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Salvador García Soto
El sismo de 7.1 grados que sacudió a la zona centro del país, dejando luto y desolación, no sólo puso a prueba, una vez más, la capacidad de los mexicanos de sobreponerse a la tragedia; también, este desastroso fenómeno tuvo efectos directos y hasta réplicas en la insensible clase política que, presionados por la movilización social y las exigencias ciudadanas, aceptaron ceder en lo que más les importa y les duele: el millonario financiamiento público que recibirán en 2018 para sus gastos ordinarios y de campaña.
Hoy se prevé que el Consejo General del INE discuta y apruebe un acuerdo ya negociado con las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD y Panal, para que el organismo retenga a esos institutos un porcentaje, aún no determinado, de su financiamiento público para 2018, cuyo monto total autorizado fue de 6 mil 778 millones de pesos. El descuento, que sería tanto al presupuesto de las campañas como al gasto ordinario de los partidos, se complementaría con otro porcentaje que el INE aportaría de su gasto operativo para el próximo año y todo junto formaría un fondo que, vía un fideicomiso, se destinaría a apoyar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre.
