Gobernación y Corral ponen fin a conflicto; Alejandro Gutiérrez, a penal federal
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| Foto: Cuartoscuro |
JORGE RAMOS
El gobierno federal y el de Chihuahua firmaron un convenio para zanjar el conflicto que mantenían desde hace unas semanas.
A través de la Secretaría de Gobernación, la Federación se comprometió a que la PGR solicite la detención, con fines de extradición, del exgobernador César Duarte.
También, a que Hacienda reintegre a Chihuahua los 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero que reclamaba el mandatario estatal, Javier Corral.
Por su parte, la entidad aceptó que Alejandro Gutiérrez, implicado en un caso de presunto desvío de recursos a campañas priistas, sea trasladado a un penal federal.
Además, aceptó desistirse de presentar una controversia constitucional sobre el faltante de 900 millones de pesos.
El acuerdo fue firmado anoche por el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
CIUDAD DE MÉXICO.
El gobierno federal y el de Chihuahua firmaron un convenio para zanjar el conflicto que mantenían desde hace unas semanas.
A través de la Secretaría de Gobernación, la Federación se comprometió a que la PGR solicite la detención, con fines de extradición, del exgobernador César Duarte.
También, a que Hacienda reintegre a Chihuahua los 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero que reclamaba el mandatario estatal, Javier Corral.
Por su parte, la entidad aceptó que Alejandro Gutiérrez, implicado en un caso de presunto desvío de recursos a campañas priistas, sea trasladado a un penal federal.
Además, aceptó desistirse de presentar una controversia constitucional sobre el faltante de 900 millones de pesos.
El acuerdo fue firmado anoche por el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
CIUDAD DE MÉXICO.
NAVARRETE Y CORRAL FUMAN PIPA DE LA PAZ
Los gobiernos federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, y el de Chihuahua firmaron un convenio para poner fin al conflicto entre la Federación y la entidad.
La Federación se comprometió a que la Procuraduría General de la República (PGR) solicite la detención, con fines de extradición, del exgobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez.
Asimismo, se comprometió a que la Secretaría de Hacienda reintegre de inmediato al gobierno de Chihuahua los 900 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero que reclama el gobernador.
Por su parte, el gobierno de Chihuahua se comprometió con la Federación a que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez sea trasladado del Centro Penitenciario estatal al Centro Federal de Readaptación Social número 9, de Ciudad Juárez.
También se comprometió a desistirse de presentar una controversia constitucional sobre los 900 mdp del Fondo de Fortalecimiento Financiero que le devolverá la Federación, en cuanto se confirme la recepción de éstos.
Asimismo se comprometió a cumplir los requerimientos en materia electoral solicitados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y a cumplir las Leyes de Coordinación Fiscal.
El acuerdo fue firmado anoche por Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado.
Durante las negociaciones estuvieron acompañados por Manuel Cadena Morales, subsecretario de Gobierno de la Segob, y por Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, secretario general de Gobierno de Chihuahua.
En breve mensaje a los medios, el secretario de Gobernación, acompañado por el gobernador de Chihuahua, aseguró que tuvieron un diálogo franco, respetuoso, directo y claro.
Comentó que el objetivo de la reunión fue solucionar el diferendo que tenía el gobierno de Chihuahua con el gobierno federal en los temas mencionados.
El titular de Gobernación explicó que las solicitudes de detención con fines de extradición de César Duarte tienen el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia.
Abundó que, en ese caso, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante por las 11 órdenes de aprehensión que se han girado, y las que se instruyan en estricto apego a la ley, a las garantías constitucionales, a los convenios suscritos entre Federación y estado y a los tratados internacionales.
SEGOB México✔@SEGOB_mxMensaje a Medios del Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y el Gobernador Constitucional del Estado de… https://www.pscp.tv
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La Federación entregará los recursos y Corral al priista
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| El encuentro ocurrió en el Salón Juárez de la Segob. (Especial) |
LORENA LÓPEZ
México
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acordó con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, entregar la próxima semana los 900 millones de pesos que demandaba la administración estatal.
Además, pactaron que la Procuraduría General de la República (PGR) dará celeridad a las 11 solicitudes de detención inmediata con fines de extradición del ex gobernador César Duarte, derivadas de las investigaciones del actual gobierno de Chihuahua.
