Salvador García Soto
Ante la parálisis legislativa en San Lázaro, que amenaza con convertirse en crisis constitucional, por la inminente presentación del Paquete Económico 2018, ayer se buscaban acuerdos y salidas para destrabar, desde el Senado, el tema de la Fiscalía General de la República para que, con la Ley aprobada por todos los partidos desde diciembre de 2014 —incluidos el PAN de Ricardo Anaya que hoy la cuestiona y el PRD que lo apoya—, se pueda proceder a la designación de un fiscal, sin que se trate necesariamente del actual procurador Raúl Cervantes Andrade, cuya designación “automática” tiene parada la instalación de la Mesa Directiva de los Diputados y es duramente cuestionada por la sociedad civil y la opinión pública.
