A los viejitos, el grueso del alza a presupuesto; Precriterios 2022 de Hacienda
El subsidio para mayores de 65 años absorberá siete de cada diez pesos del incremento que el gasto programable tendrá el próximo año
Foto: Pixabay
CIUDAD DE MÉXICO.
Del incremento total que el gasto público tendrá en 2022, siete de cada diez pesos financiarán el aumento a la pensión para los adultos mayores.
De acuerdo con los Precriterios 2022 de la Secretaría de Hacienda, de los 142 mil 63 millones de pesos que el gasto programable ganará el próximo año respecto a éste, 99 mil 997 millones de pesos corresponderán a la mayor asignación presupuestal que tendrá el subsidio universal a mayores de 65 años.
Lo anterior significa que sólo este programa social absorberá 70.3% del incremento presupuestal en el gasto para la prestación de bienes y servicios a la sociedad.
Este aumento contrasta, por ejemplo, con lo que se prevé destinar a los diez programas prioritarios de la Secretaría de Salud, que en plena pandemia tendrán un incremento de 46.4 millones de pesos, un aumento nulo en términos reales o ajustado por inflación.
GASTO: 70% DEL ALZA IRÁ A ADULTOS MAYORES
El impacto presupuestal que tendrá el incremento a la pensión para adultos mayores será tal que absorberá siete de cada 10 pesos del aumento al gasto público que se prevé para 2022.
Los Precriterios 2022 de la Secretaría de Hacienda señalan que, para el siguiente año, se anticipa que el gasto en la prestación de bienes y servicios a la sociedad (gasto programable) se incremente en 142 mil 63 millones de pesos respecto a lo aprobado este año.
De este monto, el aumento de la pensión para adultos mayores será de 99 mil 997 millones de pesos entre 2021 y 2022, por lo que este solo programa absorberá el 70.3% del incremento presupuestal del gasto programable.
Este aumento contrasta, por ejemplo, con lo que se prevé destinar a los 10 programas prioritarios de la Secretaría de Salud, que en plena pandemia tendrán un incremento de sólo 46.4 millones de pesos, lo que significa que en términos reales o ajustado por inflación tendrán un nulo aumento.
Así, el gasto propuesto para estos 10 programas pasará de 132 mil 297 a 132 mil 343 millones de pesos a precios constantes entre 2021 y 2021.
El incremento a la pensión para adultos mayores significa, en términos prácticos, que para el resto de las funciones esenciales del Estado como educación, salud, seguridad, infraestructura y otras, se les destinará de forma agregada el 29.7% del aumento del gasto programable en 2022, es decir, 42 mil 80 millones de pesos.
El gobierno prevé que la pensión de adultos mayores pase de 140 a 240 mil millones de pesos entre 2021 y 2022, un crecimiento real de 71.4%, debido a la promesa presidencial de elevar el apoyo de forma paulatina de 2,500 a 6,000 pesos bimensuales a cada beneficiario.
DAN MÁS AL TREN MAYA
Otro programa presupuestario que se prevé tenga un fuerte incremento en 2022 es el correspondiente a Proyectos de transporte masivo de pasajeros, en el cual está inscrito el Tren Maya.
Así, el gobierno propone un presupuesto de 48 mil 989 millones de pesos para el tren que estará ubicado en la península de Yucatán, de lo que significará un aumento 30.8% en términos reales respecto a lo aprobado este año, que fue 37 mil 449 millones de pesos.
Con esto, el incremento del Tren Maya absorberá el 4.8% del incremento total del gasto programable para 2022.
LO RESTANTE
La Secretaría de Hacienda anticipa que para 2022 el gasto no programable, es decir, aquel que no está destinado a cumplir funciones esenciales del Estado, tendrá un incremento de 96 mil 965 millones de pesos en 2022 respecto a lo aprobado para este año.
