Rehuye Gobierno de Oaxaca pagar a constructores.

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A la hora de pagar por las obras, nadie quiere asumir la responsabilidad

La negativa de los gobiernos estatal y municipales, que en su momento se han beneficiado con obras realizadas por integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Oaxaca, podría generar un conflicto serio al mandatario Alejandro Murat y a ex munícipes, ante la negativa a reconocer el adeudo que tienen pendiente con empresarios de la filial.

Y es que, mientras los constructores aseveran que existe un adeudo de aproximadamente 70 millones de pesos, de obras que incluso tienen más de 8 años, el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas, negó que el monto deba liquidarse por el Gobierno Estatal.

“Son obras que tienen tres componentes de financiamiento, federal, estatal y municipal, les deben los municipios, entonces ellos dicen que como hubo cambio de presidentes municipales, ya no les quieren pagar, como está firmando por el estado, quieren que asumamos el compromiso del municipio, yo lo que les dije es que hay que acercarse al municipio para que les haga el pago”, declaró a este medio.

Gallardo Casas abundó que la administración estatal no puede liquidar esas obras, porque es un compromiso municipal y ese nivel de autoridad goza de autonomía presupuestaria.

Obras concluidas pero no liquidadas

De acuerdo a documentos que obran en poder de NOTICIAS, Voz e Imagen de Oaxaca, existen contratos firmados entre el Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Comisión Estatal del Agua (CEA), organismo que asignó en su momento las obras de infraestructura para la rehabilitación de sistemas en distintos puntos de la entidad y, los representantes legales de las empresas, cuyos montos van de 1 a 4 millones de pesos.

En los contratos, nunca se señala responsabilidad alguna por parte de los gobiernos municipales para liquidar el costo de la obra; antes al contrario, en el documento únicamente se menciona el nombre de la comunidad que será beneficiada y el tipo de obra.

Incluso, en el detallado de algunos de ellos se marca testigo del compromiso que asume el contratante, es decir el Poder Ejecutivo, a pagar al contratista - las empresas constructoras-, como retribución por la ejecución y terminación de las obras, el precio del contrato y aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del mismo en el plazo y la forma establecidas.

La firma de estos acuerdos, son respaldados por sendos documentos que se refieren en las declaraciones, en los que se destaca que: “para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato serán aplicados recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio correspondiente".

A ello, se agrega el señalamiento de los oficios de autorización de las aportaciones.

Especialistas en el tema, observan que el componente financiero que corresponde al municipio debió garantizarse mediante convenio signado entre el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos en turno, a fin de que se asegurara la aplicación del mismo, sin embargo, todo parece indicar que ésto no se hizo, desamparando del todo a los constructores que no tienen a quien reclamar.

En tanto, el señalamiento de los afectados es contra la posición que asume el tesorero del Estado, pues dicen, parece negado a reconocer que la exigencia no la realizan a una persona sino a la institución gubernamental.

Los recursos federados que se asignaron para las acciones, fueron en la mayoría de casos a través del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas (APASZU).

 

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