

Las tres explicaciones están basadas en la premisa de que los tomadores de decisiones pueden predecir adecuadamente y controlar la implementación de las políticas. Este rara vez es el caso: ni en los países con instituciones fuertes e independientes ni en los países altamente corruptos con instituciones cooptadas y burocracias poco funcionales. Así, políticas que parecen una solución poco costosa y con beneficios tangibles se convierten más adelante en un verdadero cambio que ya no se puede detener. 

Schnell argumenta que las tres explicaciones son viables y que para entender porqué se adoptan políticas anticorrupción hay que ver caso por caso. Regresando al caso de Rumania, la autora escoge dos políticas específicas para analizar: las solicitudes de transparencia y las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios. Sus hallazgos muestran que en este caso la explicación más viable es la señalización: por un lado la Unión Europea consistentemente presiona por un progreso claro en el combate a la corrupción; por el otro, la corrupción ha sido el principal pilar de todas las campañas políticas en Rumania desde el 2000. Los tomadores de decisiones tenían todos los incentivos para demostrar, tanto internamente como ante la UE que estaban trabajando en este frente. Aprobar primero las solicitudes de transparencia y luego las declaraciones patrimoniales era una señalización muy clara. Además, cuando se adoptan las solicitudes de información (2001) el gobierno en turno estaba fuerte y sin oposición, por lo que no se explica que quisieran asegurarse ante amenazas. 

Otro hallazgo de la investigación es que los tomadores de decisiones no esperaban que las políticas fueran implementadas consistentemente e imparcialmente, al contrario, en filtraciones posteriores se evidenció que el gobierno nunca contempló que estas políticas sirvieran o fueran a ser usadas en su contra. 

Una vez que se explica porqué se aprueban las políticas es igual de importante explicar que hace que se mantengan en pie, que no se revoquen y que eventualmente se usen para perseguir a los que las implementaron. En el caso de Rumania, la autora señala que fue justamente los bajos costos de implementar dichas políticas lo que hizo que fuera imposible revocarlas. Por un lado, la UE siguió ejerciendo presión una vez que se aprobaron las políticas anticorrupción al ver que no había una implementación seria. Por el otro, las presiones internas no cesaron: al ver que con la aprobación de las nuevas políticas las cosas no cambiaban, la ciudadanía siguió empujando para que estas se implementaran efectivamente. Dado que la corrupción nunca dejó de ser un tema de interés en la política nacional, se volvió muy caro oponerse a las políticas. De esta manera, lo que empezó como un discurso político, una solución de corto plazo, terminó mandando a la cárcel al primer ministro. 

En conclusión, los tomadores de decisiones, los políticos, adoptan medidas anticorrupción para mandar señales de honestidad e integridad, asumiendo que podrán controlar la aplicación de éstas. La necesidad de trabajar en la reputación sólo existe cuando hay competencia política y la corrupción se vuelve un tema en la agenda nacional. Además, la incertidumbre política permite creer que la aplicación de las políticas no será consistente, ya que no se sabe quién estará en el poder ni cómo estas políticas puedan afectar. Así, políticas que pueden ser vistas como poco costosas y sin un futuro toman fuerza y se instauran como soluciones de largo plazo.

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