Los casos de Santiago Nieto.

La FEPADE a cargo de Santiago Nieto logró judicializar y obtener órdenes de captura en casos de Arturo Escobar, Eva Cadena y Javier Duarte.

Arturo Escobar.-

En noviembre de 2015, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pidió detener al entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, Arturo Escobar, por la distribución de 10 mil tarjetas de descuentos Premia Platino.

La juez federal Rosa María Cervantes Mejía negó la orden de captura, rechazando aplicar la nueva Ley Electoral y declarando como inconstitucional el delito imputado.

Ante las investigaciones en su contra, Escobar decidió renunciar a su cargo en la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con la denuncia, en su calidad de líder del Partido Verde firmó un contrato por 2.3 millones de pesos para la entrega de 10 mil tarjetas de descuento durante la pasada elección federal.

El Fiscal Santiago Nieto fue denunciado por el senador Pablo Escudero por violar la confidencialidad de la averiguación previa, desde el momento en que informó de la solicitud de captura y por violentar el principio de presunción de inocencia.

Javier Duarte.- 

La FEPADE obtuvo una orden de aprehensión contra el ex Gobernador Javier Duarte por obstaculizar e interferir en el desarrollo normal de las votaciones o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales, al negar los recursos económicos al Organismo Público Electoral de Veracruz (Ople).

Sin embargo, cuando el ex priista se encontraba detenido en Guatemala, dicho país no autorizó procesarlo en México por ese delito porque en esa nación no existe la conducta delictiva que le atribuyen, requisito básico en casos de extradición.

Cuauhtémoc Blanco.-

La Fiscalía también dio marcha atrás en otro caso relevante que ya estaba en manos de un juez, aunque eso no significa que haya cerrado la investigación.

Se trata del Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, contra quien primero solicitó una audiencia de imputación por la presunta obtención ilegal de una credencial de elector y luego pidió al juez que dejara el trámite sin efecto para continuar con la pesquisa.

Curas de Aguascalientes.- 

Uno de los casos más inusuales que tramitó la FEPADE ante un juez fue la imputación contra seis sacerdotes católicos en Aguascalientes por presuntamente llevar a cabo actos de proselitismo en las elecciones de 2016.

En contra de los ministros de culto se ejercitó la acción penal, pero ellos presentaron un amparo.

Los curas pidieron a la Fiscalía el criterio de oportunidad, una negociación prevista en el nuevo sistema acusatorio que tuvo como consecuencia que la dependencia retirara la acusación y la Conferencia del Episcopado Mexicano firmara un compromiso para que ningún otro de sus representantes reincidiera.

Eva Cadena.-

Tras ser videograbada recaudando fondos de manera ilegal presuntamente para Morena, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el juicio de procedencia contra la diputada Eva Cadena.

Ya sin el fuero, la ex candidata del Movimiento Regeneración Nacional a la Alcaldía de Las Choapas, Veracruz, fue vinculada a proceso por la presunta recaudación ilegal de 500 mil pesos para fines electorales.

Consejeros de Chiapas.-

La Fiscalía llevó a proceso a cuatro integrantes del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas por el supuesto fraude cibernético que en 2015 llevó a Roberto Pardo Molina a convertirse en diputado migrante del Partido Verde.

En la misma entidad también consiguió una orden de aprehensión contra Matilde Espinoza Toledo, Alcaldesa del Municipio de Suchiate, quien fue detenida y procesada por afiliar ilegalmente a mil 537 guatemaltecos al padrón del INE con el propósito de favorecer al PVEM en los comicios de hace dos años.

Los pendientes:

1. La carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017 fue abierta en agosto para indagar si una parte de los recursos de los sobornos de la empresa Odebrecht fueron destinados a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

2. Desvío de recursos públicos a las elecciones locales del año pasado en Quintana Roo y Veracruz.

3. Presunto uso electoral de las despensas para los damnificados de los sismos en Puebla, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y la Delegación Coyoacán.

4. Elena Cepeda, esposa del Gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y presidenta del DIF estatal, es investigada ante denuncias de guardar ayuda destinada a afectados por temblor.

REFORMA