Navarrete Prida y Corral firmaron frente a los medios un acuerdo para solucionar las diferencias entre el gobierno federal y el del Chihuahua, que incluye el traslado del ex secretario adjunto priista acusado del desvío de recursos federales al partido, Alejandro Gutiérrez, al Centro Federal de Readaptación Social número 9, con sede en Ciudad Juárez.
También se aplicará una certificación sobre el Protocolo de Estambul por parte de la organización Human Rights Watch y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para conocer si fue torturado.
En tanto, la PGR deja sin efectos las multas y apercibimientos girados el viernes a la Fiscalía General de Chihuahua por incumplir requerimientos vinculados a la investigación de la denuncia de tortura.
“El gobierno federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana”, mientras que el gobierno de Corral “asume el compromiso de declinar su intención de presentar controversia constitucional sobre este particular, en cuanto se confirme la recepción de los recursos”, anunció Navarrete Prida.
Corral estuvo acompañado del perredista Guadalupe Acosta Naranjo, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa y los panistas Gustavo Madero y César Jáuregui, su secretario general de Gobierno.
A su salida del Salón Juárez, Corral asintió cuando se le preguntó si se mantenían las actividades de la llamada caravana por la dignidad, programadas para hoy en la Ciudad de México.
En el caso de Alejandro Gutiérrez, aunque se trasladará a un penal federal, seguirá sujeto a proceso por el juez de su causa, mientras en lo que respecta a la petición de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales para atraer el expediente, el gobierno de Corral se comprometió a “cumplir totalmente a la brevedad los requerimientos”.
En entrevista telefónica posterior, el perredista Guadalupe Acosta Naranjo afirmó que el acuerdo “sí distiende, pero creo que nos va a dar paso a nuevas etapas que mañana serán anunciadas en el Hemiciclo a Juárez, el evento se mantiene, no se suspende, nos vemos todos en el Ángel de la Independencia.
Vamos a dar a conocer un segundo paso de este movimiento, porque esto que se está logrando en materia de derechos humanos, de un nuevo federalismo, de un nuevo trato fiscal, de combate a la impunidad tiene que generalizarse, ya mañana lo anunciaremos. No se suspende el evento, nos vemos todos en el Hemiciclo y vamos a reencauzar esta lucha”, aseguró.
Acosta Naranjo consideró que la presión social, la opinión pública y las personalidades que apoyaron la Caravana por la Dignidad “terminaron imponiendo una visión justa y el gobierno federal lo reconoció y nosotros no debemos de escatimar eso también, qué bueno que así sucedió, no queremos mantener una confrontación al alza”, dijo.
México deja a refugiados en el limbo
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| Foto: EL UNIVERSAL |
Ángel, de 30 años y de origen hondureño, llegó a México en septiembre de 2017. Su trayecto no fue como el de cualquier viajero. Él huyó de su tierra. Abandonar a su familia, sus costumbres y los pocos bienes materiales que había conseguido gracias a su trabajo no fue fácil, pero las constantes amenazas de muerte de los narcotraficantes lo convirtieron en un prisionero en su casa. La única salida fue cruzar la frontera.
“Yo no tenía ganas de dejar mi país, ni a mi familia. No lo hice porque quisiera. No tuve otra opción. Si estoy aquí no es para hacerle daño a nadie, simplemente vine a defender mi vida, la de mi familia y poder trabajar acá”, relata este hombre.
Entre 2013 y 2017, otros 30 mil 249 casos como el de Ángel llegaron a México, todos en búsqueda de una salida a la violencia que emana de sus países. Pero solicitar refugio a una nación ajena es un trámite en el que impera la incertidumbre. Concluir el proceso no asegura una respuesta favorable. De los 15 mil 336 solicitantes que sí llegaron al final, sólo 6 mil 803 lograron quedarse como refugiados.
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Cada año, en promedio, mil 400 extranjeros se dieron por vencidos en su búsqueda de hallar una oportunidad en la República por la vía legal. El tiempo de espera fue el principal detonante. Hasta la última actualización, de diciembre de 2017, 7 mil 834 aún esperan una respuesta. Su futuro en el país está en el limbo. Esta situación se recrudeció desde octubre de 2017, cuando, a causa del sismo del 19 de septiembre, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) emitió una suspensión de plazos. Esto quiere decir que, aunque es posible solicitar el asilo en la nación, el tiempo de respuesta, que antes era de 45 a 90 días, ahora no tiene límite.