Esto debido, fundamentalmente, a mayores participaciones a las entidades federativas derivadas del aumento en la recaudación federal participable”, explica la dependencia.
Con esto, Hacienda espera que el gasto público total (programable más no programable) se incremente de forma agregada en más de 321 mil millones de pesos el próximo año respecto a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
Birmex se declara en “terapia intensiva, intubada, muy mal”
Pese a que en el siglo pasado México era punta de lanza en el sector, en la actualidad no produce ninguna vacuna, y la empresa estatal dedicada al desarrollo de estos biológicos ahora solo se dedica a comprarlos y distribuirlos.
El director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México SA de CV (Birmex), Pedro Mario Zenteno Santaella, explicó en entrevista que en septiembre del año pasado, cuando recibió el encargo de dirigir la compañía federal, ésta se encontraba en situación crítica.
“Si lo ponemos en términos médicos, (está) en terapia intensiva. Intubada y en condiciones muy malas. Yo creo que se abandonó a la empresa, y es un gran error haberla abandonado. Esta empresa fue vanguardia en los años 70 a nivel mundial. Exportábamos a 15 países.
“Producíamos más de 50 millones de vacunas de polio. Y hoy está la empresa en condiciones complicadas. Se volvió un distribuidor, cuando aquí se investigaba y de aquí salían las vacunas”, reconoció el director.
Birmex es una empresa mexicana propiedad del gobierno federal, creada con el fin de desarrollar, producir, importar y comercializar vacunas, faboterápicos (productos terapéuticos que neutralizan los efectos del envenenamiento debido a mordeduras de serpientes, picadura de alacranes y otros animales ponzoñosos) y productos de diagnóstico clínico.
De acuerdo con una descripción de la propia compañía, “contribuye desde hace más de un siglo con el objetivo de mejorar la salud de los mexicanos, produciendo biológicos que ayudaron a la erradicación de la viruela en 1951, la eliminación de la poliomielitis y la difteria, cuyos últimos casos fueron reportados en 1990 y 1991. Además, al control de otras enfermedades como tosferina, tétanos y sarampión”.
Sin embargo, a raíz de la corrupción y el abandono, aseguró Zenteno Santaella, es que sus operaciones se vieron mermadas durante administraciones anteriores. Se dejó de producir para que empresas privadas pudieran obtener esas ganancias e, incluso, se puso en manos de particulares la venta de insumos médicos para el sector salud, aseveró.
El director, no obstante, señaló que eso ya no ocurre y confió en que no terminará este sexenio sin que México regrese a desarrollar y producir vacunas. “Estoy convencido, de hecho. Vamos a lograr el Sistema Nacional de Distribución y vamos a recuperar mucha producción de vacuna en el país. Creo que hay el ‘expertise’ y la capacidad en los institutos, y los científicos nacionalistas que quieren a su país van a ayudar a eso. Porque hay esa conciencia también, ese grado de conciencia se está dando. También permeó en muchas instituciones de educación el tema del neoliberalismo”, detalló.
Un avance, dijo Zenteno Santaella, es el desarrollo de una vacuna mexicana contra el covid-19, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), llamada Patria. “Nosotros estamos en la mejor disposición en Birmex de poner a disposición la empresa para que se puedan realizar los estudios, lo que sea necesario, para llegar a la primera, segunda y tercera fase de la elaboración de la vacuna. Y en eso estamos, la doctora (María Elena) Álvarez-Buylla (directora general del Conacyt) es la que está encabezando esto y nosotros estamos en toda la disposición de poder sumar voluntades para tener la vacuna lo más rápido posible”, expuso.
Con este objetivo, Birmex está rehabilitando sus cadenas de producción y ha mejorado sus instalaciones, especialmente los laboratorios. Otro de los pasos que se han dado, detalló, es el desarrollo de un suero equino hiperinmune, utilizado como terapia contra el covid-19.
Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional donó 60 caballos a Birmex para este proyecto conjunto con el Conacyt, en las próximas semanas se espera un anuncio sobre la producción de este biológico, que consiste en el desarrollo de anticuerpos contra covid-19 en caballos para reducir los síntomas críticos en pacientes infectados con el virus.
“En un par de semanas habrá noticias muy importantes ya (sobre) qué se puede hacer. ¿Qué se intenta hacer? Pues transferir la molécula del virus a los caballos para que produzcan anticuerpos. Y de alguna manera poderle inyectar a las personas que tienen covid de manera grave, para evitar que se agudice el asunto y pueda terminar en una situación crítica. Perder la vida, por ejemplo”, explicó.
Además,Birmex ha colaborado en la distribución de vacunas contra el covid-19. “Llegan las vacunas, se van al almacén de Birmex en Cuautitlán Izcalli (Estado de México). Ahí se hace la distribución de acuerdo con lo que determina la Secretaría de Salud y ayudamos para que estas vacunas lleguen a los estados, a la red de frío de los estados para que hagan su distribución municipal”.
Asimismo, aseguró que las vacunas que forman parte del esquema universal están completamente garantizadas. Consideró que, además, es necesaria una nueva política en materia laboral respecto al sector salud, en la que el factor principal no sean las ganancias, sino mantener a las personas sanas.
“Se abandonó la salud. Se intentó privatizar al sector salud. Y no lo digo de oídas, me tocó estar en el Seguro (Social) y en el Issste y me doy cuenta cómo hoy las instituciones de salud fueron mermadas de manera muy importante. No hubo un crecimiento en términos de la infraestructura… (pero) creció el número de derechohabientes y no en el mismo ritmo los hospitales, las clínicas”, concluyó el directivo.
Endurecen protocolo de vacunación, tras jeringa vacía
El procedimiento ya no es tan automatizado como hace unos días. Ahora las enfermeras y el personal que inyecta a las personas de la tercera edad se toman su tiempo, platican con los beneficiarios y les responden cualquier duda. Todo a raíz de la polémica que se generó con la difusión de los videos en los que se observa que no se administran las dosis.
El procedimiento duró apenas un minuto, en el que las personas y sus familiares están más que atentos de que administren las dosis correctamente y no sea un engaño con mortales consecuencias.
“¡Quiero ver la jeringa y el frasco!”, pidió doña Lourdes, quien certificó que la jeringa estuviera vacía y del frasco poco pudo ver. La enfermera Lizbeth asintió y le puso frente a sus ojos los dos objetos para que la beneficiaria se fuera tranquila.
A partir de este lunes así fue el mecanismo de vacunación en los 30 municipios del Estado de México, donde de acuerdo con las autoridades, se reforzaron los protocolos a todo el personal.
La intención es que de forma didáctica y con mucha paciencia se muestre el antes y después de la jeringa con el biológico de AstraZeneca que se administra en los municipios del norponiente mexiquense, como Tepotzotlán, Tultepec, Melchor Ocampo y Coyotepec, entre otros, informó Nadia Servín Moreno, jefa de la jurisdicción sanitaria de esta región de la Secretaría de Salud del Estado de México.
La misma escena se repitió en los ayuntamientos del Valle de Toluca, como San Mateo Atenco, donde también personal médico del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) mostró a cada adulto mayor las dosis antes de aplicarlas durante la jornada de vacunación masiva.
“Es importante dar tranquilidad a los adultos mayores”, comentaron las enfermeras Lizbeth y Rosalba, quienes trabajaron en el centro de vacunación de Tepotzotlán y reconocieron que redujeron la velocidad con la que aplican los biológicos, para dar certeza a las personas de más de 60 años.
Video causa revuelo
En redes sociales circuló un video en el que se observa que personal de salud no aplicó la dosis a una mujer, esto en el módulo de vacunación en automóvil contra el Covid-19 en Huixquilucan, lo que generó revuelo y un gran número de críticas.
