Raúl Cervantes designó a su sobrino y al primo del abogado de Duarte como titulares en áreas de investigación de lavado de dinero.

Investiga a César Duarte familiar de su abogado. A inicios de 2017, el entonces procurador Raúl Cervantes designó a su sobrino y al primo del defensor del ex gobernador como titulares en áreas de investigación de lavado de dinero; entre los expedientes investigados hay dos acusaciones contra el priista

El abogado del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, prófugo por delitos electorales y de corrupción, es Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, y el encargado de las investigaciones en contra de su cliente por lavado de dinero en la Procuraduría General de la República (PGR) es su primo hermano y se llama Juan Manuel Campuzano Reyes Retana.

Este personaje fue designado en abril de este año por Raúl Cervantes, entonces titular de PGR, como coordinador general de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM), de acuerdo a documentos oficiales. Y como uno de sus subalternos, en esa área especializada adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), Cervantes nombró a uno de sus sobrinos, Sergio Eduardo Amaro Cervantes, con sólo tres años de haberse graduado como abogado.

Aunque son los agentes del ministerio público quienes firman las actuaciones que aparecen en los expedientes contra el exgobernador, son sus jefes, Campuzano Reyes Retana y Amaro Cervantes, quienes autorizan u ordenan las diligencias que deben realizar los investigadores, además de mantener bajo resguardo “por seguridad y sigilo”, los expedientes, iniciado uno en 2014 y el otro en 2016, contra César Duarte, por los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, de acuerdo a documentos e información verificada por ejecentral con tres fuentes de primer nivel.

Al existir un lazo consanguíneo entre el litigante y el coordinador de la UEIORPIFAM, este último debiera notificar que enfrenta un conflicto de interés, como lo obliga la ley, y disculparse de atender esas pesquisas y aquellas relacionadas con su primo, algo que no ha ocurrido.

Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

En el primer semestre de este año se detectó el trámite de tres amparos por parte del equipo del abogado Sánchez Reyes Retana contra acciones elaboradas por la Unidad, de las cuales no podía tener conocimiento sin que recibiera información interna.

El litigante también está involucrado en investigaciones judiciales, por ahora a nivel local, aunque parte de esas imputaciones aparecen en copia en el expediente federal. Según la indagatoria de la Fiscalía General de Chihuahua, Sánchez Reyes Retana fue mencionado por Ever Eduardo Aguilar Sandoval, testigo clave contra Duarte Jáquez. Aunque el abogado intentó obtener datos sobre el testimonio, se le negaron.

El 6 de septiembre pasado, por ejemplo, el juzgado Décimo de Distrito con residencia en Naucalpan, estado de México, concedió una suspensión provisional al exgobernador para evitar que lo aprehendieran agentes de la PGR, al considerar su abogado que se le incrimina en “delitos que no ha cometido”.

En las investigaciones contra César Duarte en la UEIORPIFAM se le vinculan a la sociedad que hizo el exgobernador y su familia en el Banco Unión Progreso, a través del que hicieron, por lo menos, 350 transferencias por 645 millones de pesos desde el gobierno de Chihuahua; así como operaciones en Estados Unidos para la venta de ganado y compra de bienes a nombre de su familia para el lavado de dinero y en los que podrían estar involucrados recursos del narcotráfico.

Nepotismo. Funcionarios que conocen el caso aseguraron que la presencia de ambos personajes, además de representar un conflicto de interés, su poca experiencia daña las pesquisas.

Nombramientos sospechosos

Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana ha defendido a subsecretarios de la Defensa Nacional, como Tomás Ángeles Dauahare —de quien consiguió su exoneración en 2013 por narcotráfico—, narcotraficantes como Gerardo Álvarez Vázquez El Indio, capo de los Beltrán Leyva detenido en 2010, hasta al empresario Zhenli Ye Gon, acusado de comercializar precursores químicos para fabricar metanfetaminas en 2006. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, desde 2007 es titular de un despacho con alianzas en California, Texas y Florida, en Estados Unidos, uno de los más importantes del país y a través del cual se litiga la materia penal, juicio constitucional y extradición.

Su primo, Juan Manuel Campuzano Reyes Retana estudió en la Escuela Libre de Derecho, se graduó en 1998, y gran parte de su carrera la desarrolló en el sector privado. Entre 1989 y 1998 fue director de Mexival Casa de Bolsa; de 1999 a 2001 se convirtió en socio del despacho Cruz, Espeleta y Campuzano. Al dejar este bufete fue abogado de ING Investment Management, hasta 2007.

En 2008 se incorporó a la gestión pública, pero sólo duró un año, como primer secretario y consejero del Fideicomiso Promexico. En 2008 regresó al litigio privado en el Bufete Mobarak, de donde se retiró en marzo de este año para asumir el cargo en la UEIORPIFAM. Extrañamente, el registro de su declaración patrimonial lo coloca, desde el primero de abril de 2017, como director general adjunto de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO, en donde su función “principal es de supervisor”.

Sin embargo, en oficios con folio y sellos oficiales, Campuzano Reyes Retana firma como Coordinador General de la UEIORPIFAM. Un detalle que llama la atención es que el abogado, sin experiencia en investigaciones sobre lavado de dinero o falsificación de moneda, al firmar los documentos de PGR no utiliza su tercer apellido, Retana, que es compuesto. Campuzano Reyes Retana ha dicho al interior de la PGR que es amigo de Raúl Cervantes, quien se convirtió en procurador el 26 de octubre de 2016 y que desde el inicio de su gestión se interesó por la Unidad antilavado, considerada una oficina sensible y con casos de alto impacto en torno al crimen organizado, empresarios y políticos.

El 25 de noviembre de 2016, un mes después de su llegada a la PGR, por ser el combate a estos delitos “una prioridad para la institución”, emitió un decreto en el que sacaba de la SEIDO a la UEIORPIFAM, para modernizar la institución y “dotarle de herramientas que garanticen mayor efectividad en sus tareas de investigación y combate a los delitos”. Semanas más tarde, como era inoperante este cambio, regresó a la Unidad a la SEIDO, a donde asignó al abogado Campuzano Reyes Retana y a su sobrino.

Con una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la que se graduó en 2014, y con una especialidad en sistema penal acusatorio, de la que sólo tiene constancia y no ha registrado ante la SEP, Eduardo Amaro Cervantes, llegó a la UEIORPIFAM el primero de febrero de 2017. Dos años trabajó en el despacho Mateos López Abogados y después fue designado como asesor jurídico de la CFE, donde laboró siete meses. Desde noviembre de 2015 fue socio del bufete Amaro, Amaro y Aragón, de donde salió para convertirse en Coordinador en la UEIORPIFAM, donde se dedica, sin contar con experiencia alguna, a la “investigación de delito (y) labor de supervisión”.

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