“El sistema de asilo en México está debilitado, especialmente desde la suspensión de plazos de la Comar. Esta narrativa de ser una nación de puertas abiertas está en teoría, pero no en los hechos”, explica Paulo Martínez, encargado de comunicación de la organización civil Sin Fronteras.
La vida de Ángel está en pausa. Durante su paso por un albergue en la ciudad de Querétaro, otro hondureño lo alentó a moverse a la capital. Ahí llegó con organizaciones civiles que cubrieron el papel del gobierno: le brindaron asesoría legal, asistencia sicológica y le dieron un lugar para dormir, pero desde noviembre de 2017 no ha vuelto a tener comunicación con las autoridades. Lleva más de 120 días viviendo en México y sólo ha logrado concretar 15% de su proceso. No puede tener un trabajo y tampoco una nueva vivienda para traer a su hijo y a su esposa.
“En México se habla mucho de lo que se compromete a nivel de derechos humanos, pero a la hora de la práctica todo queda en letra muerta. Las personas se quedan en el limbo esperando la resolución de su trámite. La sociedad civil es la que está ayudando a una asistencia inicial”, asegura Carolina Carreño, de la organización Sin Fronteras.
Las organizaciones civiles están cumpliendo con una tarea que no es suya y que les trae más gastos. Al mes, un refugiado les cuesta alrededor de 20 mil pesos. A esto se le tiene que sumar la constante tendencia en aumento. Únicamente en 2017 se registró la mayor cifra de solicitudes de asilo: 14 mil 594. Las proyecciones de la ONU aseguran que este número seguirá en aumento.
“Estamos haciendo una labor que el gobierno debería realizar. Pero esto ha sido histórico y no ha cambiado, al contrario, ha empeorado y no es fácil. El costo de atender personas refugiadas se ha disparado”, explica el doctor Marco Galicia, director de Casa de los Amigos, refugio en el que actualmente gastan un promedio de 60 mil pesos únicamente en los gastos básicos de tres refugiados.
Puertas cerradas
Ángel recorrió dos veces los más de mil 400 kilómetros que lo separaban de México, pero la primera vez que llegó, los agentes de migración lo deportaron de inmediato. No pudo hablar con nadie y no sabía que tenía derechos como refugiado. En menos de 24 horas estaba de nuevo en Honduras. No tardó más de una semana para intentarlo de nuevo. Sus agresores le pisaban los talones y su vida pendía de un hilo.
“Hemos escuchado de las personas que buscan refugio que los mismos agentes migratorios les ponen trabas. Los regresan o les dicen que no sigan el procedimiento, porque es muy tardado y no conseguirán nada”, explica Guillermina Lincoln, abogada de asilo de Sin Fronteras.
En su segundo intento, Ángel pudo esquivar a migración, pero no a la delincuencia. Cuando llegó a Tabasco lo asaltaron. El poco dinero que traía se quedó en manos de los hampones. Sin nada más que una pequeña mochila, encontró un refugio para migrantes donde permaneció unos días. Ahí fue cuando se enteró de las asociaciones que acompañan en diferentes ámbitos a todos aquellos que tuvieron que huir de sus países.
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| Foto: Ángel lleva 120 días en México y sólo ha podido completar 15% de su petición de refugio. Sin una situación migratoria regular no puede conseguir empleo. |
Lugares como Cafemín, Casa de los Amigos y Sin Fronteras son algunos de los sitios en los que los refugiados han encontrado un apoyo para reorganizar sus vidas. “Hay personas que llegan con estrés postraumático, depresión, miedo o que no hablan el idioma. El acompañamiento de las organizaciones los ayuda a que se sientan más seguros al momento de enfrentar la entrevista en la que exponen sus casos”, asegura Katherin Ramírez, abogada de Cafemín.
