Yuridia Sierra
La Procuraduría General de la República envió a una triada improvisada para que los representara en la audiencia del personaje que hoy más que nadie, representa el abuso de poder y corrupción capaz de ejercerse desde la función pública. Si no cabe aquí la fe, mucho menos la confianza.
La fe es la confianza plena en algo que no existe.
Aristóteles (Núñez).
Fe, acaso el último recurso de las causas imposibles. Fe, lo único que mantiene viva una esperanza ante lo inevitable. Fe, para que suceda lo que deseamos o para no ser testigos de algo que no está en nuestras manos resolver. Y fe es lo que nos pide
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, ante las inconsistencias que la Procuraduría General de la República evidenció sobre el expediente de Javier Duarte en la audiencia del lunes pasado. Fe, no confianza, porque esta última se haga con un antecedente irreprochable sobre la labor de impartir justicia en nuestro país, que francamente me cuesta trabajo recordar. Fe, porque ya no estamos seguros de que la extradición del exgobernador de Veracruz sea el inicio de un proceso que lleve a una condena apenas justa para todo lo que, sabemos, hizo Duarte durante sus años de gestión.
Y es que la confianza (y sí, también la fe) se ha ido esfumando con el paso de los días. El martes supimos que un juez congeló las órdenes de aprehensión que se le giraron a Duarte en Veracruz, que en total son por cinco delitos. Así, de siete acusaciones —las que justificaron su extradición— sólo quedan dos, las del fuero federal, que hoy lo tienen durmiendo en prisión preventiva en el Reclusorio Norte del Ciudad de México. Dos de siete.
Otro tanto de la confianza (y sí, también de fe) se fue cuando el mismo martes, José Narro, secretario de Salud, habló de 23 denuncias sobre las transas que hizo Duarte con el presupuesto de salud de Veracruz, y que ascienden a 650 millones de pesos. Y es que ninguna de ellas fueron incluidas en el expediente de solicitud de extradición, y por el Tratado que México y Guatemala tienen firmado al respecto, no podrá ser juzgado por esos delitos.
Aunque, sin duda, la confianza (y repito, también la fe, porque son cosas distintas, señor secretario) comenzó a diluirse el lunes, el primer día de Duarte en México después de nueve meses desde la última vez que se le vio en territorio nacional, y que fue el mismo en que un juez le leyó su cartilla de derechos y los cargos por los que se le acusa. Y es que, lo que pensaríamos sería un expediente de suma prioridad para la Procuraduría General de la República, en el que no se escatimaría en detalles, en precisiones, en elementos para sustentar las acusaciones, no quedó demostrado así. A la Procuraduría General de la República no le pareció necesaria la presencia de un representante de la Secretaría de Hacienda, la encargada de la auditoría donde se comprobó la operación de las empresas fantasma de Duarte. Tampoco le pareció necesario que los fiscales que estuvieran presentes, Martha Ramos Castillo, Nelly Magaly Alvarado y Pedro Guevara Pérez, llegaran empapados con la información escrita en el expediente: se contradijeron, tardaron una hora en encontrar datos que el mismo Duarte les solicitó, no supieron explicar los montos, sus sumas no cuadraron, apenas si pudieron dar razón de 38.5 millones de los 438 que, según la acusación de la PGR, fueron desviados de la Secretaría de Educación. La Procuraduría General de la República envió a una triada improvisada para que los representara en la audiencia del personaje que hoy más que nadie, representa el abuso de poder y corrupción capaz de ejercerse desde la función pública. Si no cabe aquí la fe, mucho menos la confianza.
Y es que, por si fuera poco, el mismo martes en que se congelaron las órdenes de aprehensión contra el veracruzano, otro juez decidió lo mismo, pero a favor de otro exgobernador, el de Quintana Roo, Roberto Borge (que fue coincidentemente aprehendido la noche el 4 de junio, cuando Alfredo del Mazo celebraba su triunfo en la urnas mexiquenses) y que se encuentra detenido en Panamá, a la espera de su extradición, acusado de lavado de dinero.
Tal vez Osorio Chong está consciente de que perdimos la confianza, y por eso nos aconseja sólo tener fe.
ADDENDUM. Parece que, incluso si la Procuraduría General de la República lograra acreditar los 38.5 millones que documentó en la atropellada audiencia, y de no comprobarse el delito de “delincuencia organizada”, y si el acusado puede pagar de su bolsa la mencionada cifra, Javidú podría estar a un paso de la libertad. Por eso, yo creo que él tiene “paciencia, prudencia y verbal contingencia (sic)”… Y sobre todo, seguramente conserva casi intacta su fe.
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