Las autoridades del Estado de México precisaron que observaron el video y confirmaron que sí se inyectó la dosis de Pfizer a la persona. Incluso, contactaron a Ian Baza García, nieto de Felipa García Guadarrama, quien afirmó que su abuelita sí fue vacunada e, incluso, presentó reacciones leves al biológico.
“Mi abuelita sí fue vacunada, hasta presentó algunas reacciones como dolor leve de cabeza y de cuerpo”, afirmó el joven, quien recordó que el procedimiento se realizó el pasado 29 de marzo en el estacionamiento de la Universidad Anáhuac.
Dijo que se enteraron por las redes sociales de que había un video sobre su familiar y en el que mencionaban que se le aplicó la vacuna. Autoridades de la Secretaría de Salud estatal ofrecieron la alternativa de realizar una prueba de anticuerpos y confirmar que la señora, de más de 70 años de edad, recibió la vacuna contra el Covid-19.
AMLO: todo listo para terminar con el 'outsourcing'
Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el acuerdo entre sectores productivos para “ir terminando” con el outsourcing. En un tuit anunció “un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”.
Sin apuntar detalles del convenio, también publicó una fotografía de la reunión de trabajo celebrada en Palacio Nacional, a la cual acudieron el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto; el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, y el senador Napoleón Gómez Urrutia, entre otros.
Por la mañana, en la conferencia de prensa en el Salón Tesorería, el Ejecutivo refirió que las administraciones pasadas heredaron un entramado de contratos de policías privados que reflejaban el favoritismo por ese modelo:
“Antes todo los contrataban con policías privadas. La misma Secretaría de Gobernación, que manejaba la Policía Federal Preventiva, contrataba servicios privados para la vigilancia de sus instalaciones, porque se volvieron muy famosas unas empresas privadas de protección, de policía privada, muy famosas, y tenían contratos por todos lados. Se desmanteló todo lo que era la seguridad pública y todos eran contratos particulares. Estamos hablando de miles de policías que se contrataban, privados. Entonces, hay que suplir a todos esos elementos, ir suspendiendo los contratos y eso es lo que se está haciendo, pero lleva tiempo, es un proceso.”
Así, subrayó otra de sus principales críticas a los gobiernos del PRI y del PAN: “El gobierno era un facilitador para la corrupción, no estaba hecho para servir al pueblo”.
Y a las contrataciones de personal trascendieron otras de no menor importancia: “Son muy pocas las obras públicas que no se concesionaban, se hacían autopistas, pero todas concesionadas. Pues se van a ir terminando todas estas contrataciones, es un proceso también. Es que todo estaba privatizado: los reclusorios, los servicios de seguridad, desde luego la educación, la salud, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, todo apuntaba a privatizar”.
Gobierno e IP logran un acuerdo: regular outsourcing y mayor pago de utilidades
Sergio Ramírez
El Presidente hace el anuncio tras más de 80 reuniones entre las partes; fijan plazo de 3 meses para meter en nómina a subcontratados; se permite terciarizar, pero sólo en actividades diferentes al objeto social de las empresas; pactan también aumentar hasta 57 días las utilidades
Por consenso, el Gobierno federal, empresas y sindicatos acordaron un plazo de tres meses para que empresas contraten directamente en la nómina a los trabajadores que tienen bajo el esquema de outsourcing, y convinieron la creación de dos modalidades para el cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
“Los acuerdos alcanzados comprenden el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real”, indicó en un comunicado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) este lunes, luego de la reunión.
Otros acuerdos logrados ayer en Palacio Nacional incluyen la creación de un registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializadas. En el reparto de utilidades, empresarios, obreros y Gobierno convinieron aumentar hasta 57 días en promedio la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), con un tope máximo de 90 días.
“Se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156 por ciento en el monto del reparto de utilidades”, añadió la STPS.
