Las víctimas de agresiones por medio de tecnologías enfrentan un camino jurídico lleno de obstáculos e impunidad.
De un aproximado de 9 millones de mujeres que han vivido algún tipo de violencia, sólo 4 por ciento denuncia la situación ante las autoridades, de acuerdo con el Módulo del Ciberacoso de INEGI (Mociba).
Esto, debido a los vacíos legales para tipificar los delitos cibernéticos y a la constante revictimización de las personas que denuncian, de acuerdo con un informe realizado por la asociación Luchadoras MX en colaboración con otras asociaciones civiles.
El diagnóstico toma como referencia cifras de INEGI, las cuales se recabaron a partir de un cuestionario realizado a 90 mil 24 viviendas, además de un análisis cualitativo de casos que Luchadoras ha asesorado.
En el informe identifican ataques como el acceso no autorizado a cuentas o dispositivos, el control o manipulación de la información, suplantación de robo de identidad y el monitoreo o acceso de lo que hace la persona.
Además de delitos por medios de tecnologías como discriminación, acoso, extorsión, desprestigio, abuso y explotación sexual, organización para bajar una cuenta y las omisiones por parte de los órganos reguladores para combatir o frenar las agresiones.
Según Luchadoras, las mujeres que más sufren ataques por medio de tecnologías son aquéllas que viven una situación de violencia en pareja, profesionistas como periodistas, activistas, defensoras de derechos humanos y sobrevivientes de violencia sexual o física.
Las víctimas prefieren tomar acciones no legales, como bloquear la cuenta del agresor (26.3 por ciento), cancelar su número o cuenta (13.9), confrontar a la persona (5.9), y la mayoría prefiere ignorar la situación (26.3).
Esto, ya que no existen figuras legales que sancionen directamente a los agresores en línea, además de que las denunciantes son constantemente cuestionadas.
Un ejemplo es el caso de Elena, una joven de 26 años que vive en la CDMX.
El 12 de enero, alguien creó un perfil falso en Instagram y publicaron fotos íntimas sin su consentimiento.
Aunque denunció no logró ser tomada en cuenta, relató una conocida de la joven.
"En el Ministerio Público le dijeron que no había ningún delito, que lo único que podía hacer era levantar un acta, y como ya era sábado, tenía que regresar el lunes", comentó su amiga.
Luchadoras busca que legisladores se involucren en el tema para realizar acciones en contra de agresores sin culpabilizar a las víctimas.
Guadalupe Fernández/REFORMA
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