Sin asesoría legal, Ángel no sabe si estaría de nuevo en Honduras intentando esconderse de los criminales. Al inicio pidió ayuda a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), la respuesta fue negativa. En la Comisión de Refugiados recibió un buen trato al inicio, pero con el paso de las semanas cambió. Las respuestas de las autoridades eran más que desalentadoras: era tarde para iniciar el trámite y probable que no consiguiera nada; sus documentos estaban perdidos. Todo era una pesadilla. “Venga la siguiente semana a ver si hay información”, es lo que único que le decían.
Su caso está a la deriva, pero para otros 6 mil 665 solicitantes la opción de salida les fue negada desde el inicio. El año con la cifra más alta es 2016: 2 mil 369 extranjeros recibieron una respuesta negativa a su solicitud de refugio. Ángel inició el proceso y espera que las pruebas de la violencia que sufrió lo ayuden a obtener refugio. Por ahora no puede moverse de la capital. Si deja de firmar una sola vez puede ser descartado del proceso y tendrá que buscar otras opciones para sobrevivir.
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| Foto:Casa de los Amigos colabora con la ONU para albergar refugiados en sus instalaciones. Desde 2009 han atendido a más de 200 personas en riesgo. |
Irregularidades y discriminación
Ángel lleva cuatro meses de espera y ha visto desertar a muchos compañeros. Estar en un país en donde tu situación migratoria es irregular afecta todos los aspectos de su vida. “Como no tienen documentos migratorios oficiales, la gente no los contrata. No les rentan un cuarto. Todo lo tienen que hacer de manera informal y a veces caen en la ilegalidad”, explica Galicia.
El tiempo de espera ahoga a los refugiados. El solicitante no puede moverse de la entidad durante todo el proceso y en México sólo hay tres estados en el que se puede seguir el trámite: Veracruz, Chiapas y Ciudad de México.
En las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tu nacionalidad determina el trato que recibes. En los últimos años la cantidad de hondureños y salvadoreños que reciben apoyo de las autoridades mexicanas va a la baja, mientras que la cifra de los venezolanos reconocidos aumentó el doble entre 2016 y 2017.
Ángel no pierde la esperanza de que las autoridades mexicanas cumplan el compromiso que históricamente han adquirido a nivel internacional de proteger a los que buscan una segunda oportunidad en suelo mexicano. “Me gusta trabajar, me puedo desempeñar de guardia, en cocina, en lo que se pueda, lo único que necesito es que me den una oportunidad”.
Obtiene Corral $900 millones; se solicitará aprehensión de Duarte
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| El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, muestran el acuerdo firmado anoche para dar por concluido el conflicto entre las instancias estatal y federal Foto La Jornada |
Fabiola Martínez
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, firmaron anoche un acuerdo que incluye acelerar la extradición de César Duarte Jáquez, ex mandatario de esa entidad; entregar a Chihuahua los 900 millones que reclamaba a la Federación, y trasladar de un penal estatal a uno federal a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, acusado de desviar dinero para la campaña de ese partido en 2016.
Minutos después de las 10 de la noche ambos servidores públicos se presentaron ante la prensa para firmar el acuerdo que Navarrete calificó de honorable. Con ello se desactiva el conflicto derivado de los puntos anteriores y que motivó a Corral encabezar una caravana de protesta desde Chihuahua (que salió el 20 de enero) hasta Ciudad de México. Por tanto, la movilización, denominada Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, concluirá este domingo sólo con una concentración a las 11 de la mañana en el Ángel de la Independencia.
Desde el salón Juárez del Palacio de Covián el secretario Navarrete aseguró que el diálogo fue franco, respetuoso, directo y claro, buscando solucionar el diferendo que en este momento tienen el gobierno del estado de Chihuahua y el gobierno federal en diversos temas.
Los acuerdos
Enseguida, Navarrete citó los acuerdos y compromisos:
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la detención inmediata con fines de extradición del ex gobernador Duarte Jáquez, con el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia.
La Fiscalía General de Chihuahua será coadyuvante en las 11 órdenes de aprehensión giradas contra el ex gobernador y las que se instruyan en estricto apego a la ley, a las garantías constitucionales, a los convenios suscritos entre Federación y estado y a los tratados internacionales.
En lo referente a Gutiérrez –quien hasta anoche se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Estatal– el gobierno de Chihuahua, en apego a su compromiso permanente con la transparencia, manifiesta su disposición para que el señor Gutiérrez sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez, estando sujeto a proceso por el juez de su causa.