El sector empresarial logró que no desapareciera la figura del outsourcing, a pesar de que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) consideró que era la mejor solución a este problema que afecta a los obreros.
En ese sentido, Francisco Hernández, líder de la UNT, quien asistió al encuentro, detalló en entrevista con La Razón que “le dije al Presidente que este tema iba más por la vía de la desaparición total del outsourcing y la subcontratación, por lo que ha significado para los trabajadores.
“Sin embargo, al final creo que el acuerdo es bueno, se pudo llegar hasta ahí con la participación de todos los sectores, incluidos los empresarios, quienes en un principio mostraron sus preocupaciones por el tema de la subcontratación”, explicó.
El Presidente López Obrador opinó en Twitter: “hoy (ayer) se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y Gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”.
En tanto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el acuerdo tripartita en materia de outsourcing implica eliminar la subcontratación antigua, pero se mantiene en algunos tipos de líneas especializadas.
“Es un acuerdo que nos parece muy bueno, producto del consenso, se estuvo trabajando, liderado por la secretaria (del Trabajo), Luisa María Alcalde, y se llegó a un acuerdo tripartita entre los empresarios, los sindicatos y el propio Gobierno”, comentó al salir de Palacio Nacional.
Estimó que con este acuerdo se logre destrabar definitivamente la iniciativa que envió el Presidente a la Cámara de Diputados el año pasado, la cual fue pospuesta para dar paso a las negociaciones entre el Gobierno, empresarios y obreros.
- El dato: Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estiman en 20 mil millones de pesos la evasión de impuestos por malas prácticas de subcontratación laboral.
En ese sentido, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, expresó su beneplácito por el convenio, y confió que los tiempos legislativos permitan sacar adelante la iniciativa presidencial.
Detalló que no se elimina la subcontratación, se regula y se establecen mecanismos para “evitar que esta figura jurídica siga lesionando el derecho de los trabajadores, para interrumpir sus propias conquistas o sus propios derechos e impedir que se sigan eludiendo o evadiendo obligaciones fiscales”.
Además, se incorpora un tope de hasta 90 días de reparto de utilidades para los trabajadores, se reivindica su derecho a la seguridad y permanencia en el empleo, e impedir que “mañosamente se les despida en diciembre y se le recontrate en enero”.
En su oportunidad, el director del Instituto Mexicano Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, calificó como un buen acuerdo lo alcanzado ayer entre el Presidente, los empresarios y los líderes sindicales, ya que se da un paso importante para eliminar la subcontratación abusiva.
“Ahora serán las Cámaras las que dispondrán de esta materia (...) en diciembre se dio un avance muy importante, y en lo que respecta al IMSS son reformas que tienen que ver con la subcontratación abusiva”, finalizó.
Lo pactado
- La STPS detalló los alcances del encuentro de ayer.
- La prohibición de la subcontratación de personal.
- Regular la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y actividad económica preponderante de la empresa.
- Registro ante la STPS e inscripción al padrón público de empresas de subcontratación.
- La responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento.
- Un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.
Abasto de medicinas, en manos de antropólogos y guardaespaldas
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Nurit Martínez
En un grupo de alrededor de 20 funcionarios de primer nivel dentro del Insabi, hay al menos nueve que han seguido desde su estado natal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les conoce como Grupo Tabasco.
“El problema real es que existe más un dejo político que técnico en la integración de quienes encabezan el instituto”, asegura Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto.
Lo que se observa en el Insabi es que “se buscó lealtad y no competencia. Se trajo a gente que no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud”, coincide Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM.
De manera similar a como ha operado por décadas en la política el Grupo Atlacomulco en el Estado de México, sin una organización formal, el Grupo Tabasco se ha incrustado en el sector salud, concretamente en el Insabi.
Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien ocupa la dirección general del instituto, tiene una maestría en Administración de Empresas para Ejecutivos en la Universidad Olmeca de Villahermosa. Desde los años ochenta ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tabasco o en Chiapas, en la zona de Palenque.
