Abel Barajas/REFORMA
Los terrenos que Eugenio Hernández supuestamente adquirió a través de un testaferro están asegurados desde 2012 en una investigación por narcotráfico de la PGR, instancia que nunca actuó contra el ahora preso en Tamaulipas.
De acuerdo con información del Instituto Registral y Catastral del Estado, a solicitud de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), el 21 y 22 de junio de 2012 se registró el aseguramiento, mismo que a la fecha está vigente.
"Se ordenó llevar a cabo la anotación marginal de aseguramiento provisional, dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO", dice el documento.
Los bienes asegurados por la PGR y cuya compra venta hoy tienen en la cárcel al ex Gobernador priista, son dos terrenos del puerto industrial de Altamira, identificados como polígonos Gob 2 y 3, con números de finca 25313 y 25314.
El marcado con la clave 04-25-0652 fue inscrito con un valor catastral de 9 millones 551 mil 570 pesos e impuesto predial anual de 26 mil 288 pesos, mientras que el 04-25-0653 tiene un valor de 6 millones 448 mil 815 pesos y predial anual de 17 mil 600 pesos.
Ambos fueron adquiridos por la empresa GMC Desarrollo Industrial Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, ex titular de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y presunto testaferro de Eugenio Hernández.
La escrituración de las propiedades se realizó el 11 de julio de 2007 ante el notario público 31 de Tampico, Javier Joaquín Aguilar, de acuerdo con los documentos consultados.
Berlanga está prófugo de la justicia estatal, por la misma acusación que tiene en la cárcel al ex Mandatario.
Hernández, al igual que el ex Gobernador Manuel Cavazos Lerma, fue investigado por delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, la misma por la que fue detenido en extradición su homólogo Tomás Yarrington.
Sin embargo, la PGR archivó en 2013 la investigación sobre el antecesor y el sucesor de Yarrington, al concluir que no tenía elementos suficientes para actuar en contra de ellos.
Dicha indagatoria inició en 2009 y no está claro si es la misma en la cual fueron intervenidos los inmuebles de Altamira o se trata de un desglose.
Lo anterior, porque el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas fue notificado de la medida precautoria en los oficios UEIDCS/CG/889/2012 y el CGA/TAM/902/2012, ocho meses antes de que se archivara la indagatoria y, sin embargo, los aseguramientos continúan vigentes.
Extraoficialmente se informó que un apoderado legal de Berlanga Bolado presentó un amparo para litigar contra el aseguramiento de la PGR, pero le negaron la protección de la justicia.
Emiten ficha roja
Eugenio Hernández está a la espera de que Estados Unidos solicite su detención formal con fines de extradición, por lavado de dinero y fraude bancario, en un expediente donde se busca decomisarle bienes por 30 millones de dólares y cuatro propiedades que valen 4.1 millones de dólares.
Desde 2015, la Interpol emitió una ficha roja contra Hernández. Sin embargo, la PGR tampoco actuó en su contra y el ex Gobernador circuló libremente hasta su captura, el viernes pasado, por una acusación del fuero común.
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