El traslado se dará con base en disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, previa certificación que en breve plazo efectuará el organismo internacional Human Rights Watch, en paralelo con el estricto cumplimiento del Protocolo de Estambul.
Derivado del punto anterior, la PGR dejará sin efectos las multas y apercibimientos que el viernes giró a la Fiscalía General de Chihuahua.
En el texto de dos cuartillas el gobierno de Corral manifiesta su convicción de cumplir totalmente a la brevedad los requerimientos en materia electoral formulados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales de la PGR.
En cuanto a los recursos que reclamaba el gobierno estatal, Navarrete dijo que habrá respeto absoluto al cumplimiento de las leyes en materia de coordinación fiscal y a los flujos calendarizados para las ministraciones económicas a las entidades federativas.
Sobre el convenio que ha sido objeto del diferendo entre los gobiernos de Chihuahua y el federal, precisó, ambas instancias reconocen la juridicidad de ese instrumento financiero para otorgar los recursos a los estados.
El gobierno federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos, que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana, se indica en el acuerdo.
En contraparte, el gobierno estatal asume el compromiso de declinar su intención de presentar controversia constitucional sobre este particular, en cuanto se confirme la recepción de los recursos.
En el último párrafo del acuerdo, negociado en la Secretaría de Gobernación, los gobiernos federal y de Chihuahua manifiestan su genuina voluntad de coordinarse eficazmente en todas las materias que la Constitución General de la República establece y en beneficio de todos los habitantes del estado de Chihuahua.
Los firmantes estuvieron acompañados por el subsecretario de Gobierno, Manuel Cadena Morales; su contraparte de Chihuahua, Sergio César Alejandro Jáuregui, así como integrantes de la sociedad civil que han dado seguimiento a este proceso.
La última sesión de este diálogo fue intenso y a las ocho de la noche avisaron a los reporteros que ya se preveía la conclusión positiva de esta negociación de alto nivel. Finalmente se presentaron ante los medios de comunicación a las 10 de la noche con 10 minutos.
Al término de la lectura del texto, Navarrete y Corral se mostraron satisfechos por el desenlace; el funcionario federal, relajado, dijo a su invitado: Es cuanto. ¿Sí está usted de acuerdo, señor gobernador?
Corral le respondió: Sí estoy, sí estoy de acuerdo. Firmemos.
Lo firmamos. Le presto mi pluma, sonrió Navarrete.
Navarrete Prida firma acuerdo con Javier Corral
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OSCAR VIALE TOLEDO
El gobierno federal acordó con el Gobierno de Chihuahua entregar 900 millones de pesos y solicitar inmediatamente órdenes de detención con fines de extradición de César Duarte, a cambio de que la administración de Javier Corral cese en su intención de promover acciones de inconstitucionalidad por la entrega de recursos y permita que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (exsecretario adjunto del CEN del PRI) sea trasladado al Cefereso de Ciudad Juárez.
La noche de ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y javier Corral, firmaron los documentos que formalizan los acuerdos alcanzados y que, según se comentó, dan fin al conflicto entre ambos órdenes de gobierno.
El secretario de Gobernación explicó que tras una reunión que calificó de franca, respetuosa y directa, con el objetivo de solucionar las diferencias entre ambas instancias, se pactó que la Procuraduría General de la República lleve a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición de César Duarte (exgobernador), “con el objeto de garantizar la celeridad y certeza en la impartición de justicia”.
Precisó que la Fiscalía General de Chihuahua acompañará y fungirá como figura coadyuvante en las 11 órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan.
En el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, recluido en el Centro Penitenciario estatal, el Gobierno de Chihuahua manifestó su disposición para que sea trasladado al Cefereso número 9 de Ciudad Juárez, es decir, que quede bajo resguardo federal.
“El acuerdo alcanzado es que: cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho traslado se realizará previa certificación de organismos internacionales que garantizarán la aplicación del protocolo de Estambul”, comentó.
Por parte del gobierno federal se detalló que la PGR dejará sin efecto las multas y apercibimientos que giró a la Fiscalía General de Chihuahua; además, la administración que encabeza Javier Corral se comprometió a cumplir con los requerimientos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Y sobre dineros, “el convenio que ha sido objeto del diferendo entre el Gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, ambas instancias reconocen la juridicidad del instrumento financiero como vehículo para la administración de recursos a las entidades federativas.