En aquellos años Ferrer coincidió López Obrador cuando el mandatario era coordinador regional del Instituto Nacional Indigenista.
Además de Ferrer, el Grupo Tabasco está integrado por los titulares de las unidades de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud, de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico y de Administración y Finanzas, así como de los coordinadores y directores de esas áreas.
En el área administrativa y de finanzas se encuentra Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, un español que por años se desempeñó como consultor de finanzas pero que en la administración de Arturo Núñez llegó a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Tabasco.
Bajo la dirección de Lamoyi se encuentran dos cercanos colaboradores de Ferrer, Irma Navarro Herrera y Luis Alberto Gamboa Arriaga, quienes desarrollaron su trayectoria laboral previa en el INAH en Chiapas.
En el grupo también figuran Carlos Sánchez Meneses (arquitecto) y Alejandro Antonio Calderón Alipi, quienes formaban parte de la “Ayudantía Civil” del presidente López Obrador a partir del 1 de diciembre de 2018, es decir, del grupo que respaldó a los guardias presidenciales y realizaban labores de seguridad y guardaespaldas.
Según la tesis Valuación Integral de la empresa inmobiliaria y constructora Sanca, S.A. de C.V., Sánchez Meneses es en realidad un empresario de la industria inmobiliaria. Su hoja de trayectoria profesional solo refiere que obtuvo la maestría en el Instituto Tecnológico de la Construcción, perteneciente a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en 2007.
La plataforma MexicoLeaks revela que en los últimos años logró siete contratos con valor de 15 millones 184 mil pesos en el estado de Hidalgo, en la conservación y mantenimiento del sistema de agua y carreteras. Mientras que otro reporte del Gobierno federal indica que la empresa de la que fue gerente de construcción logró entre 2013 y 2018 otros tres contratos con valor de 9.27 millones de pesos.
Por su parte Calderón Alipi, responsable de Abastecimiento de Medicamentos y Equipamiento Médico, pese a tener una maestría en Administración de Servicios de Salud, sólo se había desempeñado como médico de guardia en el hospital privado de Nuestra Señora de Guadalupe en Villahermosa, Tabasco. También trabajó en el Hospital General de Agudos Doctor Juan A. Fernández, en Argentina, según su currículum.
El ex guardaespaldas del presidente también fue designado como titular de la Junta de Proyecto en el acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la compra consolidada de medicinas que hará México en cinco años.
Entre sus atribuciones está aprobar cualquier modificación a los cronogramas, actividades, recursos, presupuestos, planes operativos y metas del proyecto.
El encargado de abasto de medicinas es Adalberto Javier Santaella, que por más de una década, en las administraciones panistas y priistas, estuvo al frente de la dirección de Violencia Intrafamiliar de la Secretaría de Salud.
En su expediente existe una investigación en su contra por acoso laboral por parte de una de sus colaboradoras.
Santaella Solís fue el responsable de firmar una circular el pasado 26 de febrero, dirigida a los directores de los hospitales del sector público para solicitarles comprar con sus propios medios mil 391 claves de medicamentos que no fueron incluidos en la compra consolidada internacional que hizo el Gobierno federal con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), además de 227 claves que no tuvieron oferta en los procesos de licitación, como dio a conocer ayer El Sol de México.
Este funcionario, al igual que el coordinador de Análisis Estratégico y Evaluación, Joaquín Felipe Molina Leza, tienen estudios en Cuba, aunque éste último es el único que cuenta con experiencia en la administración y gestión sanitaria, al haber colaborado en la Organización Panamericana de la Salud, en el área de medicina preventiva.
En ese primer círculo de Ferrer también figura la encargada de los Programas Médicos Prioritarios, Marevna García Arreola, con conocimiento en procesos electorales. Su tesis de licenciatura explora la trascendencia del derecho a voto de los mexicanos en el exterior frente al proceso electoral del 2006, según el repositorio de la UNAM.
