Indígenas conforman Asamblea contra la minería en Oaxaca

“Las comunidades zapotecas de los Valles Centrales declaramos nuestros territorios como prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”, expusieron integrantes de organismos sociales que participaron en la conformación de la ‘Asamblea’. Foto Diana Manzo

Diana Manzo, corresponsal 

En la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, defensores de la tierra y el territorio de 30 comunidades indígenas y campesinas zapotecas que conforman los Valles de Tlacolula, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán y Miahuatlán, y 25 organizaciones sociales rechazaron todo proyecto relacionado con la minería y constituyeron la “Asamblea de los Valles Centrales contra la minería en Oaxaca”.

Los defensores de la tierra y el territorio y luchadores sociales decidieron, en este encuentro celebrado a nivel estatal, rechazar todo proyecto o política que atente contra la vida comunitaria, los sistemas productivos, el tejido social, medio ambiente, nuestros sistemas normativos y territorios.

Participaron integrantes de organismos no gubernamentales, como Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Tequio Jurídico A.C., Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.

Durante el evento, celebrado en el Auditorio de la Escuela “Esteban Vásquez” de San Antonino Castillo Velasco, los asistentes denunciaron que desde hace una década los territorios de Oaxaca fueron concesionados a diversas empresas mineras sin el consentimiento de los pueblos y sin consulta indígena, tal como ordena el convenio 169 de la OIT.

Señalaron que 90 mil hectáreas de los Valles Centrales de Oaxaca se encuentran en peligro, principalmente por la explotación minera de las empresas Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, las cuales se dedican a la explotación de oro y plata, por cuya producción esta entidad ocupa el octavo lugar en el país. Pese a ello, para las comunidades su operación se ha traducido en violencia, asesinatos, agresiones físicas, daños irreversibles al medio ambiente, rompimiento del tejido social, divisiones y enfrentamientos.

Durante el encuentro, los defensores expusieron que a lo largo de estos diez años han denunciado, ante las instancias federales y estatales, la violencia desmesurada con que operan las referidas empresas en la entidad, además que se ha violentado la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios.

“Las comunidades zapotecas de los Valles Centrales declaramos nuestros territorios como prohibidos para cualquier actividad de prospección, exploración y explotación minera”, expusieron.

Pedro Márquez, integrante de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar e invitado a este encuentro, explicó que la declaratoria de los pueblos de los valles centrales y de todo Oaxaca es a favor de la vida, la paz y el desarrollo comunitario con respeto a su cosmovisión y a la madre tierra.

“La minería no representa ninguna opción de desarrollo para nuestros pueblos y sus habitantes, por eso nuestros hermanos de los valles centrales constituyeron la Asamblea de los Valles Centrales Frente la Minería, y vamos a defender a nuestros territorios y bienes comunes”, expresó.

Agregó que el acuerdo compartido de los asistentes y los pueblos indígenas es la cancelación inmediata del Corredor Industrial Minero, que pretenden imponer en los Valles Centrales, particularmente exigimos la cancelación de los proyectos mineros “San José”, “Trinidad Norte” y “El Águila”, operados por las compañías Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, en los municipios de San José del Progreso y San Pedro Totolapan.

“Exigimos justicia para Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez, asesinados en 2012 por su trabajo de defensa de los territorios en San José del Progreso, y la cancelación de las concesiones mineras que han sido impuestas en los Valles de Ocotlán, Zimatlán, Tlacolula, Ejutla y Miahuatlán”, recalcó.

Asimismo, expresaron la condena a los actos violentos, las recientes masacres y asesinatos ocurridos en las regiones de la Sierra Sur, Costa, Sierra Norte, Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales.

“Nos solidarizamos con las comunidades y movimientos que se han visto afectados por la escalada de violencia en el estado, principalmente con las compañeras y compañeros de CODEDI, quienes han sufrido asesinatos y detenciones en los últimos meses, así como compañeras y compañeros de San Miguel Cajonos, donde fueron desaparecidas tres personas desde el 27 de diciembre de 2017 en el marco de la imposición de un proyecto minero y un conflicto agrario intercomunitario, por lo que exigimos justicia y castigo a los responsables de estos hechos”, concluyó.

La Jornada