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La prioridad en este momento no es quién debe estar al frente de la fiscalía general, sino la creación de un marco institucional sólido que garantice su autonomía política, resultados en el combate a los delitos, contra la impunidad y se le obligue a rendir cuentas.
Expertos en el tema como los ex procuradores Sergio García Ramírez, Diego Valadés Ríos y Rodolfo Félix Cárdenas delinearon que el perfil del fiscal, en funciones en 2018, deber ser el de un abogado con experiencia, reconocimiento y, sobre todo, con autonomía política.
En entrevista con EL UNIVERSAL subrayaron que antes de designar a la persona, los legisladores deben establecer el andamiaje jurídico con el que operará el órgano que será independiente del Ejecutivo, pero estará obligado a rendir cuentas a los tres poderes.
De ello dependerá el combate a la impunidad y a los delitos que más dañan a la sociedad en su conjunto.
Los penalistas coincidieron en que el tema está politizado a raíz de la crisis en la Cámara de Diputados por el supuesto impulso del PRI para que el procurador Raúl Cervantes Andrade se convierta en el primer fiscal.
“El tema está a la vista, evidentemente ocurrieron desencuentros entre los partidos políticos y sectores adentro de los institutos a propósito del tema, pero esto es pasajero. Se suscita como una llama y se apaga, lo importante es darle luz al camino que sigue y creo que en eso debemos comprometernos todos”, refirió García Ramírez, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.
Retos contra la corrupción
Ve a Cervantes Andrade como un abogado “competente y un ciudadano honorable”; sin embargo, consideró que hay mexicanos que tienen méritos suficientes para ocupar ese cargo. “Lo digo con gran respeto al actual procurador Raúl Cervantes Andrade, quien es un abogado competente y no digo que deba ser él u otra persona, simplemente rescato su honorabilidad y competencia. Espero que la decisión que finalmente se tome sea la más adecuada, una que nos permita una mayor convergencia de opinión para que nazca muy bien esta entidad autónoma que será la fiscalía general”, señaló.
A su consideración, se debe poner énfasis en la necesidad futura de reestructurar el Ministerio Público bajo la nueva concepción de autonomía y en el tema relacionado con las policías. “La policía es un protagonista sustancial de la reforma al sistema de justicia, no solamente los jueces, el Ministerio Público, sino la policía es un área donde hay una profunda crisis, como también hay una profunda crisis en los reclusorios en la ejecución de penas, estos son dos temas que deben asumirse bien en los cuales debe haber continuidad”, indicó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Declaró que los retos de la fiscalía general son la impunidad y la corrupción, los cuales tendrá que combatir con todos los instrumentos a su alcance.
Para el ex procurador Diego Valadés es vital que la fiscalía general inicie funciones con plena autonomía del Ejecutivo, puesto que esto permitirá su fortalecimiento y a su vez se generará confianza entre los ciudadanos.
Al cuestionarle sobre el perfil que debe tener el fiscal, Valadés Ríos respondió que la Constitución señala claramente que debe ser un abogado con experiencia y reconocimiento. Una de las grandes tareas de la nueva dependencia, destacó, será “combatir la impunidad, perseguir el delito de una manera eficiente y procurar aportarle a los jueces todos los elementos para que puedan tomar las determinaciones que correspondan”.
Necesita ajustes estructurales
El ex titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Félix Cárdenas, enfatizó que la dependencia requerirá ajustes estructurales y normativos para funcionar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia, porque “se trata de una hechura nueva, que responde a un nuevo reto”.
El abogado penalista afirmó que la fiscalía tendrá que realizar una reestructura operativa profunda, para enfrentar la impunidad y la corrupción, dos temas que a su parecer son los principales reclamos de la
sociedad mexicana.
“A mí me parece que siendo una fiscalía que será autónoma, es decir que no dependerá del Ejecutivo, como es hasta ahora la PGR, parece que va a perder un poco esa esencia de un órgano, que a mi entender tenía mucho de político, y se convertirá en un órgano técnico”, destacó.
Félix Cárdenas subrayó que el fiscal debe ser una persona que tenga conocimiento y que esté en contacto con las diversas áreas. “Ese es un punto que me parece inicialmente de partida, pero también con una exigencia similar para quienes ocupen los puestos de lo que son los subprocuradores”, declaró Félix Cárdenas.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, explicó que realizaron en conjunto con la PGR tres estudios académicos: uno sobre las fortalezas y debilidades de la procuraduría para convertirse en fiscalía general, la capacitación de los funcionarios en materia de justicia penal y otro sobre mediación.
Al realizar un análisis meticuloso de la organización administrativa de la PGR, expertos del instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron que en la dependencia hay discrepancias entre la naturaleza de las áreas y las funciones que realiza, repetición de funciones, diferencias entre plantilla de personal, inconsistencia en la línea de mando dentro del organigrama específico del área, diferencias entre las plazas existentes y los códigos presupuestales, elevado número de mandos medios y superiores con respecto a sus subordinados.
Resultados
“Yo creo que lo importante en este momento es apostar por un diseño institucional robusto, complejo y que sea capaz de brindar resultados en el corto plazo; sin embargo, pensando en una transformación institucional de largo alcance”, planteó Salazar Ugarte, quien coincidió en que el fiscal debe tener “autonomía política”.
Consideró necesario que la fiscalía general cuente con múltiples controles internos y externos porque ejercerá una facultad muy poderosa, que es la de tener el monopolio de la violencia legal en el país.
El académico aseguró que es muy importante la autonomía política del nuevo órgano de persecución de los delitos en el país, pero, declaró, “eso no debe convertirse en una suerte de autarquía”.
Además, insistió en que la autonomía de la fiscalía debe venir acompañada de un diseño institucional complejo, sólido y capaz de rendir resultados, pero también obligado a rendir cuentas.
“Prefiero no hacer una opinión sobre personas porque, recalco, lo que me importa sobre todo es pensar en el perfil de las instituciones, después habrá una discusión sobre la idoneidad o no de uno u otra candidata, lo importante en este momento es apostar por un diseño institucional robusto”, subrayó el experto.
Alberto Nava, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), consideró que los legisladores se enfocan en la parte menos importante de lo que implica una estructura tan compleja como una
fiscalía autónoma.
“La dependencia requiere de muchas cuestiones de infraestructura, de confianza en el texto constitucional, que la hagan realmente eficaz y eso no depende de una persona, sino de cómo está diseñada la institución”, refirió durante la entrevista.
El especialista declaró que en México no hay una costumbre que pueda darle resistencia a una dependencia independiente y con los contrapesos necesarios.
“Más allá de la persona, hay que pensar en qué necesita la institución. No nada más necesita independencia, sino contar con la posibilidad de manejarse en el ámbito de los tres poderes y que no se vaya a quedar sin dientes, para empezar”, expresó.
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