Aunque cuenta con estudios de maestría en Políticas Públicas, solo se había desempeñado en el área de relaciones internacionales de la Secretaría de Salud desde 2011.
Fuera del Grupo Tabasco, en la dirección del Insabi también figuran otros funcionarios ajenos al campo de la salud.
Un caso es el de Gisela Ofelio Caballero Lara, directora de Seguimiento Institucional y Control de Acuerdos, con un perfil más cercano a los que el presidente López Obrador considera sus adversarios. En su perfil de LinkedIn indica que es politóloga y fue asesora en la campaña presidencial de Margarita Zavala. También fue asesora en la dirección general de Coparmex, con Gustavo de Hoyos.
Antes trabajó en la Cancillería, al lado del equipo de otro presidenciable, José Antonio Meade. Su labor fue la de investigar y elaborar reportes sobre los candidatos a ocupar puestos de embajadores y cónsules.
La ahora encargada del equipamiento médico y proyectos especiales del instituto, Sonia Tavera Martínez, es una especialista en uniones de crédito que laboró en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mientras que el coordinador de Financiamiento, Joaquín Valente Paredes Naranjo, con una maestría en Ciencias de la Computación, se desempeñó, entre otros cargos, como asistente del vicepresidente del entonces grupo Banamex, encabezado por el empresario Roberto Hernández.
SIN EXPERIENCIA
Malaquías López, quien se desempeñó como director general de Planeación y Desarrollo en Salud en la administración pasada, consideró que lo que hasta ahora ocurre en el Insabi, a más de 16 meses de iniciar operaciones, sigue siendo “una ocurrencia”.
“Llegaron con ideas pero no con proyecto. Mi percepción es que fue una ocurrencia y al generarse lo que se buscó fue lealtad, no competencia, y se trajo gente que no tiene idea de lo que se requiere en términos de salud”.
Para el investigador de la UNAM, los funcionarios que están en el Insabi “son gente que no tiene la aptitud necesaria para desarrollar sus ideas. Acaban de poner al doctor (Víctor Hugo) Borja (exdirector de prestaciones del Instituto Mexicano) del Seguro Social. Él tiene una idea mucho más clara de cómo se debe proceder, pero está limitado a la parte de atención médica. Todo lo que tiene que ver con adquisiciones, financiamiento y transferencia al sistema de salud no creo que tenga gran injerencia”.
Para la diputada panista e integrante de la Comisión de Salud, Ana Paola López Birlain, “es incorrecta esa forma de administrar la salud en nuestro país. Requerimos que en todas las áreas los perfiles sean especializados, y al responder a intereses políticos están condenando la vida de millones de mexicanos. Es una negligencia y una irresponsabilidad absoluta”.
Consideró que en política no es de nadie desconocido que hay simpatías, alianzas y amistades. Sin embargo, eso no puede ser a costa de la vida y la salud de los mexicanos.
“Que las personas que lo han acompañado (a López Obrador) y han operado políticamente sigan cercanos a él no le veo inconveniente; lo que veo irresponsable y negligente es que ocupen posiciones en donde esté en juego la eficiencia de la institución y la vida de millones de familias. Si estos perfiles cumplieran con las características que se requieren para administrar un instituto de salud, el presidente sabrá. Pero es de todos sabido que no es el caso y están ocupando espacios para posicionar y colocar a sus amistades y no para darle salud a los mexicanos”, concluyó la legisladora.
Pide Herrera discusión técnica en reforma fiscal
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“No soy ingenuo, sé lo que pasa durante una temporada política, cada aspecto va a ser exagerado y va a ser politizado, y este es un asunto tan importante que no quiero el riesgo de que se politice, quiero tener una discusión técnica y un acuerdo en principio, y ojalá, ser capaces de construir después de las elecciones, las condiciones para tener una discusión significativa”, sostuvo al participar en el conversatorio virtual ‘Recuperación de los mercados emergentes en 2021′, organizado por Atlantic Council.
