Un juzgado federal dio un plazo de 24 horas a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para citar a declarar a Emilio Lozoya como imputado en la investigación del supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña del PRI en 2012.
El Juzgado Octavo de Distrito en Amparo de la Ciudad de México concedió ayer al ex director de Pemex la suspensión definitiva para ese propósito y también para que sus abogados tengan acceso a la carpeta de investigación en su contra.
El órgano de impartición de justicia también prohibió a la Fepade judicializar la carpeta de investigación, es decir, suspendió por tiempo indefinido cualquier intento de solicitud de aprehensión o de audiencia inicial contra el ex funcionario por delito electoral.
"Se concede a Emilio Ricardo Lozoya Austin la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados consistentes en la omisión de citarlo a rendir entrevista en su carácter de imputado, así como la omisión de dar acceso al quejoso o a sus abogados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/1139/2017.
"Requiérase a la citada autoridad para que dentro de un plazo de 24 horas, contado a partir de que conste en su poder el comunicado que derive de este acuerdo, informe el cumplimiento dado a la medida suspensional decretada", señala el resolutivo firmado por Iván Martínez García, secretario en funciones de juez.
De acuerdo con la determinación judicial, esta suspensión no paraliza la investigación y la Fepade podrá continuar investigando a Lozoya, aunque de momento sin llevarlo a los tribunales para enfrentar un posible proceso.
La resolución también establece que la Fepade deberá informar al juzgado de amparo las diligencias que tuvieron verificativo después del plazo de 24 horas impuesto para cumplir con la suspensión definitiva.
En el juzgado, desde ayer por la tarde se instruyó a un actuario para notificar a la Fiscalía. En caso de haber notificado de inmediato, el plazo de cumplimiento vencería a lo largo de este martes.
De no cumplir con el mandato, señala el juzgado, la autoridad ministerial estaría incurriendo en una violación a la Ley de Amparo, que es penada con 3 a 9 años de prisión y una multa de 50 a 500 días de salario, así como con la destitución e inhabilitación del cargo público.
Abel Barajas/REFORMA
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