“Por su parte el Gobierno Federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos, que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana”, comentó Navarrete Prida. Dijo que el Gobierno de Chihuahua asumió el compromiso de declinar su intención interpones una controversia constitucional, en cuanto se confirme la recepción de los recursos.
Alfonso Navarrete comentó que, de forma genuina y voluntaria, manifestaron su deseo de coordinar el trabajo en beneficio de todos los habitantes del estado de Chihuahua.
Al abandonar el salón en el que se llevó a cabo la presentación del acuerdo, Javier Corral aseveró de forma escueta que la Caravana por la Dignidad sí llegaría a la Ciudad de México este domingo, tal y como se tenía planeado.
El gobierno federal acordó con el Gobierno de Chihuahua entregar 900 millones de pesos y solicitar inmediatamente órdenes de detención con fines de extradición de César Duarte, a cambio de que la administración de Javier Corral cese en su intención de promover acciones de inconstitucionalidad por la entrega de recursos y permita que Alejandro Gutiérrez Gutiérrez (exsecretario adjunto del CEN del PRI) sea trasladado al Cefereso de Ciudad Juárez.
La noche de ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y javier Corral, firmaron los documentos que formalizan los acuerdos alcanzados y que, según se comentó, dan fin al conflicto entre ambos órdenes de gobierno.
El secretario de Gobernación explicó que tras una reunión que calificó de franca, respetuosa y directa, con el objetivo de solucionar las diferencias entre ambas instancias, se pactó que la Procuraduría General de la República lleve a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición de César Duarte (exgobernador), “con el objeto de garantizar la celeridad y certeza en la impartición de justicia”.
Precisó que la Fiscalía General de Chihuahua acompañará y fungirá como figura coadyuvante en las 11 órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan.
En el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, recluido en el Centro Penitenciario estatal, el Gobierno de Chihuahua manifestó su disposición para que sea trasladado al Cefereso número 9 de Ciudad Juárez, es decir, que quede bajo resguardo federal.
“El acuerdo alcanzado es que: cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho traslado se realizará previa certificación de organismos internacionales que garantizarán la aplicación del protocolo de Estambul”, comentó.
Por parte del gobierno federal se detalló que la PGR dejará sin efecto las multas y apercibimientos que giró a la Fiscalía General de Chihuahua; además, la administración que encabeza Javier Corral se comprometió a cumplir con los requerimientos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Y sobre dineros, “el convenio que ha sido objeto del diferendo entre el Gobierno de Chihuahua y el gobierno federal, ambas instancias reconocen la juridicidad del instrumento financiero como vehículo para la administración de recursos a las entidades federativas.
“Por su parte el Gobierno Federal se compromete a la entrega inmediata de los recursos convenidos, que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana”, comentó Navarrete Prida. Dijo que el Gobierno de Chihuahua asumió el compromiso de declinar su intención interpones una controversia constitucional, en cuanto se confirme la recepción de los recursos.
Alfonso Navarrete comentó que, de forma genuina y voluntaria, manifestaron su deseo de coordinar el trabajo en beneficio de todos los habitantes del estado de Chihuahua.
Al abandonar el salón en el que se llevó a cabo la presentación del acuerdo, Javier Corral aseveró de forma escueta que la Caravana por la Dignidad sí llegaría a la Ciudad de México este domingo, tal y como se tenía planeado.
Gobernación acepta peticiones de Chihuahua
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| El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunciaron que se pedirá la extradición del exgobernador César Duarte, además de que se entregarán los 900 millones de pesos correspondientes a la entidad FOTO @navarreteprida |
NOTIMEX
Los gobiernos Federal y de Chihuahua lograron acuerdos sobre diferendos en diversos temas, entre ellos que la PGR solicitará la extradición del exgobernador César Duarte Jáquez, además de que se acepta el traslado del procesado Alejandro Gutiérrez al Centro Federal de Readaptación Social 9 en Ciudad Juárez.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, acompañado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, indicó en conferencia de prensa que, entre otros puntos, también se acordó la entrega de 900 millones de pesos convenidos a la entidad, a más tardar la semana entrante.
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