Afirmó que la pandemia de COVID-19 abre una ventana de oportunidad temporal para revisar temas como una reforma fiscal en el ánimo de una responsabilidad colectiva.
Cuestionado por el exembajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, sobre su perspectiva de una reforma tributaria en México, el funcionario respondió que la reforma de la estructura de ingresos de México ha sido un asunto que se ha pensado por mucho tiempo y no ha tenido un éxito significativo.
Subrayó que uno de los riesgos de la estructura de ingresos del gobierno es la dependencia al petróleo, esto porque el presupuesto se financia en parte por ingresos petroleros que han ido a la baja, ya que el país no está en este momento en la misma situación de producción petrolera de 2004 o de ingresos petroleros de 2008.
“México necesita tener fuentes de ingresos confiables porque el precio del petróleo es extremadamente volátil”, expuso.
Ante ese panorama, Herrera mencionó que junto con los secretarios de finanzas de los estados se trabaja en una discusión técnica y el objetivo es que en las próximas semanas se logre un acuerdo con las entidades en los aspectos técnicos de lo que deberá ser la reforma fiscal.
El titular de Hacienda advirtió que en temporada política cada aspecto de una reforma fiscal puede ser politizado, por lo que es necesario que la discusión sea en el terreno técnico, “este es un tema tan importante y no quiero que se politice”.
Dijo que hará hincapié en los aspectos técnicos porque México atraviesa por el proceso electoral más grande en la historia del país.
“Esta no solo es una época de pandemia en México, tampoco es una época económica difícil, es también una época, una temporada política”, refirió.
En tanto, Herrera dijo que otra arista de la reforma fiscal es preguntarse cuánto se necesita de recursos para las necesidades de gasto del país y cuántos impuestos se necesitan subir para ello y que, al mismo tiempo, los mexicanos entiendan cuáles son los impuestos que se requerirían para financiar educación o salud.
“Se requiere una acción colectiva para la salida al problema de la pandemia y un sentido de resonancia colectiva de la responsabilidad social, eso es lo que se necesita para aprobar una reforma tributaria y entender por qué se podrían pagar más impuestos”, expuso.
Clave, fortalecer las finanzas
Ángel García-Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), apoyó la propuesta de una reforma fiscal postelecciones que vaya dirigida a la recepción de la inversión privada, a la generación de crecimiento de la economía mexicana, que impulse la recaudación y que fortalezca las finanzas públicas del país.
“En cuanto a la reforma fiscal hemos expresado nuestra preocupación por la solidez de las finanzas públicas, por el hecho de que en buena medida se ha venido financiando por fuentes no recurrentes de recursos y ya hemos hecho votos por llevar a cabo modificaciones fiscales que amplíen la base tributaria”, apuntó durante una conferencia de prensa.
El presidente del IMEF consideró que “cualquier reforma hacia delante, después del periodo de elecciones, debe de estar orientada hacia una sólida y contundente recuperación de la inversión privada y la generación del crecimiento económico, eso provocaría, por la vía recaudatoria, un impacto benéfico para efectos de las finanzas públicas”.
Víctor Gómez, subdirector de Análisis Económico en Finamex Casa de Bolsa, previó que la elección intermedia y su impacto sobre la configuración de la Cámara de Diputados a partir de septiembre, determinará las posibilidades de las autoridades fiscales para modificar el marco tributario.
Indicó que las mayorías más amplias favorecerán mayores márgenes de maniobra para modificar las leyes vigentes, y viceversa. En este sentido, si bien los Precriterios Generales de Política Económica 2022 hacen estimaciones de ingresos presupuestarios, es relativamente prematuro analizar los pronósticos porque la reforma fiscal resulta definitoria para la política fiscal del próximo año.
Con información de José López Zamorano y Cristian Téllez.
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